Molestan, a quien ocupa Los Pinos, la presencia y actuación del contador público Arturo González de Aragón al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Y lo manda decir a través de César Nava, el recién impuesto presidente del Partido Acción Nacional (PAN), quien así empieza a cumplir su función como mero ejecutor y correa de transmisión de las órdenes de su jefe, Felipe Calderón.
Nava ha hecho saber que una de las primeras tareas de su bancada en la LXI legislatura, será cambiar al auditor, es decir, impedir su eventual reelección por otro periodo de siete años, prevista para este 2009.
Digamos de paso que los modos de Nava no anuncian un estilo diferente de hacer política respecto de las desaseadas maneras de su antecesor, Germán Martínez.
Entrevistado en Cuernavaca por el enviado de La Jornada, Roberto Garduño, acerca de si Arturo González de Aragón ya no garantiza la transparencia, el político michoacano respondió lacónico, pero significativamente: "Buscaremos a alguien honorable, profesional e imparcial".
A menos que, como lo hizo Calderón respecto de sus declaraciones en Bogotá, Nava afirme hoy que no dijo lo que dijo, su declaración resulta hasta una ofensa personal hacia el Auditor a quien tácitamente considera carente de honor, de profesionalismo y además lo acusa de parcial.
Es una mala señal que la actual administración panista empiece a cuestionar e intervenir en los órganos encargados del escrutinio de la cuestión pública. Ya se ha asomado su intención de colocar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Mariano Azuela, un abogado conservador que no tiene ningún antecedente como defensor de esos derechos, pero eso sí, está muy identificado con las posiciones de Los Pinos.
Pareciera que también en la ASF el gobierno desea una persona a modo y que, en efecto, carezca de las prendas que hoy se reclaman a González de Aragón.
Queda la impresión que la actual administración panista, al tanto de su frágil situación política, trata, a toda costa, de colocar en los órganos de supervisión a funcionarios que puedan ser controlados por el poder presidencial, para de ese modo transitar sin demasiados cuestionamientos los largos tres años que le restan, aun a riesgo de eliminar los necesarios contrapesos esenciales en un régimen que se quiere democrático.
Y son precisamente cuestionamientos los que han salido de la ASF en los últimos meses:
El 12 de marzo de este año, al presentar el Informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2007 (primer año de Calderón), González de Aragón reveló irregularidades en el gasto por 60 mil millones de pesos, así como la existencia de subejercicios (recursos autorizados, pero no gastados) por 300 mil millones de pesos, los cuales fueron transferidos a fideicomisos,que son un "motivo de preocupación porque sigue siendo un área de opacidad y riesgo que debemos resolver y transparentar de manera definitiva".
Dijo ademas el auditor: "El círculo vicioso (en el uso del gasto) se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos, como los casos de excedentes petroleros, otorgamiento de donativos y préstamos, estímulos fiscales, permisos y concesiones, enajenación de bienes, remuneraciones a servidores públicos, recuperación de créditos fiscales y fondos y fideicomisos, entre otros".
Resaltó que cada vez más el Estado delega actividades sustantivas a particulares mediante concesiones, permisos, contratos y licencias y que en este rubro se observa una insuficiente regulación y supervisión". ( Esto lo dijo el auditor en marzo y en junio esas insuficiencias resultaron fatales en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora).
Reveló, asimismo, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuó beneficiando a grandes contribuyentes, pues a 59 empresas se les condonaron 8 mil 30 millones 150 mil 100 pesos.
Un año antes, el 17 de julio de 2008, durante su intervención en el debate sobre la reforma energética, González de Aragón recordó que entre 200 y 2005 (durante la administración de Vicente Fox) las devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes ascendieron a 680 mil millones de pesos y sólo en 2005 esas devoluciones alcanzaron los 150 mil millones de pesos, el doble de lo registrado en 2000.
Señaló que las devoluciones de impuestos se encuentran altamente concentradas en el país (se beneficia a los grandes contribuyentes), lo que contraviene el principio de equidad fiscal. Todavía más: denunció que en 2005 cincuenta grandes contribuyentes (con ganancias anuales por encima de 500 millones de pesos) pagaron sólo ¡74 pesos! por concepto de Impuesto sobre la Renta.
En esa ocasión expuso que esas ventajas discrecionales a unas cuantas empresas son la causa de la debilidad tributaria que padece el país ( ocupa el último lugar en recaudación entre las 30 naciones que integran la OCDE) y que obligan a que el gobierno exprima a Pemex para resarcir esa falta de dinero. Señaló que la petrolera transfiere recursos por cerca de 60 por ciento de sus ingresos brutos.
De ese modo desnudó la verdadera causa de la quiebra de Pemex, que Calderón adujo en ese entonces para justificar su privatización.
En el Informe sobre la cuenta pública del primer año de Calderón, González de Aragón pidió a la Cámara de Diputados otorgar autonomía constitucional al órgano fiscalizador para imponer sanciones a servidores públicos que incurran en irregularidades en el manejo del gasto, independientes de las que aplica la Secretaría de la Función Pública.
