Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) aprobarán hoy la Ley de Ingresos 2010, la cual aumenta de 15 a 16 por ciento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) --de 11 en la frontera--; grava con tres por ciento todas las telecomunicaciones, excepto la telefonía móvil; sube 85 por ciento el impuesto especial a tabacos y 26 por ciento a cervezas, e impone una cuota de tres pesos a cada botella de bebidas alcohólicas.
Además, aumenta de dos a tres por ciento el gravamen a los depósitos en efectivo de 15 mil pesos en adelante e incrementa a 30 por ciento la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas físicas y morales.
Se trata de un paquete económico recaudatorio que le cobrará las ineficiencias gubernamentales a los mismos de siempre y que --también como siempre-- no tocará a las 400 grandes corporaciones que, beneficiadas por exenciones o amparadas en los regímenes fiscales especiales, como el de consolidación fiscal, seguirán sin pagar o pagando poco.
Recuérdese que sólo en 2008, regímenes como el mencionado impidieron al fisco recaudar 750 mil millones de pesos, más del doble del boquete de 300 mil millones que el gobierno aduce como "razón" para aumentar los impuestos del próximo año.
Excepto el pretendido impuesto de dos por ciento "para el combate a la pobreza" que gravaría a medicinas y alimentos, la dupla PRI-PAN aprobará casi en sus términos la propuesta original de Calderón. En un arreglo de cúpulas, que excluyó a la mayoría de los legisladores de ambos partidos, el duopolio partidista buscó garantizar su viabilidad electoral de cara a los comicios presidenciales de 2010, mediante la fórmula de servir a los intereses de todos los grupos de poder.
Nos encontramos ante lo que el premio Nóbel en Ciencias Económicas 2000, James J. Heckman, ha denominado "un capitalismo de amigos" que protege la creación de monopolios, hace al país perder competitividad y lo mantiene en un "sorprendente" nivel de desigualdad.
El propio Sistema de Administración Tributaria (SAT) reconoció el hecho en un informe enviado la semana pasada a la Cámara de Diputados. Ahí señala que en 2008 los 400 grandes grupos empresariales que operan en el país pagaron en promedio 1.7 por ciento por concepto de ISR amparados en el régimen de consolidación fiscal.
Pagaron sólo 85 mil millones de pesos por ingresos que ascendieron a cuatro billones 960 mil millones de pesos, cantidad equivalente al 41 por ciento del producto interno bruto de ese año. El SAT informó que el sector cosméticos obtuvo ingresos por siete mil 600 millones de pesos en 2008 y sólo pagó unos 220 millones de impuestos.
Las tiendas de autoservicio acumularon en el mismo año ingresos por 67 mil 600 millones de pesos y únicamente pagaron alrededor de seis mil millones.
Todo gracias al régimen de consolidación fiscal al cual se acogen cementeras, grandes tiendas de autoservicio y departamentales, cadenas automotrices, cerveceras, televisoras; empresas de electrodomésticos, de telecomunicaciones, papeleras, procesadoras de alimentos, distribuidoras de maquinaria y equipo, refresqueras y constructoras.
Ese régimen permite que empresas de un mismo grupo presenten un sólo estado financiero sobre el que se calcula el impuesto sobre la renta.Esto les permite posponer el pago de algunos gravámenes por operaciones celebradas entre las empresas del grupo y deducir las pérdidas fiscales de una de las empresas contra las utilidades fiscales de las otras, lo cual se traduce en los hechos en una disminución en el pago de los impuesto que les corresponden.
Estas empresas en realidad son auténticas evasoras de impuestos, pero nadie las puede acusar de tales, porque lo hacen de manera legal, gracias al régimen de complicidades y pago de favores que existe en este paraíso fiscal (para los amigos) llamado México.
Acaso por ello el presidente del Consejo Coorinador Empresarial, Armando Paredes Arroyo, se haya apresurado a declarar que eliminar ese régimen no aseguraría al país una mayor recaudación. Dice el ínclito líder empresarial que si se eliminara dicho esquema, México sería "menos atractivo para la inversión" y los corporativos trasladarían su inversión a otros países donde sí existe ese régimen.
Estamos de nuevo, ante la vieja amenaza de que siempre se vale el capital para reclamar sus privilegios: "si no me consienten, me llevo mi dinero a otra parte". Pero se trata sólo de eso. Ellos saben que si bien regímenes como el de consolidación fiscal operan en casi todo el mundo, en México lo hacen con una manga demasiado ancha. Para empezar, la definición de "pérdida" es más rigurosa en otros países, lo cual ya impide a las empresas eludir el pago de impuestos de manera tan impune.
Este régimen de complicidades, que no Estado de derecho, es lo que impide el desarrollo económico del país. Tal es el verdadero obstáculo y no la falta de "reformas estructurales" que en realidad son pretextos para eliminar las últimas resistencias que en los ámbitos laboral, energético y educativo impiden el avasallamiento social que figura en el programa de la derecha en el poder.
martes, 20 de octubre de 2009
lunes, 12 de octubre de 2009
Luz y Fuerza: verdades a medias
El señor Felipe Calderón decidió extinguir la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación este domingo 11 de octubre, tras tomar con el ejército y la policía federal la sede y las instalaciones principales de la empresa.
El modo sorpresivo (a la media noche del sábado) y autoritario (empleo de las fuerzas armadas) como se operó la medida se parece más a un asalto perpetrado por alguna banda del crimen organizado que a una medida institucional, de un gobierno en pleno ejercicio de la legalidad que actuara con un sentido de auténtico interés colectivo.
Los argumentos esgrimidos por el grupo en el poder serían atendibles, creíbles y su acción encomiable --como insisten en presentar los medios de comunicación electrónicos-- si no fuera por la existencia de otros datos de la realidad que desmienten puntualmente la justificación oficial.
El principal de ellos consiste en haber sembrado en la opinión pública la idea de que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es casi, casi el dueño de la empresa y responsable de su deficiente operación, como si no se tratara de una entidad pública, cuya administración está a cargo del propio gobierno federal.
En las acusaciones lanzadas contra Luz y Fuerza, el gobierno actúa como si fuera un tercero y no el principal responsable de que el organismo funcione. De modo que en una lectura rigurosa, podría decirse que cada crítica contra la empresa es una crítica del gobierno contra sí mismo.
La argumentación esgrimida por Felipe Calderón en un mensaje en cadena nacional transmitido la noche de este domingo es demoledora...si no se tratara sólo de medias verdades.
Se ha dicho, por ejemplo, que la CLyFC no produce electricidad y sólo es un intermediario entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que compra el fluido eléctrico y los seis millones de usuarios a los que lo distribuye en los estados de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México.
Lo que se omite decir es que por decisión de la empresa, desde 1975 no se han realizado las obras de infraestructura necesarias para generar electricidad o que se ha cedido a los particulares la generación --aun a despecho de lo que prescribe la Constitución-- y que también por una decisión administrativa, la Compañía debe comprar energía cara a la CFE, para luego tener que venderla barata a los usuarios.
Afirma el gobierno que este año la empresa recibirá un subsidio por 42 mil millones de pesos, casi lo mismo que el programa estrella contra la pobreza, Oportunidades. De acuerdo con el SME, sin embargo, la descapitalización que obliga a inyectarle cuantiosos recursos a la Compañía, proviene, en buena parte, de las compras de energía que debe hacer a la CFE y del esquema tarifario que la Secretaría de Hacienda aplica a los grandes empresarios.
En efecto, quienes utilizan el fluido para hacer negocio pagan el kilowat/hora a 88 centavos, mientras que los usuarios domésticos deben pagarlo a 97 centavos.
El robo o la pérdida de 30 por ciento de la producción, contra 10 por ciento que registra la CFE en ese rubro, figura también entre las causas aducidas por el gobierno. Otra vez, la serpiente que se muerde la cola: Si tal es la proporción en que se roba la energía, no es el SME sino la empresa, la responsable de dar con los culpables y castigarlos, más si --como se induce de la acusación-- son los propios trabajadores sindicalizados los autores de esos hurtos.
La inversión de valores propia de esta época hace que parezca un absurdo que un sindicato tenga elevadas prestaciones. Es cierto, lo usual es que, como resultado de contubernios y pactos ocultos entre líderes y patrones, los trabajadores tengan condiciones laborales deplorables.
Cuando un sindicato como el SME se aparta de esa condición, en parte debido a su talante democrático (con sus bemoles, si se quiere) y no corporativo, se le acusa de que sus "privilegios" descapitalizan la empresa. Como si no fuera ésta la que, en todo caso, ha aceptado pactar esas condiciones, pues recuérdese que un contrato colectivo de trabajo es un instrumento de carácter bilateral. Y en él se expresa sólo aquello en que las partes están de acuerdo.
Ello mismo puede aducirse respecto de la acusación del gobierno de que cualquier decisión importante dentro de la empresa tenía que responder más al interés de los trabajadores que al beneficio de los usuarios, debido a que "había prácticamente una coadministración con el sindicato". Si tal condición prevalecía era con la anuencia gubernamental.
Todas las "razones" oficiales insisten en atribuir al sindicato y a los trabajadores la situación de la empresa. Ello parece confirmar que son motivaciones políticas las que encubren la decisión adoptada. Se trata de un sindicato no corporativo, es decir, no alineado a los intereses gubernamentales; es una organización que denunció el "fraude electoral" que colocó a Calderón en la presidencia y que por tanto lo considera un "presidente espurio".
Ha sido acusado de desviar recursos para apoyar el movimiento cívico que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Es lo que podría denominarse un sindicato enemigo del régimen. No deben perderse de vista estos hechos al evaluarse las motivaciones gubernamentales. No sería la primera vez que la venganza y la animadversión personal se conviertan en políticas de Estado, amén de los intereses económicos que están en juego.
¡Hasta la próxima!!
El modo sorpresivo (a la media noche del sábado) y autoritario (empleo de las fuerzas armadas) como se operó la medida se parece más a un asalto perpetrado por alguna banda del crimen organizado que a una medida institucional, de un gobierno en pleno ejercicio de la legalidad que actuara con un sentido de auténtico interés colectivo.
Los argumentos esgrimidos por el grupo en el poder serían atendibles, creíbles y su acción encomiable --como insisten en presentar los medios de comunicación electrónicos-- si no fuera por la existencia de otros datos de la realidad que desmienten puntualmente la justificación oficial.
El principal de ellos consiste en haber sembrado en la opinión pública la idea de que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es casi, casi el dueño de la empresa y responsable de su deficiente operación, como si no se tratara de una entidad pública, cuya administración está a cargo del propio gobierno federal.
En las acusaciones lanzadas contra Luz y Fuerza, el gobierno actúa como si fuera un tercero y no el principal responsable de que el organismo funcione. De modo que en una lectura rigurosa, podría decirse que cada crítica contra la empresa es una crítica del gobierno contra sí mismo.
La argumentación esgrimida por Felipe Calderón en un mensaje en cadena nacional transmitido la noche de este domingo es demoledora...si no se tratara sólo de medias verdades.
Se ha dicho, por ejemplo, que la CLyFC no produce electricidad y sólo es un intermediario entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que compra el fluido eléctrico y los seis millones de usuarios a los que lo distribuye en los estados de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México.
Lo que se omite decir es que por decisión de la empresa, desde 1975 no se han realizado las obras de infraestructura necesarias para generar electricidad o que se ha cedido a los particulares la generación --aun a despecho de lo que prescribe la Constitución-- y que también por una decisión administrativa, la Compañía debe comprar energía cara a la CFE, para luego tener que venderla barata a los usuarios.
Afirma el gobierno que este año la empresa recibirá un subsidio por 42 mil millones de pesos, casi lo mismo que el programa estrella contra la pobreza, Oportunidades. De acuerdo con el SME, sin embargo, la descapitalización que obliga a inyectarle cuantiosos recursos a la Compañía, proviene, en buena parte, de las compras de energía que debe hacer a la CFE y del esquema tarifario que la Secretaría de Hacienda aplica a los grandes empresarios.
En efecto, quienes utilizan el fluido para hacer negocio pagan el kilowat/hora a 88 centavos, mientras que los usuarios domésticos deben pagarlo a 97 centavos.
El robo o la pérdida de 30 por ciento de la producción, contra 10 por ciento que registra la CFE en ese rubro, figura también entre las causas aducidas por el gobierno. Otra vez, la serpiente que se muerde la cola: Si tal es la proporción en que se roba la energía, no es el SME sino la empresa, la responsable de dar con los culpables y castigarlos, más si --como se induce de la acusación-- son los propios trabajadores sindicalizados los autores de esos hurtos.
La inversión de valores propia de esta época hace que parezca un absurdo que un sindicato tenga elevadas prestaciones. Es cierto, lo usual es que, como resultado de contubernios y pactos ocultos entre líderes y patrones, los trabajadores tengan condiciones laborales deplorables.
Cuando un sindicato como el SME se aparta de esa condición, en parte debido a su talante democrático (con sus bemoles, si se quiere) y no corporativo, se le acusa de que sus "privilegios" descapitalizan la empresa. Como si no fuera ésta la que, en todo caso, ha aceptado pactar esas condiciones, pues recuérdese que un contrato colectivo de trabajo es un instrumento de carácter bilateral. Y en él se expresa sólo aquello en que las partes están de acuerdo.
Ello mismo puede aducirse respecto de la acusación del gobierno de que cualquier decisión importante dentro de la empresa tenía que responder más al interés de los trabajadores que al beneficio de los usuarios, debido a que "había prácticamente una coadministración con el sindicato". Si tal condición prevalecía era con la anuencia gubernamental.
Todas las "razones" oficiales insisten en atribuir al sindicato y a los trabajadores la situación de la empresa. Ello parece confirmar que son motivaciones políticas las que encubren la decisión adoptada. Se trata de un sindicato no corporativo, es decir, no alineado a los intereses gubernamentales; es una organización que denunció el "fraude electoral" que colocó a Calderón en la presidencia y que por tanto lo considera un "presidente espurio".
Ha sido acusado de desviar recursos para apoyar el movimiento cívico que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Es lo que podría denominarse un sindicato enemigo del régimen. No deben perderse de vista estos hechos al evaluarse las motivaciones gubernamentales. No sería la primera vez que la venganza y la animadversión personal se conviertan en políticas de Estado, amén de los intereses económicos que están en juego.
¡Hasta la próxima!!
jueves, 17 de septiembre de 2009
Errata
Escribí aquí el lunes pasado que ya sólo faltaba que el PAN acarreara a los pobres para presionar a los legisladores de modo que aprueben el IVA de 2 por ciento a medicinas y alimentos, habida cuenta de que el tal impuesto es para combatir la pobreza.
Me equivoqué. No es el estilo del PAN. Su estilo es presionar a la opinión pública a punta de encuestas. En efecto, el martes 15, al comparecer ante diputados, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se sacó de la manga unas fantasmales encuestas --pues sólo él las ha visto-- las cuales indicarían que la mayoría de la población está de acuerdo en que se le cobre el tal IVA con antifaz por ser recursos destinados a los más pobres.
He ahí la estrategia panista. No sería raro que en los próximos días, encuestadores a modo como el grupo GEA, o María de las Heras, o la empresa de Ulises Beltrán (el encuestador de cabecera de Vicente Fox) publiquen sondeos que respalden los dichos del secretario.
La receta está probada. En 2006 Calderón se mantenía en un lejano tercer lugar en las preferencias electorales para la presidencia de la República de aquél año. De pronto empezó a subir en las encuestas hasta desplazar a Andrés Manuel López Obrador del primer lugar.
No digo que ese fue el único artilugio de que se valieron para asaltar aquella elección, pero fue uno de los más visibles, pues mediante esas "encuestas" fueron preparando al electorado para aparentar una cerrada competencia que luego se expresara en una cerrada votación. Vaya, era una forma de hacer creíble aquél 0.56 por ciento de los votos con que se hizo "ganar" a Calderón.
La maniobra ahí viene de nuevo. Ya Carstens la anunció, acaso presionado por el aluvión de críticas con que lo surtieron los representantes populares. Las veremos publicadas en los próximos días. Se verá en ellas cómo la población está solidariamente lista para pagar ese IVA de 2 por ciento. Y quizás hasta lo exija, ¡qué caray! con tal de paliar la pobreza. Eso dirán las tales encuestas.
Veremos...
Al tiempo.
Me equivoqué. No es el estilo del PAN. Su estilo es presionar a la opinión pública a punta de encuestas. En efecto, el martes 15, al comparecer ante diputados, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se sacó de la manga unas fantasmales encuestas --pues sólo él las ha visto-- las cuales indicarían que la mayoría de la población está de acuerdo en que se le cobre el tal IVA con antifaz por ser recursos destinados a los más pobres.
He ahí la estrategia panista. No sería raro que en los próximos días, encuestadores a modo como el grupo GEA, o María de las Heras, o la empresa de Ulises Beltrán (el encuestador de cabecera de Vicente Fox) publiquen sondeos que respalden los dichos del secretario.
La receta está probada. En 2006 Calderón se mantenía en un lejano tercer lugar en las preferencias electorales para la presidencia de la República de aquél año. De pronto empezó a subir en las encuestas hasta desplazar a Andrés Manuel López Obrador del primer lugar.
No digo que ese fue el único artilugio de que se valieron para asaltar aquella elección, pero fue uno de los más visibles, pues mediante esas "encuestas" fueron preparando al electorado para aparentar una cerrada competencia que luego se expresara en una cerrada votación. Vaya, era una forma de hacer creíble aquél 0.56 por ciento de los votos con que se hizo "ganar" a Calderón.
La maniobra ahí viene de nuevo. Ya Carstens la anunció, acaso presionado por el aluvión de críticas con que lo surtieron los representantes populares. Las veremos publicadas en los próximos días. Se verá en ellas cómo la población está solidariamente lista para pagar ese IVA de 2 por ciento. Y quizás hasta lo exija, ¡qué caray! con tal de paliar la pobreza. Eso dirán las tales encuestas.
Veremos...
Al tiempo.
martes, 15 de septiembre de 2009
Pobres: chantaje, coartada y polarización
La insistencia del equipo de Felipe Calderón en justificar la cascada de impuestos con una supuesta y repentina preocupación por los pobres es una de las coartadas más miserables que gobierno alguno se haya podido inventar.
