Felipe Calderón podría estar en vías de convertirse en el político más desquiciado de cuantos han habitado Los Pinos. A menos que, en realidad, sólo se trate de un mentiroso contumaz.
Deténgamonos en los síntomas y juzguemos. Al anochecer de este miércoles 28 inauguró un foro en Puerto Vallarta, donde defendió la miscelánea fiscal para 2010 y llamó al Senado a aprobar los impuestos que propuso, pues con ellos, dijo, se resolverá de manera responsable un problema estructural y grave de finanzas públicas en todos los niveles de gobierno.
Luego añadió que las más obligadas a aportar al gasto nacional son las empresas que más ganan "y que rara vez, muy rara vez, pagan impuestos al país".
Un lector atento podría recitar, ante semejante declaración, aquel aforismo de Monsiváis que reza: "No entiendo lo que pasa o ya pasó lo que estaba entendiendo". Veamos:
El dicho de Calderón bastaría por sí sólo para que el Congreso no aprobara ninguno de los impuestos que propuso el inquilino de Los Pinos, pues tales gravámenes apuntan precisamente a que paguen los que menos tienen y deja intocados los privilegios y exenciones de que gozan "las empresas que más ganan".
Estamos de nuevo ante una maniobra discursiva --como las que utiliza frecuentemente Calderón-- mediante la cual busca confundir a los ciudadanos, haciéndose pasar como si estuviera del lado de éstos.
Durante el debate de las últimas semanas han quedado al descubierto los mecanismos y los galimatías legales que permiten a las grandes empresas eludir el pago de millonarias sumas por concepto de impuestos. El michoacano está al tanto de ello y, sin embargo, su propuesta original no incluía eliminar tales recovecos por los que el país pierde más de 450 mil millones de pesos cada año.
Venir a decir ahora que "paguen los que más ganan" resulta una postura hipócrita, pues la dice quien, con su propuesta está avalando precisamente lo contrario.
Acaso lo único que busca es endilgar al Congreso el costo político de incrementar los impuestos a los ciudadanos cautivos.
Calderón entra así al juego que ha entrampado la discusión de la miscelánea fiscal: todos quieren cargarle a los ciudadanos más impuestos para financiar los onerosos gastos de la clase política, pero nadie quiere ser percibido por la población como el causante de ese despojo.
La maniobra calderoniana lo desnuda como un político sin liderazgo, mediocre y convenenciero, interesado más en el juego de las descalificaciones y la manipulación que en el papel de un hombre con visión de Estado.
En tales condiciones, ya del rumbo del país mejor ni hablamos.
¡Hasta la próxima!
jueves, 29 de octubre de 2009
miércoles, 28 de octubre de 2009
Televisa exenta de impuestos
Como ninguna otra, la actual discusión del paquete económico para 2010 ha puesto en evidencia el rejuego de intereses, componendas y favores que, al margen de la institucionalidad, rigen el sistema político mexicano.
Ese "capitalismo de amigos" conformado por el binomio PRI-PAN y los poderes fácticos (medios de comunicación y consorcios nacionales y extranjeros) ha funcionado de nuevo ahora en favor de Televisa.
En efecto, ayer las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos aprobaron la Ley Federal de Derechos, cuyo artículo 244-E establece privilegios fiscales a las empresas que incursionarán en las nuevas bandas de 1.7 y 1.9 gigahercios del servicio de telefonía móvil de triple play (voz, datos e Internet).
Es decir, las empresas que próximamente competirán en ese nuevo mercado, entre las que figura preponderantemente Televisa, no pagarán impuestos durante un periodo de entre dos y tres años, bajo el peregrino argumento de que quienes presten esos servicios tendrán que hacer "considerables" inversiones para montar la infraestructura necesaria.
Mientras que por un lado se pide a la población en general un esfuerzo "patriótico" para pagar aumentos al IVA (de 15 a 16 por ciento) y al Impuesto sobre la Renta (de 28 a 30 por ciento) para subsanar la falta de recursos del país, por el otro se le perdonan cargas millonarias a unas cuantas empresas que, casualidades del destino, pertenecen a los hombres más ricos del país.