Acaso la administración de Calderón cree llegado el momento de cobrarle al auditor todas esas denuncias impidiendo su reelección. Apenas el miércoles de la semana pasada, el michoacano se ufanaba ante un público infantil de sus "esfuerzos" en aras de la transparencia.
No hay tal. Y la embestida anunciada contra el auditor corrobora la distancia que hay entre el discurso y la práctica gubernamental panista.
¡Hasta la próxima!
lunes, 17 de agosto de 2009
sábado, 15 de agosto de 2009
Calderón, La Jornada y Wilde
El escozor del señor Felipe Calderón frente a la crítica empieza a acentuarse conforme las cosas para su gobierno y lo que resulta peor, para los mexicanos, se descomponen cada día. La desesperación del grupo gobernante lo está conduciendo ha mostrar signos de intolerancia y autoritarismo ante las crecientes expresiones que no se avienen con su percepción de la realidad.
Dos hechos dan cuenta de esa intolerancia que acaso sólo haya estado soterrada, pero que ahora, empieza a emerger ante la multiplicidad de los cuestionamientos: su reacción de ayer contra el periódico La Jornada y la intensión --expresada por el recién impuesto líder de su partido, César Nava-- de relevar en el cargo al presidente de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, por no garantizar "honorabilidad, profesionalismo e imparcialidad" en la revisión de los recursos públicos.
En el primer caso, el señor Calderón cuestionó el encabezado de primera plana que el diario publicó el viernes 14, a propósito de su visita oficial a varios países sudamericanos: "Apoya el ejecutivo mexicano bases militares en Colombia". Negó haberlo hecho. En efecto, no lo hizo abiertamente ni utilizó el término "apoyo".
Lo hizo en cambio, de manera sesgada, deshaciéndose en expresiones cuyo sentido inequívoco era mostrar su adhesión al acuerdo de que Washington incremente el número de efectivos en las bases militares de Colombia.
Se trata, justificó Calderón, de "un acuerdo que data de muchos años y que periódicamente se revisa y se actualiza conforme a las ocupaciones y preocupaciones en materia de seguridad que tienen ambos países". Se hizo eco, además, de las explicaciones que ha dado la diplomacia estadounidense en cuanto a que esas bases militares sirven para el combate al narcotráfico y al terrorismo:
"No conozco en detalle esta circunstancia, pero obviamente el crimen organizado debe ser combatido también de manera organizada y comprometida a nivel internacional".
Se trata, como revelan las citas, de un apoyo que, parafraseando a Wilde, "no se atreve a decir su nombre".
Resulta obvio que no está en el interés del panista ponerse --aunque en los hechos lo esté-- declaradamente en contra de los países sudamericanos, como con sus impertinencias lo consiguió Vicente Fox. Por eso se acoge ahora en su reclamo a la literalidad de sus expresiones.
Esa es la ventaja del lenguaje críptico: manifiesta significados encubiertos en términos imprecisos. Así, como en este caso, siempre quedará el recurso de apegarse a lo literal. Lo que Calderón olvida es que, como afirma Alex Grijelmo, "las palabras no sólo significan, evocan".
La estrategia de Calderón es, además, negar algo que no se ha dicho. Y en eso sí tiene absoluta razón. El tema del acuerdo Obama-Uribe (presidente de Colombia) no es, como le explicó el estadounidense en Guadalajara, instalar más bases militares en ese país, sino incrementar el número de efectivos que ya existen en esas bases. Eso es lo que están cuestionando los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericans (Unasur).
Por otro lado, al responder a la reportera del mencionado diario, Calderón le atribuyó --esta vez de manera directísima, lo que comprueba que cuando quieren no se andan por las ramas eligiendo sinónimos-- un sesgo partidario en su trabajo.
Preguntado el michoacano acerca de la derrota de su partido en las elecciones legislativas del 5 de julio, respondió: "...más bien el fenómeno significativo es la caída de otro partido, no sé si sea el suyo, el PRD, que es lo que marca una enorme composición diferente en la Cámara de Diputados".
La respuesta del panista desnuda la torcida percepción, clásica en todo régimen autoritario e intolerante, que se tiene acerca de quienes no comparten sus puntos de vista. Ante ello, la estrategia de Los Pinos, que anuncia la respuesta del gobernante, será estigmatizar como partidario todo cuestionamiento, para de ese modo restarle valor, anularlo o disminuirlo atribuyéndole una intencionalidad oculta.
Preocupa, asimismo, que desde el poder se atribuya a un medio de comunicación o a sus representantes, alguna adscripción partidaria, pues el siguiente paso es la tentación de intentar destruirlo o desacreditarlo, con medios y recursos que la ciudadanía pone en manos de los gobernantes, no para que lleven a cabo sus venganzas personales.