Los pobres y la pobreza siempre han estado ahí. Las políticas sociales de los gobiernos posrevolucionarios, primero, y las de los panistas después, sólo se han ocupado de administrar el problema mediante programas-paliativo cuya estructura está diseñada precisamente para reproducir las condiciones que mantienen a la gente en la pobreza.
Para tratar de legitimar el nuevo aluvión de impuestos incluido el de 2 por ciento al consumo generalizado, el panismo armó una estrategia que Calderón puso en marcha con su discurso del 2 de septiembre en Palacio Nacional, en el que llamó a cambiar para "lograr el México que queremos".
Su llamado-chantaje principal, lo sabemos porque lo ha repetido casi textual en cuanto acto posterior ha tenido oportunidad es: "romper las inercias y hacer a un lado cálculos e intereses particulares y asumir la gravedad de la hora para transformar al país".
La frase resulta, a la vez, una coartada y un chantaje. Lo primero porque según ha de pensar Calderón, lo eximirá de la responsabilidad histórica que ya pesa sobre él por su fallida administración. Lo segundo, porque la emplea para presionar a los legisladores de modo que le aprueben su ley de ingresos para 2010.
Adviértase como, de nuevo como en 2006, su estrategia es la polarización social. Acaso el autor de su estratagema sea el propio Antonio Solá o algún alumno aventajado de éste ya que la estructura y la lógica es la misma: enfrentar a unos contra otros.
El gobierno se pondría del lado de los pobres y así obtendría el apoyo de éstos para presionar a los inhumanos legisladores que se niegan a autorizar un impuesto que se les devolvería a los menesterosos no "copeteado" como diría Fox, sino "multiplicado" como sostiene el clásico --por su malísima alusión a José Zorrilla-- Gustavo Madero.
Ya nada más falta que pronto veamos manifestaciones de pobres acarreados por los panistas frente al Palacio Legislativo exigiendo a los diputados que les aprueben el impuesto que los afecta de manera principal a ellos mismos.
¿Qué se trata de un sacrificio para los mismos pobres? No importa. En la lógica calderoniana, incluso deberían estar dispuestos a morir por la patria. En este sentido resulta llamativa la alusión de Calderón a una frase atribuida a Morelos.
En efecto, en un acto efectuado el pasado 14 de septiembre en el Colegio Militar citando al Siervo de la Nación dijo: "Morir es nada, cuando por la patria se muere". Si se trató de un mensaje para que la gente esté dispuesta a cualquier sacrificio en aras de un mejor país, será un mensaje extremo que en esta hora nadie está dispuesto a llevar adelante.
Creer que tadavía se puede manipular con estos llamados al patrioterismo es mostrar el abismal desconocimiento que priva en Los Pinos acerca de la realidad nacional (o sea, de las condiciones de la gente).
¡Hasta la próxima!
Los pobres y la pobreza siempre han estado ahí. Las políticas sociales de los gobiernos posrevolucionarios, primero, y las de los panistas después, sólo se han ocupado de administrar el problema mediante programas-paliativo cuya estructura está diseñada precisamente para reproducir las condiciones que mantienen a la gente en la pobreza.
Para tratar de legitimar el nuevo aluvión de impuestos incluido el de 2 por ciento al consumo generalizado, el panismo armó una estrategia que Calderón puso en marcha con su discurso del 2 de septiembre en Palacio Nacional, en el que llamó a cambiar para "lograr el México que queremos".
Su llamado-chantaje principal, lo sabemos porque lo ha repetido casi textual en cuanto acto posterior ha tenido oportunidad es: "romper las inercias y hacer a un lado cálculos e intereses particulares y asumir la gravedad de la hora para transformar al país".
La frase resulta, a la vez, una coartada y un chantaje. Lo primero porque según ha de pensar Calderón, lo eximirá de la responsabilidad histórica que ya pesa sobre él por su fallida administración. Lo segundo, porque la emplea para presionar a los legisladores de modo que le aprueben su ley de ingresos para 2010.
Adviértase como, de nuevo como en 2006, su estrategia es la polarización social. Acaso el autor de su estratagema sea el propio Antonio Solá o algún alumno aventajado de éste ya que la estructura y la lógica es la misma: enfrentar a unos contra otros.
El gobierno se pondría del lado de los pobres y así obtendría el apoyo de éstos para presionar a los inhumanos legisladores que se niegan a autorizar un impuesto que se les devolvería a los menesterosos no "copeteado" como diría Fox, sino "multiplicado" como sostiene el clásico --por su malísima alusión a José Zorrilla-- Gustavo Madero.
Ya nada más falta que pronto veamos manifestaciones de pobres acarreados por los panistas frente al Palacio Legislativo exigiendo a los diputados que les aprueben el impuesto que los afecta de manera principal a ellos mismos.
¿Qué se trata de un sacrificio para los mismos pobres? No importa. En la lógica calderoniana, incluso deberían estar dispuestos a morir por la patria. En este sentido resulta llamativa la alusión de Calderón a una frase atribuida a Morelos.
En efecto, en un acto efectuado el pasado 14 de septiembre en el Colegio Militar citando al Siervo de la Nación dijo: "Morir es nada, cuando por la patria se muere". Si se trató de un mensaje para que la gente esté dispuesta a cualquier sacrificio en aras de un mejor país, será un mensaje extremo que en esta hora nadie está dispuesto a llevar adelante.
Creer que tadavía se puede manipular con estos llamados al patrioterismo es mostrar el abismal desconocimiento que priva en Los Pinos acerca de la realidad nacional (o sea, de las condiciones de la gente).
¡Hasta la próxima!
lunes, 14 de septiembre de 2009
Lehman Brothers, un año de crisis
La agencia alemana DPA recuerda que mañana se cumplirá un año de la quiebra del banco inversor estadounidense Lehman Brothers, la cual es considerada como el punto de inflexión en la crisis financiera global.
La noticia --recuerda la agencia en su despacho-- sacudió los mercados, minó la confianza en los bancos, obligó a gobiernos de todo el mundo a lanzar programas multimillonarios de reactivación y sumió a la economía en la peor recesión global de la posguerra.
Entre las múltiples causas del desastre hay una combinación, infaltable en estos casos, de ambición, codicia desmedida por ganancias fáciles, falta de regulación en los mercados que, según la tesis neoliberal podían regularse a sí mismos sin la intervención estatal y, desde luego, corrupción.
El texto de DPA repasa esas causas y destaca:
Dinero barato: Tras los atentados de 2001 la Agencia Federal estadounidense (FED) aplicó una política de dinero barato y rebajó drásticamente las tasas de interés. El aumento continuo de los precios de la vivienda y la caída de los réditos hizo que millones de personas utilizaran su casa como máquina de producir dinero. Los propietarios cancelaron sin penalización algunas hipotecas con tasas fijas y las refinanciaron.
Todo ese dinero fluyó al consumo y comenzó a generar una fiebre de compra de crédito. Alimentado por la propia política, Estados Unidos vivió hasta 2006 un inusitado boom inmobiliario.
Fiebre de consumo: Muchos propietarios aumentaron su hipoteca y compraron con ese dinero nuevos inmuebles, automóviles y electrodomésticos. La burbuja inmobiliaria y de consumo siguió inflándose. Un dólar sobrevaluado impulsó también a muchos estadounidenses a lanzarse a comprar en el extranjero.
Boom de los mercados: Las tasas bajas impulsaron los mercados de todo el mundo, en tanto que el crédito barato financió la fiebre consumista. El círculo vicioso de endeudamiento y burbuja de crédito se expandió.
Riesgo excesivo: Las garantías exigidas para respaldar un crédito hipotecario fueron rebajándose con el consentimiento de los gobiernos, hasta alcanzar la concesión de préstamos sin ningún tipo de garantía (las llamadas hipotecas subprime). Muchos hipotecados quedaron sobreendeudados y sin posibilidad de pagar los créditos contraídos.
Productos financieros complejos: En la búsqueda de mayores beneficios los banqueros de Wall Street inventaron productos financieros complejos: millones de créditos subprime se combinaron y distribuyeron en paquetes vendidos a inversores de todo el mundo, que apenas sabían el contenido real de esos productos. Hoy se les conoce como "activos tóxicos".
Codicia: Los banqueros cobraron bonificaciones vinculadas a la cantidad de papeles de riesgo vendidos, sin asumir responsabilidad alguna por las eventuales pérdidas que aportaran. Esta práctica alentó a que se corrieran riesgos cada vez mayores.
Agencias de calificación: Los especialistas en evaluar riesgos dieron altas calificaciones a valores que no las merecían. En muchos casos, las empresas pagaban a las agencias de calificación para que dieran buenas notas a sus títulos.
Regulación insuficiente: Amplios ámbitos del mundo financiero actuaron sin ningún tipo de normativa o regulación.
Escasa supervisión: Tampoco hubo supervisión eficaz del sector. Los mecanismos de vigilancia de bancos y bolsas fracasaron a la hora de prever los peligros de la burbuja que se estaba formando. Las advertencias llegaron cuando el peligro era ya inevitable. Ni siquiera fueron escuchadas, en parte porque los gobiernos veían con buenos ojos un boom económico que, entre otras cosas, hizo caer el desempleo en muchos países.
Explosión de la burbuja: Como había ocurrido con el mercado inmobiliario, también el comercio con los valores del sector se vino abajo. La caída fue tan drástica como había sido antes la subida.
Los mercados bursátiles se derrumbaron, los bancos dejaron de prestarse dinero y el sistema financiero quedó varado en una crisis de confianza como no se había conocido jamás. La industria financiera global sufrió amortizaciones por un valor que aún resta precisar, pero que se estima en billones de dólares.
El sistema global amenazaba con colapsarse cuando el 15 de septiembre de 2008 el banco inversor estadounidense Lehman Brothers anunció su quiebra. La crisis se extendió a la economía real y los problemas originalmente limitados al sector inmobiliario terminaron por contagiarse al resto de la economía hasta desencadenar una recesión mundial.
Mañana pues, se cumple un año del inicio de la pesadilla, aunque fue generada por la irresponsabilidad, la ambición y la corrupción de financieros y gobiernos, desde por lo menos siete años antes.
¡Hasta la próxima!
La noticia --recuerda la agencia en su despacho-- sacudió los mercados, minó la confianza en los bancos, obligó a gobiernos de todo el mundo a lanzar programas multimillonarios de reactivación y sumió a la economía en la peor recesión global de la posguerra.
Entre las múltiples causas del desastre hay una combinación, infaltable en estos casos, de ambición, codicia desmedida por ganancias fáciles, falta de regulación en los mercados que, según la tesis neoliberal podían regularse a sí mismos sin la intervención estatal y, desde luego, corrupción.
El texto de DPA repasa esas causas y destaca:
Dinero barato: Tras los atentados de 2001 la Agencia Federal estadounidense (FED) aplicó una política de dinero barato y rebajó drásticamente las tasas de interés. El aumento continuo de los precios de la vivienda y la caída de los réditos hizo que millones de personas utilizaran su casa como máquina de producir dinero. Los propietarios cancelaron sin penalización algunas hipotecas con tasas fijas y las refinanciaron.
Todo ese dinero fluyó al consumo y comenzó a generar una fiebre de compra de crédito. Alimentado por la propia política, Estados Unidos vivió hasta 2006 un inusitado boom inmobiliario.
Fiebre de consumo: Muchos propietarios aumentaron su hipoteca y compraron con ese dinero nuevos inmuebles, automóviles y electrodomésticos. La burbuja inmobiliaria y de consumo siguió inflándose. Un dólar sobrevaluado impulsó también a muchos estadounidenses a lanzarse a comprar en el extranjero.
Boom de los mercados: Las tasas bajas impulsaron los mercados de todo el mundo, en tanto que el crédito barato financió la fiebre consumista. El círculo vicioso de endeudamiento y burbuja de crédito se expandió.
Riesgo excesivo: Las garantías exigidas para respaldar un crédito hipotecario fueron rebajándose con el consentimiento de los gobiernos, hasta alcanzar la concesión de préstamos sin ningún tipo de garantía (las llamadas hipotecas subprime). Muchos hipotecados quedaron sobreendeudados y sin posibilidad de pagar los créditos contraídos.
Productos financieros complejos: En la búsqueda de mayores beneficios los banqueros de Wall Street inventaron productos financieros complejos: millones de créditos subprime se combinaron y distribuyeron en paquetes vendidos a inversores de todo el mundo, que apenas sabían el contenido real de esos productos. Hoy se les conoce como "activos tóxicos".
Codicia: Los banqueros cobraron bonificaciones vinculadas a la cantidad de papeles de riesgo vendidos, sin asumir responsabilidad alguna por las eventuales pérdidas que aportaran. Esta práctica alentó a que se corrieran riesgos cada vez mayores.
Agencias de calificación: Los especialistas en evaluar riesgos dieron altas calificaciones a valores que no las merecían. En muchos casos, las empresas pagaban a las agencias de calificación para que dieran buenas notas a sus títulos.
Regulación insuficiente: Amplios ámbitos del mundo financiero actuaron sin ningún tipo de normativa o regulación.
Escasa supervisión: Tampoco hubo supervisión eficaz del sector. Los mecanismos de vigilancia de bancos y bolsas fracasaron a la hora de prever los peligros de la burbuja que se estaba formando. Las advertencias llegaron cuando el peligro era ya inevitable. Ni siquiera fueron escuchadas, en parte porque los gobiernos veían con buenos ojos un boom económico que, entre otras cosas, hizo caer el desempleo en muchos países.
Explosión de la burbuja: Como había ocurrido con el mercado inmobiliario, también el comercio con los valores del sector se vino abajo. La caída fue tan drástica como había sido antes la subida.
Los mercados bursátiles se derrumbaron, los bancos dejaron de prestarse dinero y el sistema financiero quedó varado en una crisis de confianza como no se había conocido jamás. La industria financiera global sufrió amortizaciones por un valor que aún resta precisar, pero que se estima en billones de dólares.
El sistema global amenazaba con colapsarse cuando el 15 de septiembre de 2008 el banco inversor estadounidense Lehman Brothers anunció su quiebra. La crisis se extendió a la economía real y los problemas originalmente limitados al sector inmobiliario terminaron por contagiarse al resto de la economía hasta desencadenar una recesión mundial.
Mañana pues, se cumple un año del inicio de la pesadilla, aunque fue generada por la irresponsabilidad, la ambición y la corrupción de financieros y gobiernos, desde por lo menos siete años antes.
¡Hasta la próxima!
viernes, 11 de septiembre de 2009
Presupuesto 2010, adiós a las máscaras
La declaración es insólita porque revela sin asomo de duda la ideología antipopular y retrógrada de un hombre que ejerce la presidencia perseguido por la certeza del fraude. Dijo Felipe Calderón:
Los ciudadanos también podrían proponerse, siguiendo esa lógica, lo siguiente:
Resulta claro que el eje de la argumentación gubernamental para defender su política económica está centrada en ese ritornello: "el que gasta más paga más; el que gasta menos paga menos". La frase, digna de Perogrullo, ha sido repetida del martes para acá por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, por el senador panista Gustavo Madero, por el presidente de ese partido, César Nava, y seguramente la seguiremos escuchando tan machacona como inútilmente los próximos días.
La frase dibuja, además, el verdadero y limitado sentido de los "cambios" a que se refirió Calderón al exponer su decálogo de elementos necesarios para lograr "el México que queremos".
En efecto, el cambio buscado por el grupo en el poder consiste en que la población entienda, de una vez por todas, que el Estado no está para promover la generación de empleos, ni el crecimiento económico y mucho menos para proteger pobres (por eso deben pagar impuestos para financiar la ayuda que reciben) ni para subsidiar a la población.
Se trata de una anacrónica profundización de medidas neoliberales y una descarnada forma de declarar que, ahora sí, el Estado abandona completamente las obligaciones que tiene con sus gobernados.
Es difícil saber si tal comportamiento, además de inspirado por la ideología conservadora propia de la derecha, no está además aderezado por una pizca de venganza personal de un desquiciado por el rechazo que le propinó el pueblo en las urnas el pasado 5 de julio.
Cuando Calderón dijo aquello del "México que queremos" no especificó tampoco el "quienes queremos". Ahora es obvio que se refería al país que queremos "nosotros, los que tenemos el poder".
En abono de esta teoría acerca de cómo se concibe el cambio en Los Pinos, recuérdese que el presupuesto de ingresos para 2010 deja intocados los regímenes tributarios especiales de que son beneficiarios los grandes empresarios favoritos del régimen.
Tales regímenes representan cuatro por ciento del PIB y traducido en pesos superan los 502 mil millones de pesos, cantidad con la que bien podría taparse el boquete de 300 mil millones de pesos que tendrán las finanzas públicas en 2010, sin necesidad de recurrir a un plan de choque recesivo que sólo profundizará la crisis actual y que incluso pone en riesgo la viabilidad del país.
Si el Congreso aprueba en noviembre estos despropósitos, los ciudadanos sabrán en carne propia que las ideologías existen y que ellos las convierten en expresión de la vida diaria al votar, elección tras elección, por sus enemigos históricos. Por ello, además de organización, no sobra un granito de preparación.
¡Hasta la próxima!
"Si nosotros logramos que las familias más pobres consuman menos agua, sin sacrificar sus satisfactores, y consuman menos electricidad, vamos a hacerle ahorrar a esas familias dinero contante y sonante sobre su ingreso disponible, pero también vamos a ahorrar nosotros porque cada kilovatio/hora que deje de consumirse es un subsidio que dejamos también de pagar"
Los ciudadanos también podrían proponerse, siguiendo esa lógica, lo siguiente:
"Si nosotros logramos que Calderón no viaje en aviones ni helicópteros privados sino en comerciales, y que tampoco gaste en su aparato de guardaespaldas, claro sin sacrificar su seguridad, que pague su propio automóvil, sus comidas, su gasolina y sus teléfonos, vamos a hacerle ahorrar al país dinero contante y sonante, pero también vamos ahorrar porque cada uno de esos gastos que deje de hacer con el dinero público es un subsidio que dejamos también de pagar los ciudadanos"
Resulta claro que el eje de la argumentación gubernamental para defender su política económica está centrada en ese ritornello: "el que gasta más paga más; el que gasta menos paga menos". La frase, digna de Perogrullo, ha sido repetida del martes para acá por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, por el senador panista Gustavo Madero, por el presidente de ese partido, César Nava, y seguramente la seguiremos escuchando tan machacona como inútilmente los próximos días.
