viernes, 25 de enero de 2013

Cassez, García Luna y Televisa

La excarcelación de la ciudadana francesa Florence Cassez Crepin, condenada aquí a 60 años de cárcel por su presunta participación en secuestros perpetrados por la banda de Los zodiaco, reveló una vez más el enredijo de intereses y corrupción a que está sujeta la también presunta impartición de justicia en México:

La airada reacción de Televisa --expuesta mediante el espacio que conduce Joaquín López Dóriga-- contra el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no obedece a un genuino interés por las víctimas o por el cumplimiento del Estado de derecho, sino a la defensa de sus propias conveniencias, pues estuvo involucrada de manera principalísima y conciente de que se trataba de un engaño, en la transmisión en vivo --a través del noticiario Primero noticias, de Carlos Loret de Mola-- del montaje perpetrado por el secretario de Seguridad Pública del calderonismo, Genaro García Luna, mediante el que se pretendió haber capturado in fraganti a la banda en que figuraba la francesa, con el propósito de "vender" a la opinión pública la idea de que se acometía al crimen organizado de manera eficaz.

En la cobertura de estos días, la televisora jamás ha mencionado el nombre de García Luna como responsable, no de las fallas, porque no se trató de eso, sino del conjunto de maquinaciones ilegales operadas intencionalmente --de las cuales Televisa habría sido cómplice-- y que a la postre han puesto en la calle a la presunta secuestradora.


Pero no fue sólo ese montaje televisivo de por sí grave por la inducción que pudo operar en el imaginario de las víctimas, lo que al parecer inclinó la decisión de los magistrados. La ministra Olga Sánchez Cordero ha hecho saber que en el expediente que ha estudiado por más de un año, se omitieron actuaciones, como la comparacencia de quienes figuraban como implicados en la declaración de las víctimas.


En un exceso impropio de un comunicador, pero indicativo del talante con que se conducen esa empresa y sus personeros, en el noticiario de este jueves 24 de enero, López Dóriga se refirió en por lo menos dos ocasiones a Cassez como "la secuestradora", cuando en rigor, no fue sentenciada por ese delito.

Calderonistas como el empresario Alejandro Martí, Isabel Miranda de Wallace o María Elena Morera han condenado la decisión, culpando a la Corte, pero olvidando convenientemente al verdadero causante de la excarcelación de Cassez que tanto dicen lamentar.

Ninguno de esos actuales críticos, incluida la televisora, por supuesto, mostró la misma indignación cuando en agosto de 2009, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), un organismo gubernamental dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) logró la liberación de 20 paramilitares que habían permanecido 11 años en prisión acusados, mediante pruebas testimoniales reales, de asesinar a 45 tzotziles de Acteal, pertenecientes a la organización Las Abejas, que oraban en una mezquita de madera el 22 de diciembre de 1997.

Como en el presente caso, el CIDE argumentó fallas en el "Debido proceso judicial" y consiguió que la Sala Primera de la SCJN absolviera a los inculpados sin juzgar sobre su responsabilidad, exactamente como se ha hecho ahora.

Tampoco en aquella ocasión la autoridad encontró necesario llevar a juicio a quienes incurrieron en torcer el "procedimiento debido" fabricando pruebas, testimonios o montando ilegales escenarios para el lucimiento personal ante las cámaras de televisión.

En último término, y conociendo la discrecionalidad de nuestro sistema de "justicia", no sería descabellado conjeturar que al final de cuentas el desenlace conocido no haya sido producto de otra negociación encaminada a ya cerrar un juicio incómodo para los actuales gobernantes de México y Francia.

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