Calderón está tomando el mismo camino que condujo al ex presidente Vicente Fox a emplear toda la influencia y fuerza del Estado en el empeño de destruir a un periodista y su medio de comunicación: José Gutiérrez Vivó, sólo porque le irritaba la postura crítica del comunicador. Para ello recurrió al mismo expediente que hoy desempolva Calderón: atribuirle una adscripción militante al PRD.
La sociedad habrá de estar atenta a los mandoblez que en su desesperación (recuerdan las patadas de ahogado) lance el actual grupo en el poder, más cuando estén dirigidas a coartar la libertad de expresión, de opinión y hasta de pensamiento de medios y personas que, con base estrictamente en los hechos de la realidad, se nieguen a compartir la, esa sí, torcida visión oficial.
De la Auditoría Superior de la Federación hablaremos mañana.
Dos hechos dan cuenta de esa intolerancia que acaso sólo haya estado soterrada, pero que ahora, empieza a emerger ante la multiplicidad de los cuestionamientos: su reacción de ayer contra el periódico La Jornada y la intensión --expresada por el recién impuesto líder de su partido, César Nava-- de relevar en el cargo al presidente de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, por no garantizar "honorabilidad, profesionalismo e imparcialidad" en la revisión de los recursos públicos.
En el primer caso, el señor Calderón cuestionó el encabezado de primera plana que el diario publicó el viernes 14, a propósito de su visita oficial a varios países sudamericanos: "Apoya el ejecutivo mexicano bases militares en Colombia". Negó haberlo hecho. En efecto, no lo hizo abiertamente ni utilizó el término "apoyo".
Lo hizo en cambio, de manera sesgada, deshaciéndose en expresiones cuyo sentido inequívoco era mostrar su adhesión al acuerdo de que Washington incremente el número de efectivos en las bases militares de Colombia.
Se trata, justificó Calderón, de "un acuerdo que data de muchos años y que periódicamente se revisa y se actualiza conforme a las ocupaciones y preocupaciones en materia de seguridad que tienen ambos países". Se hizo eco, además, de las explicaciones que ha dado la diplomacia estadounidense en cuanto a que esas bases militares sirven para el combate al narcotráfico y al terrorismo:
"No conozco en detalle esta circunstancia, pero obviamente el crimen organizado debe ser combatido también de manera organizada y comprometida a nivel internacional".
Se trata, como revelan las citas, de un apoyo que, parafraseando a Wilde, "no se atreve a decir su nombre".
Resulta obvio que no está en el interés del panista ponerse --aunque en los hechos lo esté-- declaradamente en contra de los países sudamericanos, como con sus impertinencias lo consiguió Vicente Fox. Por eso se acoge ahora en su reclamo a la literalidad de sus expresiones.
Esa es la ventaja del lenguaje críptico: manifiesta significados encubiertos en términos imprecisos. Así, como en este caso, siempre quedará el recurso de apegarse a lo literal. Lo que Calderón olvida es que, como afirma Alex Grijelmo, "las palabras no sólo significan, evocan".
La estrategia de Calderón es, además, negar algo que no se ha dicho. Y en eso sí tiene absoluta razón. El tema del acuerdo Obama-Uribe (presidente de Colombia) no es, como le explicó el estadounidense en Guadalajara, instalar más bases militares en ese país, sino incrementar el número de efectivos que ya existen en esas bases. Eso es lo que están cuestionando los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericans (Unasur).
Por otro lado, al responder a la reportera del mencionado diario, Calderón le atribuyó --esta vez de manera directísima, lo que comprueba que cuando quieren no se andan por las ramas eligiendo sinónimos-- un sesgo partidario en su trabajo.
Preguntado el michoacano acerca de la derrota de su partido en las elecciones legislativas del 5 de julio, respondió: "...más bien el fenómeno significativo es la caída de otro partido, no sé si sea el suyo, el PRD, que es lo que marca una enorme composición diferente en la Cámara de Diputados".
La respuesta del panista desnuda la torcida percepción, clásica en todo régimen autoritario e intolerante, que se tiene acerca de quienes no comparten sus puntos de vista. Ante ello, la estrategia de Los Pinos, que anuncia la respuesta del gobernante, será estigmatizar como partidario todo cuestionamiento, para de ese modo restarle valor, anularlo o disminuirlo atribuyéndole una intencionalidad oculta.
Preocupa, asimismo, que desde el poder se atribuya a un medio de comunicación o a sus representantes, alguna adscripción partidaria, pues el siguiente paso es la tentación de intentar destruirlo o desacreditarlo, con medios y recursos que la ciudadanía pone en manos de los gobernantes, no para que lleven a cabo sus venganzas personales.
Calderón está tomando el mismo camino que condujo al ex presidente Vicente Fox a emplear toda la influencia y fuerza del Estado en el empeño de destruir a un periodista y su medio de comunicación: José Gutiérrez Vivó, sólo porque le irritaba la postura crítica del comunicador. Para ello recurrió al mismo expediente que hoy desempolva Calderón: atribuirle una adscripción militante al PRD.