Esa condonación de impuestos significa que el gobierno dejará de percibir cinco mil 600 millones de pesos en dos años (2, 800 millones de pesos por año), en momentos en que --se nos ha dicho-- el país tiene un déficit fiscal por 300 mil millones de pesos que se quieren reponer con los aumentos de impuestos en cascada para quienes no pertenecen al círculo de amigos, es decir, el resto de la población.
Aunque Televisa ha tratado de defenderse diciendo que semejante beneficio será para todos los prestadores de esos nuevos servicios, lo cierto es que empresas como Telcel (Carlos Slim), Telefónica y Iusacel no podrán participar en la licitación de los paquetes de 30 megahertz (Mghz) de las bandas 1,7 y 1.9 porque la Comisión Federal de Competencia (CFC) les impuso un candado que las elimina de la competencia.
La CFC, presidida por Eduardo Pérez Mota, estableció que ninguna empresa podrá tener más de 80 Mghz en esta banda, y las empresas mencionadas acumulan ya más de 30 Mghz con lo cual sólo podrán participar en la licitación correspondiente Axtel-Avantel, Nextel, Alestra, Maxcom y, la segura ganadora, Televisa.
La maniobra en favor de la televisora ha sido atribuida al senador priista Manlio Fabio Beltrones, a quien se identifica como el creador del artículo 244-E.
El senador panista Javier Corral, el único en ese partido que mantiene posturas críticas contra la televisora, ha dicho que con la redacción de ese artículo, Beltrones le estaría retribuyendo a Televisa las pérdidas que la empresa tuvo como resultado de la reforma electoral que impidió a los partidos y a los particulares comprar espacios en televisión para la difusión de sus campañas.
De este modo Beltrones limpiaría el "agravio" que les endilgó al votar aquella reforma y, de paso, le serviría para posicionarse en el favor de Televisa, de cara a sus aspiraciones presidenciales rumbo al 2010. Tan fuerte es la apuesta de Beltrones que casi ha condicionado la aprobación de ese artículo, a la aprobación de los aumentos al IVA y al ISR.
Por ello resulta previsible que este nuevo privilegio a Televisa, aprobado en comisiones, sea confirmado por el Senado cuando la Ley Federal de Derechos se discuta en el pleno. Se configurará así un nuevo atraco a los ciudadanos, pues el espectro radioeléctrico pertenecea la nación.
Se introducirá además un contrasentido inadmisible: en un paquete fiscal que para el resto de la población es recaudatorio --pues sacará dinero del bolsillo de la gente para sostener al gobierno-- se le abre un boquete por el que seguirán perdiéndose recursos sólo para beneficiar a los amigos.
¡Hasta la próxima!
jueves, 22 de octubre de 2009
La izquierda y su irresponsabilidad histórica
En esta hora del país salta más a la vista la irresponsabilidad histórica en que ha incurrido la izquierda partidista: ha sido incapaz de construir una alternativa electoral viable, a partir de organizar a la población y hacerla partícipe en las decisiones políticas que definen el proyecto y rumbo del país.
En vez de eso, la izquierda partidista, con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la cabeza, se ha mimetizado con los usos de una cultura política caracterizada por el uso patrimonialista de los cargos públicos y de los puestos de representación popular, por la corrupción, favoritismo, arribismo, clientelismo, corporativismo y fraudes en elecciones internas.
Con todo ello, la izquierda ha sido involuntaria, pero eficaz aliada de la derecha en eso de excluir a la población de la política y convertir los asuntos públicos en un tema de cúpulas, cuando no de facciones o tribus interesadas sólo en los presupuestos repartibles.
Las derrotas de la izquierda en los comicios federales de julio y las del pasado fin de semana en Coahuila y Tabasco, no son más que el corolario lógico que resulta del extravío y la indigencia ideológica que mantienen postrada a esta franja del espectro político.
El ascenso de la derecha en su versión Partido Revolucionario Institucional (PRI), no es sino resultado de la incapacidad de la izquierda para organizar a la población, para diferenciarse allí donde ha sido gobierno y de sus divisiones y sectarismo que serían justificables si fueran resultado de confrontaciones ideológicas. Pero no; se trata de algo más pueril: la ambición por alcanzar el poder sin contar con un proyecto ni con una base social de ciudadanos organizados.
