Sueña Felipe Calderón con algún día abrir los periódicos y encontrarse con dos partes de la página: "de un lado las noticias malas y del otro las buenas, para que los lectores puedan "ponderar" (La Jornada 29/abr/2010).
No es infrecuente que los políticos mexicanos se refieran al tema. Unas veces abiertamente, y otras de manera soterrada --como en esta frase de Calderón-- su reclamo más frecuente a los medios de comunicación es que para ellos sólo lo negativo es noticia.
Vicente Fox convirtió esta crítica en eslogan al rubricar sus mensajes de radio y televisión con el apotegma "Las buenas noticias también son noticia".
En realidad el sueño de Calderón es regresar a los tiempos en que los boletínes de las oficinas de prensa gubernamentales se convertían en "la de ocho". Sueña con que si inaugura una presa o un hospital eso sea lo que se destaque y no el hecho de que, por ejemplo, tras la inauguración, desmantelen de nuevo el nosocomio para continuar con las obras.
Lo que parece ignorar es que, por definición, una noticia es lo que rompe o rasga la línea de continuidad de la vida, y a eso se atienen los reporteros. Es decir, que inaugure obras es algo tan cotidiano y rutinario, como reportar que el sol sale cada mañana (aunque, en rigor, el sol nunca "sale" ni se "oculta", es el movimiento de rotación terrestre el que origina los periodos de luz y oscuridad).
En cambio, si un día ese astro no iluminara la parte de la tierra en que vivimos,¡vaya que sería un notición! Indicaría que algo bastante inusual está ocurriendo en el universo y habría que investigarlo y reportarlo.
Menos se pueden considerar noticias los dichos gubernamentales, cuando frecuentemente se constata que las cifras oficiales o están maquilladas, o son incompletas o de plano son mentiras acabadas.
Y la veracidad es uno de los principales elementos de una noticia. Así, ¿qué es más noticia: que Calderón diga en un discurso que está comprometido con la transparencia o que se demuestre que desde que arribó a Los Pinos aumentó 64 por ciento el número de expedientes clasificados.
En 2006 había tres millones 800 mil expedientes relativos a la gestión gubernamental a los que usted y yo no podíamos tener acceso; en marzo de 2009 esa cantidad se había elevado a cinco millones 935 mil.
Como puede verse, los dichos no se verifican en los hechos, de ahí que el licenciado Calderón podrá seguir soñando con algo que nunca se verificará, pues las "buenas noticias" gubernamentales a menudo están manipuladas y se ofrecen no para informar, sino para ensalzar la figura del político en turno.
Así que haciéndole al Rubencito Aguilar diremos que lo que Calderón quiso decir es: "sueño con que un día los periódicos crean mis cifras, mis datos y mis dichos y los publiquen sin ningún cuestionamiento".
Las cifras de su gestión, sin embargo, ya configuran un déficit que van perfilando su administración como una de las más desastrozas del último medio siglo. Acaso por ello el michoacano insiste en justificarse pretendiendo que todo es una cuestión de percepción.
Retroceso en el Indice Global de Tecnologías
A contrapelo de su propia percepción, hay índices medibles que no tienen forma de atribuirse a pareceres subjetivos, como el ranking que divulgó antier el Foro Económico Mundial denominado Informe Global de Tecnologías de la Información.
A propósito de "malas noticias" ese informe documenta que México bajó 11 posiciones respecto del año anterior al ubicarse en el lugar 78, por debajo de Uruguay, Panamá, Colombia, Brasil, Jamaica y República Dominicana, de entre un total de 133 países.
¿Y sabe usted qué mide ese índice? nada menos que el uso que hace la población de las nuevas tecnologías.
Lo cual indica que, a diferencia de la corriente mundial que da prioridad a estos instrumentos para convertir a sus países en economías del conocimiento, en México vamos hacia atrás debido, primero, al deterioro en el nivel adquisitivo de la población merced al modelo económico impuesto y segundo, por la zona de desastre en que la alianza Calderón-Gordillo tiene sumido al sistema educativo.
Así que siguiendo los sueños de Calderón y emulando al buen Marco Antonio Flota podríamos decir:
La buena: a Calderón sólo le quedan dos años y medio
La mala: el que viene es más de lo mismo si no nos organizamos
La peor: ellos se irán, pero la mayoría seguiremos aquí.
