Reformas estructurales ¿qué hay detrás?

Al menos en dos ocasiones durante el último mes el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, pidió al Congreso que apruebe las "reformas estructurales que el país requiere" (la frase ya es casi un eslogan).

El pasado 28 de septiembre, durante la Cumbre de Comunicación aseguró incluso que con las reformas laboral, de telecomunicaciones y energética el país podría crecer hasta seis por ciento.

Ayer Felipe Calderón hizo su parte en esta que parece una campaña de presión. Al inaugurar el Foro del Mercado de Valores 2011 urgió a los legisladores a "aprobar las reformas económicas pendientes", pues con ellas se crearían más empleos, los jóvenes y las mujeres tendrían más oportunidades y el país lograría mayor competitividad.

Ambos desde luego mienten porque las tales reformas no están diseñadas ni para el crecimiento económico (bueno sí, pero sólo de los grandes capitales) ni para la generación de empleos como ya quedó demostrado con las aplicadas hasta ahora.

¿Por qué son tan importantes y urgentes para el grupo hegemónico en el poder esas reformas? Porque Calderón fue impuesto en la presidencia de México con el propósito de profundizar el designio que desde hace por lo menos dos decenios rige en el mundo: suprimir el llamado Estado de bienestar para incrementar los márgenes de rentabilidad del capital financiero por la vía de comprimir el trabajo asalariado (desempleo), restringir el consumo de las masas reduciendo el ingreso (bajos salarios), recorte a gastos sociales y privatizaciones. Exactamente lo que vemos que está ocurriendo en el mundo en el periodo referido.

Tales son las condiciones que requiere la oligarquía financiera internacional, cuyos representantes locales son el PRI y el PAN. En otras palabras, las reformas estructurales no son otra cosa que la forma concreta en que el capitalismo en su etapa neoliberal está reestructurando la sociedad para magnificar sus ganancias.

Conforme a este proyecto, detrás de la expresión "reformas estructurales" lo que hay es una política encaminada a reducir el gasto público para disminuir el déficit fiscal. El carácter global de este diseño puede constatarse en Europa, donde la receta de las reformas estructurales se ha prescrito para "salvar" la crisis de deuda que enfrentan los países de la eurozona. Sólo que se trata de un remedio que los hundirá más porque no genera crecimiento económico y sólo garantiza sacrificios sociales para garantizar el pago por las deudas contraídas.

De acuerdo con el doctor en economía José Blanco "reducir el gasto público es comprimir el tamaño de la rebanada del Producto Interno Bruto que va a dar a manos de los asalariados, buscando así el capital, aumentar sus beneficios y competitividad internacional".

Para que esto ocurra, es preciso que los países adecuen su legislación, sus estructuras socioeconómicas y sus instituciones de modo que apoyen y estén acordes con la nueva forma de valorización del capital que incluye reducir el tamaño del aparato estatal, mediante la desincorporación y privatización de industrias estratégicas (hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, gas, electricidad), la eliminación de subsidios que atemperaban las desigualdades sociales, privatización de los regímenes de pensiones, además del abandono presupuestal de la educación pública y predominio de carreras técnicas formadoras de mano de obra calificada y barata para el mercado en detrimento de la formación humanística, científica y cultural (véase la eliminación de la Filosofía en los planes y programas de estudio del bachillerato que sostiene la Secretaría de Educación Pública, como el Colegio de Bachilleres).

Como se sabe, todo ese proceso ha sido acompañado y se ha legitimado a lo largo de los últimos 20 años mediante enmiendas constitucionales, reformas a leyes y reglamentos o creación de nuevos cuando se ha requerido, con el único propósito de acomodarlo a las nuevas necesidades de expansión del capital financiero internacional. Esos cambios han sido bautizados con el nombre de reformas estructurales. 

Como dice Carlos Salinas de Gortari: a lo que ya se aplicó, lo que ya fue gobierno hay que aplicarle la prueba del ácido de los resultados. Estas reformas ya se aplicaron, panistas y priistas han gobernado con ellas y el resultado es que México es una de las economías más débiles de América Latina por su subordinación a EUA, un país depauperado con 52 millones de personas en pobreza extrema, una clase media abolida o en vías de extinción, un mercado interno pulverizado y un crecimiento económico promedio de 1.9 por ciento en el sexenio de Calderón, el segundo peor de los últimos 75 años.