La sociedad habrá de estar atenta a los mandoblez que en su desesperación (recuerdan las patadas de ahogado) lance el actual grupo en el poder, más cuando estén dirigidas a coartar la libertad de expresión, de opinión y hasta de pensamiento de medios y personas que, con base estrictamente en los hechos de la realidad, se nieguen a compartir la, esa sí, torcida visión oficial.
De la Auditoría Superior de la Federación hablaremos mañana.
viernes, 14 de agosto de 2009
Calderón: ¿adiós a las trampas?
Muy atendible el discurso que el señor Felipe Calderón pronunció el miércoles 12 de agosto en la ceremonia de premiación nacional del concurso de dibujo Adiós a las trampas.
Habló del daño que causa al país violar la ley, la transa, la corrupción, la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y de que la tarea de todos los mexicanos es combatir las trampas y la corrupción.
Se trata, desde luego de una tarea inmensa por la multiplicidad de ramificaciones que tiene. Hay, sin embargo, en el discurso de Calderón y en los ejemplos que citó en su alocusión (el automovilista que se estaciona donde no debe, el estudiante que compra su título profesional que lo habilita como ingeniero al que luego se le caerá un puente) la tendencia a atribuir a la sociedad la fuente de toda corrupción.
Y aunque aludió a las fortunas acumuladas "en manos de unos pocos políticos que se han enriquecido a costa de la pobreza de todos", lo hizo como si se tratara de un fenómeno del pasado, como si el actual grupo gobernante estuviera excento de tales conductas.
Un personaje como Calderón no puede tocar un tema como el de la corrupción como si admonizara desde un púlpito impoluto que lo autorizara a "tirar la primera piedra". Menos, cuando tuvo a su alcance investigar la fortuna acumulada --but of course-- al amparo del poder, por los hermanos Bribiesca, los hijos de Martha Sahagún, o la del propio Vicente Fox.
Que un conductor se estacione donde no debe es algo tan reprobable como que las televisoras se burlen de la ley electoral y eludan pagar impuestos, o que personas ligadas al poder --como la prima de su esposa-- acumulen fortunas violando ordenamientos a causa de lo cual mueran 49 niños.
Que un estudiante compre títulos profesionales es tan deleznable como permitir que una lidereza magisterial que es paradigma de prácticas corruptas controle de acuerdo con sus intereses y tenga quebrado todo el sistema educativo nacional, por tener que pagarle favores político-electorales.
"Ya basta de opacidad", clama Calderón y se ufana de que "estamos trabajando para que haya más transparencia en la información, que ese es un derecho que la Constitución le da a todos los mexicanos".
En este punto miente flagrantemente nuestro adalid de la honestidad. Su gobierno ha incrementado 64 por ciento el número de expedientes clasificados a los que los ciudadanos no pueden tener acceso. Actualmente hay cinco millones 935 mil 808 de esos expedientes secretos.
(Véase el Índice de Expedientes Reservados del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI).
Afirma el ocupante de Los Pinos que "estamos trabajando para que la gente sepa en qué se gasta o si se está gastando bien y eficientemente" los recursos públicos. Y sin embargo, la Secretaría de Hacienda tiene en reserva 411 mil 745 expedientes con información a los que "la gente" no puede tener acceso.
Apenas el 6 de agosto el IFAI decidió reservar la identidad de los bancos y particulares que compraron en febrero pasado mil 060 millones de dólares al Banco de México, en lo que se consideró el mayor ataque especulativo contra el peso y significó una importante sangría de divisas. De nuevo la opacidad en favor de los protegidos por el régimen de quien proclama más transparencia.
A mayor abundamiento, recordemos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado que el gobierno ha transferido a fideicomisos en los que existe total opacidad, 300 mil millones de pesos --casi el monto del "boquete" financiero que el secretario de Hacienda ha calculado como resultado de la "caída" en la recaudación fiscal.
Según el reporte de Indicadores Globales de Gobernabilidad 2009 del Banco Mundial, divulgado a fines de junio, México tiene 49.8 puntos de 100 posibles --una de las calificaciones más bajas-- debido a que ese organismo encontró que en el país es muy elevado el grado en el que se ejerce el poder público para el beneficio privado y el control del Estado por minorías selectas.
Acaso porque Calderón hizo esta apología de la honestidad y contra la corrupción frente a un auditorio formado principalmente por niños de escuelas primarias, se atrevió a mentir de una manera tan alevosa.
Sus planteamientos, atendibles en abstracto, constituyen, luego de contrastarlos con los datos de la realidad, una postura francamente hipócrita o, para decirlo con palabras que no ofendan al pudor, fariseísta.
¡Hasta la próxima!
Habló del daño que causa al país violar la ley, la transa, la corrupción, la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y de que la tarea de todos los mexicanos es combatir las trampas y la corrupción.
Se trata, desde luego de una tarea inmensa por la multiplicidad de ramificaciones que tiene. Hay, sin embargo, en el discurso de Calderón y en los ejemplos que citó en su alocusión (el automovilista que se estaciona donde no debe, el estudiante que compra su título profesional que lo habilita como ingeniero al que luego se le caerá un puente) la tendencia a atribuir a la sociedad la fuente de toda corrupción.