¡Hasta la próxima!
viernes, 30 de abril de 2010
jueves, 29 de abril de 2010
Teresa y Alberta libres
La excarcelación de Teresa González Cornelio y de Alberta Alcántara Juan, indígenas de Santiago Mexquititlán, Querétaro, ordenada ayer por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representa la reparación parcial de un agravio monumental perpetrado por un gobierno cuya legitimidad es puesta en duda un día sí y otro también, no sólo por quienes lo impugnan, sino por los atropellos de sus propios integrantes, sea en los órdenes económico, político, policial y de seguridad.
El proyecto de resolución elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero -- avalado por unanimidad por los ministros Juan Silva Meza, José Ramón Cossío, Jesús Gudiño Pelayo y Saldívar-- revocó la sentencia de 21 años de cárcel a que las había condenado en febrero pasado el juez cuarto de Distrito con sede en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi.
La insólita condena, fue resultado de flagrantes irregularidades que avergonzarían a cualquier sistema de justicia penal en cualquier parte del mundo, pero que en México gozan de cabal salud, como la fabricación de testimonios hasta el uso de pruebas ilícitas, pasando por la "siembra" de evidencias, como la cocaína "encontrada" en el puesto de Alberta.
La Procuraduría General de la República (PGR), es decir, el gobierno de Calderón, imputó a las indígenas el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de servidores públicos (seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, AFI).
No obstante lo absurdo de la acusación, el gobierno fabricó un juicio cuyas irregularidades no se explican sin la corrupción de policías, agentes del Ministerio Público, procuradores y jueces.
La resolución de la SCJN es una ocasión para celebrar, si bien permanece intocado el entramado de corrupción que permite que ahora mismo existan otros casos similares en el país, aunque sin la misma cobertura mediática por permanecer ocultos al escaparate de los medios y al monitoreo de los organismos defensores de los derechos humanos.
Como ha explicado la ministra Sánchez Cordero, no existe en la legislación vigente forma de sancionar, por ejempo, al juez Rodolfo Pedraza Longi, por la forma torcida en que interpretó las "pruebas" presentadas por la parte acusadora (PGR) y con base en las cuales fijó la sentencia.
La falta de independencia del Ministerio Público respecto del ejecutivo federal, en este caso representado por la PGR, hacen viable la sospecha de que la autoridad actuó por consigna contra las dos indígenas indiciadas.
Otro dato que refuerza lo anterior es que en sólo cinco semanas la ministra Sánchez Cordero se percató de los vicios, contradicciones, corruptelas y fabricaciones del proceso en cuestión.
Así que para el juez Pedraza Longi sólo quedará el expediente de que una resolución suya fue enmendada por la Corte. Con un criterio jurídico así de endeble o quizá torcido por el aceite de la corrupción, seguirá conociendo de casos y dictando resoluciones en perjuicio o beneficio de vaya usted a saber qué intereses, pues no será investigado ni sujeto a juicio alguno derivado de sus evidentes torpezas.
El caso demuestra con meridiana claridad el uso faccioso de la ley impuesto por los gobiernos panistas, pues no debe olvidarse que en otros procesos igualmente viciados fueron condenados a más de 100 años de prisión los líderes de San Salvador Atenco que por defender sus tierras se opusieron y evitaron la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México.
En contraparte, las 26 mujeres violadas en el operativo de aquel 3 y 4 de mayo de 2006 en que fueron detenidas en Atenco siguen sin recibir justicia, y esta misma Corte que ahora liberó a las indígenas otomíes, se negó en su resolución de febrero de 2009, a enjuiciar a los responsables de estos otros crímenes: Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo Madrid, Miguel Ángel Yunes y Ardelio Vargas.
En tanto, sigue detenida en la Cámara de Diputados la reforma en materia de Derechos humanos aprobada por el Senado. No digo que ello evitará que se presenten en el país casos como los aquí comentados, pero la iniciativa tiene aspectos positivos que pueden acotar los espacios de la arbitrariedad.
Celebremos, por lo pronto, la libertad de Teresa y Alberta
¡Hasta la próxima!
El proyecto de resolución elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero -- avalado por unanimidad por los ministros Juan Silva Meza, José Ramón Cossío, Jesús Gudiño Pelayo y Saldívar-- revocó la sentencia de 21 años de cárcel a que las había condenado en febrero pasado el juez cuarto de Distrito con sede en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi.