Una clara muestra de lo anterior, es el feroz pragmatismo que ha conducido, por ejemplo a Andrés Manuel López Obrador a apoyar a candidatos como Ceferino Torreblanca (Guerrero) y Juan Sabines (Chiapas), que llegados al gobierno apoyados por el PRD han gobernado sin el menor apego a esas siglas, cuando algo representaban.
Ese pragmatismo --deponer principios en aras de aparentes triunfos electorales y ficticias posiciones de gobierno-- es el mismo que mantiene en el PRD al principal líder del movimiento ciudadano, cuando quienes lo siguen saben que ya no caben en ese partido convertido por sus líderes formales en un remedo de oposición.
Ahora se anuncia (martes 20 de octubre) la reactivación --con miras a la elección presidencial de 2010-- de un frente unificado de partidos de izquierda (PRD, PT y Convergencia) similar, pero con otra denominación aun por definir, al Frente Amplio Progresista (FAP) que postuló a Lopéz Obrador a la presidencia en 2006.
No se sabe si lo que armarán esos líderes convocantes será un Frankenstein (por las contrahechuras que resulten) o un caballo de Troya que incube traiciones, cuyas crónicas pueden prepararse desde ahora, dada la inclusión en ese intento de la autodenominada "izquierda moderna" (en realidad colaboracionista) del PRD "chuchista".
El capital histórico y político ha sido dilapidado por la izquierda mexicana de nuestros días, y lo peor es que no se distinguen maneras inteligentes de enfrentar la ofensiva derechista, más allá de las recetas de siempre: agruparse, crear frentes que se disgregan apenas pasadas las elecciones y vuelta al ostracismo.
En tanto, la derecha de los Peña Nieto, Beltrones y Salinas avanza sin aparente "novedad en el frente" lista para mantener el poder en manos de una oligarquía financiera y trasnacional, como quedó de manifiesto en la recién aprobada cascada de aumentos a los impuestos y servicios que deberá pagar la población, a partir del próximo año. En ese episodio, como en los que seguramente vendrán, la izquierda no apareció sino como convidado de piedra, como tímido testimonio de una porción de la sociedad que merecería estar mejor representada.
¡Hasta la próxima!
En vez de eso, la izquierda partidista, con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la cabeza, se ha mimetizado con los usos de una cultura política caracterizada por el uso patrimonialista de los cargos públicos y de los puestos de representación popular, por la corrupción, favoritismo, arribismo, clientelismo, corporativismo y fraudes en elecciones internas.
Con todo ello, la izquierda ha sido involuntaria, pero eficaz aliada de la derecha en eso de excluir a la población de la política y convertir los asuntos públicos en un tema de cúpulas, cuando no de facciones o tribus interesadas sólo en los presupuestos repartibles.
Las derrotas de la izquierda en los comicios federales de julio y las del pasado fin de semana en Coahuila y Tabasco, no son más que el corolario lógico que resulta del extravío y la indigencia ideológica que mantienen postrada a esta franja del espectro político.
El ascenso de la derecha en su versión Partido Revolucionario Institucional (PRI), no es sino resultado de la incapacidad de la izquierda para organizar a la población, para diferenciarse allí donde ha sido gobierno y de sus divisiones y sectarismo que serían justificables si fueran resultado de confrontaciones ideológicas. Pero no; se trata de algo más pueril: la ambición por alcanzar el poder sin contar con un proyecto ni con una base social de ciudadanos organizados.
Una clara muestra de lo anterior, es el feroz pragmatismo que ha conducido, por ejemplo a Andrés Manuel López Obrador a apoyar a candidatos como Ceferino Torreblanca (Guerrero) y Juan Sabines (Chiapas), que llegados al gobierno apoyados por el PRD han gobernado sin el menor apego a esas siglas, cuando algo representaban.
Ese pragmatismo --deponer principios en aras de aparentes triunfos electorales y ficticias posiciones de gobierno-- es el mismo que mantiene en el PRD al principal líder del movimiento ciudadano, cuando quienes lo siguen saben que ya no caben en ese partido convertido por sus líderes formales en un remedo de oposición.