La frase dibuja, además, el verdadero y limitado sentido de los "cambios" a que se refirió Calderón al exponer su decálogo de elementos necesarios para lograr "el México que queremos".
En efecto, el cambio buscado por el grupo en el poder consiste en que la población entienda, de una vez por todas, que el Estado no está para promover la generación de empleos, ni el crecimiento económico y mucho menos para proteger pobres (por eso deben pagar impuestos para financiar la ayuda que reciben) ni para subsidiar a la población.
Se trata de una anacrónica profundización de medidas neoliberales y una descarnada forma de declarar que, ahora sí, el Estado abandona completamente las obligaciones que tiene con sus gobernados.
Es difícil saber si tal comportamiento, además de inspirado por la ideología conservadora propia de la derecha, no está además aderezado por una pizca de venganza personal de un desquiciado por el rechazo que le propinó el pueblo en las urnas el pasado 5 de julio.
Cuando Calderón dijo aquello del "México que queremos" no especificó tampoco el "quienes queremos". Ahora es obvio que se refería al país que queremos "nosotros, los que tenemos el poder".
En abono de esta teoría acerca de cómo se concibe el cambio en Los Pinos, recuérdese que el presupuesto de ingresos para 2010 deja intocados los regímenes tributarios especiales de que son beneficiarios los grandes empresarios favoritos del régimen.
Tales regímenes representan cuatro por ciento del PIB y traducido en pesos superan los 502 mil millones de pesos, cantidad con la que bien podría taparse el boquete de 300 mil millones de pesos que tendrán las finanzas públicas en 2010, sin necesidad de recurrir a un plan de choque recesivo que sólo profundizará la crisis actual y que incluso pone en riesgo la viabilidad del país.
Si el Congreso aprueba en noviembre estos despropósitos, los ciudadanos sabrán en carne propia que las ideologías existen y que ellos las convierten en expresión de la vida diaria al votar, elección tras elección, por sus enemigos históricos. Por ello, además de organización, no sobra un granito de preparación.
¡Hasta la próxima!
De impuestos, rubores y secuestros
Después de todos los "sacrificios" y "recortes" al gasto anunciados por el gobierno federal como coartada para aumentar "sin rubor" (Carstens dixit) los impuestos que debe pagar la población luego del "catarrito" que se nos volvió pulmonía, va quedando claro que esa supuesta astringencia de recursos es otra mentira.
Pese a la supresión de tres secretarías de Estado el gasto gubernamental será en 2010 prácticamente el mismo que en 2009. Ello así porque el ahorro derivado de la cancelación de esas dependencias equivale a 0.5 por ciento del gasto programable de 2009.
El presupuesto de Egresos de la Federación prevé un gasto público total de tres billones 172 mil 359 millones de pesos, sólo 0.6 por ciento menor al de este año en términos reales (tres billones 45 mil 478 millones de pesos).
Además, 77.2 por ciento de ese presupuesto corresponde a gasto corriente, que incluye el gasto en servicios personales, para el cual se propone un aumento de 664 mil millones de pesos (mmdp) a 674 mmdp. El gasto de inversión en capital, en tanto, se reducirá de 591 mmdp a 536 mmdp.
Lo anterior significa que, contra lo dicho, el presupuesto seguirá privilegiando el gasto gubernamental improductivo.
Al parecer, los ahorros en un sector se han transferido a otras áreas del propio gobierno. Así, si bien los gastos de la presidencia se reducen sólo en 70 millones de pesos (de 1,798 millones en 2009 a 1,727 millones en 2010), la Oficina de la Presidencia gozará un increemento de 72 millones 418 mil 647 pesos al pasar de 73 millones 472 mil 289 pesos en 2009, a 145 millones, 890 mil 936 pesos en 2010.
La Secretaría Particular tendrá cinco millones 602 mil 170 pesos más; Comunicación Social disfrutará un incremento de cinco milllones 808 mil pesos; la Coordinación de Opinión Pública (desde la que se aceitan las estadísticas que hacen ver a Calderón con elevados índices de aceptación popular) dispondrá de un incremento de tres millones 485 mil pesos.
De igual forma, la Coordinación de gabinete y Proyectos Especiales ejercerá 13 millones 560 mil pesos más en relación con 2009 y la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental (desde la que se opera para posicionar en la opinión pública los dichos del señor Calderón) recibiría un aumento de siete millones 256 mil pesos.
De lo anterior se deduce que la Cámara de Diputados deberá equilibrar la distribución del "esfuerzo" mediante una mayor reducción del gasto corriente gubernamental, que incluya una reducción de prestaciones; incrementar el gasto en inversión y menor gasto de operación para las dependencias públicas.
Su trabajo será modificar el perfil del proyecto de Ley de Ingresos presentado para reorientarlo verdaderamente hacia el combate a la pobreza vía la reactivación del crecimiento económico, la generación de empleos, la inversión en infraestructura, en educación, salud y vivienda.
Secuestros
Hace unas décadas solía recomendarse a los gobernantes priistas asomarse a la sección "Cartas al director" de los periódicos para tener una idea más precisa de lo que la gente pensaba de su actuación. Hoy la recomendación sigue vigente, sólo que la opinión de los ciudadanos se expresa ahora en los espacios que los medios on line disponen para sus lectores.
Si Calderón se asomara a esos textos vería como su credibilidad y la de quienes ostentan el poder público nomás no levanta. Así como un vasto sector de ciudadanos descreyó en su momento de la desproporcionada reacción de las autoridades ante el virus de la Influenza, atribuyéndola a un invento para aterrorizar a la población, así se ha sospechado del secuestro del avión de Mexicana a manos de un predicador boliviano.
El confuso episodio fue considerado como un montaje de Genaro García Luna, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, similar al que perpetró para mostrar la captura de la secuestradora francesa Florence Cassez.
Las facilidades dadas a las televisoras para la transmisión en vivo y desde un sitio preferente, impensable en una situación de verdadera emergencia, así como el momento en que se presentó (un día después del polémico paquete económico para 2010) levantaron de inmediato suspicacias acerca de la veracidad del hecho.
Todo pareció parte de la estrategia perpetrada desde el martes pasado, cuando el secretario de Hacienda entregó al Congreso el paquete económico para 2010. En esa oportunidad no distribuyó copias del documento a las fracciones parlamentarias de los partidos, como es lo usual, de modo que nadie pudiera emitir juicios sobre el tema y que al día siguiente sólo el discurso oficial tuviera difusión.
Luego la atención pudo mantenerse buena parte del día en el fallido secuestro. Todo para seguir desviando el foco de atención sobre lo principal. La maniobra fue tan burda que la intención quedó pronto en evidencia y la credibilidad gubernamental en su nivel más bajo.
Pese a la supresión de tres secretarías de Estado el gasto gubernamental será en 2010 prácticamente el mismo que en 2009. Ello así porque el ahorro derivado de la cancelación de esas dependencias equivale a 0.5 por ciento del gasto programable de 2009.
El presupuesto de Egresos de la Federación prevé un gasto público total de tres billones 172 mil 359 millones de pesos, sólo 0.6 por ciento menor al de este año en términos reales (tres billones 45 mil 478 millones de pesos).
Además, 77.2 por ciento de ese presupuesto corresponde a gasto corriente, que incluye el gasto en servicios personales, para el cual se propone un aumento de 664 mil millones de pesos (mmdp) a 674 mmdp. El gasto de inversión en capital, en tanto, se reducirá de 591 mmdp a 536 mmdp.
Lo anterior significa que, contra lo dicho, el presupuesto seguirá privilegiando el gasto gubernamental improductivo.
Al parecer, los ahorros en un sector se han transferido a otras áreas del propio gobierno. Así, si bien los gastos de la presidencia se reducen sólo en 70 millones de pesos (de 1,798 millones en 2009 a 1,727 millones en 2010), la Oficina de la Presidencia gozará un increemento de 72 millones 418 mil 647 pesos al pasar de 73 millones 472 mil 289 pesos en 2009, a 145 millones, 890 mil 936 pesos en 2010.
La Secretaría Particular tendrá cinco millones 602 mil 170 pesos más; Comunicación Social disfrutará un incremento de cinco milllones 808 mil pesos; la Coordinación de Opinión Pública (desde la que se aceitan las estadísticas que hacen ver a Calderón con elevados índices de aceptación popular) dispondrá de un incremento de tres millones 485 mil pesos.
De igual forma, la Coordinación de gabinete y Proyectos Especiales ejercerá 13 millones 560 mil pesos más en relación con 2009 y la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental (desde la que se opera para posicionar en la opinión pública los dichos del señor Calderón) recibiría un aumento de siete millones 256 mil pesos.
De lo anterior se deduce que la Cámara de Diputados deberá equilibrar la distribución del "esfuerzo" mediante una mayor reducción del gasto corriente gubernamental, que incluya una reducción de prestaciones; incrementar el gasto en inversión y menor gasto de operación para las dependencias públicas.
Su trabajo será modificar el perfil del proyecto de Ley de Ingresos presentado para reorientarlo verdaderamente hacia el combate a la pobreza vía la reactivación del crecimiento económico, la generación de empleos, la inversión en infraestructura, en educación, salud y vivienda.
Secuestros
Hace unas décadas solía recomendarse a los gobernantes priistas asomarse a la sección "Cartas al director" de los periódicos para tener una idea más precisa de lo que la gente pensaba de su actuación. Hoy la recomendación sigue vigente, sólo que la opinión de los ciudadanos se expresa ahora en los espacios que los medios on line disponen para sus lectores.
Si Calderón se asomara a esos textos vería como su credibilidad y la de quienes ostentan el poder público nomás no levanta. Así como un vasto sector de ciudadanos descreyó en su momento de la desproporcionada reacción de las autoridades ante el virus de la Influenza, atribuyéndola a un invento para aterrorizar a la población, así se ha sospechado del secuestro del avión de Mexicana a manos de un predicador boliviano.
El confuso episodio fue considerado como un montaje de Genaro García Luna, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, similar al que perpetró para mostrar la captura de la secuestradora francesa Florence Cassez.
Las facilidades dadas a las televisoras para la transmisión en vivo y desde un sitio preferente, impensable en una situación de verdadera emergencia, así como el momento en que se presentó (un día después del polémico paquete económico para 2010) levantaron de inmediato suspicacias acerca de la veracidad del hecho.
Todo pareció parte de la estrategia perpetrada desde el martes pasado, cuando el secretario de Hacienda entregó al Congreso el paquete económico para 2010. En esa oportunidad no distribuyó copias del documento a las fracciones parlamentarias de los partidos, como es lo usual, de modo que nadie pudiera emitir juicios sobre el tema y que al día siguiente sólo el discurso oficial tuviera difusión.
Luego la atención pudo mantenerse buena parte del día en el fallido secuestro. Todo para seguir desviando el foco de atención sobre lo principal. La maniobra fue tan burda que la intención quedó pronto en evidencia y la credibilidad gubernamental en su nivel más bajo.
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Impuestos: la manipulación
Detengámonos en las formas. Ayer el señor Felipe Calderón, primero, y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, después, fraguaron una estrategia de comunicación para manipular a los habitantes de este país de modo que se crea que ellos, "el gobierno", se sacrificará el próximo año con un presupuesto austero, cuando en realidad, de nuevo, los verdaderamente esquilmados seremos los ciudadanos por la vía de nuevos y mayores impuestos.
Por principio de cuentas, la propuesta de Ley de Ingresos entregada ayer a la Cámara de Diputados incluye el cobro del IVA ( 2 por ciento) a medicinas y alimentos, tal como lo propuso hace unos días el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
El Impuesto sobre la Renta (ISR) --el impuesto al salario-- pasa de 28 a 30 por ciento, excepto a quienes ganen cuatro salarios mínimos o menos. El impuesto a los depósitos en efectivo aumenta de 2 a 3 por ciento, pero ahora se gravará a partir de 15 mil pesos y no de 25 mil como hasta ahora.
En el intento por atenuar estos anuncios, Calderón informó a las dos de la tarde la supresión de tres secretarías de Estado (Turismo, Reforma Agraria y Función Pública). En la misma línea de demostrar el sacrificio gubernamental, por la noche Carstens anunció una reducción en el gasto público programable de 218 mil millones de pesos (1.8 por ciento del PIB).
Dijo además que el déficit público será de 60 mil millones de pesos (1.5 por ciento del PIB), que se reducirá 5 por ciento la estructura de mandos superiores; 10 por ciento menos en gastos en oficinas del exterior; 10 por ciento menos en delegaciones de dependencias federales en los estados.
Anunció que habrá menos gastos en comunicación social, en servicios personales, en asesorías, en viáticos, pasajes y telefonía; que no se remodelarán oficinas ni se gastará en nuevo mobiliario.
Hay en todo ello una gran mentira. Ésta consiste en hacer creer que la clase política se sacrificará lo mismo que la población, a la cual se le merman sus menguados ingresos vía esta cascada de nuevos impuestos.
En la esfera gubernamental el tal sacrificio es aparente, pues los recortes al gasto afectarán a instituciones, en tanto que el mayor cobro de impuestos y el aumento en tarifas de servicios afectarán a personas concretas.
Así que no existe la tal solidaridad del gobierno con los gobernados. Así sea en menor cantidad, pero el señor Calderón y su gabinete seguirán disfrutando de elevados sueldos, de viáticos, alimentos, transporte, celulares, asistentes personales y medicinas sin que les cueste un centavo.
La insistencia de Calderón y Carstens de presentar por delante "el sacrificio" gubernamental para revestirse de una falsa autoridad moral al momento de anunciar los nuevos impuestos, quedó de manifiesto en una frase del secretario de Hacienda: "Una vez que el gobierno pone la muestra en el gasto, puede solicitar sin rubor la contribución de la ciudadanía".
La estrategia manipuladora de los genios en el poder llegó al extremo de presentar --en efecto, sin "rubor" alguno-- el impuesto al consumo (medicinas y alimentos), no como un gravámen sino como una ¡¡¡Contribución para el combate a la pobreza!!!!!
Véase la trampa semántica: el término contribución tiene una connotación positiva. Contribuir es "ayudar" y "cooperar", términos ambos que, a su vez, tienen un significado amable, pues evocan en el subconsciente una acción casi voluntaria para un fin que se considera valioso y, en este caso, hasta humanitario: combatir la pobreza.
El problema del esquema es que a los propios pobres también se les obliga a "contribuir" para combatir su condición, pues al comprar, así sea una raquítica e insuficiente dotación de alimentos y medicinas, también serán sujetos del mentado gravamen. ¿dónde queda entonces la famosa política social?
En realidad el gobierno esquilma a todos, pero pretende hacer pasar el nuevo impuesto como un combate a la pobreza, del cual nunca pasarán los más pobres, ya que al encarecerse los productos, se les alejan sus posibilidades de adquisición de alimentos o el acceso a la salud.
El paquete económico presentado ayer no apunta a ninguno de los "cambios de fondo" que se comprometió a impulsar Calderón en su ejercicio retórico del miércoles 2 de septiembre y en su root show posterior con entrevistadores a modo. Del eslogan "Vivir mejor" ni hablemos.
Adviértase, de nuevo, como estas medidas económicas anunciadas no aspiran a cambiar nada ni a mejorar la calidad de vida de la población. Dice Carstens que el incremento de 4 por ciento a los servicios de telecomunicación es progresivo porque, reconoce, sólo los utilizan 20 por ciento de los hogares más ricos.
En vez de aspirar a ampliar a más mexicanos esos servicios para cerrar la brecha tecnológica que existe, el gobierno tácitamente admite que esta desproporción en el uso de las telecomunicaciones así seguirá fatalmente.
"A confesión de parte, relevo de pruebas", reza un principio general del Derecho. Es decir, por un lado el decálogo calderoniano afirma su determinación de combatir la pobreza, dar atención médica universal y educación de calidad, y por otro lado, actúa como lo que verdaramente sabe: que los mexicanos más pobres así seguirán y que jamás aspirarán, por ejemplo, a contar con televisión de paga o Internet.
En el mismo sentido apunta la cínica y manida frase con que el secretario de Hacienda justifica, según él, los impuestos al consumo: "Quien más consuma más pagará". O sea ¿se trata de castigar el consumo? ¿se trata de castigar el mercado interno? ¿cómo piensan crecer a tasas de 5 por ciento para 2012 con un mercado deprimido?
¿Se trata, otra vez, de una descarada admisión de que los pobres no serán afectados por los nuevos impuestos porque ni dinero tienen para consumir?
Tal es la lógica subyacente en el paquete económico enviado al Congreso. Éste tiene hasta el 15 de noviembre para debatir, modificar o aceptar estos aberrantes postulados que ahí se plantean. Hay la versión de que la mayoría priista habría negociado la aprobación de este paquete a cambio de los nombramientos en Pemex y en la Sagarpa.
A la paraestatal llegó Juan José Suárez Coppel, identificado con el salinista ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz y con Manlio Fabio Beltrones; en tanto que el nuevo titular de la Sagarpa también representaría una concesión al PRI a cambio de su apoyo en estas reformas.
Veremos...
Por principio de cuentas, la propuesta de Ley de Ingresos entregada ayer a la Cámara de Diputados incluye el cobro del IVA ( 2 por ciento) a medicinas y alimentos, tal como lo propuso hace unos días el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
El Impuesto sobre la Renta (ISR) --el impuesto al salario-- pasa de 28 a 30 por ciento, excepto a quienes ganen cuatro salarios mínimos o menos. El impuesto a los depósitos en efectivo aumenta de 2 a 3 por ciento, pero ahora se gravará a partir de 15 mil pesos y no de 25 mil como hasta ahora.
En el intento por atenuar estos anuncios, Calderón informó a las dos de la tarde la supresión de tres secretarías de Estado (Turismo, Reforma Agraria y Función Pública). En la misma línea de demostrar el sacrificio gubernamental, por la noche Carstens anunció una reducción en el gasto público programable de 218 mil millones de pesos (1.8 por ciento del PIB).