La insólita condena, fue resultado de flagrantes irregularidades que avergonzarían a cualquier sistema de justicia penal en cualquier parte del mundo, pero que en México gozan de cabal salud, como la fabricación de testimonios hasta el uso de pruebas ilícitas, pasando por la "siembra" de evidencias, como la cocaína "encontrada" en el puesto de Alberta.
La Procuraduría General de la República (PGR), es decir, el gobierno de Calderón, imputó a las indígenas el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de servidores públicos (seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, AFI).
No obstante lo absurdo de la acusación, el gobierno fabricó un juicio cuyas irregularidades no se explican sin la corrupción de policías, agentes del Ministerio Público, procuradores y jueces.
La resolución de la SCJN es una ocasión para celebrar, si bien permanece intocado el entramado de corrupción que permite que ahora mismo existan otros casos similares en el país, aunque sin la misma cobertura mediática por permanecer ocultos al escaparate de los medios y al monitoreo de los organismos defensores de los derechos humanos.
Como ha explicado la ministra Sánchez Cordero, no existe en la legislación vigente forma de sancionar, por ejempo, al juez Rodolfo Pedraza Longi, por la forma torcida en que interpretó las "pruebas" presentadas por la parte acusadora (PGR) y con base en las cuales fijó la sentencia.
La falta de independencia del Ministerio Público respecto del ejecutivo federal, en este caso representado por la PGR, hacen viable la sospecha de que la autoridad actuó por consigna contra las dos indígenas indiciadas.
Otro dato que refuerza lo anterior es que en sólo cinco semanas la ministra Sánchez Cordero se percató de los vicios, contradicciones, corruptelas y fabricaciones del proceso en cuestión.
Así que para el juez Pedraza Longi sólo quedará el expediente de que una resolución suya fue enmendada por la Corte. Con un criterio jurídico así de endeble o quizá torcido por el aceite de la corrupción, seguirá conociendo de casos y dictando resoluciones en perjuicio o beneficio de vaya usted a saber qué intereses, pues no será investigado ni sujeto a juicio alguno derivado de sus evidentes torpezas.
El caso demuestra con meridiana claridad el uso faccioso de la ley impuesto por los gobiernos panistas, pues no debe olvidarse que en otros procesos igualmente viciados fueron condenados a más de 100 años de prisión los líderes de San Salvador Atenco que por defender sus tierras se opusieron y evitaron la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México.
En contraparte, las 26 mujeres violadas en el operativo de aquel 3 y 4 de mayo de 2006 en que fueron detenidas en Atenco siguen sin recibir justicia, y esta misma Corte que ahora liberó a las indígenas otomíes, se negó en su resolución de febrero de 2009, a enjuiciar a los responsables de estos otros crímenes: Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo Madrid, Miguel Ángel Yunes y Ardelio Vargas.
En tanto, sigue detenida en la Cámara de Diputados la reforma en materia de Derechos humanos aprobada por el Senado. No digo que ello evitará que se presenten en el país casos como los aquí comentados, pero la iniciativa tiene aspectos positivos que pueden acotar los espacios de la arbitrariedad.
Celebremos, por lo pronto, la libertad de Teresa y Alberta
¡Hasta la próxima!
martes, 27 de abril de 2010
Prensa extranjera y percepciones
En menos de una semana, entre el jueves 22 de abril y este lunes 26, un diario diario estadounidense, Los Angeles Times y y la agencia informativa Reuters han desnudado el discurso mendaz de Felipe Calderón, así como la impostura de "su" guerra contra el narcotráfico.
El diario angelino señala que esta guerra "no es un problema de imagen", como insiste en afirmar quien fue impuesto en Los Pinos, para minimizar el baño de sangre en que tiene inmerso al país, "sino un problema real".
De acuerdo con una nota del diario mexicano La Jornada, el diario californiano critica a Calderón por reaccionar "con oídos sordos" y falta de sensibilidad ante el temor justificado de los mexicanos al afirmar que hay lugares donde la tasa de homicidios es peor --como Nueva York o Brasil, ejemplos predilectos de Calderón cuando trata de justificar las matanzas en México-- y que la mayoría de los muertos son miembros de los cárteles.
Los Angeles Times cita lo dicho por el panista en la reciente cumbre sobre Turismo, en Cancún: "México tiene un problema de imagen (...)Tenemos que trabajar en la percepción que se tiene de México".