Con esos resultados impresentables, pero escudados en la desinformación de la sociedad y apuntalados por el aparato de comunicación público y privado, Calderón y sus adláteres creen llegado el momento de una nueva ofensiva y han iniciado una campaña de presión para concluir el ciclo de reformas estructurales,
revestidos esta vez con falacias como aquello de que una reforma laboral dará competitividad al país porque la planta productiva estará mejor vinculada al mercado laboral.

Lo que busca en realidad es garantizar mayores rendimientos al capital, que no estará obligado a pagar prestaciones onerosas, podrá ofrecer precarias condiciones de trabajo, no enfrentará sindicatos independientes y no tendrá que pagar ni grandes salarios ni indemnizaciones por despido, que todo eso legaliza el proyecto de reforma estructural en materia de empleo por el que tanto suspiran los panistas (y también los priistas, pero ellos esperarán para votarlo hasta su eventual regreso a Los Pinos).

La competitividad de que hablan Calderón y Carstens no se refiere a una que mejore las condiciones de vida cotidiana de las personas, sino a una que permita atraer capitales y favorezca las variables macroeconómicas, esa suerte de economía ficción, cuya saludable condición es de donde extrae sus ganancias el fraudulento capital financiero que domina el mundo.

La farsa o, si se quiere, el cinismo detrás de este nuevo intento es que el desastre económico que esas reformas han significado al país es utilizado para...¡justificar su necesidad!.

Así por ejemplo, cuando el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) reveló que en en el sexenio de Calderón se incrementó en 3.2 millones el número de personas pobres, el senador Manlio Fabio Beltrones escribió en su cuenta de Twitter: "Ante cifras que revelan un incremento en la pobreza, sería mezquino aplazar las reformas que impulsen la economía y el empleo".

¿Se dan ustedes cuenta? Es como si dijera: "Visto lo mal que lo hemos hecho, debemos seguir haciéndolo". ¿Así o más desvergonzado?

Cómo entender la crisis global

La actual crisis del capitalismo global tiene su origen en los instrumentos financieros inventados por el propio sistema. Los signos externos de la emergencia económica de nuestros días son el débil crecimiento económico y el problema de la deuda de Estados Unidos y la eurozona.

La crisis de la deuda ha puesto en jaque al sistema económico del planeta y aunque esta vez los principales afectados son los países de la élite, el presidente del Banco Mundial (BM), Robert Zoellick, advirtió en estos días que ya existen señales de contagio en las naciones emergentes y en desarrollo.

En ello coincidió con Josef Ackermann, presidente del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), entidad que representa a los grandes bancos privados del mundo, quien sostuvo que la crisis fiscal y de deuda de EUA y Europa dejó de ser un "desafío regional" para convertirse en un problema mundial.

Nada nuevo en un mundo acostumbrado a sacrificar a la población para recomponer los excesos del capitalismo financiero especulador.Y es que el problema de la deuda no sólo es resultado del "despilfarro" de algunos estados miembros, como acusó el Banco Central Europeo.

Es producto, sobre todo, de los ataques especulativos de los mercados sobre las deudas soberanas de países como Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España (los pigs --cerdos-- como los bautizó el despectivo acrónimo formado mediante la insidiosa colocación de sus iniciales en inglés).

Origen de la crisis

El instrumento para estos ataques son los llamados Credit Default Swaps (CDS) o Permutas de Incumplimiento Crediticio, los cuales funcionan de este modo:

El inversionista adquiere un título o bono de deuda emitido por un gobierno y, para cubrirse del posible riesgo de incumplimiento de pago, acude a un vendedor de CDS, le paga una prima anual y en caso de impago de la entidad emisora del bono de deuda, el vendedor del CDS responde pagando el importe del título y sus intereses al inversionista que lo posea.

Como se trata de operaciones que no están reguladas en ningún país (¡viva el libre mercado!), las entidades vendedoras de permutas por incumplimiento crediticio no están obligadas a cumplir ninguna norma de solvencia, como en el caso de los seguros.

Así, los bancos, que usualmente son los vendedores de estos seguros, pueden a su vez convertirse en inversionistas y asegurar la misma operación con otro banco, y éste comprar un CDS a otro por la misma deuda y así hasta el infinito, en algo que el economista José Blanco ha llamado con acierto "la clonación fatídica". (La Jornada, 2 de agosto/2011, p. 16).