Dijo además que el déficit público será de 60 mil millones de pesos (1.5 por ciento del PIB), que se reducirá 5 por ciento la estructura de mandos superiores; 10 por ciento menos en gastos en oficinas del exterior; 10 por ciento menos en delegaciones de dependencias federales en los estados.
Anunció que habrá menos gastos en comunicación social, en servicios personales, en asesorías, en viáticos, pasajes y telefonía; que no se remodelarán oficinas ni se gastará en nuevo mobiliario.
Hay en todo ello una gran mentira. Ésta consiste en hacer creer que la clase política se sacrificará lo mismo que la población, a la cual se le merman sus menguados ingresos vía esta cascada de nuevos impuestos.
En la esfera gubernamental el tal sacrificio es aparente, pues los recortes al gasto afectarán a instituciones, en tanto que el mayor cobro de impuestos y el aumento en tarifas de servicios afectarán a personas concretas.
Así que no existe la tal solidaridad del gobierno con los gobernados. Así sea en menor cantidad, pero el señor Calderón y su gabinete seguirán disfrutando de elevados sueldos, de viáticos, alimentos, transporte, celulares, asistentes personales y medicinas sin que les cueste un centavo.
La insistencia de Calderón y Carstens de presentar por delante "el sacrificio" gubernamental para revestirse de una falsa autoridad moral al momento de anunciar los nuevos impuestos, quedó de manifiesto en una frase del secretario de Hacienda: "Una vez que el gobierno pone la muestra en el gasto, puede solicitar sin rubor la contribución de la ciudadanía".
La estrategia manipuladora de los genios en el poder llegó al extremo de presentar --en efecto, sin "rubor" alguno-- el impuesto al consumo (medicinas y alimentos), no como un gravámen sino como una ¡¡¡Contribución para el combate a la pobreza!!!!!
Véase la trampa semántica: el término contribución tiene una connotación positiva. Contribuir es "ayudar" y "cooperar", términos ambos que, a su vez, tienen un significado amable, pues evocan en el subconsciente una acción casi voluntaria para un fin que se considera valioso y, en este caso, hasta humanitario: combatir la pobreza.
El problema del esquema es que a los propios pobres también se les obliga a "contribuir" para combatir su condición, pues al comprar, así sea una raquítica e insuficiente dotación de alimentos y medicinas, también serán sujetos del mentado gravamen. ¿dónde queda entonces la famosa política social?
En realidad el gobierno esquilma a todos, pero pretende hacer pasar el nuevo impuesto como un combate a la pobreza, del cual nunca pasarán los más pobres, ya que al encarecerse los productos, se les alejan sus posibilidades de adquisición de alimentos o el acceso a la salud.
El paquete económico presentado ayer no apunta a ninguno de los "cambios de fondo" que se comprometió a impulsar Calderón en su ejercicio retórico del miércoles 2 de septiembre y en su root show posterior con entrevistadores a modo. Del eslogan "Vivir mejor" ni hablemos.
Adviértase, de nuevo, como estas medidas económicas anunciadas no aspiran a cambiar nada ni a mejorar la calidad de vida de la población. Dice Carstens que el incremento de 4 por ciento a los servicios de telecomunicación es progresivo porque, reconoce, sólo los utilizan 20 por ciento de los hogares más ricos.
En vez de aspirar a ampliar a más mexicanos esos servicios para cerrar la brecha tecnológica que existe, el gobierno tácitamente admite que esta desproporción en el uso de las telecomunicaciones así seguirá fatalmente.
"A confesión de parte, relevo de pruebas", reza un principio general del Derecho. Es decir, por un lado el decálogo calderoniano afirma su determinación de combatir la pobreza, dar atención médica universal y educación de calidad, y por otro lado, actúa como lo que verdaramente sabe: que los mexicanos más pobres así seguirán y que jamás aspirarán, por ejemplo, a contar con televisión de paga o Internet.
En el mismo sentido apunta la cínica y manida frase con que el secretario de Hacienda justifica, según él, los impuestos al consumo: "Quien más consuma más pagará". O sea ¿se trata de castigar el consumo? ¿se trata de castigar el mercado interno? ¿cómo piensan crecer a tasas de 5 por ciento para 2012 con un mercado deprimido?
¿Se trata, otra vez, de una descarada admisión de que los pobres no serán afectados por los nuevos impuestos porque ni dinero tienen para consumir?
Tal es la lógica subyacente en el paquete económico enviado al Congreso. Éste tiene hasta el 15 de noviembre para debatir, modificar o aceptar estos aberrantes postulados que ahí se plantean. Hay la versión de que la mayoría priista habría negociado la aprobación de este paquete a cambio de los nombramientos en Pemex y en la Sagarpa.
A la paraestatal llegó Juan José Suárez Coppel, identificado con el salinista ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz y con Manlio Fabio Beltrones; en tanto que el nuevo titular de la Sagarpa también representaría una concesión al PRI a cambio de su apoyo en estas reformas.
Veremos...
lunes, 7 de septiembre de 2009
El presupuesto
Los partidos políticos (PRI, PAN, PRD) han declarado su oposición a la aplicación de IVA en medicinas y alimentos, como una de las medidas que se prevé estarán incluidas en la Ley de Ingresos del año próximo, para subsanar el "boquete" financiero de 300 mil millones de pesos que padecen las finanzas públicas.
Veremos qué tanto se sostienen en esa postura o si, a partir de mañana --plazo límite marcado por la ley para recibir el mencionado proyecto-- empiezan a introducir matices en su discurso hasta terminar aceptando el gravamen, mediante un galimatías argumentativo que los ponga a salvo del reclamo popular.
El sector privado, en cambio, ha insistido en aplicar ese impuesto: el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) propone tasas iniciales de 2 por ciento para aumentarlo gradualmente, pero el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) de plano se pronuncia por cobrar desde ya 15 por ciento a medicinas y alimentos. Todo, con tal de que no se graven sus utilidades.
El gobierno, por su parte, promete reducir el gasto corriente, apretarse el cinturón, suprimir secretarías de Estado, pero amenaza con proponer un IVA generalizado e incrementos a los precios de productos y servicios, como la gasolina, gas y electricidad.
Como el lector puede apreciarlo, la discusión nuevamente se circunscribe a encontrar la forma más eficaz y políticamente menos costosa de pasar la factura de la crisis a los ciudadanos. Que éstos sigan financiando el improductivo gasto gubernamental y los privilegios fiscales de las grandes empresas.
Se trata de medidas que asombran por su estrechez de miras, pues de nuevo, se diseñan sólo pensando (es un decir) en el corto plazo y nos conducen al síndrome de la serpiente que se muerde la cola:
1. Se restringe el consumo por la vía de aumentos de precios (el incremento a gasolina, gas y electricidad, que son insumos utilizados en procesos productivos, provocará un aumento de precios casi generalizado)
2. Estas alzas de precios y el pago de mayores y nuevos impuestos disminuyen el ingreso de las familias (Los primeros dos deciles en que se sitúan las personas con menores ingresos destinan 40 por ciento de su consumo a alimentos y bebidas, por lo que un aumento de impuestos en esos rubros mermará sus recursos en un contexto de agudo desempleo)
3. Por lo tanto, al haber menos ingresos hay menor consumo, se desestimula la inversión, se reduce la producción, hay nuevos despidos, aumenta el desempleo y la economía permanece estancada.
En este esquema, el único que gana es el gobierno. Solventa su problema económico, pero a costa del empobrecimiento de la población.
Esto tiene un efecto pernicioso adicional porque estos nuevos ingresos no le permitirán impulsar la reactivación económica, como sería lo deseable, ya que 80 por ciento del presupuesto se destina al gasto corriente (automóviles, aviones, helicópteros, choferes, asistentes, guardaespaldas, fiestas, servicios personales, pagos a sindicatos), y esto no genera ningún beneficio económico.
Menos aceptable resulta un esquema como el que se propondrá en la Ley de Ingresos, cuando la falta de recursos se debe a la imprevisión del propio gobierno. A diferencia de países como Chile, aquí los recursos excedentes que se captaron durante los pasados ocho años por concepto del petróleo se despilfarraron en mantener los gastos suntuarios de nuestra ínclita clase política y en sus corruptelas.
Lo anterior lo ha venido a confirmar un reporte del grupo financiero Banamex: El boquete fiscal de 300 mil millones de pesos esperado para 2010 tiene su origen en una dinámica creciente del gasto y, por tanto, es consecuencia de una "falta de prudencia en la administración fiscal".
En cambio, el país andino conservó esos excedentes --en su caso debidos a la industria del cobre-- y los aplicó en auténticas políticas anticíclicas que le han permitido superar la crisis y estar en posibilidad de participar de la incipiente recuperación económica global prevista para 2010.
Aquí, para compensar esa "falta de prudencia" (léase irresponsabilidad) de nuestros gobernantes, se pretende aumentar los ingresos del gobierno en 2.5 por ciento del PIB (equivalentes a los 300 mil millones de pesos que harán falta). Ello sólo resolverá el problema el año próximo mientras no se considere modificaciones en la dinámica del gasto y, sobre todo, aumentar la base de personas que pagan impuestos.
Para ello hay que suprimir exenciones fiscales y eliminar privilegios. Y en este punto bien podríamos afirmar, con Don Quijote, que: "Con la Iglesia hemos topado, Sancho", pues ahí está el quid del asunto, se trata de uno de esos cambios que se comprometió impulsar y promover el desgastado Felipe Calderón.
En todo caso, como se ve, no se está planteando ningún giro en el actual modelo económico neoliberal seguido por la derecha en el poder. Han elegido la vía más ortodoxa, según la cual el gobierno debe salvarse, no los gobernados, aunque éstos constituyan la razón de ser de aquél.
¡Hasta la próxima!
Veremos qué tanto se sostienen en esa postura o si, a partir de mañana --plazo límite marcado por la ley para recibir el mencionado proyecto-- empiezan a introducir matices en su discurso hasta terminar aceptando el gravamen, mediante un galimatías argumentativo que los ponga a salvo del reclamo popular.
El sector privado, en cambio, ha insistido en aplicar ese impuesto: el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) propone tasas iniciales de 2 por ciento para aumentarlo gradualmente, pero el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) de plano se pronuncia por cobrar desde ya 15 por ciento a medicinas y alimentos. Todo, con tal de que no se graven sus utilidades.
El gobierno, por su parte, promete reducir el gasto corriente, apretarse el cinturón, suprimir secretarías de Estado, pero amenaza con proponer un IVA generalizado e incrementos a los precios de productos y servicios, como la gasolina, gas y electricidad.
Como el lector puede apreciarlo, la discusión nuevamente se circunscribe a encontrar la forma más eficaz y políticamente menos costosa de pasar la factura de la crisis a los ciudadanos. Que éstos sigan financiando el improductivo gasto gubernamental y los privilegios fiscales de las grandes empresas.
Se trata de medidas que asombran por su estrechez de miras, pues de nuevo, se diseñan sólo pensando (es un decir) en el corto plazo y nos conducen al síndrome de la serpiente que se muerde la cola:
1. Se restringe el consumo por la vía de aumentos de precios (el incremento a gasolina, gas y electricidad, que son insumos utilizados en procesos productivos, provocará un aumento de precios casi generalizado)
2. Estas alzas de precios y el pago de mayores y nuevos impuestos disminuyen el ingreso de las familias (Los primeros dos deciles en que se sitúan las personas con menores ingresos destinan 40 por ciento de su consumo a alimentos y bebidas, por lo que un aumento de impuestos en esos rubros mermará sus recursos en un contexto de agudo desempleo)
3. Por lo tanto, al haber menos ingresos hay menor consumo, se desestimula la inversión, se reduce la producción, hay nuevos despidos, aumenta el desempleo y la economía permanece estancada.
En este esquema, el único que gana es el gobierno. Solventa su problema económico, pero a costa del empobrecimiento de la población.
Esto tiene un efecto pernicioso adicional porque estos nuevos ingresos no le permitirán impulsar la reactivación económica, como sería lo deseable, ya que 80 por ciento del presupuesto se destina al gasto corriente (automóviles, aviones, helicópteros, choferes, asistentes, guardaespaldas, fiestas, servicios personales, pagos a sindicatos), y esto no genera ningún beneficio económico.
Menos aceptable resulta un esquema como el que se propondrá en la Ley de Ingresos, cuando la falta de recursos se debe a la imprevisión del propio gobierno. A diferencia de países como Chile, aquí los recursos excedentes que se captaron durante los pasados ocho años por concepto del petróleo se despilfarraron en mantener los gastos suntuarios de nuestra ínclita clase política y en sus corruptelas.
Lo anterior lo ha venido a confirmar un reporte del grupo financiero Banamex: El boquete fiscal de 300 mil millones de pesos esperado para 2010 tiene su origen en una dinámica creciente del gasto y, por tanto, es consecuencia de una "falta de prudencia en la administración fiscal".
En cambio, el país andino conservó esos excedentes --en su caso debidos a la industria del cobre-- y los aplicó en auténticas políticas anticíclicas que le han permitido superar la crisis y estar en posibilidad de participar de la incipiente recuperación económica global prevista para 2010.
Aquí, para compensar esa "falta de prudencia" (léase irresponsabilidad) de nuestros gobernantes, se pretende aumentar los ingresos del gobierno en 2.5 por ciento del PIB (equivalentes a los 300 mil millones de pesos que harán falta). Ello sólo resolverá el problema el año próximo mientras no se considere modificaciones en la dinámica del gasto y, sobre todo, aumentar la base de personas que pagan impuestos.
Para ello hay que suprimir exenciones fiscales y eliminar privilegios. Y en este punto bien podríamos afirmar, con Don Quijote, que: "Con la Iglesia hemos topado, Sancho", pues ahí está el quid del asunto, se trata de uno de esos cambios que se comprometió impulsar y promover el desgastado Felipe Calderón.
En todo caso, como se ve, no se está planteando ningún giro en el actual modelo económico neoliberal seguido por la derecha en el poder. Han elegido la vía más ortodoxa, según la cual el gobierno debe salvarse, no los gobernados, aunque éstos constituyan la razón de ser de aquél.
¡Hasta la próxima!
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Calderón: la hora del cambio
Este miércoles el señor Felipe Calderón convocó a la nación a emprender un "cambio sustancial con todos los costos y riesgos". Aún más: proclamó que es llegada la hora de cambiar y cambiar a fondo, lo cual significa no sólo dar pequeños pasos.
Desatado, pidió pasar "de la lógica de los cambios posibles, a la lógica de los cambios de fondo para superar inercias y construir el futuro". Y para ello llamó a "ponernos de acuerdo en cómo cambiar al país".
La inusual arenga tuvo lugar durante el mensaje que pronunció este 2 de septiembre en Palacio Nacional con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.
En una primera lectura, digamos que el llamado a modificar todo el estado de cosas que prevalece en el país, para casi casi emprender una refundación de la nación mexicana, constituye un intento de Calderón por reposicionarse como interlocutor válido en el debate público.
En efecto, tras la derrota electoral que sufrió en las legislativas del 5 de julio, con las variables económicas fuera de control, con resultados desastrozos en los índices de competitividad internacional y con la cuestión social a punto de conducir a estallidos sociales, como lo han reconocido desde el propio gabinete, al michoacano no le quedaba otra que tratar de relanzar su administración o ser definitivamente rebasado políticamente desde todos los ámbitos lo que resta del sexenio.
Su margen de maniobra --y lo sabe muy bien-- ha quedado muy acotado tras perder la mayoría legislativa y en medio de una catástrofe económica profundizada por las pifias, omisiones y titubeos de su equipo económico.
Debía pues, recurrir a un golpe de timón que lo colocara al frente de una discusión que, como lo comentamos en una entrega reciente, de todos modos ya se ha iniciado en diversos ámbitos de la administración pública, la academia, y del sector privado y que ya amenazaba con rebasarlo.
El diagnóstico de esos círculos de opinión y de poder coincide en la urgencia de emprender una reforma política de fondo que reposicione al Estado como rector y guía del desarrollo económico y en modificar el modelo económico neoliberal (reforma fiscal incluida), cuyo agotamiento es evidente por el retroceso en los de por sí magros índices de crecimiento.
Aunque convocó a todos los sectores a fijar las agendas "para definir el México que queremos", Calderón delineó 10 elementos para iniciar la transformación proclamada:
1. Frenar la pobreza en que ha caído la mitad de la población y la pobreza extrema en que vive uno de cada cinco mexicanos.
2. Alcanzar la cobertura universal en materia de salud
3. Educación de calidad superando el marasmo de intereses e inercias
4. Reforma profunda de las finanzas públicas
5. Nueva generación de reformas en empresas del sector energético
6. Reforma en telecomunicaciones para que responda a las necesidades del desarrollo
7. Transformar el sector laboral con pleno respecto a los derechos de huelga y contratación colectiva
8. Reforma regulatoria de fondo
9. Profundizar y ampliar la lucha contra el crimen organizado y por la seguridad de los ciudadanos.
10. Reforma política
Se trata de una agenda política cuyos contenidos y alcances deberán ser precisados y, en efecto discutidos cabalmente con todos los sectores de opinión del país. En buena hora que Calderón haya convocado a todos a definir una agenda común, pues como lo reconoció, ya no queda otra alternativa más que darle un giro completo al curso de la nación.
Pronto se verá si en el grupo gobernante hay voluntad política para discutir un cambio en la actual política económica de corte neoliberal, o para analizar las alternativas al sistema presidencialista y el papel del Estado en la conducción del desarrollo, o para rediseñar la política social de modo que deje de ser mero paliativo a los daños causados por las medidas económicas, o para acabar con las corruptas, pero políticamente redituables estructuras del sindicalismo corporativo, como el que prevalece en el ámbito de la educación.
Se verá si hay voluntad política para terminar con los monopolios y con los excesivos cobros y pobre calidad en el ámbito de las telecomunicaciones; si se simplifican los trámites fiscales y se termina con la evasión, devolución y condonación de impuestos a los grandes contribuyentes o si la reforma energética se orienta a satisfacer las necesidades del desarrollo y no a enajenar a extranjeros los bienes del país.
El margen de maniobra y credibilidad del panismo son, sin embargo, muy reducidos, de modo que si se advierte que su encendido llamado a cambiar no es sino un mero afán por ganar tiempo para no morir de inanición los próximos tres años, incurrirá en una irresponsabilidad histórica cuyos costos habrá de pagar incluso antes de terminado el trienio.