Y añade que para los pobladores de Cuernavaca, Morelos, que el viernes pasado recibieron un correo electrónico en el que se les llamaba a permanecer en sus hogares después de las ocho de la noche "para no ser confundidos con nuestros enemigos", la situación no tiene nada que ver con imágenes y percepciones.
"La advertencia --dice el diario en su editorial-- fue interpretada como un toque de queda. Las oficinas y escuelas cerraron temprano, al igual que bares y restaurantes. El viernes por la noche Cuernavaca, en sí, estaba muerta".
"A los ciudadanos no les interesa si las cosas están peor en Río de Janeiro o en Washington, y si bien parece cierto que la mayor parte de las víctimas pertenece a las bandas de narcotraficantes, no se toma en cuenta a los cientos o miles de civiles que han muerto en el fuego cruzado, ni el terror en que vive la población".
El editorial concluye: "Ya nadie cree que los inocentes están a salvo en México. Calderón necesita escuchar a su gente y rectificar su mensaje".
La agencia de noticias Reuters también se refirió al tema. Señaló que aunque el mandatario mexicano ha hecho de la lucha contra el narcotráfico su prioridad, ante el pçúblico aparece cada vez más débil e incapaz de dar soluciones.
"Los asesinatos de niños, mujeres y gente que nada tiene que ver con las pandillas de narcos ha sido provocada por el gobierno. Es muy fácil tirarle piedras a un avispero para ver qué sale", señaló un ex comandante de la Policía Federal mexicana que trabajó en la frontera y solicitó el anonimato, de acuerdo con la agencia.
Como se ve, dentro y fuera de nuestras fronteras va quedando al descubierto la mentirosa campaña con que el calderonismo pretende enmascarar su desgobierno con cargo a presuntos fenómenos imaginarios o de percepción.
¡Hasta la próxima!
El diario angelino señala que esta guerra "no es un problema de imagen", como insiste en afirmar quien fue impuesto en Los Pinos, para minimizar el baño de sangre en que tiene inmerso al país, "sino un problema real".
De acuerdo con una nota del diario mexicano La Jornada, el diario californiano critica a Calderón por reaccionar "con oídos sordos" y falta de sensibilidad ante el temor justificado de los mexicanos al afirmar que hay lugares donde la tasa de homicidios es peor --como Nueva York o Brasil, ejemplos predilectos de Calderón cuando trata de justificar las matanzas en México-- y que la mayoría de los muertos son miembros de los cárteles.
Los Angeles Times cita lo dicho por el panista en la reciente cumbre sobre Turismo, en Cancún: "México tiene un problema de imagen (...)Tenemos que trabajar en la percepción que se tiene de México".
Y añade que para los pobladores de Cuernavaca, Morelos, que el viernes pasado recibieron un correo electrónico en el que se les llamaba a permanecer en sus hogares después de las ocho de la noche "para no ser confundidos con nuestros enemigos", la situación no tiene nada que ver con imágenes y percepciones.
"La advertencia --dice el diario en su editorial-- fue interpretada como un toque de queda. Las oficinas y escuelas cerraron temprano, al igual que bares y restaurantes. El viernes por la noche Cuernavaca, en sí, estaba muerta".
"A los ciudadanos no les interesa si las cosas están peor en Río de Janeiro o en Washington, y si bien parece cierto que la mayor parte de las víctimas pertenece a las bandas de narcotraficantes, no se toma en cuenta a los cientos o miles de civiles que han muerto en el fuego cruzado, ni el terror en que vive la población".
El editorial concluye: "Ya nadie cree que los inocentes están a salvo en México. Calderón necesita escuchar a su gente y rectificar su mensaje".
La agencia de noticias Reuters también se refirió al tema. Señaló que aunque el mandatario mexicano ha hecho de la lucha contra el narcotráfico su prioridad, ante el pçúblico aparece cada vez más débil e incapaz de dar soluciones.
"Los asesinatos de niños, mujeres y gente que nada tiene que ver con las pandillas de narcos ha sido provocada por el gobierno. Es muy fácil tirarle piedras a un avispero para ver qué sale", señaló un ex comandante de la Policía Federal mexicana que trabajó en la frontera y solicitó el anonimato, de acuerdo con la agencia.