De este modo, incluso es posible comprar CDS sin poseer títulos de deuda, con lo que puede darse la paradoja de que existan en el mercado más certificados de este tipo que bonos de deuda amparados por aquellos.

Debido a que se multiplica el número de inversionistas "colgados" de los bonos de deuda, su mayor ganancia depende de que se eleve la tasa de interés. Y mediante diversos mecanismos especulativos los mercados tienen maneras de presionar al alza esta forma de crédito para incrementar la tasa de interés de los rendimientos de los bonos de deuda emitidos por un país. De este modo aumenta de manera casi exponencial el costo de la deuda original hasta hacerla casi impagable. Eso ocurrió con Grecia.

Desde la crisis de 2008 las Permutas de Incumplimiento Crediticio se han utilizado como instrumentos de ataque a la deuda pública de países que ahora están casi en bancarrota (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España).

Como puede verse, la actual crisis de deuda que tiene a la élite capitalista al borde de un ataque de nervios es producto de instrumentos financieros fraudulentos inventados y desarrollados por el desmedido afán de lucro del propio sistema.

Las naciones así quebradas requieren préstamos adicionales para ser rescatados de su insolvencia, créditos que les son negados o regateados, aduciendo que la deuda no pagada ha puesto en peligro de quiebra a los bancos privados acreedores, los cuales, según cálculos del FMI requerirían ahora mismo  200 mil millones de euros (casi 300 mil millones de dólares) para evitar el riesgo de la descapitalización, lo cual --dicen-- conduciría inevitablemente a una recesión que agudizaría la crisis mundial.

Lo paradójico del caso es que muchos de esos bancos --que ahora abogan incluso por ser rescatados con fondos públicos-- participaron en la multiplicación de los panes (CDS), y al incrementar sus ganancias ocasionaron la insolvencia de sus acreedores. Ya ganaron con la especulación y volverán a ganar cuando cobren sus créditos.

Al rescate

La perversión y la voracidad, sin embargo, no acaban allí. Para que nuevos flujos de capitales lleguen a las sociedades así vulneradas (Grecia es por ahora el caso más crítico) el Comité Monetario y Financiero Internacional, el principal órgano de decisión política del FMI, compuesto por 24 gobernadores que representan a los 187 países agrupados en el organismo multilateral, dictaminó ya la estrategia para salir de la crisis: reducir el déficit fiscal de las naciones endeudadas.

Se trata de una medida atroz, pues significa mayores recortes al gasto público mediante estrictos programas de austeridad que se traducirán en mayores tasas de desempleo, fenómeno que según el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavia, alcanzó ya un nivel histórico de 200 millones de personas en el mundo a causa de la crisis.

Así las cosas, para que Grecia --desplumada por la especulación de inversionistas y banqueros-- pueda recibir durante los primeros días de este mes de octubre ocho mil millones de dólares del plan de rescate acordado el año pasado con la llamada troika (FMI, Comisión Europea y Banco Central Europeo), deberá cumplir estas condiciones:

a) Despedir a 20 mil empleados públicos; b) recortar o congelar los salarios y pensiones estatales; c) elevar el impuesto al aceite para calefacción; d) cerrar empresas estatales deficitarias; e) recortar el gasto en salud y acelerar privatizaciones.

Un programa similar de ajuste para reducir el déficit público se aplica en España, donde salud y educación han sido las principales áreas afectadas por la reducción del gasto y donde el gobierno regional de la derechista Esperanza Aguirre ha despedido a más de 2, 500 profesores.

Francia anunció que suprimirá también 30 mil empleos públicos en 2012 para reducir el déficit fiscal hasta 4.5 por ciento. Al presentar el 28 de septiembre los presupuestos para el próximo año, el presidente galo Nicolás Sarkozy adelantó que la reducción del déficit será de 5.7% en 2011 a 4.5% en 2012; 3% en 2013; 2% en 2014 y 1% en 2015.

Se trata de medidas calificadas como inviables por el nobel de Economía 2008, Paul Krugman, quien sostiene que lo peor que puede hacerse cuando una economía está deprimida y con altas tasas de desempleo es reducir el gasto del gobierno. Históricamente es algo que no ha funcionado ni aquí (EUA) ni en otros países.