Ahora se anuncia (martes 20 de octubre) la reactivación --con miras a la elección presidencial de 2010-- de un frente unificado de partidos de izquierda (PRD, PT y Convergencia) similar, pero con otra denominación aun por definir, al Frente Amplio Progresista (FAP) que postuló a Lopéz Obrador a la presidencia en 2006.
No se sabe si lo que armarán esos líderes convocantes será un Frankenstein (por las contrahechuras que resulten) o un caballo de Troya que incube traiciones, cuyas crónicas pueden prepararse desde ahora, dada la inclusión en ese intento de la autodenominada "izquierda moderna" (en realidad colaboracionista) del PRD "chuchista".
El capital histórico y político ha sido dilapidado por la izquierda mexicana de nuestros días, y lo peor es que no se distinguen maneras inteligentes de enfrentar la ofensiva derechista, más allá de las recetas de siempre: agruparse, crear frentes que se disgregan apenas pasadas las elecciones y vuelta al ostracismo.
En tanto, la derecha de los Peña Nieto, Beltrones y Salinas avanza sin aparente "novedad en el frente" lista para mantener el poder en manos de una oligarquía financiera y trasnacional, como quedó de manifiesto en la recién aprobada cascada de aumentos a los impuestos y servicios que deberá pagar la población, a partir del próximo año. En ese episodio, como en los que seguramente vendrán, la izquierda no apareció sino como convidado de piedra, como tímido testimonio de una porción de la sociedad que merecería estar mejor representada.
¡Hasta la próxima!
martes, 20 de octubre de 2009
Presupuesto: Pagar los de siempre
Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) aprobarán hoy la Ley de Ingresos 2010, la cual aumenta de 15 a 16 por ciento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) --de 11 en la frontera--; grava con tres por ciento todas las telecomunicaciones, excepto la telefonía móvil; sube 85 por ciento el impuesto especial a tabacos y 26 por ciento a cervezas, e impone una cuota de tres pesos a cada botella de bebidas alcohólicas.
Además, aumenta de dos a tres por ciento el gravamen a los depósitos en efectivo de 15 mil pesos en adelante e incrementa a 30 por ciento la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas físicas y morales.
Se trata de un paquete económico recaudatorio que le cobrará las ineficiencias gubernamentales a los mismos de siempre y que --también como siempre-- no tocará a las 400 grandes corporaciones que, beneficiadas por exenciones o amparadas en los regímenes fiscales especiales, como el de consolidación fiscal, seguirán sin pagar o pagando poco.
Recuérdese que sólo en 2008, regímenes como el mencionado impidieron al fisco recaudar 750 mil millones de pesos, más del doble del boquete de 300 mil millones que el gobierno aduce como "razón" para aumentar los impuestos del próximo año.
Excepto el pretendido impuesto de dos por ciento "para el combate a la pobreza" que gravaría a medicinas y alimentos, la dupla PRI-PAN aprobará casi en sus términos la propuesta original de Calderón. En un arreglo de cúpulas, que excluyó a la mayoría de los legisladores de ambos partidos, el duopolio partidista buscó garantizar su viabilidad electoral de cara a los comicios presidenciales de 2010, mediante la fórmula de servir a los intereses de todos los grupos de poder.
Nos encontramos ante lo que el premio Nóbel en Ciencias Económicas 2000, James J. Heckman, ha denominado "un capitalismo de amigos" que protege la creación de monopolios, hace al país perder competitividad y lo mantiene en un "sorprendente" nivel de desigualdad.
El propio Sistema de Administración Tributaria (SAT) reconoció el hecho en un informe enviado la semana pasada a la Cámara de Diputados. Ahí señala que en 2008 los 400 grandes grupos empresariales que operan en el país pagaron en promedio 1.7 por ciento por concepto de ISR amparados en el régimen de consolidación fiscal.
Pagaron sólo 85 mil millones de pesos por ingresos que ascendieron a cuatro billones 960 mil millones de pesos, cantidad equivalente al 41 por ciento del producto interno bruto de ese año. El SAT informó que el sector cosméticos obtuvo ingresos por siete mil 600 millones de pesos en 2008 y sólo pagó unos 220 millones de impuestos.
