Partidos políticos y alianzas

A Jordana, porque desde que 

llegaste la vida es una fiesta

Acaso lo único positivo que han mostrado las posibles alianzas electorales entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), sea el hecho de que han corroborado cómo duele al partido oficial la negativa de amplias franjas de ciudadanos de reconocer como legítima la investidura presidencial de Felipe Calderón.

El hecho de que la primerísima condición que han impuesto los panistas a quienes pretendan ser candidatos de esa malhadada alianza sea precisamente que reconozcan al michoacano como Presidente, muestra hasta qué punto les afecta esa ilegitimidad de origen.

Ese reconocimiento sería --incluso más que gobernar los estados donde eventualmente se alíen-- la mayor ganancia política que obtendrían los panistas, pues además del reconocimiento del propio partido que se dijo ofendido por el robo electoral, el hecho desautorizaría el cuestionamiento permanente sobre la ilegitimidad presidencial del movimiento cívico que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Tras la debacle electoral de julio de 2009, la llamada izquierda partidista ve en esas alianzas su última oportunidad de sobrevivencia. Tal es la indigencia ideológica en la que se desenvuelve y tal su incapacidad para ofrecer a los ciudadanos una alternativa real allí donde ha sido gobierno.

Esto último y la falta de trabajo político de base explican su pobre condición electoral actual que la conduce, en nombre de un crudo pragmatismo --en realidad burdo oportunismo-- a aceptar aliarse con una porción de la derecha partidaria aun incluso a cambio de avalar las elecciones de 2006.

Los argumentos son insólitos: Manuel Camacho Solís, coordinador nacional del Diálogo por la Reconstrucción de México (DIA) --que agrupa al PRD, PT y Convergencia-- sostiene que si el PRI gana este año todas las elecciones estatales tendrá el camino despejado a la presidencia en 2012.

Y añade: "Si no empezamos a ganar elecciones no vamos a concretar la inconformidad por las condiciones del país con la política". Su lógica no deja de ser curiosa: pretende capitalizar electoralmente la inconformidad de la ciudadanía aliándose con el partido que, precisamente, ha generado con sus políticas antipopulares y erráticas esa inconformidad.

La segunda justificación resulta aún más falaz. Afirman que es necesario abrir la puerta a la alternancia en entidades como Durango, Hidalgo y Oaxaca, las cuales padecen cacicazgos que niegan libertades y violan derechos.

Estamos ante la versión recargada del "voto (in)útil", añagaza que el propio Camacho y otros personajes empujaron para instalar a Vicente Fox en Los Pinos, con los resultados ya conocidos. Para los "chuchos" y para Camacho, la alternancia es un valor en sí mismo que mágicamente cambiará las relaciones sociales y económicas de los pueblos.

Lo que no dicen --sería insólito que lo ignoraran-- es que sin un cambio en el modelo económico y de participación ciudadana la alternancia, como se ha demostrado en este país, no pasa de ser un "Quítate tú para ponerme yo" para seguir reproduciendo el esquema de dominación económica y política en que se vive.

Documéntese lo anterior con los casos de Nayarit (Antonio Echevarría), Chiapas (Pablo Salazar y Juan Sabines) y Guerrero (Zeferino Torreblanca). En todos ellos, el PRD impulsó candidatos en coalición. Es cierto, ganó las elecciones, pero ninguno de esos personajes hizo un gobierno de izquierda. Antes bien, se acercaron más a los postulados del PAN y en nada cambiaron las condiciones de vida de los lugareños.

Así las cosas, el daño y el desprestigio que los aliancistas están a punto de infringir a la izquierda en México podría ser de proporciones históricas en términos de descreimiento de la gente y de cara al 2012 podría dejar al PRD en una condición aún más precaria de la que se quiere evitar.

Una imagen ilustra lo anterior: Gabino Cué se placeó el año pasado junto con López Obrador por todos los pueblos gobernados por Usos y Costumbres (los más pobres entre los pobres) de Oaxaca. Fue presentado y recibido como la alternativa por la que esos pobladores tendrían que votar para quitarse el yugo del PRI y enfrentar las lesivas políticas del gobierno federal panista.

¿Qué dirán esos pueblos cuando lo vean ahora competir aliado con uno de sus enemigos históricos (PAN)? ¿Qué opinarán cuando ese mismo Gabino Cué les diga --como ha declarado-- que "por congruencia" reconoce como presidente legítimo a Calderón a quien en aquellos mítines en medio del polvo y casuchas mal construidas llamaba "ilegítimo"?

La traición de los "chuchos" y sus acompañantes es mayúscula si se tiene en cuenta que se alían con uno de los representantes de los poderes fácticos que controlan este país. Como ha escrito el maestro universitario Arnaldo Córdova:

"...se sabe muy bien que el PRI y el PAN, siendo diferentes entre sí, no son fuerzas políticas autónomas. Ambos han sido coptados por el gran capital y las fuerzas más reaccionarias de la sociedad mexicana que forman un sólo bloque hegemónico de poder. El PAN gobernó pésimamente y los dueños del poder ya no lo soportan".