Como se ve, dentro y fuera de nuestras fronteras va quedando al descubierto la mentirosa campaña con que el calderonismo pretende enmascarar su desgobierno con cargo a presuntos fenómenos imaginarios o de percepción.
¡Hasta la próxima!
sábado, 24 de abril de 2010
Narco-toque de queda en Cuernavaca
Por salud mental procuro no enterarme de las noticias del mundo, pero mi hermano me habló el viernes pasado para alertarme del narco-toque de queda.
Después de semanas en que casi cada día aparecían cuerpos colgados, despedazados o decapitados en el Estado, la advertencia de una guerra territorial entre los grupos de Beltrán Leyva y La Barbie sonaba posible, aunque sospechosa.
Cuando el sábado se hizo sentir que los hechos violentos anunciados para el viernes no se habían concretado, comenzamos a relajarnos un poco y a preguntarnos qué habría sucedido, dado que brillaban por su ausencia las noticias.Y procuramos no vestir ropa oscura sólo por si acaso.
El domingo, en el tianguis, donde comulgamos cumplidamente con el Dios del Maíz, el dueño del vecino puesto de jugos nos preguntó: "¿qué les pareció la amenaza del viernes?"
Le dijimos que todo nos parecía extraño, incluida la desmedida obediencia del comercio y sus mayores centros comerciales, las universidades y otros centros educativos por cerrar temprano y dejar la ciudad despejada...¿para qué? ¿para quien?
El de los jugos meneó la cabeza y nos dijo con tristeza: "¿Saben qué? No tenemos gobierno".
Aún nos preguntamos qué fue lo que ocurrió realmente, si ya el control del narco --que opera abiertamente en el Norte-- está llegando al centro. Escuché conjeturas acerca de una narco-cumbre para el reordenamiento de los territorios en el país.
Hay quien piensa que lo del pasado viernes fue un simple experimento de obediencia (muchos padres de familia no dejaron salir a sus hijos durante todo el fin de semana y algunos piensan no hacerlo durante una larga temporada, ante esta incertidumbre, aunada a la constante realidad de los secuestros.
Alguien más dice que debemos ignorar todas estas cosas tan negativas y pensar positivamente.
Lo cierto es que es muy probable que no sepamos lo que realmente ocurrió, y que don Abel, el de los jugos, tenga razón.
(El texto anterior fue solicitado por Contadero a Leonora González, quien vive en Cuernavaca, Morelos, donde el pasado viernes 16 de abril circuló un correo electrónico advirtiéndo a la población que no saliera de sus casas, pues habría enfrentamientos, y que además nadie vistiera ropa negra, pues podría ser confundido con el enemigo.
La eficacia del comunicado contrastó con la ausencia oficial, pues el gobernador, lejos de salir a dar un mensaje para otorgarle garantías a la población, también decidió acatar la orden de ese mail y permaneció oculto nadie sabe dónde).
¡Hasta la próxima!
Después de semanas en que casi cada día aparecían cuerpos colgados, despedazados o decapitados en el Estado, la advertencia de una guerra territorial entre los grupos de Beltrán Leyva y La Barbie sonaba posible, aunque sospechosa.
Cuando el sábado se hizo sentir que los hechos violentos anunciados para el viernes no se habían concretado, comenzamos a relajarnos un poco y a preguntarnos qué habría sucedido, dado que brillaban por su ausencia las noticias.Y procuramos no vestir ropa oscura sólo por si acaso.
El domingo, en el tianguis, donde comulgamos cumplidamente con el Dios del Maíz, el dueño del vecino puesto de jugos nos preguntó: "¿qué les pareció la amenaza del viernes?"
Le dijimos que todo nos parecía extraño, incluida la desmedida obediencia del comercio y sus mayores centros comerciales, las universidades y otros centros educativos por cerrar temprano y dejar la ciudad despejada...¿para qué? ¿para quien?
El de los jugos meneó la cabeza y nos dijo con tristeza: "¿Saben qué? No tenemos gobierno".
Aún nos preguntamos qué fue lo que ocurrió realmente, si ya el control del narco --que opera abiertamente en el Norte-- está llegando al centro. Escuché conjeturas acerca de una narco-cumbre para el reordenamiento de los territorios en el país.
Hay quien piensa que lo del pasado viernes fue un simple experimento de obediencia (muchos padres de familia no dejaron salir a sus hijos durante todo el fin de semana y algunos piensan no hacerlo durante una larga temporada, ante esta incertidumbre, aunada a la constante realidad de los secuestros.