Robert Reich, ex secretario de Trabajo de Bill Clinton también ha criticado estas medidas. "El problema no es el déficit, sino la falta de empleo y crecimiento, aseguró.

El asunto parece de sentido común y ha sido resumido en sus términos por Lakshman Achuthan, director del Economic cycle Research Institute, mediante esa sencilla, pero ilustrativa ecuación: Cuando el empleo cae, los ingresos caen; cuando los ingresos caen, las ventas caen; cuando las ventas caen, la producción cae y cuando la producción cae el empleo cae.

Especulación vs producción

Pero para la lógica de poder del capital financiero empeñado en imponer un nuevo régimen de acumulación que maximice las ganancias vía la especulación financiera y ya no mediante la producción de bienes y servicios, nada de eso cuenta.

Noam Chomsky, profesor emérito en linguística del Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo resumió al afirmar que el sector financiero promovido por EUA destruyó al sector productivo. El resultado ominoso es, según José Blanco, que la especulación financiera se encamina a paralizar la economía real.

Es decir, añade, a congelar toda la infraestructura concentrada en fábricas, astilleros, puertos, carreteras, campos de labranza, así como a prescindir de científicos, ingenieros, técnicos y de miles de trabajadores.

De ahí los draconianos programas de ajuste. Si la población se queda sin empleo, sin ingresos, cae en la pobreza y muere, no importa. Porque a diferencia de la anterior fase del capitalismo mundial, en la que fue importante mantener vivas a las masas para estabilizar el consumo de los bienes producidos en serie, ahora las ganancias se obtienen mediante la especulación. El trabajo y los trabajadores se tornaron prescindibles.

En el fondo, las medidas exigidas a Grecia y al resto de la zona euro están orientadas a colapsar el Estado de bienestar, ese donde se ofrecía empleo, seguridad social y educación pública gratuita. El objetivo, como apunta el economista Alejandro Nadal, es "abrir todos los espacios para incrementar la rentabilidad o utilidades del capital y utilizar todo el poder del Estado para lograrlo".

Acaso por ello, durante la reunión anual del FMI y el BM celebrada hace dos semanas en Washington, la francesa Christine Lagarde, directora gerente del Fondo enfatizó que "Nuestros problemas pueden ser sobre todo económicos, pero las soluciones son esencialmente políticas".

Aludió así al hecho de que para supuestamente frenar el ataque de los mercados sobre las deudas de los países, los planes de ajuste deben ser aprobados por los parlamentos de cada nación, algo que, como ya hemos visto, está siendo cumplido en casi todas las cámaras de representantes. Incluso España --con el voto conjunto de socialistas y conservadores-- aprobó el pasado 2 de septiembre una reforma que limita el déficit presupuestal y aumenta el techo de la deuda.

Democracia en crisis

Medidas como ésta están incubando otra crisis: la llamada crisis de representatividad de gobiernos y parlamentos. Los primeros indicios son las revueltas del pasado mes de agosto en Gran Bretaña, el movimiento estudiantil chileno, los indignados españoles y las huelgas de trabajadores en Grecia.

Se trata de movimientos sociales que rechazan el modelo político y económico en boga, en el que las instituciones han sido capturadas y puestas al servicio de quienes provocan las crisis financieras en serie. Ello ha echo caer el velo de la democracia mostrándola como lo que en realidad es: un sistema en el que los gobiernos no están para servir a los ciudadanos que aparentemente los eligen, sino que trabajan para sus bases principales que son quienes conforman el fraudulento sector financiero.

La razón es que más allá del espejismo electoral, quienes eligen a los gobiernos del mundo son las grandes empresas trasnacionales y sus corporativos (los llamados poderes fácticos), como lo repetía el escritor portugués José Saramago: el ejercicio del poder real reside en fuerzas que nunca han aparecido ni aparecerán en las boletas electorales, porque no lo necesitan para ejercer su dominio.

Así estamos.

Cofetel e inversión extranjera

Uno de los rasgos de la economía global es la preminencia del capital trasnacional en el jugoso negocio de las telecomunicaciones.

Fue precisamente el desarrollo tecnológico en este sector lo que detonó la actual fase neoliberal del capitalismo, ese que indujo la desregulación y la sustracción al control estatal de amplios sectores de la actividad productiva, que así fueron a dar a manos privadas bajo el garlito del impulso a la competitividad como vía hacia mejores niveles de vida.