Es decir, el PRI y el PAN no son --como pretenden ignorar Camacho y su club-- partidos políticos conformados por ciudadanos que legítimamente enarbolan una ideología específica. Son, en cambio, dos piezas que el poder hegemónico trasnacional utiliza para imponer su modelo de dominación en México.

Cuando alguno de esos dos partidos deja de serle funcional a ese poder, éste lo desecha y recurre al otro. Así se asegura la continuidad de su dominio, con la ventaja adicional que mantiene a los ciudadanos engañados con la ilusión de la "alternancia" y la "democracia".

Desde esta perspectiva, acaso la maniobra aliancista del PRD no sea, en el fondo, más que un guiño destinado al bloque hegemónico en el poder para hacerle ver que esa "izquierda moderna y bien portada" también puede ser confiable en la defensa de sus intereses y que está lista para que le presten el poder durante seis años.

¡Hasta la próxima!

CFE, las mentiras y los hechos

Felipe Calderón pretende gobernar a punta de discursos, y la palabra, se sabe, puede intentar describir una realidad, pero no instaurarla.

Cuando, por mendacidad o locura, se incurre en el voluntarismo de pensar que lo afirmado crea realidades inmediatas, los hechos se encargarán de desmentirnos. Eso es lo que le ha ocurrido. Y esa ha sido --además del ya sabido fraude electoral-- otra fuente de su deslegitimación: la mentira.

El caso de Luz y Fuerza (LyF) es paradigmático. El decreto nocturno del 10 de octubre de 2009 que extinguió esa empresa y que dejó sin fuente de sustento a más de 44 mil familias, encubrió el objetivo principal --acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas y transferir el negocio de la red de fibra óptica de la paraestatal a empresas privadas favoritas del gobierno, como W Comunicaciones-- con la imposibilidad de seguir inyectando recursos a una empresa inviable.

Apenas un mes después de esgrimido ese "argumento", Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que en los próximos dos años el gobierno federal invertiría cinco mil millones de pesos para mejorar la red de distribución eléctrica que pertenecía a LyF.

El anunció sorprendió, pues se destinarían recursos que antes se negaron para inducir y propiciar la obsolescencia y falta de mantenimiento en esa misma infraestructura.

Luego apareció otra perla. En el Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza  del Centro y el Diagnóstico de Luz y Fuerza, documentos que Calderón ordenó clasificar como reservados --lo que equivale a ocultarlos a los ciudadanos hasta por 12 años, en el segundo caso-- el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, Benjamín Contreras Astiazarán reconoció que si bien el costo de la compañía ascendió en 2008 a 44 mil 300 millones de pesos --incluido el pago de salarios, prestaciones y el pasivo laboral-- la principal carga no fue resultado del Contrato Colectivo de Trabajo (como se adujo hasta en los anuncios por televisión) sino de la compra de energía a la CFE y el costo de combustibles para su generación.

Todavía más: el 14 de septiembre pasado Pemex firmó un acuerdo de suministro eléctrico con las empresas españolas Abengoa y Abener Energía por dos mil millones de dólares para crear una planta cogeneradora de energía, con el propósito --imagínese usted-- de disminuir las compras de electricidad a la CFE y a LyF.

Es decir, en vez de modernizar esas paraestatales, se prefiere entregar recursos a empresas extranjeras. Con ese capital, más las cuentas por cobrar que LyF reportó por al menos dos mil 160 millones de pesos, correspondientes a particulares y grandes empresas a las que el gobierno se negaba a cobrar, bien pudo haberse evitado la extinción del organismo.

En su intento por justificar el cierre de la empresa, Calderón dijo en red nacional que por las ineficiencias en el suministro de luz, muchas empresas no se instalan en el centro del país y dejan de generar empleos. Como siempre no le pareció necesario explicar de dónde obtuvo esos datos ni cuantificar tales pérdidas.

En cambio, como resultado de los ventarrones del viernes pasado que dejaron sin luz a 48 colonias del DF y a más de 360 mil usuarios, la Coparmex-DF documentó que la incapacidad de la CFE para atender la emergencia dejó pérdidas por más de 100 millones de pesos.

Al día de hoy, unos 400 mil habitantes de Iztapalapa, Tláhuac y Azcapotzalco siguen sin agua, pues debido a los cortes en la energía eléctrica no ha podido bombeárseles el líquido.

Así, pese a que su eslogan pretende identificar a la CFE como una "empresa de clase mundial", los hechos, es decir, la porfiada realidad se ha encargado de demostrar que está más allá del voluntarismo del discurso. Se trata, en cambio, de una entidad que carece de los estándares de eficiencia y capacidad, al igual que el gobierno,  para suministrar el servicio de energía eléctrica en el centro del país. El caos que prevalece demuestra que no tiene el control del servicio y que es una empresa rebasada.