Las tiendas de autoservicio acumularon en el mismo año ingresos por 67 mil 600 millones de pesos y únicamente pagaron alrededor de seis mil millones.
Todo gracias al régimen de consolidación fiscal al cual se acogen cementeras, grandes tiendas de autoservicio y departamentales, cadenas automotrices, cerveceras, televisoras; empresas de electrodomésticos, de telecomunicaciones, papeleras, procesadoras de alimentos, distribuidoras de maquinaria y equipo, refresqueras y constructoras.
Ese régimen permite que empresas de un mismo grupo presenten un sólo estado financiero sobre el que se calcula el impuesto sobre la renta.Esto les permite posponer el pago de algunos gravámenes por operaciones celebradas entre las empresas del grupo y deducir las pérdidas fiscales de una de las empresas contra las utilidades fiscales de las otras, lo cual se traduce en los hechos en una disminución en el pago de los impuesto que les corresponden.
Estas empresas en realidad son auténticas evasoras de impuestos, pero nadie las puede acusar de tales, porque lo hacen de manera legal, gracias al régimen de complicidades y pago de favores que existe en este paraíso fiscal (para los amigos) llamado México.
Acaso por ello el presidente del Consejo Coorinador Empresarial, Armando Paredes Arroyo, se haya apresurado a declarar que eliminar ese régimen no aseguraría al país una mayor recaudación. Dice el ínclito líder empresarial que si se eliminara dicho esquema, México sería "menos atractivo para la inversión" y los corporativos trasladarían su inversión a otros países donde sí existe ese régimen.
Estamos de nuevo, ante la vieja amenaza de que siempre se vale el capital para reclamar sus privilegios: "si no me consienten, me llevo mi dinero a otra parte". Pero se trata sólo de eso. Ellos saben que si bien regímenes como el de consolidación fiscal operan en casi todo el mundo, en México lo hacen con una manga demasiado ancha. Para empezar, la definición de "pérdida" es más rigurosa en otros países, lo cual ya impide a las empresas eludir el pago de impuestos de manera tan impune.
Este régimen de complicidades, que no Estado de derecho, es lo que impide el desarrollo económico del país. Tal es el verdadero obstáculo y no la falta de "reformas estructurales" que en realidad son pretextos para eliminar las últimas resistencias que en los ámbitos laboral, energético y educativo impiden el avasallamiento social que figura en el programa de la derecha en el poder.
Además, aumenta de dos a tres por ciento el gravamen a los depósitos en efectivo de 15 mil pesos en adelante e incrementa a 30 por ciento la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas físicas y morales.
Se trata de un paquete económico recaudatorio que le cobrará las ineficiencias gubernamentales a los mismos de siempre y que --también como siempre-- no tocará a las 400 grandes corporaciones que, beneficiadas por exenciones o amparadas en los regímenes fiscales especiales, como el de consolidación fiscal, seguirán sin pagar o pagando poco.
Recuérdese que sólo en 2008, regímenes como el mencionado impidieron al fisco recaudar 750 mil millones de pesos, más del doble del boquete de 300 mil millones que el gobierno aduce como "razón" para aumentar los impuestos del próximo año.
Excepto el pretendido impuesto de dos por ciento "para el combate a la pobreza" que gravaría a medicinas y alimentos, la dupla PRI-PAN aprobará casi en sus términos la propuesta original de Calderón. En un arreglo de cúpulas, que excluyó a la mayoría de los legisladores de ambos partidos, el duopolio partidista buscó garantizar su viabilidad electoral de cara a los comicios presidenciales de 2010, mediante la fórmula de servir a los intereses de todos los grupos de poder.
Nos encontramos ante lo que el premio Nóbel en Ciencias Económicas 2000, James J. Heckman, ha denominado "un capitalismo de amigos" que protege la creación de monopolios, hace al país perder competitividad y lo mantiene en un "sorprendente" nivel de desigualdad.
El propio Sistema de Administración Tributaria (SAT) reconoció el hecho en un informe enviado la semana pasada a la Cámara de Diputados. Ahí señala que en 2008 los 400 grandes grupos empresariales que operan en el país pagaron en promedio 1.7 por ciento por concepto de ISR amparados en el régimen de consolidación fiscal.