Una muestra de la autenticidad de su voluntad de cambio la veremos pronto materializada en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de egresos que habrá de presentar al Congreso en los próximos días. Allí sabremos si su acto de contricción empieza a traducirse en hechos.
¡Hasta la próxima!
Desatado, pidió pasar "de la lógica de los cambios posibles, a la lógica de los cambios de fondo para superar inercias y construir el futuro". Y para ello llamó a "ponernos de acuerdo en cómo cambiar al país".
La inusual arenga tuvo lugar durante el mensaje que pronunció este 2 de septiembre en Palacio Nacional con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.
En una primera lectura, digamos que el llamado a modificar todo el estado de cosas que prevalece en el país, para casi casi emprender una refundación de la nación mexicana, constituye un intento de Calderón por reposicionarse como interlocutor válido en el debate público.
En efecto, tras la derrota electoral que sufrió en las legislativas del 5 de julio, con las variables económicas fuera de control, con resultados desastrozos en los índices de competitividad internacional y con la cuestión social a punto de conducir a estallidos sociales, como lo han reconocido desde el propio gabinete, al michoacano no le quedaba otra que tratar de relanzar su administración o ser definitivamente rebasado políticamente desde todos los ámbitos lo que resta del sexenio.
Su margen de maniobra --y lo sabe muy bien-- ha quedado muy acotado tras perder la mayoría legislativa y en medio de una catástrofe económica profundizada por las pifias, omisiones y titubeos de su equipo económico.
Debía pues, recurrir a un golpe de timón que lo colocara al frente de una discusión que, como lo comentamos en una entrega reciente, de todos modos ya se ha iniciado en diversos ámbitos de la administración pública, la academia, y del sector privado y que ya amenazaba con rebasarlo.
El diagnóstico de esos círculos de opinión y de poder coincide en la urgencia de emprender una reforma política de fondo que reposicione al Estado como rector y guía del desarrollo económico y en modificar el modelo económico neoliberal (reforma fiscal incluida), cuyo agotamiento es evidente por el retroceso en los de por sí magros índices de crecimiento.
Aunque convocó a todos los sectores a fijar las agendas "para definir el México que queremos", Calderón delineó 10 elementos para iniciar la transformación proclamada:
1. Frenar la pobreza en que ha caído la mitad de la población y la pobreza extrema en que vive uno de cada cinco mexicanos.
2. Alcanzar la cobertura universal en materia de salud
3. Educación de calidad superando el marasmo de intereses e inercias
4. Reforma profunda de las finanzas públicas
5. Nueva generación de reformas en empresas del sector energético
6. Reforma en telecomunicaciones para que responda a las necesidades del desarrollo
7. Transformar el sector laboral con pleno respecto a los derechos de huelga y contratación colectiva
8. Reforma regulatoria de fondo
9. Profundizar y ampliar la lucha contra el crimen organizado y por la seguridad de los ciudadanos.
10. Reforma política
Se trata de una agenda política cuyos contenidos y alcances deberán ser precisados y, en efecto discutidos cabalmente con todos los sectores de opinión del país. En buena hora que Calderón haya convocado a todos a definir una agenda común, pues como lo reconoció, ya no queda otra alternativa más que darle un giro completo al curso de la nación.
Pronto se verá si en el grupo gobernante hay voluntad política para discutir un cambio en la actual política económica de corte neoliberal, o para analizar las alternativas al sistema presidencialista y el papel del Estado en la conducción del desarrollo, o para rediseñar la política social de modo que deje de ser mero paliativo a los daños causados por las medidas económicas, o para acabar con las corruptas, pero políticamente redituables estructuras del sindicalismo corporativo, como el que prevalece en el ámbito de la educación.
Se verá si hay voluntad política para terminar con los monopolios y con los excesivos cobros y pobre calidad en el ámbito de las telecomunicaciones; si se simplifican los trámites fiscales y se termina con la evasión, devolución y condonación de impuestos a los grandes contribuyentes o si la reforma energética se orienta a satisfacer las necesidades del desarrollo y no a enajenar a extranjeros los bienes del país.
El margen de maniobra y credibilidad del panismo son, sin embargo, muy reducidos, de modo que si se advierte que su encendido llamado a cambiar no es sino un mero afán por ganar tiempo para no morir de inanición los próximos tres años, incurrirá en una irresponsabilidad histórica cuyos costos habrá de pagar incluso antes de terminado el trienio.
Una muestra de la autenticidad de su voluntad de cambio la veremos pronto materializada en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de egresos que habrá de presentar al Congreso en los próximos días. Allí sabremos si su acto de contricción empieza a traducirse en hechos.
¡Hasta la próxima!
martes, 1 de septiembre de 2009
Modelo económico agotado (II)
El tercer Informe de gobierno de Felipe Calderón llega en medio de un descontrol en todos los órdenes de la vida pública, subrayado por la inoperancia gubernamental manifiesta hasta en las desaseadas maneras que tienen de operar incluso sus propios proyectos, como la pretendida fiesta personal que se habían organizado en Palacio Nacional, a despecho de las más elementales formas políticas y republicanas.
La emergencia nacional, evidente en casi todas las mediciones que se hacen de la economía, ha puesto en marcha a diversos sectores de la sociedad civil que ante la parálisis y el continuismo gubernamental han dado voces de alerta, construido consensos y formulado propuestas para tratar de enderezar el rumbo.
En ese contexto, economistas con diverso enfoque participantes en el seminario El agotamiento del modelo de desarrollo ¿Hacia dónde va México? coincidieron en tres propuestas básicas:
1. Plan de emergencia para protección del empleo y la planta productiva: Debe ser de carácter nacional y provenir de un gran acuerdo entre diversos grupos de la sociedad. Por ello, la propuesta plantea que sea en el Congreso donde se discuta y apruebe este Plan de Emergencia.
En ausencia del Plan, pero sólo de manera temporal, los expertos urgieron al Ejecutivo a promover
a) una reingeniería del presupuesto para ampliar los márgenes de política contracíclica
b) mejorar la instrumentación de los proyectos de gobierno
c) unir recursos y esfuerzos para defender empleos de la población vulnerable, así como a las pequeñas y medianas empresas; y
d) fortalecer el papel de la banca de desarrollo para ampliar el crédito destinado a vivienda, infraestructura y necesidades productivas.
2. Evitar reformas cosméticas o de mampara para mejor emprender reformas relevantes, como la Reforma del Estado de Derecho, una auténtica Reforma Fiscal integral y una Reforma a la Política Social.
Esta última con un enfoque de universalidad en materia de acceso a la educación y a los servicios de salud, basada en los principios de justicia social y de derechos humanos y sociales, no sólo en la eficiencia económica.
3. Reforma Fiscal integral: Para serlo debe mejorar la eficiencia del gasto, ser progresiva, no sólo recaudatoria y con efectos distributivos. Debe eliminar las exenciones del Impuesto sobre la Renta y no generalizar la aplicación del IVA.
Los especialistas alertaron sobre los costos sociales de una reforma que buscara aplicar impuestos a alimentos y medicinas. Asimismo, se plantearon críticas a la existencia del IETU, debido a sus propias características y por hacer aún más complejo el sistema impositivo.
Así, con una economía que no crece, con acentuadas desigualdades sociales y con una espiral de violencia que ya se nos volvió torbellino, los investigadores concuerdan en que no se puede salir adelante sólo con medidas como los anunciados recortes al gasto.
Lo que debe modificarse es el modelo económico y la agenda para ver al futuro con otra óptica. En ese contexto demandaron asimismo revisar la forma en que se adoptan las decisiones importantes en este país.
Ya no es posible decidir las principales políticas de gobierno de forma aislada o unilateral, sino mediante acuerdos que incluyan a servidores públicos, legisladores, académicos y sociedad civil, pues vivimos en una realidad política distinta.
Hay mucho que corregir y revisar en el corto plazo. No hacerlo será costosísimo. Y sin embargo, habrá que dar ese debate porque el actual grupo en el poder ha dado signos de que no está dispuesto ha emprender cambios estructurales ni a modificar la estructura de privilegios que aceita la actual maquinaria.
¡Hasta la próxima!
La emergencia nacional, evidente en casi todas las mediciones que se hacen de la economía, ha puesto en marcha a diversos sectores de la sociedad civil que ante la parálisis y el continuismo gubernamental han dado voces de alerta, construido consensos y formulado propuestas para tratar de enderezar el rumbo.
En ese contexto, economistas con diverso enfoque participantes en el seminario El agotamiento del modelo de desarrollo ¿Hacia dónde va México? coincidieron en tres propuestas básicas:
1. Plan de emergencia para protección del empleo y la planta productiva: Debe ser de carácter nacional y provenir de un gran acuerdo entre diversos grupos de la sociedad. Por ello, la propuesta plantea que sea en el Congreso donde se discuta y apruebe este Plan de Emergencia.
En ausencia del Plan, pero sólo de manera temporal, los expertos urgieron al Ejecutivo a promover
a) una reingeniería del presupuesto para ampliar los márgenes de política contracíclica
b) mejorar la instrumentación de los proyectos de gobierno
c) unir recursos y esfuerzos para defender empleos de la población vulnerable, así como a las pequeñas y medianas empresas; y
d) fortalecer el papel de la banca de desarrollo para ampliar el crédito destinado a vivienda, infraestructura y necesidades productivas.
2. Evitar reformas cosméticas o de mampara para mejor emprender reformas relevantes, como la Reforma del Estado de Derecho, una auténtica Reforma Fiscal integral y una Reforma a la Política Social.
Esta última con un enfoque de universalidad en materia de acceso a la educación y a los servicios de salud, basada en los principios de justicia social y de derechos humanos y sociales, no sólo en la eficiencia económica.
3. Reforma Fiscal integral: Para serlo debe mejorar la eficiencia del gasto, ser progresiva, no sólo recaudatoria y con efectos distributivos. Debe eliminar las exenciones del Impuesto sobre la Renta y no generalizar la aplicación del IVA.
Los especialistas alertaron sobre los costos sociales de una reforma que buscara aplicar impuestos a alimentos y medicinas. Asimismo, se plantearon críticas a la existencia del IETU, debido a sus propias características y por hacer aún más complejo el sistema impositivo.
Así, con una economía que no crece, con acentuadas desigualdades sociales y con una espiral de violencia que ya se nos volvió torbellino, los investigadores concuerdan en que no se puede salir adelante sólo con medidas como los anunciados recortes al gasto.
Lo que debe modificarse es el modelo económico y la agenda para ver al futuro con otra óptica. En ese contexto demandaron asimismo revisar la forma en que se adoptan las decisiones importantes en este país.
Ya no es posible decidir las principales políticas de gobierno de forma aislada o unilateral, sino mediante acuerdos que incluyan a servidores públicos, legisladores, académicos y sociedad civil, pues vivimos en una realidad política distinta.
Hay mucho que corregir y revisar en el corto plazo. No hacerlo será costosísimo. Y sin embargo, habrá que dar ese debate porque el actual grupo en el poder ha dado signos de que no está dispuesto ha emprender cambios estructurales ni a modificar la estructura de privilegios que aceita la actual maquinaria.
¡Hasta la próxima!
lunes, 31 de agosto de 2009
Modelo económico agotado (I)
Al instalarse, este sábado 29 de agosto, la 61 legislatura de la Cámara de diputados, Ifigenia Martínez, del Partido del Trabajo, llamó a "terminar con el ciclo neoliberal para implementar una política económica de desarrollo equitativo" a riesgo de provocar, "junto con la desigualdad imperante y la pérdida de ingresos y empleos, un estallido social de graves proporciones, en vísperas, precisamente, del segundo centenario de la guerra de Independencia y del primer centenario de la primera revolución social del siglo XX".
El llamado de la legisladora para "terminar con el ciclo neoliberal" no es una ocurrencia. De más en más, y desde muy diversos sectores, proliferan las voces que demandan un giro a la política económica por considerar "agotado" el esquema imperante.
Apenas el lunes 24 de agosto se presentaron las conclusiones de política económica del seminario El agotamiento del modelo de desarrollo ¿hacia dónde va México? organizado en la Escuela de Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.
Entre los analistas y expertos participantes figuraron Fausto Hernández Trillo (CIDE), Ricardo Samaniego (ITAM), Sergio Cervantes (Canacintra), Arturo Mendicuti (Concanaco), Carlos Tello Macías (UNAM), Jesús Silva Herzog (ex secretario de Hacienda), Francisco Suárez Dávila (ex diputado y ex subsecretario de Hacienda), Rolando Cordera (UNAM), Rogelio Ramírez de la O (Ecanal), así como Mario Delgado y Marcelo Ebrard (GDF).
Provenientes de muy diversas instituciones académicas y de diferentes áreas de los sectores público y privado, los expertos concluyeron que el actual modelo de desarrollo económico se ha agotado, y coincidieron en la necesidad de establecer, en el corto plazo, un Plan de emergencia económica que proteja al empleo y la planta productiva.
Pero ¿cuál es el modelo del que se habla? Al presentar la relatoría de las conclusiones, el profesor-investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, Gerardo Esquivel, explicó que los economistas no se refieren al capitalismo, sino que la crítica se refiere a dos aspectos de la versión mexicana de ese sistema:
1. El modelo económico mexicano ha privilegiado la estabilización macroeconómica por encima del crecimiento, el desarrollo económico y la generación de empleos; y
2. El muy limitado papel del Estado en una doble dimensión: la económica y la social. En la primera, porque se ha optado por un modelo económico en el cual el Estado no desempeña el papel de rector y guía del desarrollo y, en la segunda, porque el Estado no ha cumplido con los derechos sociales establecidos en la Constitución.
El más claro indicio de la inoperancia de ese modelo es, de acuerdo, con los expertos, el pobre crecimiento de las últimas tres décadas. En efecto, el crecimiento promedio del ingreso per cápita en ese periodo ha sido demasiado bajo (cercano a 1 por ciento al año) y, con la caída de este año, el ingreso per cápita en México regresará al nivel de hace una década.
Las carencias son demasiadas, la pobreza es rampante (la mitad de los mexicanos) y la desigualdad de oportunidades es ya irremontable, señalan.
Con respecto al papel del Estado, los economistas coinciden en su debilidad e incapacidad para cumplir y satisfacer las garantías sociales consagradas en la Carta Magna, ello debido a que existe una disociación importante entre las políticas social y económica.
La política social --acusaron los participantes en el seminario-- ha sido subordinada a los criterios de la política económica, la cual está dominada por criterior de estabilización y de corto plazo. Esto último ha convertido a la política social en una especie de "ambulancia que va recogiendo los heridos que deja la política económica".
Lo anterior, concluyen los analistas, ya no es sostenible y ahora se debe replantear el papel del Estado para que vuelva a ser un Estado fuerte, no obeso, pero tampoco grande y débil (fofo), como el que tenemos ahora.
Se debe buscar que el Estado intervenga en la economía en forma activa y decidida, mediante la provisión de infraestructura, pero también como promotor y rector de la economía y, sobre todo, como garante de los derechos sociales de los mexicanos.
Esto último es una cuestión capital que incluso fue puesta sobre la mesa por Barack Obama, cuando en su discurso de toma de posesión como presidente de Estados Unidos dijo: "La cuestión que debemos plantearnos hoy no es si el gobierno es demasiado grande o demasiado pequeño, sino si funciona".
Apenas el viernes pasado, al reconocer el riesgo de que se produzcan estallidos sociales, el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo declaro: "No hay ninguna política social que pueda compensar una recesión económica como la que sufre el mundo".
La afirmación muestra cómo en los círculos del poder, todo se sigue atribuyendo a la "crisis que nos vino de fuera". Los expertos que participaron en el seminario que aquí comentamos, documentaron lo contrario: todo se debe al modelo económico seguido por los gobiernos mexicanos.
Está ahí dibujado, en esas dos posturas, el debate ideológico que es preciso emprender.
Mañana nos referiremos a las Propuestas del seminario.
¡Hasta entonces...!
El llamado de la legisladora para "terminar con el ciclo neoliberal" no es una ocurrencia. De más en más, y desde muy diversos sectores, proliferan las voces que demandan un giro a la política económica por considerar "agotado" el esquema imperante.
Apenas el lunes 24 de agosto se presentaron las conclusiones de política económica del seminario El agotamiento del modelo de desarrollo ¿hacia dónde va México? organizado en la Escuela de Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.
Entre los analistas y expertos participantes figuraron Fausto Hernández Trillo (CIDE), Ricardo Samaniego (ITAM), Sergio Cervantes (Canacintra), Arturo Mendicuti (Concanaco), Carlos Tello Macías (UNAM), Jesús Silva Herzog (ex secretario de Hacienda), Francisco Suárez Dávila (ex diputado y ex subsecretario de Hacienda), Rolando Cordera (UNAM), Rogelio Ramírez de la O (Ecanal), así como Mario Delgado y Marcelo Ebrard (GDF).
Provenientes de muy diversas instituciones académicas y de diferentes áreas de los sectores público y privado, los expertos concluyeron que el actual modelo de desarrollo económico se ha agotado, y coincidieron en la necesidad de establecer, en el corto plazo, un Plan de emergencia económica que proteja al empleo y la planta productiva.
Pero ¿cuál es el modelo del que se habla? Al presentar la relatoría de las conclusiones, el profesor-investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, Gerardo Esquivel, explicó que los economistas no se refieren al capitalismo, sino que la crítica se refiere a dos aspectos de la versión mexicana de ese sistema:
1. El modelo económico mexicano ha privilegiado la estabilización macroeconómica por encima del crecimiento, el desarrollo económico y la generación de empleos; y
2. El muy limitado papel del Estado en una doble dimensión: la económica y la social. En la primera, porque se ha optado por un modelo económico en el cual el Estado no desempeña el papel de rector y guía del desarrollo y, en la segunda, porque el Estado no ha cumplido con los derechos sociales establecidos en la Constitución.
El más claro indicio de la inoperancia de ese modelo es, de acuerdo, con los expertos, el pobre crecimiento de las últimas tres décadas. En efecto, el crecimiento promedio del ingreso per cápita en ese periodo ha sido demasiado bajo (cercano a 1 por ciento al año) y, con la caída de este año, el ingreso per cápita en México regresará al nivel de hace una década.