Lo peor es que pese a que las mentiras, contradicciones e insuficiencias de Calderón han quedado al descubierto --también en este tema-- en el grupo en el poder no existe voluntad para superar este conflicto. El rechazo gubernamental a la comisión mediadora que se propuso para destrabarlo es un datos revelador que contraviene cualquier discurso.

¡Hasta la próxima!

Matrimonios gay y laicismo

La virulenta reacción de la Iglesia ante las reformas al Código Civil del Distrito Federal que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y aun su derecho de adopción, constituye una abierta violación del artículo 130 constitucional y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Y sin embargo, el grupo de poder que ejerce el gobierno no sólo no interviene para aplicar las leyes que juró --haiga sido como haiga sido-- "cumplir y hacer cumplir", sino que con su actitud omisa alienta esas transgresiones.

El comportamiento del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, es revelador. Cada vez que le toca cumplir con una de sus principales tareas --preservar el interés general mediante la aplicación de la ley violada por alguno de los poderes fácticos-- recurre al recurso del avestruz.

Su forma de esconder su prominente cabeza consiste en ofrecer analizar el problema, como ahora que ha dicho que está analizando "el contexto" y la "significación" de los abiertos ataques del clero a una ley. Lo malo es que cuando Gómez Mont se pone a "analizar" algo, lo que nos está diciendo es que no hará nada.

Lo mismo hizo el año pasado. Ante la abierta violación de las televisoras de la ley electoral al interrumpir el Súper Bowl para transmitir en bloque propaganda de los partidos, ofreció "analizar" el alcance de la violación y si su dependencia tenía facultades para intervenir, cuando en su organigrama existe una oficina encargada de esos temas. Nada pasó.

El asunto de fondo radica en que la derecha encaramada en el poder ejerce un gobierno faccioso, alejado del postulado democrático y republicano de gobernar para todos. En este caso, se sabe de las inclinaciones confecionales de casi todos los miembros del gabinete. De ahí la permisibilidad de que goza el clero.

El postulado constitucional es claro: "Los ministros no podrán...en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa ni en publicaciones de carácter religioso oponerse a las leyes del país o a sus instituciones ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios".

No se trata, como pretende hacer creer el secretario de Gobernación, de un asunto de libertad de expresión ni de exclusión de la iglesia del debate. Se trata, en cambio, de garantizar la vigencia del Estado laico en los términos en que también lo define la Constitución.

La Iglesia no puede participar en un debate como el actual simplemente porque se trata de un asunto del orden civil, temas de los que por ley está excluida, merced precisamente al carácter laico del Estado mexicano. Por ello no se configura un acto de exclusión ni de falta de pluralismo, pretextos bajo los que Gómez Mont pretende disfrazar su inacción ante planteamientos como los del clero con los que seguramente simpatiza.

No está mal que lo haga, pero tendría que recordar que no está en el cargo que desempeña para conducirse de acuerdo con sus convicciones personales, sino para hacer cumplir las leyes, aunque éstas y aquellas no sean --como no lo son-- coincidentes.

El reclamo del Arzobispado muestra claramente una inocultable, pero inaceptable intensión dogmática y hegemónica contraria a la libertad de conciencia preconizada por el laicismo. Afirma el clero mexicano que las reformas impulsadas por el Partido de la Revolución Democrática son "...leyes criminales, inmorales e inicuas que van contra la ley de Dios y los valores del evangelio". (El Universal, 30/12/09)

¿Y en qué disposición legal --preguntamos-- se obliga a que la ley civil deba estar en consonancia con la "ley de Dios"? ¿o que las creencias religiosas deban convertirse en leyes? El proyecto ideológico de la Iglesia, bien se ve, pretende convertir los dogmas y la mediación de la fe en normas sociales de observancia obligatoria para todos. Muestra así su talante excluyente.

Y sin embargo, eso ha sucedido en el tema del aborto. En el último año, 18 estados han votado leyes que penalizan esa práctica convirtiéndo a las mujeres en delincuentes. Ya la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) ha hecho notar que ese proceso se basa en una "incompatibilidad flagrante entre el concepto moderno, multifacético y complejo de lo que es un ser humano, y la simplista, arbitraria y poco informada definición de la vida".

En este tema, como en el de los matrimonios entre personas del mismo sexo, el retiro del gobierno o su alineamiento con los intereses del clero lo descalifica como garante de la igualdad de todos ante la ley, y lo convierte --como ya ha ocurrido en el ámbito económico-- en un gobierno faccioso que abre premeditadamente nuevos frentes de polarización social, y nos acerca, como bien advierte la AMC, a etapas de confrontación dolorosamente superadas hace siglo y medio, y que a todos dañarían.

¡Hasta la próxima!