Pagaron sólo 85 mil millones de pesos por ingresos que ascendieron a cuatro billones 960 mil millones de pesos, cantidad equivalente al 41 por ciento del producto interno bruto de ese año. El SAT informó que el sector cosméticos obtuvo ingresos por siete mil 600 millones de pesos en 2008 y sólo pagó unos 220 millones de impuestos.
Las tiendas de autoservicio acumularon en el mismo año ingresos por 67 mil 600 millones de pesos y únicamente pagaron alrededor de seis mil millones.
Todo gracias al régimen de consolidación fiscal al cual se acogen cementeras, grandes tiendas de autoservicio y departamentales, cadenas automotrices, cerveceras, televisoras; empresas de electrodomésticos, de telecomunicaciones, papeleras, procesadoras de alimentos, distribuidoras de maquinaria y equipo, refresqueras y constructoras.
Ese régimen permite que empresas de un mismo grupo presenten un sólo estado financiero sobre el que se calcula el impuesto sobre la renta.Esto les permite posponer el pago de algunos gravámenes por operaciones celebradas entre las empresas del grupo y deducir las pérdidas fiscales de una de las empresas contra las utilidades fiscales de las otras, lo cual se traduce en los hechos en una disminución en el pago de los impuesto que les corresponden.
Estas empresas en realidad son auténticas evasoras de impuestos, pero nadie las puede acusar de tales, porque lo hacen de manera legal, gracias al régimen de complicidades y pago de favores que existe en este paraíso fiscal (para los amigos) llamado México.
Acaso por ello el presidente del Consejo Coorinador Empresarial, Armando Paredes Arroyo, se haya apresurado a declarar que eliminar ese régimen no aseguraría al país una mayor recaudación. Dice el ínclito líder empresarial que si se eliminara dicho esquema, México sería "menos atractivo para la inversión" y los corporativos trasladarían su inversión a otros países donde sí existe ese régimen.
Estamos de nuevo, ante la vieja amenaza de que siempre se vale el capital para reclamar sus privilegios: "si no me consienten, me llevo mi dinero a otra parte". Pero se trata sólo de eso. Ellos saben que si bien regímenes como el de consolidación fiscal operan en casi todo el mundo, en México lo hacen con una manga demasiado ancha. Para empezar, la definición de "pérdida" es más rigurosa en otros países, lo cual ya impide a las empresas eludir el pago de impuestos de manera tan impune.
Este régimen de complicidades, que no Estado de derecho, es lo que impide el desarrollo económico del país. Tal es el verdadero obstáculo y no la falta de "reformas estructurales" que en realidad son pretextos para eliminar las últimas resistencias que en los ámbitos laboral, energético y educativo impiden el avasallamiento social que figura en el programa de la derecha en el poder.
lunes, 12 de octubre de 2009
Luz y Fuerza: verdades a medias
El señor Felipe Calderón decidió extinguir la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación este domingo 11 de octubre, tras tomar con el ejército y la policía federal la sede y las instalaciones principales de la empresa.
El modo sorpresivo (a la media noche del sábado) y autoritario (empleo de las fuerzas armadas) como se operó la medida se parece más a un asalto perpetrado por alguna banda del crimen organizado que a una medida institucional, de un gobierno en pleno ejercicio de la legalidad que actuara con un sentido de auténtico interés colectivo.
Los argumentos esgrimidos por el grupo en el poder serían atendibles, creíbles y su acción encomiable --como insisten en presentar los medios de comunicación electrónicos-- si no fuera por la existencia de otros datos de la realidad que desmienten puntualmente la justificación oficial.
El principal de ellos consiste en haber sembrado en la opinión pública la idea de que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es casi, casi el dueño de la empresa y responsable de su deficiente operación, como si no se tratara de una entidad pública, cuya administración está a cargo del propio gobierno federal.
En las acusaciones lanzadas contra Luz y Fuerza, el gobierno actúa como si fuera un tercero y no el principal responsable de que el organismo funcione. De modo que en una lectura rigurosa, podría decirse que cada crítica contra la empresa es una crítica del gobierno contra sí mismo.