Las carencias son demasiadas, la pobreza es rampante (la mitad de los mexicanos) y la desigualdad de oportunidades es ya irremontable, señalan.
Con respecto al papel del Estado, los economistas coinciden en su debilidad e incapacidad para cumplir y satisfacer las garantías sociales consagradas en la Carta Magna, ello debido a que existe una disociación importante entre las políticas social y económica.
La política social --acusaron los participantes en el seminario-- ha sido subordinada a los criterios de la política económica, la cual está dominada por criterior de estabilización y de corto plazo. Esto último ha convertido a la política social en una especie de "ambulancia que va recogiendo los heridos que deja la política económica".
Lo anterior, concluyen los analistas, ya no es sostenible y ahora se debe replantear el papel del Estado para que vuelva a ser un Estado fuerte, no obeso, pero tampoco grande y débil (fofo), como el que tenemos ahora.
Se debe buscar que el Estado intervenga en la economía en forma activa y decidida, mediante la provisión de infraestructura, pero también como promotor y rector de la economía y, sobre todo, como garante de los derechos sociales de los mexicanos.
Esto último es una cuestión capital que incluso fue puesta sobre la mesa por Barack Obama, cuando en su discurso de toma de posesión como presidente de Estados Unidos dijo: "La cuestión que debemos plantearnos hoy no es si el gobierno es demasiado grande o demasiado pequeño, sino si funciona".
Apenas el viernes pasado, al reconocer el riesgo de que se produzcan estallidos sociales, el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo declaro: "No hay ninguna política social que pueda compensar una recesión económica como la que sufre el mundo".
La afirmación muestra cómo en los círculos del poder, todo se sigue atribuyendo a la "crisis que nos vino de fuera". Los expertos que participaron en el seminario que aquí comentamos, documentaron lo contrario: todo se debe al modelo económico seguido por los gobiernos mexicanos.
Está ahí dibujado, en esas dos posturas, el debate ideológico que es preciso emprender.
Mañana nos referiremos a las Propuestas del seminario.
¡Hasta entonces...!
jueves, 27 de agosto de 2009
III Informe: propaganda y exaltación
El III Informe de gobierno de Felipe Calderón ha sido convertido por sus "estrategas" en una oportunidad más para la propaganda con el añadido de que por esa vía se violan las disposiciones constitucionales en la materia y se gasta una cuantiosa suma de dinero en una campaña de imagen en momentos de apremio económico para la población.
En efecto, desde este lunes 24 inició una campaña en radio y televisión en la que el protagonista, más que el informe, es el propio Calderón. El político michoacano aparece a cuadro y con un abierto tono de exaltación, promociona su imagen mientras recita una serie de "datos" que según eso darían cuenta de lo mucho que su administración ha hecho en favor del país.
Con ese proceder Calderón viola flagrantemente el artículo 134 constitucional, el cual dispone que:
Con esa habilidad que los políticos creen tener para eludir compromisos o disposiciones legales, se dirá que la tal maniobra no implica promoción personalizada, como condiciona el referido artículo, pues sólo se cumple con la disposición del 69 constitucional que establece la obligación del Presidente de informar cada año del estado general que guarda la administración pública del país.
Sólo que ese artículo dice que el tal informe deberá ser por escrito y ante el Congreso de la Unión.
Lo que priva aquí no es el afán o el celo democrático por informar y preservar el derecho a la información de los ciudadanos. Lo que está en marcha es una intensa y costosa ofensiva propagandística encaminada a engañar y manipular a la población mediante "logros" reseñados por un hombre --Calderón-- que se presenta a sí mismo como el político eficaz que no es, pero que ha logrado contener la debacle económica en la que en realidad aún se encuentra el país, entre otras cosas, por la tardía, ineficaz y falta de planeación de su equipo económico.
Los anuncios de Calderón no se limitan a exponer los hechos o las acciones de gobierno, cuyo cumplimiento es una obligación que se realiza con dinero de los propios contribuyentes, sino que se exalta la figura de un hombre mediante información que no puede ser contrastada o verificada fácilmente por el auditorio que así queda a merced del mensaje optimista.
La receta no es nueva. Los nazis, en cuyas técnicas de propaganda parece abrevar el equipo de comunicación calderonista, creaban en la gente una opinión favorable hacia ellos difundiendo insistentemente mensajes que hablaban de la supremacía y prosperidad de su país, como ahora lo hace Calderón, sólo que éste habla en medio de las ruinas que ha dejado su política económica.
Otra muestra del talante propagandista y despilfarrador --claro, a cuenta del dinero público-- del calderonismo, lo muestra el montaje que ya se prepara con miras al primero de septiembre. Están corriendo ya las invitaciones para el "Informe de gobierno" que tendrá lugar a las nueve de la mañana de ese día en el Patio Central de Palacio Nacional.
A contracorriente del acuerdo camaral para que el Presidente se ciñera al texto constitucional y sólo entregara el informe por escrito, sin leerlo desde la tribuna del Congreso, para que aquello no siguiera siendo el pretexto para ensalzar la figura presidencial, el equipo de Calderón ha instaurado su propio besamanos.
Como se ve, insiste Calderón en hacer su fiesta. A despecho de las prácticas democráticas y republicanas, él insiste en regresar al pasado --no en balde la derecha es sinónimo de regresión-- acaso porque en su yo interno sea un secreto admirador y añore el autoritarismo priísta que hacía de la fecha del Informe "el día del Presidente".
¡Hasta la próxima!
En efecto, desde este lunes 24 inició una campaña en radio y televisión en la que el protagonista, más que el informe, es el propio Calderón. El político michoacano aparece a cuadro y con un abierto tono de exaltación, promociona su imagen mientras recita una serie de "datos" que según eso darían cuenta de lo mucho que su administración ha hecho en favor del país.
Con ese proceder Calderón viola flagrantemente el artículo 134 constitucional, el cual dispone que:
La propaganda, bajo cualquier denominación de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la Administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces y símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público (el subrayado es nuestro).Quien haya visto o escuchado tales anuncios habrá de reconocer que ni informan --pues presentan hechos parciales e incompletos-- ni educan ni orientan a la sociedad sobre algún tema particular. Con el agravante de que el texto constitucional prohíbe que el servidor público de que se trate --en este caso Calderón-- aparezca con voz e imagen en pantalla o en radio.
Con esa habilidad que los políticos creen tener para eludir compromisos o disposiciones legales, se dirá que la tal maniobra no implica promoción personalizada, como condiciona el referido artículo, pues sólo se cumple con la disposición del 69 constitucional que establece la obligación del Presidente de informar cada año del estado general que guarda la administración pública del país.
Sólo que ese artículo dice que el tal informe deberá ser por escrito y ante el Congreso de la Unión.
Lo que priva aquí no es el afán o el celo democrático por informar y preservar el derecho a la información de los ciudadanos. Lo que está en marcha es una intensa y costosa ofensiva propagandística encaminada a engañar y manipular a la población mediante "logros" reseñados por un hombre --Calderón-- que se presenta a sí mismo como el político eficaz que no es, pero que ha logrado contener la debacle económica en la que en realidad aún se encuentra el país, entre otras cosas, por la tardía, ineficaz y falta de planeación de su equipo económico.
Los anuncios de Calderón no se limitan a exponer los hechos o las acciones de gobierno, cuyo cumplimiento es una obligación que se realiza con dinero de los propios contribuyentes, sino que se exalta la figura de un hombre mediante información que no puede ser contrastada o verificada fácilmente por el auditorio que así queda a merced del mensaje optimista.
La receta no es nueva. Los nazis, en cuyas técnicas de propaganda parece abrevar el equipo de comunicación calderonista, creaban en la gente una opinión favorable hacia ellos difundiendo insistentemente mensajes que hablaban de la supremacía y prosperidad de su país, como ahora lo hace Calderón, sólo que éste habla en medio de las ruinas que ha dejado su política económica.
Otra muestra del talante propagandista y despilfarrador --claro, a cuenta del dinero público-- del calderonismo, lo muestra el montaje que ya se prepara con miras al primero de septiembre. Están corriendo ya las invitaciones para el "Informe de gobierno" que tendrá lugar a las nueve de la mañana de ese día en el Patio Central de Palacio Nacional.
A contracorriente del acuerdo camaral para que el Presidente se ciñera al texto constitucional y sólo entregara el informe por escrito, sin leerlo desde la tribuna del Congreso, para que aquello no siguiera siendo el pretexto para ensalzar la figura presidencial, el equipo de Calderón ha instaurado su propio besamanos.
Como se ve, insiste Calderón en hacer su fiesta. A despecho de las prácticas democráticas y republicanas, él insiste en regresar al pasado --no en balde la derecha es sinónimo de regresión-- acaso porque en su yo interno sea un secreto admirador y añore el autoritarismo priísta que hacía de la fecha del Informe "el día del Presidente".
¡Hasta la próxima!
jueves, 20 de agosto de 2009
Crisis: errores y oportunidades
Se multiplican las evidencias de cómo la crisis "que nos vino de fuera" se acentuó en México debido a la pésima conducción del equipo económico de Felipe Calderón.
Al menos tres fuentes en los últimos días han exhibido los errores que ahora se quieren remediar mediante el fácil expediente de aumentar impuestos a la población y recortar presupuestos en rubros prioritarios, como el de educación.
Nadie podría acusar de izquierdistas al gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, al ex secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog o a los investigadores José Luis de la Cruz y Carlos Canfield, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), quienes han señalado puntualmente las insuficiencias de la estrategia económica gubernamental.
Los académicos del Tec de Monterrey señalan que la menor recaudación fiscal de que se queja el gobierno y el recorte al gasto fueron consecuencia de los errores en la proyección del crecimiento económico formulada por la Secretaría de Hacienda.
Señalan que, como siempre, se recurre a medidas inmediatistas como los cambios fiscales, pero se olvida que al país le urge una reforma en sus finanzas públicas, en la cual se establecen las bases para alcanzar niveles de desarrollo superiores.
"La reforma a las finanzas públicas es necesaria, aunque el debate debe alcanzar a todos los sectores de la sociedad y el gobierno debe ser más autocrítico, ya que gran parte de los problemas actuales son por los yerros históricos que cometieron ellos mismos".
Durante una conferencia de prensa en la que presentaron las perspectivas económicas para el segundo semestre de 2009, De la Cruz comentó que si las autoridades sólo ven la salida a la crisis resolviendo el problema que hay en los ingresos del erario federal, se están negando a reconocer que también hay un problema en el ejercicio del gasto (es decir, agregamos nosotros, la ineficiencia y el derroche con que el gobierno gasta los recursos públicos).
Una muestra de lo mal distribuido que está el presupuesto la proporciona el hecho de que 74 por ciento se destina al gasto corriente y sólo 26 por ciento al gasto en infraestructura. De acuerdo con los investigadores, ese indicador muestra claramente que el gobierno no sabe gastar en proyectos productivos.
Es muy avezado, en cambio, en gastar en rubros que no tienen ningún impacto en el desarrollo económico, como compensaciones, asignaciones adicionales al sueldo, servicios de asesoría y consulta, subcontratación a terceros, seguros de vida personal para los altos funcionarios, seguros de gastos médicos, servicios de comunicación social y publicidad, pasajes y viáticos para "trabajos de campo", donativos a entidades sin fines de lucro, a entidades federativas y fideicomisos.
De ahí que en vez de gravar alimentos y medicinas, De la Cruz y Canfield señalan que debe eliminarse el gasto corriente ineficiente y mejorar el que se destina a inversiones productivas.
Casi en la misma línea de razonamiento, Jesús Silva Herzog afirmó (Excélsior, 14 de agosto) que
el gobierno necesita mejorar su capacidad de gasto. "No sabe gastar". Los recursos que decide ejercer se enfrentan a la burocracia, a la falta de proyectos productivos y de capacidad técnica para realizarlos.
Criticó que mientras el gobierno de Barack Obama se endeudará brutalmente al aumentar su déficit público en casi seis por ciento del PIB --en México apenas será de 1.8 por ciento-- para que sus ciudadanos salgan rápido de su situación económica difícil, en México ni siquiera hay capacidad para llevar a cabo los proyectos productivos a los que se aplicaría el gasto público.
La razón es porque no existen tales proyectos ni la capacidad técnica para llevarlos a cabo, dijo el ex embajador de México en España. Se requiere, agregó, una política gubernamental más agresiva, que sea promotora, aunque suba un poco el déficit. De lo contrario , "tendremos un déficit mayor, pero no por mayor gasto, sino por menor ingreso, completó.
"Con 11 por ciento de coeficiente tributario, y con la mayor parte de esos ingresos comprometido en gasto corriente, difícilmente podemos llevar a cabo una política realmente compensatoria y de promoción del desarrollo".
Guillermo Ortiz, el gobernador del Banco de México ha confirmado, además, que los enormes recursos adicionales por un mayor precio del petróleo se utilizaron en financiar el gasto corriente del gobierno, tanto a escala federal como estatal, en vez de destinarlos a proyectos productivos.
Por ello considera necesario, lo mismo que los investigadores del ITESM, que se revise a fondo en qué se está gastando y cómo se está gastando, así como los mecanismos de rendición de cuentas que aún son muy imperfectos a escala estatal.
También apunta como causantes del problema el tema de las finanzas públicas y la dependencia de los ingresos petroleros (que han disminuido por la caída del precio y de la producción). Esto último, según los economistas del ITESM, es algo que estaba en el horizonte y que debió estar programado.
Ahora que Calderón ha reconocido que el gobierno "no puede por sí solo" adoptar las medidas para salir del "hoyo" e hizo un llamado al dialogo a los partidos políticos, será necesario tomarle la palabra e introducir los cambios requeridos: disminuir el gasto gubernamental en salarios, prestaciones y gastos personales; en vez de afectar con más impuestos a una población ya golpeada por los efectos de la crisis, emprender una reforma fiscal que grave a los grandes capitales hasta ahora excentos de pago y emprender proyectos productivos y de infraestructura que apunten a un verdadero desarrollo económico.
En las próximas semanas se verá si la convocatoria de Calderón está presidida por un verdadero sentido de buscar ideas y nuevos consensos, o si sólo se trató de un disfrazado discurso que en realidad sólo quiera significar: "ayúdenme los partidos a aprobar nuevos impuestos y a compartir el costo político que ello signifique".
¡Hasta la próxima!
Al menos tres fuentes en los últimos días han exhibido los errores que ahora se quieren remediar mediante el fácil expediente de aumentar impuestos a la población y recortar presupuestos en rubros prioritarios, como el de educación.
Nadie podría acusar de izquierdistas al gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, al ex secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog o a los investigadores José Luis de la Cruz y Carlos Canfield, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), quienes han señalado puntualmente las insuficiencias de la estrategia económica gubernamental.
Los académicos del Tec de Monterrey señalan que la menor recaudación fiscal de que se queja el gobierno y el recorte al gasto fueron consecuencia de los errores en la proyección del crecimiento económico formulada por la Secretaría de Hacienda.
Señalan que, como siempre, se recurre a medidas inmediatistas como los cambios fiscales, pero se olvida que al país le urge una reforma en sus finanzas públicas, en la cual se establecen las bases para alcanzar niveles de desarrollo superiores.
"La reforma a las finanzas públicas es necesaria, aunque el debate debe alcanzar a todos los sectores de la sociedad y el gobierno debe ser más autocrítico, ya que gran parte de los problemas actuales son por los yerros históricos que cometieron ellos mismos".
Durante una conferencia de prensa en la que presentaron las perspectivas económicas para el segundo semestre de 2009, De la Cruz comentó que si las autoridades sólo ven la salida a la crisis resolviendo el problema que hay en los ingresos del erario federal, se están negando a reconocer que también hay un problema en el ejercicio del gasto (es decir, agregamos nosotros, la ineficiencia y el derroche con que el gobierno gasta los recursos públicos).
Una muestra de lo mal distribuido que está el presupuesto la proporciona el hecho de que 74 por ciento se destina al gasto corriente y sólo 26 por ciento al gasto en infraestructura. De acuerdo con los investigadores, ese indicador muestra claramente que el gobierno no sabe gastar en proyectos productivos.
Es muy avezado, en cambio, en gastar en rubros que no tienen ningún impacto en el desarrollo económico, como compensaciones, asignaciones adicionales al sueldo, servicios de asesoría y consulta, subcontratación a terceros, seguros de vida personal para los altos funcionarios, seguros de gastos médicos, servicios de comunicación social y publicidad, pasajes y viáticos para "trabajos de campo", donativos a entidades sin fines de lucro, a entidades federativas y fideicomisos.
De ahí que en vez de gravar alimentos y medicinas, De la Cruz y Canfield señalan que debe eliminarse el gasto corriente ineficiente y mejorar el que se destina a inversiones productivas.
Casi en la misma línea de razonamiento, Jesús Silva Herzog afirmó (Excélsior, 14 de agosto) que
el gobierno necesita mejorar su capacidad de gasto. "No sabe gastar". Los recursos que decide ejercer se enfrentan a la burocracia, a la falta de proyectos productivos y de capacidad técnica para realizarlos.
Criticó que mientras el gobierno de Barack Obama se endeudará brutalmente al aumentar su déficit público en casi seis por ciento del PIB --en México apenas será de 1.8 por ciento-- para que sus ciudadanos salgan rápido de su situación económica difícil, en México ni siquiera hay capacidad para llevar a cabo los proyectos productivos a los que se aplicaría el gasto público.
La razón es porque no existen tales proyectos ni la capacidad técnica para llevarlos a cabo, dijo el ex embajador de México en España. Se requiere, agregó, una política gubernamental más agresiva, que sea promotora, aunque suba un poco el déficit. De lo contrario , "tendremos un déficit mayor, pero no por mayor gasto, sino por menor ingreso, completó.
"Con 11 por ciento de coeficiente tributario, y con la mayor parte de esos ingresos comprometido en gasto corriente, difícilmente podemos llevar a cabo una política realmente compensatoria y de promoción del desarrollo".
Guillermo Ortiz, el gobernador del Banco de México ha confirmado, además, que los enormes recursos adicionales por un mayor precio del petróleo se utilizaron en financiar el gasto corriente del gobierno, tanto a escala federal como estatal, en vez de destinarlos a proyectos productivos.