Y aunque aludió a las fortunas acumuladas "en manos de unos pocos políticos que se han enriquecido a costa de la pobreza de todos", lo hizo como si se tratara de un fenómeno del pasado, como si el actual grupo gobernante estuviera excento de tales conductas.
Un personaje como Calderón no puede tocar un tema como el de la corrupción como si admonizara desde un púlpito impoluto que lo autorizara a "tirar la primera piedra". Menos, cuando tuvo a su alcance investigar la fortuna acumulada --but of course-- al amparo del poder, por los hermanos Bribiesca, los hijos de Martha Sahagún, o la del propio Vicente Fox.
Que un conductor se estacione donde no debe es algo tan reprobable como que las televisoras se burlen de la ley electoral y eludan pagar impuestos, o que personas ligadas al poder --como la prima de su esposa-- acumulen fortunas violando ordenamientos a causa de lo cual mueran 49 niños.
Que un estudiante compre títulos profesionales es tan deleznable como permitir que una lidereza magisterial que es paradigma de prácticas corruptas controle de acuerdo con sus intereses y tenga quebrado todo el sistema educativo nacional, por tener que pagarle favores político-electorales.
"Ya basta de opacidad", clama Calderón y se ufana de que "estamos trabajando para que haya más transparencia en la información, que ese es un derecho que la Constitución le da a todos los mexicanos".
En este punto miente flagrantemente nuestro adalid de la honestidad. Su gobierno ha incrementado 64 por ciento el número de expedientes clasificados a los que los ciudadanos no pueden tener acceso. Actualmente hay cinco millones 935 mil 808 de esos expedientes secretos.
(Véase el Índice de Expedientes Reservados del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI).
Afirma el ocupante de Los Pinos que "estamos trabajando para que la gente sepa en qué se gasta o si se está gastando bien y eficientemente" los recursos públicos. Y sin embargo, la Secretaría de Hacienda tiene en reserva 411 mil 745 expedientes con información a los que "la gente" no puede tener acceso.
Apenas el 6 de agosto el IFAI decidió reservar la identidad de los bancos y particulares que compraron en febrero pasado mil 060 millones de dólares al Banco de México, en lo que se consideró el mayor ataque especulativo contra el peso y significó una importante sangría de divisas. De nuevo la opacidad en favor de los protegidos por el régimen de quien proclama más transparencia.
A mayor abundamiento, recordemos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado que el gobierno ha transferido a fideicomisos en los que existe total opacidad, 300 mil millones de pesos --casi el monto del "boquete" financiero que el secretario de Hacienda ha calculado como resultado de la "caída" en la recaudación fiscal.
Según el reporte de Indicadores Globales de Gobernabilidad 2009 del Banco Mundial, divulgado a fines de junio, México tiene 49.8 puntos de 100 posibles --una de las calificaciones más bajas-- debido a que ese organismo encontró que en el país es muy elevado el grado en el que se ejerce el poder público para el beneficio privado y el control del Estado por minorías selectas.
Acaso porque Calderón hizo esta apología de la honestidad y contra la corrupción frente a un auditorio formado principalmente por niños de escuelas primarias, se atrevió a mentir de una manera tan alevosa.
Sus planteamientos, atendibles en abstracto, constituyen, luego de contrastarlos con los datos de la realidad, una postura francamente hipócrita o, para decirlo con palabras que no ofendan al pudor, fariseísta.
¡Hasta la próxima!
jueves, 13 de agosto de 2009
Acteal: justicia a ciegas
Acaso algún lector pueda acordarse del título de una cinta holywoodense en que un grupo de abogados, convencidos de que "alguien secuestró la justicia y la ocultó en la ley", se ocupaban de hacer juicios y dictar condenas paralelas a acusados a los cuales no habían podido llevar a prisión, a pesar de su manifiesta culpabilidad, debido a los recovecos de la ley.
En la escena inicial un sujeto es perseguido por la policía tras asesinar a una víctima. En su desesperada carrera deposita el arma criminal en un camión de basura. Los agentes se percatan de ese movimiento, hurgan en los desechos y encuentran el arma homicida. Capturado y llevado a juicio, el malhechor es, sin embargo, absuelto por un detalle legal: los policías que encontraron el arma no tenían jurisdicción para buscar en el camión de la basura porque éste es considerado territorio federal.
Así, aunque la evidencia era fehaciente --el arma homicida con las huellas del criminal-- había sido obtenida ilegalmente, lo cual permitió que el sujeto quedara en libertad.
Algo similar ha ocurrido con el caso Acteal, en el que la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decididió amparar y decretar la libertad inmediata de 20 indígenas que han permanecido 11 años en prisión acusados de asesinar a 45 tzotziles de Acteal que oraban en una mezquita de madera el 22 de diciembre de 1997.