La argumentación esgrimida por Felipe Calderón en un mensaje en cadena nacional transmitido la noche de este domingo es demoledora...si no se tratara sólo de medias verdades.
Se ha dicho, por ejemplo, que la CLyFC no produce electricidad y sólo es un intermediario entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que compra el fluido eléctrico y los seis millones de usuarios a los que lo distribuye en los estados de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México.
Lo que se omite decir es que por decisión de la empresa, desde 1975 no se han realizado las obras de infraestructura necesarias para generar electricidad o que se ha cedido a los particulares la generación --aun a despecho de lo que prescribe la Constitución-- y que también por una decisión administrativa, la Compañía debe comprar energía cara a la CFE, para luego tener que venderla barata a los usuarios.
Afirma el gobierno que este año la empresa recibirá un subsidio por 42 mil millones de pesos, casi lo mismo que el programa estrella contra la pobreza, Oportunidades. De acuerdo con el SME, sin embargo, la descapitalización que obliga a inyectarle cuantiosos recursos a la Compañía, proviene, en buena parte, de las compras de energía que debe hacer a la CFE y del esquema tarifario que la Secretaría de Hacienda aplica a los grandes empresarios.
En efecto, quienes utilizan el fluido para hacer negocio pagan el kilowat/hora a 88 centavos, mientras que los usuarios domésticos deben pagarlo a 97 centavos.
El robo o la pérdida de 30 por ciento de la producción, contra 10 por ciento que registra la CFE en ese rubro, figura también entre las causas aducidas por el gobierno. Otra vez, la serpiente que se muerde la cola: Si tal es la proporción en que se roba la energía, no es el SME sino la empresa, la responsable de dar con los culpables y castigarlos, más si --como se induce de la acusación-- son los propios trabajadores sindicalizados los autores de esos hurtos.
La inversión de valores propia de esta época hace que parezca un absurdo que un sindicato tenga elevadas prestaciones. Es cierto, lo usual es que, como resultado de contubernios y pactos ocultos entre líderes y patrones, los trabajadores tengan condiciones laborales deplorables.
Cuando un sindicato como el SME se aparta de esa condición, en parte debido a su talante democrático (con sus bemoles, si se quiere) y no corporativo, se le acusa de que sus "privilegios" descapitalizan la empresa. Como si no fuera ésta la que, en todo caso, ha aceptado pactar esas condiciones, pues recuérdese que un contrato colectivo de trabajo es un instrumento de carácter bilateral. Y en él se expresa sólo aquello en que las partes están de acuerdo.
Ello mismo puede aducirse respecto de la acusación del gobierno de que cualquier decisión importante dentro de la empresa tenía que responder más al interés de los trabajadores que al beneficio de los usuarios, debido a que "había prácticamente una coadministración con el sindicato". Si tal condición prevalecía era con la anuencia gubernamental.
Todas las "razones" oficiales insisten en atribuir al sindicato y a los trabajadores la situación de la empresa. Ello parece confirmar que son motivaciones políticas las que encubren la decisión adoptada. Se trata de un sindicato no corporativo, es decir, no alineado a los intereses gubernamentales; es una organización que denunció el "fraude electoral" que colocó a Calderón en la presidencia y que por tanto lo considera un "presidente espurio".
Ha sido acusado de desviar recursos para apoyar el movimiento cívico que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Es lo que podría denominarse un sindicato enemigo del régimen. No deben perderse de vista estos hechos al evaluarse las motivaciones gubernamentales. No sería la primera vez que la venganza y la animadversión personal se conviertan en políticas de Estado, amén de los intereses económicos que están en juego.
¡Hasta la próxima!!
El modo sorpresivo (a la media noche del sábado) y autoritario (empleo de las fuerzas armadas) como se operó la medida se parece más a un asalto perpetrado por alguna banda del crimen organizado que a una medida institucional, de un gobierno en pleno ejercicio de la legalidad que actuara con un sentido de auténtico interés colectivo.
Los argumentos esgrimidos por el grupo en el poder serían atendibles, creíbles y su acción encomiable --como insisten en presentar los medios de comunicación electrónicos-- si no fuera por la existencia de otros datos de la realidad que desmienten puntualmente la justificación oficial.