Por ello considera necesario, lo mismo que los investigadores del ITESM, que se revise a fondo en qué se está gastando y cómo se está gastando, así como los mecanismos de rendición de cuentas que aún son muy imperfectos a escala estatal.
También apunta como causantes del problema el tema de las finanzas públicas y la dependencia de los ingresos petroleros (que han disminuido por la caída del precio y de la producción). Esto último, según los economistas del ITESM, es algo que estaba en el horizonte y que debió estar programado.
Ahora que Calderón ha reconocido que el gobierno "no puede por sí solo" adoptar las medidas para salir del "hoyo" e hizo un llamado al dialogo a los partidos políticos, será necesario tomarle la palabra e introducir los cambios requeridos: disminuir el gasto gubernamental en salarios, prestaciones y gastos personales; en vez de afectar con más impuestos a una población ya golpeada por los efectos de la crisis, emprender una reforma fiscal que grave a los grandes capitales hasta ahora excentos de pago y emprender proyectos productivos y de infraestructura que apunten a un verdadero desarrollo económico.
En las próximas semanas se verá si la convocatoria de Calderón está presidida por un verdadero sentido de buscar ideas y nuevos consensos, o si sólo se trató de un disfrazado discurso que en realidad sólo quiera significar: "ayúdenme los partidos a aprobar nuevos impuestos y a compartir el costo político que ello signifique".
¡Hasta la próxima!
miércoles, 19 de agosto de 2009
Empresarios y reforma del Estado
Se queja Raúl Picard del Prado, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de la elevada y costosa burocracia electoral.
Tiene razón. El Instituto Federal Electoral (IFE) debería trabajar sólo unos pocos meses, suficientes para organizar una elección, contar los votos y desaparecer hasta los siguientes comicios. Una actuación semejante no requeriría un organigrama tan abultado.
El problema es que, dentro de la propia Iniciativa Privada, hay actores tan tramposos (Televisa, TV Azteca, el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros) que para no perder el poder ni el control social que ejercen de facto, incurren en violaciones a la ley.
Entonces se hace necesario que haya una burocracia que vigile a esos tramposos. Y luego se crea un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) --otra burocracia costosísima-- para revisar las controversias originadas por las trampas en que incurrieron los partidos políticos.
Y dados los antecedentes, en rigor también habría que poner un vigilante a este tribunal de dudosa reputación en tan corta vida. Como se ve, lo que sale caro es la corrupción y el ánimo de trampear presente en casi todos los actores políticos.
Criticar o quejarse sólo de lo costoso de nuestros procesos electorales sin atender la estructura que está en el fondo del problema es como criticar la materialización del mundo, sin atender la naturaleza del sistema capitalista que la origina.
Y lo que está en el fondo, lo que se requiere es una reforma del Estado, que venga a imponer nuevas reglas, consensos y prácticas políticas. Mientras los poderes fácticos --entre los cuales se encuentran los quejosos de la Concamin-- no se avengan al juego democrático en que el poder se pierde y se gana de acuerdo con el voto popular, seguiremos inviertiendo crecientes sumas de dinero para cuidarle las manos al de junto.
Esa reforma deberá incluir temas como el sistema de partidos, el acceso a medios de comunicación, la forma de gobierno (revisar si el presidencialismo sigue siendo funcional o si se exploran otras opciones, como el sistema parlamentario o semiparlamentario), el modelo económico, entre otros.
En tanto los empresarios no se comprometan a una reforma de esos vuelos, todo lo que digan no dejarán de ser sino críticas coyunturales encaminadas a "llevar agua a su molino".
¡Hasta la próxima!
Tiene razón. El Instituto Federal Electoral (IFE) debería trabajar sólo unos pocos meses, suficientes para organizar una elección, contar los votos y desaparecer hasta los siguientes comicios. Una actuación semejante no requeriría un organigrama tan abultado.
El problema es que, dentro de la propia Iniciativa Privada, hay actores tan tramposos (Televisa, TV Azteca, el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros) que para no perder el poder ni el control social que ejercen de facto, incurren en violaciones a la ley.
Entonces se hace necesario que haya una burocracia que vigile a esos tramposos. Y luego se crea un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) --otra burocracia costosísima-- para revisar las controversias originadas por las trampas en que incurrieron los partidos políticos.
Y dados los antecedentes, en rigor también habría que poner un vigilante a este tribunal de dudosa reputación en tan corta vida. Como se ve, lo que sale caro es la corrupción y el ánimo de trampear presente en casi todos los actores políticos.
Criticar o quejarse sólo de lo costoso de nuestros procesos electorales sin atender la estructura que está en el fondo del problema es como criticar la materialización del mundo, sin atender la naturaleza del sistema capitalista que la origina.
Y lo que está en el fondo, lo que se requiere es una reforma del Estado, que venga a imponer nuevas reglas, consensos y prácticas políticas. Mientras los poderes fácticos --entre los cuales se encuentran los quejosos de la Concamin-- no se avengan al juego democrático en que el poder se pierde y se gana de acuerdo con el voto popular, seguiremos inviertiendo crecientes sumas de dinero para cuidarle las manos al de junto.
Esa reforma deberá incluir temas como el sistema de partidos, el acceso a medios de comunicación, la forma de gobierno (revisar si el presidencialismo sigue siendo funcional o si se exploran otras opciones, como el sistema parlamentario o semiparlamentario), el modelo económico, entre otros.
En tanto los empresarios no se comprometan a una reforma de esos vuelos, todo lo que digan no dejarán de ser sino críticas coyunturales encaminadas a "llevar agua a su molino".
¡Hasta la próxima!
lunes, 17 de agosto de 2009
PAN vs ASF, la opaca transparencia
Molestan, a quien ocupa Los Pinos, la presencia y actuación del contador público Arturo González de Aragón al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Y lo manda decir a través de César Nava, el recién impuesto presidente del Partido Acción Nacional (PAN), quien así empieza a cumplir su función como mero ejecutor y correa de transmisión de las órdenes de su jefe, Felipe Calderón.
Nava ha hecho saber que una de las primeras tareas de su bancada en la LXI legislatura, será cambiar al auditor, es decir, impedir su eventual reelección por otro periodo de siete años, prevista para este 2009.
Digamos de paso que los modos de Nava no anuncian un estilo diferente de hacer política respecto de las desaseadas maneras de su antecesor, Germán Martínez.
Entrevistado en Cuernavaca por el enviado de La Jornada, Roberto Garduño, acerca de si Arturo González de Aragón ya no garantiza la transparencia, el político michoacano respondió lacónico, pero significativamente: "Buscaremos a alguien honorable, profesional e imparcial".
A menos que, como lo hizo Calderón respecto de sus declaraciones en Bogotá, Nava afirme hoy que no dijo lo que dijo, su declaración resulta hasta una ofensa personal hacia el Auditor a quien tácitamente considera carente de honor, de profesionalismo y además lo acusa de parcial.
Es una mala señal que la actual administración panista empiece a cuestionar e intervenir en los órganos encargados del escrutinio de la cuestión pública. Ya se ha asomado su intención de colocar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Mariano Azuela, un abogado conservador que no tiene ningún antecedente como defensor de esos derechos, pero eso sí, está muy identificado con las posiciones de Los Pinos.
Pareciera que también en la ASF el gobierno desea una persona a modo y que, en efecto, carezca de las prendas que hoy se reclaman a González de Aragón.
Queda la impresión que la actual administración panista, al tanto de su frágil situación política, trata, a toda costa, de colocar en los órganos de supervisión a funcionarios que puedan ser controlados por el poder presidencial, para de ese modo transitar sin demasiados cuestionamientos los largos tres años que le restan, aun a riesgo de eliminar los necesarios contrapesos esenciales en un régimen que se quiere democrático.
Y son precisamente cuestionamientos los que han salido de la ASF en los últimos meses:
El 12 de marzo de este año, al presentar el Informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2007 (primer año de Calderón), González de Aragón reveló irregularidades en el gasto por 60 mil millones de pesos, así como la existencia de subejercicios (recursos autorizados, pero no gastados) por 300 mil millones de pesos, los cuales fueron transferidos a fideicomisos,que son un "motivo de preocupación porque sigue siendo un área de opacidad y riesgo que debemos resolver y transparentar de manera definitiva".
Dijo ademas el auditor: "El círculo vicioso (en el uso del gasto) se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos, como los casos de excedentes petroleros, otorgamiento de donativos y préstamos, estímulos fiscales, permisos y concesiones, enajenación de bienes, remuneraciones a servidores públicos, recuperación de créditos fiscales y fondos y fideicomisos, entre otros".
Resaltó que cada vez más el Estado delega actividades sustantivas a particulares mediante concesiones, permisos, contratos y licencias y que en este rubro se observa una insuficiente regulación y supervisión". ( Esto lo dijo el auditor en marzo y en junio esas insuficiencias resultaron fatales en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora).
Reveló, asimismo, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuó beneficiando a grandes contribuyentes, pues a 59 empresas se les condonaron 8 mil 30 millones 150 mil 100 pesos.
Un año antes, el 17 de julio de 2008, durante su intervención en el debate sobre la reforma energética, González de Aragón recordó que entre 200 y 2005 (durante la administración de Vicente Fox) las devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes ascendieron a 680 mil millones de pesos y sólo en 2005 esas devoluciones alcanzaron los 150 mil millones de pesos, el doble de lo registrado en 2000.
Señaló que las devoluciones de impuestos se encuentran altamente concentradas en el país (se beneficia a los grandes contribuyentes), lo que contraviene el principio de equidad fiscal. Todavía más: denunció que en 2005 cincuenta grandes contribuyentes (con ganancias anuales por encima de 500 millones de pesos) pagaron sólo ¡74 pesos! por concepto de Impuesto sobre la Renta.
En esa ocasión expuso que esas ventajas discrecionales a unas cuantas empresas son la causa de la debilidad tributaria que padece el país ( ocupa el último lugar en recaudación entre las 30 naciones que integran la OCDE) y que obligan a que el gobierno exprima a Pemex para resarcir esa falta de dinero. Señaló que la petrolera transfiere recursos por cerca de 60 por ciento de sus ingresos brutos.
De ese modo desnudó la verdadera causa de la quiebra de Pemex, que Calderón adujo en ese entonces para justificar su privatización.
En el Informe sobre la cuenta pública del primer año de Calderón, González de Aragón pidió a la Cámara de Diputados otorgar autonomía constitucional al órgano fiscalizador para imponer sanciones a servidores públicos que incurran en irregularidades en el manejo del gasto, independientes de las que aplica la Secretaría de la Función Pública.
Acaso la administración de Calderón cree llegado el momento de cobrarle al auditor todas esas denuncias impidiendo su reelección. Apenas el miércoles de la semana pasada, el michoacano se ufanaba ante un público infantil de sus "esfuerzos" en aras de la transparencia.
No hay tal. Y la embestida anunciada contra el auditor corrobora la distancia que hay entre el discurso y la práctica gubernamental panista.
¡Hasta la próxima!
Nava ha hecho saber que una de las primeras tareas de su bancada en la LXI legislatura, será cambiar al auditor, es decir, impedir su eventual reelección por otro periodo de siete años, prevista para este 2009.
Digamos de paso que los modos de Nava no anuncian un estilo diferente de hacer política respecto de las desaseadas maneras de su antecesor, Germán Martínez.
Entrevistado en Cuernavaca por el enviado de La Jornada, Roberto Garduño, acerca de si Arturo González de Aragón ya no garantiza la transparencia, el político michoacano respondió lacónico, pero significativamente: "Buscaremos a alguien honorable, profesional e imparcial".
A menos que, como lo hizo Calderón respecto de sus declaraciones en Bogotá, Nava afirme hoy que no dijo lo que dijo, su declaración resulta hasta una ofensa personal hacia el Auditor a quien tácitamente considera carente de honor, de profesionalismo y además lo acusa de parcial.
Es una mala señal que la actual administración panista empiece a cuestionar e intervenir en los órganos encargados del escrutinio de la cuestión pública. Ya se ha asomado su intención de colocar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Mariano Azuela, un abogado conservador que no tiene ningún antecedente como defensor de esos derechos, pero eso sí, está muy identificado con las posiciones de Los Pinos.
Pareciera que también en la ASF el gobierno desea una persona a modo y que, en efecto, carezca de las prendas que hoy se reclaman a González de Aragón.
Queda la impresión que la actual administración panista, al tanto de su frágil situación política, trata, a toda costa, de colocar en los órganos de supervisión a funcionarios que puedan ser controlados por el poder presidencial, para de ese modo transitar sin demasiados cuestionamientos los largos tres años que le restan, aun a riesgo de eliminar los necesarios contrapesos esenciales en un régimen que se quiere democrático.
Y son precisamente cuestionamientos los que han salido de la ASF en los últimos meses:
El 12 de marzo de este año, al presentar el Informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2007 (primer año de Calderón), González de Aragón reveló irregularidades en el gasto por 60 mil millones de pesos, así como la existencia de subejercicios (recursos autorizados, pero no gastados) por 300 mil millones de pesos, los cuales fueron transferidos a fideicomisos,que son un "motivo de preocupación porque sigue siendo un área de opacidad y riesgo que debemos resolver y transparentar de manera definitiva".
Dijo ademas el auditor: "El círculo vicioso (en el uso del gasto) se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos, como los casos de excedentes petroleros, otorgamiento de donativos y préstamos, estímulos fiscales, permisos y concesiones, enajenación de bienes, remuneraciones a servidores públicos, recuperación de créditos fiscales y fondos y fideicomisos, entre otros".
Resaltó que cada vez más el Estado delega actividades sustantivas a particulares mediante concesiones, permisos, contratos y licencias y que en este rubro se observa una insuficiente regulación y supervisión". ( Esto lo dijo el auditor en marzo y en junio esas insuficiencias resultaron fatales en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora).
Reveló, asimismo, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuó beneficiando a grandes contribuyentes, pues a 59 empresas se les condonaron 8 mil 30 millones 150 mil 100 pesos.
Un año antes, el 17 de julio de 2008, durante su intervención en el debate sobre la reforma energética, González de Aragón recordó que entre 200 y 2005 (durante la administración de Vicente Fox) las devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes ascendieron a 680 mil millones de pesos y sólo en 2005 esas devoluciones alcanzaron los 150 mil millones de pesos, el doble de lo registrado en 2000.
Señaló que las devoluciones de impuestos se encuentran altamente concentradas en el país (se beneficia a los grandes contribuyentes), lo que contraviene el principio de equidad fiscal. Todavía más: denunció que en 2005 cincuenta grandes contribuyentes (con ganancias anuales por encima de 500 millones de pesos) pagaron sólo ¡74 pesos! por concepto de Impuesto sobre la Renta.
En esa ocasión expuso que esas ventajas discrecionales a unas cuantas empresas son la causa de la debilidad tributaria que padece el país ( ocupa el último lugar en recaudación entre las 30 naciones que integran la OCDE) y que obligan a que el gobierno exprima a Pemex para resarcir esa falta de dinero. Señaló que la petrolera transfiere recursos por cerca de 60 por ciento de sus ingresos brutos.
De ese modo desnudó la verdadera causa de la quiebra de Pemex, que Calderón adujo en ese entonces para justificar su privatización.
En el Informe sobre la cuenta pública del primer año de Calderón, González de Aragón pidió a la Cámara de Diputados otorgar autonomía constitucional al órgano fiscalizador para imponer sanciones a servidores públicos que incurran en irregularidades en el manejo del gasto, independientes de las que aplica la Secretaría de la Función Pública.
Acaso la administración de Calderón cree llegado el momento de cobrarle al auditor todas esas denuncias impidiendo su reelección. Apenas el miércoles de la semana pasada, el michoacano se ufanaba ante un público infantil de sus "esfuerzos" en aras de la transparencia.
No hay tal. Y la embestida anunciada contra el auditor corrobora la distancia que hay entre el discurso y la práctica gubernamental panista.
¡Hasta la próxima!
sábado, 15 de agosto de 2009
Calderón, La Jornada y Wilde
El escozor del señor Felipe Calderón frente a la crítica empieza a acentuarse conforme las cosas para su gobierno y lo que resulta peor, para los mexicanos, se descomponen cada día. La desesperación del grupo gobernante lo está conduciendo ha mostrar signos de intolerancia y autoritarismo ante las crecientes expresiones que no se avienen con su percepción de la realidad.
Dos hechos dan cuenta de esa intolerancia que acaso sólo haya estado soterrada, pero que ahora, empieza a emerger ante la multiplicidad de los cuestionamientos: su reacción de ayer contra el periódico La Jornada y la intensión --expresada por el recién impuesto líder de su partido, César Nava-- de relevar en el cargo al presidente de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, por no garantizar "honorabilidad, profesionalismo e imparcialidad" en la revisión de los recursos públicos.
En el primer caso, el señor Calderón cuestionó el encabezado de primera plana que el diario publicó el viernes 14, a propósito de su visita oficial a varios países sudamericanos: "Apoya el ejecutivo mexicano bases militares en Colombia". Negó haberlo hecho. En efecto, no lo hizo abiertamente ni utilizó el término "apoyo".
Lo hizo en cambio, de manera sesgada, deshaciéndose en expresiones cuyo sentido inequívoco era mostrar su adhesión al acuerdo de que Washington incremente el número de efectivos en las bases militares de Colombia.
Se trata, justificó Calderón, de "un acuerdo que data de muchos años y que periódicamente se revisa y se actualiza conforme a las ocupaciones y preocupaciones en materia de seguridad que tienen ambos países". Se hizo eco, además, de las explicaciones que ha dado la diplomacia estadounidense en cuanto a que esas bases militares sirven para el combate al narcotráfico y al terrorismo:
"No conozco en detalle esta circunstancia, pero obviamente el crimen organizado debe ser combatido también de manera organizada y comprometida a nivel internacional".
Se trata, como revelan las citas, de un apoyo que, parafraseando a Wilde, "no se atreve a decir su nombre".
Resulta obvio que no está en el interés del panista ponerse --aunque en los hechos lo esté-- declaradamente en contra de los países sudamericanos, como con sus impertinencias lo consiguió Vicente Fox. Por eso se acoge ahora en su reclamo a la literalidad de sus expresiones.