Sin juzgar acerca de la culpabilidad de los detenidos, los ministros de la Corte determinaron ordenar su libertad por haber encontrado que la Procuraduría General de la República torció el "Debido proceso judicial". Esto es, incurrió en fallas en los procedimientos judiciales mínimos que debe cumplir para respetar las garantías de los acusados, amén de iniciar los procesos partiendo de la presunción de inocencia.
De todo ello concluyó que el caso fue mal conducido, mal juzgado y mal castigado. Familiares y las propias víctimas sobrevivientes, cuyo testimonio fue crucial en la captura y condena de los acusados por haberlos reconocido claramente, han deplorado la resolución de la Corte, a cuyos ministros responsabilizan de eventuales nuevos ataques que, tras el fallo de ayer, puedan sufrir miembros de la organización Las Abejas, a la que pertenecían los indígenas inmolados.
Este episodio ilustra uno de los capítulos más oscuros de la justicia mexicana. Como en los asesinatos de Luis Donaldo Colosio o de José Francisco Ruiz Massieu, las autoridades han empleado la ley para desvirtuar tanto los hechos, el escenario y los protagonistas que acaso nunca se llegue a determinar con exactitud lo que ocurrió en cada caso.
Acteal constituye una vergüenza, un crimen de lesa humanidad que quedará impune por la voluntad política de las autoridades encabezadas por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
Y sin embargo, la resolución de la Corte pudo tener otro derrotero. Como lo señala el Bufete jurídico Tierra y Libertad A.C. Bárbara Zamora y Santos García, "los errores procesales nunca han sido sustento para que los jueces concedan un amparo liso y llano, por el contrario, en ese tipo de violaciones procesales, que se dan en todos los casos, se otorga amparo de los llamados `para efectos` mediante el cual se ordena reponer el procedimiento para subsanar dichos yerros".
De ese modo, lo que procede, decía ayer el Bufete en una carta dirigida a los ministros de la Corte, es que ustedes resuelvan ordenando reponer el procedimiento para subsanar las fallas y asimismo para el efecto de que comparezcan todos los implicados materiales e intelectuales, funcionarios con altos cargos en el gobierno de Ernesto Zedillo, incluido él mismo.
No se hizo así. Los magistrados se atuvieron a la técnica jurídica sin considerar la alevosía de los hechos. Es decir, sin considerar que los "errores" procesales de la PGR pudieron ser intencionales con el propósito de encubrir a los autores intelectuales del crimen.
Si de justicia se tratara, los ministerios públicos que incurrieron en torcer el "procedimiento debido" fabricando pruebas y testimonios deberían ser sujetos a juicio y, en su caso, a una condena corporal. Y no obstante, la PGR, mediante el vocero Ricardo Nájera, se ha apresurado a aclarar que no se procederá contra los ministerios públicos implicados porque "en su momento la PGR consideró que había los elementos suficientes para ejercitar la acción penal".
Lo dicho, alguien secuestró la justicia y la ocultó en la ley.
¡Hasta la próxima!
En la escena inicial un sujeto es perseguido por la policía tras asesinar a una víctima. En su desesperada carrera deposita el arma criminal en un camión de basura. Los agentes se percatan de ese movimiento, hurgan en los desechos y encuentran el arma homicida. Capturado y llevado a juicio, el malhechor es, sin embargo, absuelto por un detalle legal: los policías que encontraron el arma no tenían jurisdicción para buscar en el camión de la basura porque éste es considerado territorio federal.
Así, aunque la evidencia era fehaciente --el arma homicida con las huellas del criminal-- había sido obtenida ilegalmente, lo cual permitió que el sujeto quedara en libertad.
Algo similar ha ocurrido con el caso Acteal, en el que la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decididió amparar y decretar la libertad inmediata de 20 indígenas que han permanecido 11 años en prisión acusados de asesinar a 45 tzotziles de Acteal que oraban en una mezquita de madera el 22 de diciembre de 1997.
Sin juzgar acerca de la culpabilidad de los detenidos, los ministros de la Corte determinaron ordenar su libertad por haber encontrado que la Procuraduría General de la República torció el "Debido proceso judicial". Esto es, incurrió en fallas en los procedimientos judiciales mínimos que debe cumplir para respetar las garantías de los acusados, amén de iniciar los procesos partiendo de la presunción de inocencia.
De todo ello concluyó que el caso fue mal conducido, mal juzgado y mal castigado. Familiares y las propias víctimas sobrevivientes, cuyo testimonio fue crucial en la captura y condena de los acusados por haberlos reconocido claramente, han deplorado la resolución de la Corte, a cuyos ministros responsabilizan de eventuales nuevos ataques que, tras el fallo de ayer, puedan sufrir miembros de la organización Las Abejas, a la que pertenecían los indígenas inmolados.
Este episodio ilustra uno de los capítulos más oscuros de la justicia mexicana. Como en los asesinatos de Luis Donaldo Colosio o de José Francisco Ruiz Massieu, las autoridades han empleado la ley para desvirtuar tanto los hechos, el escenario y los protagonistas que acaso nunca se llegue a determinar con exactitud lo que ocurrió en cada caso.