El principal de ellos consiste en haber sembrado en la opinión pública la idea de que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es casi, casi el dueño de la empresa y responsable de su deficiente operación, como si no se tratara de una entidad pública, cuya administración está a cargo del propio gobierno federal.
En las acusaciones lanzadas contra Luz y Fuerza, el gobierno actúa como si fuera un tercero y no el principal responsable de que el organismo funcione. De modo que en una lectura rigurosa, podría decirse que cada crítica contra la empresa es una crítica del gobierno contra sí mismo.
La argumentación esgrimida por Felipe Calderón en un mensaje en cadena nacional transmitido la noche de este domingo es demoledora...si no se tratara sólo de medias verdades.
Se ha dicho, por ejemplo, que la CLyFC no produce electricidad y sólo es un intermediario entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que compra el fluido eléctrico y los seis millones de usuarios a los que lo distribuye en los estados de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México.
Lo que se omite decir es que por decisión de la empresa, desde 1975 no se han realizado las obras de infraestructura necesarias para generar electricidad o que se ha cedido a los particulares la generación --aun a despecho de lo que prescribe la Constitución-- y que también por una decisión administrativa, la Compañía debe comprar energía cara a la CFE, para luego tener que venderla barata a los usuarios.
Afirma el gobierno que este año la empresa recibirá un subsidio por 42 mil millones de pesos, casi lo mismo que el programa estrella contra la pobreza, Oportunidades. De acuerdo con el SME, sin embargo, la descapitalización que obliga a inyectarle cuantiosos recursos a la Compañía, proviene, en buena parte, de las compras de energía que debe hacer a la CFE y del esquema tarifario que la Secretaría de Hacienda aplica a los grandes empresarios.
En efecto, quienes utilizan el fluido para hacer negocio pagan el kilowat/hora a 88 centavos, mientras que los usuarios domésticos deben pagarlo a 97 centavos.
El robo o la pérdida de 30 por ciento de la producción, contra 10 por ciento que registra la CFE en ese rubro, figura también entre las causas aducidas por el gobierno. Otra vez, la serpiente que se muerde la cola: Si tal es la proporción en que se roba la energía, no es el SME sino la empresa, la responsable de dar con los culpables y castigarlos, más si --como se induce de la acusación-- son los propios trabajadores sindicalizados los autores de esos hurtos.
La inversión de valores propia de esta época hace que parezca un absurdo que un sindicato tenga elevadas prestaciones. Es cierto, lo usual es que, como resultado de contubernios y pactos ocultos entre líderes y patrones, los trabajadores tengan condiciones laborales deplorables.
Cuando un sindicato como el SME se aparta de esa condición, en parte debido a su talante democrático (con sus bemoles, si se quiere) y no corporativo, se le acusa de que sus "privilegios" descapitalizan la empresa. Como si no fuera ésta la que, en todo caso, ha aceptado pactar esas condiciones, pues recuérdese que un contrato colectivo de trabajo es un instrumento de carácter bilateral. Y en él se expresa sólo aquello en que las partes están de acuerdo.
Ello mismo puede aducirse respecto de la acusación del gobierno de que cualquier decisión importante dentro de la empresa tenía que responder más al interés de los trabajadores que al beneficio de los usuarios, debido a que "había prácticamente una coadministración con el sindicato". Si tal condición prevalecía era con la anuencia gubernamental.
Todas las "razones" oficiales insisten en atribuir al sindicato y a los trabajadores la situación de la empresa. Ello parece confirmar que son motivaciones políticas las que encubren la decisión adoptada. Se trata de un sindicato no corporativo, es decir, no alineado a los intereses gubernamentales; es una organización que denunció el "fraude electoral" que colocó a Calderón en la presidencia y que por tanto lo considera un "presidente espurio".
Ha sido acusado de desviar recursos para apoyar el movimiento cívico que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Es lo que podría denominarse un sindicato enemigo del régimen. No deben perderse de vista estos hechos al evaluarse las motivaciones gubernamentales. No sería la primera vez que la venganza y la animadversión personal se conviertan en políticas de Estado, amén de los intereses económicos que están en juego.
¡Hasta la próxima!!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)