En México ese proceso privatizador --iniciado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y profundizado en los tres siguientes-- se realizó con el signo de la más escandalosa corrupción, pues se benefició a grupos empresariales en cuyos consejos de administración no fue infrecuente la presencia de ex funcionarios gubernamentales, o de cuadros que después pasaron a la función pública, lo que configuró un entramado de complicidades y tráfico de influencias que tornó imperceptible la necesaria frontera entre el interés empresarial y el público.

Esa característica condujo al premio Nobel de economía 2000, James J. Heckman, a caracterizar en octubre de 2009 a la economía mexicana como un "capitalismo de amigos".

El proceso privatizador no ha cesado (ahora incluye medidas pomposamente llamadas de segunda y tercera generación) y puede presumirse que la corrupción gubernamental tampoco. Cada vez con mayor anchura se continúa entregando la riqueza nacional al lucro del capital foráneo en desmedro de la economía local, bajo el supuesto --sobradamente comprobado como falso-- de que la inversión extranjera crea empleos y es un detonante del desarrollo económico.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) anunció el pasado 19 de septiembre que promoverá la apertura de la inversión extranjera en telefonía fija. En rigor, debió anunciar que ampliará esa participación, pues actualmente se permite una composición de hasta 49 por ciento de capital foráneo.

Aunque se trata de un mercado en declive ante el auge de la telefonía móvil, llama la atención el hecho de que la Cofetel anuncie que alentará su extranjerización sin imponer la cláusula de reciprocidad, esa que permitiría que las empresas mexicanas reciban el mismo trato en el país que invierta aquí.

Las razones esgrimidas por el organismo regulador ilustran con suficiencia el ánimo entreguista que campea entre nuestros funcionarios: asegura la Cofetel que aplicar esa cláusula "resta atractivo a los potenciales inversionistas, representa una barrera a la competencia y limita los beneficios a los consumidores finales".

La argumentación para favorecer al capital trasnacional no ha variado desde hace dos décadas, con el agravante de que es falaz y hasta, si se quiere, ridícula, porque si representara un obstáculo para la competencia en ningún país existiría semejante disposición.  Los beneficios a los consumidores finales, parten del supuesto de que con mayor competencia los precios disminuyen, lo cual tampoco se verifica en la realidad.

Ocurre simplemente que otras naciones sí protejen su planta productiva y su mercado interno mediante restricciones al libre flujo del capital foráneo en áreas estratégicas, como las telecomunicaciones. Aquí, en cambio, pese a las lecciones de los años recientes, el panismo continúa aplicando puntual y  fielmente el designio en boga: maximizar las ganancias a costa del saqueo de los bienes que, administrados con un enfoque menos entreguista, favorecerían el bienestar de la población.

Verdad jurídica y verdad histórica

 Fastidia a Felipe Calderón que la verdad histórica (esa por la que sabemos que un sujeto es claramente un delincuente) no coincida con la verdad jurídica (esa para la que el delincuente es inocente por no ser capaz el Ministerio Público de acreditar su culpa).

En su enojo lanza anatemas contra los jueces presuntamente corruptos que así dejan escapar a quienes el valeroso licenciado Calderón atrapa, atrapa y atrapa.

Y sin embargo, no son las únicas verdades que no coinciden. Aunque éstas otras parecen tener sin cuidado al ocupante (de ocupación) de Los Pinos. Por ejemplo, la verdad (¿dogma?) macroeconómica, esa de los índices estadísticos en los que el país está de maravilla, y que tanto pregona y presume, tampoco coincide con la economía del hombre de la calle. ¿A quien acusar de corrupción por este desencuentro? Es pregunta que se busca en los bolsillos.

El México que ¿todos queremos?

La ventaja de las frases de contenido positivo es que concitan una adhesión inmediata. Lo malo es que son sólo eso: frases, retórica pura sin nada que ver con la realidad.

Ahora, por ejemplo, todo lo que hacen nuestros políticos o todo aquello que nos invitan a apoyar se realiza con cargo o en beneficio del "México que todos queremos". La frase resulta eficaz mientras se la mantenga en el difuso terreno de lo aludido, del sobreentendido. Pero cuando se la trata de precisar y de dar contenido surgen las primeras difiicultades.