Acteal constituye una vergüenza, un crimen de lesa humanidad que quedará impune por la voluntad política de las autoridades encabezadas por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
Y sin embargo, la resolución de la Corte pudo tener otro derrotero. Como lo señala el Bufete jurídico Tierra y Libertad A.C. Bárbara Zamora y Santos García, "los errores procesales nunca han sido sustento para que los jueces concedan un amparo liso y llano, por el contrario, en ese tipo de violaciones procesales, que se dan en todos los casos, se otorga amparo de los llamados `para efectos` mediante el cual se ordena reponer el procedimiento para subsanar dichos yerros".
De ese modo, lo que procede, decía ayer el Bufete en una carta dirigida a los ministros de la Corte, es que ustedes resuelvan ordenando reponer el procedimiento para subsanar las fallas y asimismo para el efecto de que comparezcan todos los implicados materiales e intelectuales, funcionarios con altos cargos en el gobierno de Ernesto Zedillo, incluido él mismo.
No se hizo así. Los magistrados se atuvieron a la técnica jurídica sin considerar la alevosía de los hechos. Es decir, sin considerar que los "errores" procesales de la PGR pudieron ser intencionales con el propósito de encubrir a los autores intelectuales del crimen.
Si de justicia se tratara, los ministerios públicos que incurrieron en torcer el "procedimiento debido" fabricando pruebas y testimonios deberían ser sujetos a juicio y, en su caso, a una condena corporal. Y no obstante, la PGR, mediante el vocero Ricardo Nájera, se ha apresurado a aclarar que no se procederá contra los ministerios públicos implicados porque "en su momento la PGR consideró que había los elementos suficientes para ejercitar la acción penal".
Lo dicho, alguien secuestró la justicia y la ocultó en la ley.
¡Hasta la próxima!
martes, 11 de agosto de 2009
Latinoamérica: el Norte y el Sur
En política, dicen los que saben, no hay coincidencias. Y hoy, coincidentemente, los periódicos muestran dos fotografías contrastantes: por un lado, los "líderes" de América del Norte y su minicumbre (más por los resultados que por su duración) y por otro lado los presidentes del cono Sur participantes en la cumbre de la Unión de Naciones de Sudamérica (Unasur).
Ambos hechos parecen confirmar la actual ubicación de México en el continente. Su adscripción como parte de América del Norte no sólo es, en esta hora, un accidente geográfico, sino una elección ideológica. No es la primera vez, sin embargo, que esta circunstancia se muestra simbólicamente.
Este mismo año, en febrero, mientras los presidentes de Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela se encontraron en el Foro Social Mundial, el de México acudió al Foro Económico de Davos, Suiza, en lo que constituyó una muestra, más de fondo que de forma, que exhibe de qué lado se adscribe México en la geopolítica del continente.
Aunque separadas por miles de kilómetros, las dos cumbres que terminaron ayer en Guadalajara y en Quito, intercambiaron mensajes.
Acaso en respuesta a los dichos del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, que ha calificado como "tibia" la actuación de Estados Unidos ante el golpe militar en ese país, Barack Obama calificó como "hipócrita" la visión de quienes hoy le exigen intervenir en la región, pero que en otros momentos han criticado y repudiado esas intervenciones.
La hipocrecía no está, en todo caso, de un sólo lado. Obama ha dicho que durante su administración Estados Unidos ya no será el policía del mundo. Sin embargo, mantiene la intervención militar de la OTAN en Afganistan y recién firmó un plan para ampliar la fuerza militar estadounidense en siete bases militares que mantiene en Colombia (pasaría de 250 a 800 soldados en un país con el segundo ejército más grande de la región).
Se trata de algo que, en opinión de los presidentes latinoamericanos, trasciende la relación bilateral Bogotá-Washington, pues, como lo señaló la mandataria argentina Cristina Kichner, "se crea en la región un estado de beligerancia inaceptable e inédito."
Otro punto que pareció poner distancia entre el Norte y el Sur fue el tema Honduras: los tres líderes norteños insistieron en remitir todo a la entrampada mediación de la OEA y en mantener un apoyo abstracto, subrayado por el dicho del señor Calderón al señalar que no se trata de abogar por una persona en particular, sino de defender la institucionalidad democrática.
En el Sur, en cambio, se expresaron claras condenas a los golpistas hondureños y se exigió el regreso del presidente Manuel Zelaya a su cargo constitucional.
Esos son los contrastes y asimetrías que pueblan hoy la correlación de fuerzas en el continente.
En lo que concierne en particular con la cumbre de América del Norte, no se puede decir sino que se trató de una reunión protocolaria organizada sólo para cumplir con el calendario, es decir, con el requisito.
No se resolvió nada: Canadá insistió en mantener el requisito de visas para mexicanos que viajan a ese país y Obama no destrabó los recursos prometidos para la asistencia contra el narcotráfico en el marco de la Iniciativa Mérida, debido a las dudas del congreso estadounidense en cuanto a que en México se respeten los derechos humanos.