Alguien más dice que debemos ignorar todas estas cosas tan negativas y pensar positivamente.
Lo cierto es que es muy probable que no sepamos lo que realmente ocurrió, y que don Abel, el de los jugos, tenga razón.
(El texto anterior fue solicitado por Contadero a Leonora González, quien vive en Cuernavaca, Morelos, donde el pasado viernes 16 de abril circuló un correo electrónico advirtiéndo a la población que no saliera de sus casas, pues habría enfrentamientos, y que además nadie vistiera ropa negra, pues podría ser confundido con el enemigo.
La eficacia del comunicado contrastó con la ausencia oficial, pues el gobernador, lejos de salir a dar un mensaje para otorgarle garantías a la población, también decidió acatar la orden de ese mail y permaneció oculto nadie sabe dónde).
¡Hasta la próxima!
viernes, 23 de abril de 2010
Fuero militar
En lo que tiene el tinte de una maniobra dilatoria, pero que puede resultar mortal para muchos ciudadanos, el gobierno pospuso hasta el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso (septiembre) la modificación al artículo 57 del Código de Justicia Militar, para que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por los integrantes de las fuerzas armadas sean juzgadas por autoridades civiles.
En vez de eso, la Cámara de Senadores aprobó anoche en comisiones la Ley de Seguridad Nacional por la cual se legaliza la participación temporal del ejército en la lucha contra el narcotráfico y, respecto de las violaciones de militares, remite el asunto a lo dispuesto por los artículos 13 y 133 de la Constitución.
El texto referido quedó como sigue:
"En las tareas de auxilio de la fuerza armada permanente a la que se refiere este título, las conductas que sus miembros realicen y que pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes, con estricta observancia de los criterios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 constitucionales".
El artículo 13 dispone que "cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda". El artículo 133, en tanto, determina la vigencia de los tratados internacionales y se menciona como referencia a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que sentenció al gobierno mexicano a cambiar la legislación en materia de fuero militar.
Contra lo que pudiera pensarse, la redacción de ese artículo no resuelve la demanda casi generalizada de que sean tribunales civiles y no militares quienes juzguen delitos de las fuerzas armadas, como se quiere hacer pasar.
Y no zanja la cuestión porque deja una rendija abierta para que los militares insistan en juzgarse a sí mismos, primero, porque permanece vigente el referido artículo 57 del Código de Justicia Militar, y segundo porque en esa redacción no se especifica que los delitos a que se refiere, sean derivados de la intervensión de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico.
Los militares podrán argumentar que la tal disposición aplica sólo, por ejemplo, cuando un soldado en su día libre se meta a una cantina y cometa allí un delito, y no cuando esos delitos se deriven de la guerra en que se les ha dicho que participan.
Protejer al ejército; descobijar a la sociedad
Los jefes militares han pedido, exigido casi, que se legalice su participación en la lucha antinarco, mediante reformas constitucionales que protejan su actuación, pero a la sociedead civil, que queda expuesta a las vejaciones castrenses, nadie la proteje. El único medio de que se dispone para que los eventuales delitos no queden impunes, es precisamente que los miembros de la milicia que incurran en ellos sean juzgados no por sus pares, sino por civiles.
La insistencia en este punto deriva no sólo del hecho de que ante un caso de violación de garantías, el ejército no puede ser juez y parte, sino del hecho más elemental de que los juzgados militares estarían en la misma lógica que los eventuales acusados y tenderían a justificar o encontrar atenuantes a los crímenes que se les imputen.
Lo anterior no es una conjetura o una ocurrencia de quienes han analizado el tema, En una entrevista con La Jornada (19 de abril/2010)varios militares dijeron al reportero Gustavo Castillo que su defensa del fuero militar deriva de que "no se nos puede tratar como a policías, porque, en principio, somos diferentes".
La tal diferencia, como señalan en la referida entrevista, consiste en que "estamos formados para el ataque, no para la disuación; ésta es una función de la policía".
He ahí el quid del asunto. Calderón envió a los militares a la calle diciéndoles que iban a una guerra. Y en una confrontación de ese tipo los soldados no se sienten obligados, por su formación, a averiguar ni a reconocer circunstancias, sino a disparar y a matar.