Porque ¿En verdad todos queremos un mismo México? Y si es así ¿qué rasgos tiene ese ideal que puebla el imaginario colectivo? Intentemos una aproximación.

Según parece, el país que luchamos por forjar todos los días es uno con igualdad social, democrático, sin pobreza ni exclusión; sin ciudadanos ni funcionarios corruptos. Uno con educación básica de calidad y en el que los jóvenes tengan pleno acceso a la educación superior pública y cuya actuación profesional redunde en el progreso del país y la prosperidad económica personal.

Un pueblo cuyos gobernantes trabajen, en efecto, por el bien común y cuya estructura económica favorezca la reproducción del círculo virtuoso empleo-más ingreso-más ventas-más producción-más empleo. Un país soberano con políticas nacionales de explotación y conservación de sus recursos naturales en beneficio de sus conciudadanos y no en manos de empresas trasnacionales.

Con algunos matices, creo que ese es el diseño que la mayoría tiene en mente cuando se habla del "México que todos queremos". Por lo demás, es el gran proyecto nacional incumplido que está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El problema radica en que es falso que todos queramos lo mismo, como lo afirma ese que, afuerza de repetirse, se ha convertido en un eslogan y que, como todos los de su tipo, no es más que una frase atractiva, de impacto, que concita simpatías, pero hasta ahí.

Puédese afirmar que más que un eslogan resulta una coartada tras de la cual se oculta una estructura social caracterizada por relaciones de poder que se expresan mediante la sujeción de una parte de la población a otra.

Ese hecho capital establece una diferencia de intereses que no son comunes ni los mismos para todos, pero que se insiste en que aparezcan como tales para disimular-encubrir la relación dominantes-dominados. Esta característica se encubre mediante distintas formas, una de las cuales es el Estado.

El Estado aparece ante todos como un ente independiente de todas las clases, incluso de la dominante, que de este modo camuflagea su dominio. Ya no es ella la que impone el modo de producción ni las leyes que lo regulan y protegen, sino un ente superior, al que incluso ella está sujeta, por encima de todos y sin intereses particulares.

Esta "neutralidad" le confiere al Estado la legitimidad y la aquiescencia de todos, pues --recuérdese a Hobbes-- existe por acuerdo de todos los hombres quienes aceptan ceder su soberanía a ese ente al que,  para imponer el interés general, se le concede el uso legítimo de la fuerza.

Pero el Estado, lo hemos dicho ya, no es un algo neutral, sino el instrumento para conservar las estructuras socioeconómicas de dominación. Y esta imposición se realiza no sólo mediante la aplicación de los medios coercitivos de que dispone, sino también, a través del llamado consenso social.

En la fabricación del consenso es donde se ubican todas las artimañas legales, retóricas, verbales; es el terreno privilegiado donde los medios de comunicación privados y gubernamentales, por ejemplo, aplican las técnicas disponibles de las teorías de la influencia y la persuación.

Es en este terreno donde se construyen frases como esa del "México que todos queremos", las cuales, de un golpe mediático, nos hermanan en una misma causa, nos hacen aparecer a todos del mismo lado al suprimir las diferencias y los intereses de clase realmente existentes y con ello difuminan las condiciones de dominación que es lo único que debe prevalecer.

Porque...¿cómo se explica el hecho de que si todos queremos lo mismo, tenemos más de 200 años de vida independiente sin poder lograrlo? ¿Cómo es que después de tanto tiempo no hemos podido llevar a la práctica el gran proyecto de país plasmado en la Constitución? ¿Cómo es que con elecciones libres los representantres a los que seguimos eligiendo no parecen responder al interés colectivo una vez en los puestos de representación?

La respuesta está en que, de nuevo, es falso que todos tengamos los mismos intereses y aspiremos al mismo diseño de país como rezan las frases propagandísticas que se nos sorrajan a cada rato.  La cuestión radica en que hay una clase a la que le interesa mantener el mismo estado de cosas porque de esas condiciones de dominación dependen sus ganancias económicas y su condición primigenia en la sociedad.

Eso es lo que prevalece por encima de frases que nos encomian, como esa de que "Celebremos a los héroes de todos los días", o aquella otra que reza: "Somos más los buenos", o esa que da título a este post, según la cual todos los desvelos de nuestras élites políticas y las medidas que aplican en contra de la población, en realidad serían buscando esa entelequia resumida en el apotegma: El México que todos queremos.