Más llamativo fue lo que ocurrió en el entorno de la cumbre. Hoy el New York Times publica en primera plana un reportaje titulado: "Los traficantes de droga en México continúan su comercio desde prisión".
Se describe ahí el video que muestra cómo se fugaron de una cárcel de Zacatecas 53 presos vinculados con los principales cárteles de las drogas, en lo que constituye una nueva desautorización o por lo menos cuestionamiento a la eficacia de la lucha del gobierno mexicano contra el tráfico de estupefacientes.
Otra coincidencia en torno de la reunión de presidentes, fue la muy conveniente captura, divulgada ayer, de un presunto sicario, Dimas Díaz Ramos, que --según se dijo sin ninguna prueba fehaciente-- habría sido encargado de planear y llevar a cabo un atentado contra Felipe Calderón.
Se trata de una clara maniobra escenográfica destinada a mostrar a los visitantes la dimensión y el "valor" de Calderón que así expone su vida en su lucha por salvar a México y en una de esas hasta al mundo del flagelo que representan las drogas.
¡Hasta la próxima!
Ambos hechos parecen confirmar la actual ubicación de México en el continente. Su adscripción como parte de América del Norte no sólo es, en esta hora, un accidente geográfico, sino una elección ideológica. No es la primera vez, sin embargo, que esta circunstancia se muestra simbólicamente.
Este mismo año, en febrero, mientras los presidentes de Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela se encontraron en el Foro Social Mundial, el de México acudió al Foro Económico de Davos, Suiza, en lo que constituyó una muestra, más de fondo que de forma, que exhibe de qué lado se adscribe México en la geopolítica del continente.
Aunque separadas por miles de kilómetros, las dos cumbres que terminaron ayer en Guadalajara y en Quito, intercambiaron mensajes.
Acaso en respuesta a los dichos del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, que ha calificado como "tibia" la actuación de Estados Unidos ante el golpe militar en ese país, Barack Obama calificó como "hipócrita" la visión de quienes hoy le exigen intervenir en la región, pero que en otros momentos han criticado y repudiado esas intervenciones.
La hipocrecía no está, en todo caso, de un sólo lado. Obama ha dicho que durante su administración Estados Unidos ya no será el policía del mundo. Sin embargo, mantiene la intervención militar de la OTAN en Afganistan y recién firmó un plan para ampliar la fuerza militar estadounidense en siete bases militares que mantiene en Colombia (pasaría de 250 a 800 soldados en un país con el segundo ejército más grande de la región).
Se trata de algo que, en opinión de los presidentes latinoamericanos, trasciende la relación bilateral Bogotá-Washington, pues, como lo señaló la mandataria argentina Cristina Kichner, "se crea en la región un estado de beligerancia inaceptable e inédito."
Otro punto que pareció poner distancia entre el Norte y el Sur fue el tema Honduras: los tres líderes norteños insistieron en remitir todo a la entrampada mediación de la OEA y en mantener un apoyo abstracto, subrayado por el dicho del señor Calderón al señalar que no se trata de abogar por una persona en particular, sino de defender la institucionalidad democrática.
En el Sur, en cambio, se expresaron claras condenas a los golpistas hondureños y se exigió el regreso del presidente Manuel Zelaya a su cargo constitucional.
Esos son los contrastes y asimetrías que pueblan hoy la correlación de fuerzas en el continente.
En lo que concierne en particular con la cumbre de América del Norte, no se puede decir sino que se trató de una reunión protocolaria organizada sólo para cumplir con el calendario, es decir, con el requisito.
No se resolvió nada: Canadá insistió en mantener el requisito de visas para mexicanos que viajan a ese país y Obama no destrabó los recursos prometidos para la asistencia contra el narcotráfico en el marco de la Iniciativa Mérida, debido a las dudas del congreso estadounidense en cuanto a que en México se respeten los derechos humanos.
Más llamativo fue lo que ocurrió en el entorno de la cumbre. Hoy el New York Times publica en primera plana un reportaje titulado: "Los traficantes de droga en México continúan su comercio desde prisión".
Se describe ahí el video que muestra cómo se fugaron de una cárcel de Zacatecas 53 presos vinculados con los principales cárteles de las drogas, en lo que constituye una nueva desautorización o por lo menos cuestionamiento a la eficacia de la lucha del gobierno mexicano contra el tráfico de estupefacientes.
Otra coincidencia en torno de la reunión de presidentes, fue la muy conveniente captura, divulgada ayer, de un presunto sicario, Dimas Díaz Ramos, que --según se dijo sin ninguna prueba fehaciente-- habría sido encargado de planear y llevar a cabo un atentado contra Felipe Calderón.
Se trata de una clara maniobra escenográfica destinada a mostrar a los visitantes la dimensión y el "valor" de Calderón que así expone su vida en su lucha por salvar a México y en una de esas hasta al mundo del flagelo que representan las drogas.
¡Hasta la próxima!
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