Ese es el riesgo y el peligro al que se exponen a los ciudadanos con las tropas en las calles y carreteras del país. Como ya ha ocurrido, usted puede ser acribillado al circular con su auto frente a un retén o convoy militar, sólo porque a los soldados allí acantonados les parezca, según sus códigos, que usted y su familia son el enemigo.
O tan sólo porque desde afuera de su auto las cosas se ven diferentes, como afirmó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en un intento canallezco por justificar a soldados que asesinaron a dos menores el pasado 3 de abril en una carretera de Tamaulipas.
La CIDH y el fuero militar
Por lo demás, las modificación del fuero militar es un mandato que la Corte Interamericana de Derechos Humanops (CIDH)formuló al gobierno mexicano en noviembre de 2009, como parte de las sentencias que ese órgano dictó por la desaparición en los años 60 del líder campesino Rosendo Radilla, secuestrado por militares; y por el caso del Campo Algodonero --referente a los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua).
En esa sentencia, la CIDH asienta que el fuero militar no debe encubrir las violaciones a garantías fundamentales.
Todavía más: durante la reunión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, efectuada el 8 y 9 de marzo de este año en Nueva York, se cuestionó a los enviados de Calderón sobre cómo y cuándo el gobierno cumpliría las sentencias de la CIDH.
Específicamente los expertos de la ONU preguntaron cómo y cuándo se reformaría el artículo 57 del Código de Justicia Militar. A tono con la costumbre de los políticos mexicanos de decir sin decir nada, en esa ocasión el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Jaime Antonio López Portillo, respondió que esperan "el momento técnico oportuno", sin aclarar, por supuesto, el significado de semejante frase encriptada.
En un nuevo intentto, a fines del mismo mes de marzo, Amnistía Internacional instó al gobierno mexicano a cumplir cabalmente con las 19 recomendaciones que le formuló el Comité de Derechos Humanos de la ONU, las cuales son un llamado a las autoridades para cumplir con sus obligaciones adquiridas mediante distintos instrumentos internacionales de garantías, entre ellos, el Pacto Internacionbal de Derechos Civiles y Políticos.
Diferir, la respuesta
La respuesta gubernamental ha sido oscilante: A mediados de este mes de abril, luego de la reunión de senadores con el gabinete de Seguridad Nacional, se informó que en el caso del Código de Justicia Militar, los propios integrantes de ese gabinete aceptaron que debe modificarse con base en la sentencia de la CIDH.
Este miércoles 21 de abril se anunció que antes de finalizar el actual periodo ordinario se enviaría la iniciativa para limitar el fuero militar. Trascendió incluso que la minuta llegaría de un momento a otro.
No obstante, este jueves 22 se anunció que la iniciativa se propondrá hasta septiembre. Seguramente para el gobierno de Calderón y para los militares que lo arropan aún no llega "el momento técnico oportuno".
En vez de eso, la Cámara de Senadores aprobó anoche en comisiones la Ley de Seguridad Nacional por la cual se legaliza la participación temporal del ejército en la lucha contra el narcotráfico y, respecto de las violaciones de militares, remite el asunto a lo dispuesto por los artículos 13 y 133 de la Constitución.
El texto referido quedó como sigue:
"En las tareas de auxilio de la fuerza armada permanente a la que se refiere este título, las conductas que sus miembros realicen y que pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes, con estricta observancia de los criterios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 constitucionales".
El artículo 13 dispone que "cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda". El artículo 133, en tanto, determina la vigencia de los tratados internacionales y se menciona como referencia a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que sentenció al gobierno mexicano a cambiar la legislación en materia de fuero militar.
Contra lo que pudiera pensarse, la redacción de ese artículo no resuelve la demanda casi generalizada de que sean tribunales civiles y no militares quienes juzguen delitos de las fuerzas armadas, como se quiere hacer pasar.
Y no zanja la cuestión porque deja una rendija abierta para que los militares insistan en juzgarse a sí mismos, primero, porque permanece vigente el referido artículo 57 del Código de Justicia Militar, y segundo porque en esa redacción no se especifica que los delitos a que se refiere, sean derivados de la intervensión de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico.
Los militares podrán argumentar que la tal disposición aplica sólo, por ejemplo, cuando un soldado en su día libre se meta a una cantina y cometa allí un delito, y no cuando esos delitos se deriven de la guerra en que se les ha dicho que participan.
Protejer al ejército; descobijar a la sociedad
Los jefes militares han pedido, exigido casi, que se legalice su participación en la lucha antinarco, mediante reformas constitucionales que protejan su actuación, pero a la sociedead civil, que queda expuesta a las vejaciones castrenses, nadie la proteje. El único medio de que se dispone para que los eventuales delitos no queden impunes, es precisamente que los miembros de la milicia que incurran en ellos sean juzgados no por sus pares, sino por civiles.
La insistencia en este punto deriva no sólo del hecho de que ante un caso de violación de garantías, el ejército no puede ser juez y parte, sino del hecho más elemental de que los juzgados militares estarían en la misma lógica que los eventuales acusados y tenderían a justificar o encontrar atenuantes a los crímenes que se les imputen.
Lo anterior no es una conjetura o una ocurrencia de quienes han analizado el tema, En una entrevista con La Jornada (19 de abril/2010)varios militares dijeron al reportero Gustavo Castillo que su defensa del fuero militar deriva de que "no se nos puede tratar como a policías, porque, en principio, somos diferentes".
La tal diferencia, como señalan en la referida entrevista, consiste en que "estamos formados para el ataque, no para la disuación; ésta es una función de la policía".
He ahí el quid del asunto. Calderón envió a los militares a la calle diciéndoles que iban a una guerra. Y en una confrontación de ese tipo los soldados no se sienten obligados, por su formación, a averiguar ni a reconocer circunstancias, sino a disparar y a matar.
Ese es el riesgo y el peligro al que se exponen a los ciudadanos con las tropas en las calles y carreteras del país. Como ya ha ocurrido, usted puede ser acribillado al circular con su auto frente a un retén o convoy militar, sólo porque a los soldados allí acantonados les parezca, según sus códigos, que usted y su familia son el enemigo.
O tan sólo porque desde afuera de su auto las cosas se ven diferentes, como afirmó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en un intento canallezco por justificar a soldados que asesinaron a dos menores el pasado 3 de abril en una carretera de Tamaulipas.
La CIDH y el fuero militar
Por lo demás, las modificación del fuero militar es un mandato que la Corte Interamericana de Derechos Humanops (CIDH)formuló al gobierno mexicano en noviembre de 2009, como parte de las sentencias que ese órgano dictó por la desaparición en los años 60 del líder campesino Rosendo Radilla, secuestrado por militares; y por el caso del Campo Algodonero --referente a los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua).
En esa sentencia, la CIDH asienta que el fuero militar no debe encubrir las violaciones a garantías fundamentales.
Todavía más: durante la reunión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, efectuada el 8 y 9 de marzo de este año en Nueva York, se cuestionó a los enviados de Calderón sobre cómo y cuándo el gobierno cumpliría las sentencias de la CIDH.
Específicamente los expertos de la ONU preguntaron cómo y cuándo se reformaría el artículo 57 del Código de Justicia Militar. A tono con la costumbre de los políticos mexicanos de decir sin decir nada, en esa ocasión el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Jaime Antonio López Portillo, respondió que esperan "el momento técnico oportuno", sin aclarar, por supuesto, el significado de semejante frase encriptada.
En un nuevo intentto, a fines del mismo mes de marzo, Amnistía Internacional instó al gobierno mexicano a cumplir cabalmente con las 19 recomendaciones que le formuló el Comité de Derechos Humanos de la ONU, las cuales son un llamado a las autoridades para cumplir con sus obligaciones adquiridas mediante distintos instrumentos internacionales de garantías, entre ellos, el Pacto Internacionbal de Derechos Civiles y Políticos.
Diferir, la respuesta
La respuesta gubernamental ha sido oscilante: A mediados de este mes de abril, luego de la reunión de senadores con el gabinete de Seguridad Nacional, se informó que en el caso del Código de Justicia Militar, los propios integrantes de ese gabinete aceptaron que debe modificarse con base en la sentencia de la CIDH.
Este miércoles 21 de abril se anunció que antes de finalizar el actual periodo ordinario se enviaría la iniciativa para limitar el fuero militar. Trascendió incluso que la minuta llegaría de un momento a otro.
No obstante, este jueves 22 se anunció que la iniciativa se propondrá hasta septiembre. Seguramente para el gobierno de Calderón y para los militares que lo arropan aún no llega "el momento técnico oportuno".
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