Esa es la ventaja del lenguaje críptico: manifiesta significados encubiertos en términos imprecisos. Así, como en este caso, siempre quedará el recurso de apegarse a lo literal. Lo que Calderón olvida es que, como afirma Alex Grijelmo, "las palabras no sólo significan, evocan".
La estrategia de Calderón es, además, negar algo que no se ha dicho. Y en eso sí tiene absoluta razón. El tema del acuerdo Obama-Uribe (presidente de Colombia) no es, como le explicó el estadounidense en Guadalajara, instalar más bases militares en ese país, sino incrementar el número de efectivos que ya existen en esas bases. Eso es lo que están cuestionando los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericans (Unasur).
Por otro lado, al responder a la reportera del mencionado diario, Calderón le atribuyó --esta vez de manera directísima, lo que comprueba que cuando quieren no se andan por las ramas eligiendo sinónimos-- un sesgo partidario en su trabajo.
Preguntado el michoacano acerca de la derrota de su partido en las elecciones legislativas del 5 de julio, respondió: "...más bien el fenómeno significativo es la caída de otro partido, no sé si sea el suyo, el PRD, que es lo que marca una enorme composición diferente en la Cámara de Diputados".
La respuesta del panista desnuda la torcida percepción, clásica en todo régimen autoritario e intolerante, que se tiene acerca de quienes no comparten sus puntos de vista. Ante ello, la estrategia de Los Pinos, que anuncia la respuesta del gobernante, será estigmatizar como partidario todo cuestionamiento, para de ese modo restarle valor, anularlo o disminuirlo atribuyéndole una intencionalidad oculta.
Preocupa, asimismo, que desde el poder se atribuya a un medio de comunicación o a sus representantes, alguna adscripción partidaria, pues el siguiente paso es la tentación de intentar destruirlo o desacreditarlo, con medios y recursos que la ciudadanía pone en manos de los gobernantes, no para que lleven a cabo sus venganzas personales.
Calderón está tomando el mismo camino que condujo al ex presidente Vicente Fox a emplear toda la influencia y fuerza del Estado en el empeño de destruir a un periodista y su medio de comunicación: José Gutiérrez Vivó, sólo porque le irritaba la postura crítica del comunicador. Para ello recurrió al mismo expediente que hoy desempolva Calderón: atribuirle una adscripción militante al PRD.
La sociedad habrá de estar atenta a los mandoblez que en su desesperación (recuerdan las patadas de ahogado) lance el actual grupo en el poder, más cuando estén dirigidas a coartar la libertad de expresión, de opinión y hasta de pensamiento de medios y personas que, con base estrictamente en los hechos de la realidad, se nieguen a compartir la, esa sí, torcida visión oficial.
De la Auditoría Superior de la Federación hablaremos mañana.
Dos hechos dan cuenta de esa intolerancia que acaso sólo haya estado soterrada, pero que ahora, empieza a emerger ante la multiplicidad de los cuestionamientos: su reacción de ayer contra el periódico La Jornada y la intensión --expresada por el recién impuesto líder de su partido, César Nava-- de relevar en el cargo al presidente de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, por no garantizar "honorabilidad, profesionalismo e imparcialidad" en la revisión de los recursos públicos.
En el primer caso, el señor Calderón cuestionó el encabezado de primera plana que el diario publicó el viernes 14, a propósito de su visita oficial a varios países sudamericanos: "Apoya el ejecutivo mexicano bases militares en Colombia". Negó haberlo hecho. En efecto, no lo hizo abiertamente ni utilizó el término "apoyo".
Lo hizo en cambio, de manera sesgada, deshaciéndose en expresiones cuyo sentido inequívoco era mostrar su adhesión al acuerdo de que Washington incremente el número de efectivos en las bases militares de Colombia.
Se trata, justificó Calderón, de "un acuerdo que data de muchos años y que periódicamente se revisa y se actualiza conforme a las ocupaciones y preocupaciones en materia de seguridad que tienen ambos países". Se hizo eco, además, de las explicaciones que ha dado la diplomacia estadounidense en cuanto a que esas bases militares sirven para el combate al narcotráfico y al terrorismo:
"No conozco en detalle esta circunstancia, pero obviamente el crimen organizado debe ser combatido también de manera organizada y comprometida a nivel internacional".
Se trata, como revelan las citas, de un apoyo que, parafraseando a Wilde, "no se atreve a decir su nombre".
Resulta obvio que no está en el interés del panista ponerse --aunque en los hechos lo esté-- declaradamente en contra de los países sudamericanos, como con sus impertinencias lo consiguió Vicente Fox. Por eso se acoge ahora en su reclamo a la literalidad de sus expresiones.
Esa es la ventaja del lenguaje críptico: manifiesta significados encubiertos en términos imprecisos. Así, como en este caso, siempre quedará el recurso de apegarse a lo literal. Lo que Calderón olvida es que, como afirma Alex Grijelmo, "las palabras no sólo significan, evocan".
La estrategia de Calderón es, además, negar algo que no se ha dicho. Y en eso sí tiene absoluta razón. El tema del acuerdo Obama-Uribe (presidente de Colombia) no es, como le explicó el estadounidense en Guadalajara, instalar más bases militares en ese país, sino incrementar el número de efectivos que ya existen en esas bases. Eso es lo que están cuestionando los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericans (Unasur).
Por otro lado, al responder a la reportera del mencionado diario, Calderón le atribuyó --esta vez de manera directísima, lo que comprueba que cuando quieren no se andan por las ramas eligiendo sinónimos-- un sesgo partidario en su trabajo.
Preguntado el michoacano acerca de la derrota de su partido en las elecciones legislativas del 5 de julio, respondió: "...más bien el fenómeno significativo es la caída de otro partido, no sé si sea el suyo, el PRD, que es lo que marca una enorme composición diferente en la Cámara de Diputados".
La respuesta del panista desnuda la torcida percepción, clásica en todo régimen autoritario e intolerante, que se tiene acerca de quienes no comparten sus puntos de vista. Ante ello, la estrategia de Los Pinos, que anuncia la respuesta del gobernante, será estigmatizar como partidario todo cuestionamiento, para de ese modo restarle valor, anularlo o disminuirlo atribuyéndole una intencionalidad oculta.
Preocupa, asimismo, que desde el poder se atribuya a un medio de comunicación o a sus representantes, alguna adscripción partidaria, pues el siguiente paso es la tentación de intentar destruirlo o desacreditarlo, con medios y recursos que la ciudadanía pone en manos de los gobernantes, no para que lleven a cabo sus venganzas personales.
Calderón está tomando el mismo camino que condujo al ex presidente Vicente Fox a emplear toda la influencia y fuerza del Estado en el empeño de destruir a un periodista y su medio de comunicación: José Gutiérrez Vivó, sólo porque le irritaba la postura crítica del comunicador. Para ello recurrió al mismo expediente que hoy desempolva Calderón: atribuirle una adscripción militante al PRD.
La sociedad habrá de estar atenta a los mandoblez que en su desesperación (recuerdan las patadas de ahogado) lance el actual grupo en el poder, más cuando estén dirigidas a coartar la libertad de expresión, de opinión y hasta de pensamiento de medios y personas que, con base estrictamente en los hechos de la realidad, se nieguen a compartir la, esa sí, torcida visión oficial.
De la Auditoría Superior de la Federación hablaremos mañana.
viernes, 14 de agosto de 2009
Calderón: ¿adiós a las trampas?
Muy atendible el discurso que el señor Felipe Calderón pronunció el miércoles 12 de agosto en la ceremonia de premiación nacional del concurso de dibujo Adiós a las trampas.
Habló del daño que causa al país violar la ley, la transa, la corrupción, la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y de que la tarea de todos los mexicanos es combatir las trampas y la corrupción.
Se trata, desde luego de una tarea inmensa por la multiplicidad de ramificaciones que tiene. Hay, sin embargo, en el discurso de Calderón y en los ejemplos que citó en su alocusión (el automovilista que se estaciona donde no debe, el estudiante que compra su título profesional que lo habilita como ingeniero al que luego se le caerá un puente) la tendencia a atribuir a la sociedad la fuente de toda corrupción.
Y aunque aludió a las fortunas acumuladas "en manos de unos pocos políticos que se han enriquecido a costa de la pobreza de todos", lo hizo como si se tratara de un fenómeno del pasado, como si el actual grupo gobernante estuviera excento de tales conductas.
Un personaje como Calderón no puede tocar un tema como el de la corrupción como si admonizara desde un púlpito impoluto que lo autorizara a "tirar la primera piedra". Menos, cuando tuvo a su alcance investigar la fortuna acumulada --but of course-- al amparo del poder, por los hermanos Bribiesca, los hijos de Martha Sahagún, o la del propio Vicente Fox.
Que un conductor se estacione donde no debe es algo tan reprobable como que las televisoras se burlen de la ley electoral y eludan pagar impuestos, o que personas ligadas al poder --como la prima de su esposa-- acumulen fortunas violando ordenamientos a causa de lo cual mueran 49 niños.
Que un estudiante compre títulos profesionales es tan deleznable como permitir que una lidereza magisterial que es paradigma de prácticas corruptas controle de acuerdo con sus intereses y tenga quebrado todo el sistema educativo nacional, por tener que pagarle favores político-electorales.
"Ya basta de opacidad", clama Calderón y se ufana de que "estamos trabajando para que haya más transparencia en la información, que ese es un derecho que la Constitución le da a todos los mexicanos".
En este punto miente flagrantemente nuestro adalid de la honestidad. Su gobierno ha incrementado 64 por ciento el número de expedientes clasificados a los que los ciudadanos no pueden tener acceso. Actualmente hay cinco millones 935 mil 808 de esos expedientes secretos.
(Véase el Índice de Expedientes Reservados del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI).
Afirma el ocupante de Los Pinos que "estamos trabajando para que la gente sepa en qué se gasta o si se está gastando bien y eficientemente" los recursos públicos. Y sin embargo, la Secretaría de Hacienda tiene en reserva 411 mil 745 expedientes con información a los que "la gente" no puede tener acceso.
Apenas el 6 de agosto el IFAI decidió reservar la identidad de los bancos y particulares que compraron en febrero pasado mil 060 millones de dólares al Banco de México, en lo que se consideró el mayor ataque especulativo contra el peso y significó una importante sangría de divisas. De nuevo la opacidad en favor de los protegidos por el régimen de quien proclama más transparencia.
A mayor abundamiento, recordemos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado que el gobierno ha transferido a fideicomisos en los que existe total opacidad, 300 mil millones de pesos --casi el monto del "boquete" financiero que el secretario de Hacienda ha calculado como resultado de la "caída" en la recaudación fiscal.
Según el reporte de Indicadores Globales de Gobernabilidad 2009 del Banco Mundial, divulgado a fines de junio, México tiene 49.8 puntos de 100 posibles --una de las calificaciones más bajas-- debido a que ese organismo encontró que en el país es muy elevado el grado en el que se ejerce el poder público para el beneficio privado y el control del Estado por minorías selectas.
Acaso porque Calderón hizo esta apología de la honestidad y contra la corrupción frente a un auditorio formado principalmente por niños de escuelas primarias, se atrevió a mentir de una manera tan alevosa.
Sus planteamientos, atendibles en abstracto, constituyen, luego de contrastarlos con los datos de la realidad, una postura francamente hipócrita o, para decirlo con palabras que no ofendan al pudor, fariseísta.
¡Hasta la próxima!
Habló del daño que causa al país violar la ley, la transa, la corrupción, la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y de que la tarea de todos los mexicanos es combatir las trampas y la corrupción.
Se trata, desde luego de una tarea inmensa por la multiplicidad de ramificaciones que tiene. Hay, sin embargo, en el discurso de Calderón y en los ejemplos que citó en su alocusión (el automovilista que se estaciona donde no debe, el estudiante que compra su título profesional que lo habilita como ingeniero al que luego se le caerá un puente) la tendencia a atribuir a la sociedad la fuente de toda corrupción.
Y aunque aludió a las fortunas acumuladas "en manos de unos pocos políticos que se han enriquecido a costa de la pobreza de todos", lo hizo como si se tratara de un fenómeno del pasado, como si el actual grupo gobernante estuviera excento de tales conductas.
Un personaje como Calderón no puede tocar un tema como el de la corrupción como si admonizara desde un púlpito impoluto que lo autorizara a "tirar la primera piedra". Menos, cuando tuvo a su alcance investigar la fortuna acumulada --but of course-- al amparo del poder, por los hermanos Bribiesca, los hijos de Martha Sahagún, o la del propio Vicente Fox.
Que un conductor se estacione donde no debe es algo tan reprobable como que las televisoras se burlen de la ley electoral y eludan pagar impuestos, o que personas ligadas al poder --como la prima de su esposa-- acumulen fortunas violando ordenamientos a causa de lo cual mueran 49 niños.
Que un estudiante compre títulos profesionales es tan deleznable como permitir que una lidereza magisterial que es paradigma de prácticas corruptas controle de acuerdo con sus intereses y tenga quebrado todo el sistema educativo nacional, por tener que pagarle favores político-electorales.
"Ya basta de opacidad", clama Calderón y se ufana de que "estamos trabajando para que haya más transparencia en la información, que ese es un derecho que la Constitución le da a todos los mexicanos".
En este punto miente flagrantemente nuestro adalid de la honestidad. Su gobierno ha incrementado 64 por ciento el número de expedientes clasificados a los que los ciudadanos no pueden tener acceso. Actualmente hay cinco millones 935 mil 808 de esos expedientes secretos.
(Véase el Índice de Expedientes Reservados del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI).
Afirma el ocupante de Los Pinos que "estamos trabajando para que la gente sepa en qué se gasta o si se está gastando bien y eficientemente" los recursos públicos. Y sin embargo, la Secretaría de Hacienda tiene en reserva 411 mil 745 expedientes con información a los que "la gente" no puede tener acceso.
Apenas el 6 de agosto el IFAI decidió reservar la identidad de los bancos y particulares que compraron en febrero pasado mil 060 millones de dólares al Banco de México, en lo que se consideró el mayor ataque especulativo contra el peso y significó una importante sangría de divisas. De nuevo la opacidad en favor de los protegidos por el régimen de quien proclama más transparencia.
A mayor abundamiento, recordemos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado que el gobierno ha transferido a fideicomisos en los que existe total opacidad, 300 mil millones de pesos --casi el monto del "boquete" financiero que el secretario de Hacienda ha calculado como resultado de la "caída" en la recaudación fiscal.
Según el reporte de Indicadores Globales de Gobernabilidad 2009 del Banco Mundial, divulgado a fines de junio, México tiene 49.8 puntos de 100 posibles --una de las calificaciones más bajas-- debido a que ese organismo encontró que en el país es muy elevado el grado en el que se ejerce el poder público para el beneficio privado y el control del Estado por minorías selectas.
Acaso porque Calderón hizo esta apología de la honestidad y contra la corrupción frente a un auditorio formado principalmente por niños de escuelas primarias, se atrevió a mentir de una manera tan alevosa.
Sus planteamientos, atendibles en abstracto, constituyen, luego de contrastarlos con los datos de la realidad, una postura francamente hipócrita o, para decirlo con palabras que no ofendan al pudor, fariseísta.
¡Hasta la próxima!
jueves, 13 de agosto de 2009
Acteal: justicia a ciegas
Acaso algún lector pueda acordarse del título de una cinta holywoodense en que un grupo de abogados, convencidos de que "alguien secuestró la justicia y la ocultó en la ley", se ocupaban de hacer juicios y dictar condenas paralelas a acusados a los cuales no habían podido llevar a prisión, a pesar de su manifiesta culpabilidad, debido a los recovecos de la ley.
En la escena inicial un sujeto es perseguido por la policía tras asesinar a una víctima. En su desesperada carrera deposita el arma criminal en un camión de basura. Los agentes se percatan de ese movimiento, hurgan en los desechos y encuentran el arma homicida. Capturado y llevado a juicio, el malhechor es, sin embargo, absuelto por un detalle legal: los policías que encontraron el arma no tenían jurisdicción para buscar en el camión de la basura porque éste es considerado territorio federal.
Así, aunque la evidencia era fehaciente --el arma homicida con las huellas del criminal-- había sido obtenida ilegalmente, lo cual permitió que el sujeto quedara en libertad.
Algo similar ha ocurrido con el caso Acteal, en el que la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decididió amparar y decretar la libertad inmediata de 20 indígenas que han permanecido 11 años en prisión acusados de asesinar a 45 tzotziles de Acteal que oraban en una mezquita de madera el 22 de diciembre de 1997.
Sin juzgar acerca de la culpabilidad de los detenidos, los ministros de la Corte determinaron ordenar su libertad por haber encontrado que la Procuraduría General de la República torció el "Debido proceso judicial". Esto es, incurrió en fallas en los procedimientos judiciales mínimos que debe cumplir para respetar las garantías de los acusados, amén de iniciar los procesos partiendo de la presunción de inocencia.
De todo ello concluyó que el caso fue mal conducido, mal juzgado y mal castigado. Familiares y las propias víctimas sobrevivientes, cuyo testimonio fue crucial en la captura y condena de los acusados por haberlos reconocido claramente, han deplorado la resolución de la Corte, a cuyos ministros responsabilizan de eventuales nuevos ataques que, tras el fallo de ayer, puedan sufrir miembros de la organización Las Abejas, a la que pertenecían los indígenas inmolados.
Este episodio ilustra uno de los capítulos más oscuros de la justicia mexicana. Como en los asesinatos de Luis Donaldo Colosio o de José Francisco Ruiz Massieu, las autoridades han empleado la ley para desvirtuar tanto los hechos, el escenario y los protagonistas que acaso nunca se llegue a determinar con exactitud lo que ocurrió en cada caso.
Acteal constituye una vergüenza, un crimen de lesa humanidad que quedará impune por la voluntad política de las autoridades encabezadas por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
Y sin embargo, la resolución de la Corte pudo tener otro derrotero. Como lo señala el Bufete jurídico Tierra y Libertad A.C. Bárbara Zamora y Santos García, "los errores procesales nunca han sido sustento para que los jueces concedan un amparo liso y llano, por el contrario, en ese tipo de violaciones procesales, que se dan en todos los casos, se otorga amparo de los llamados `para efectos` mediante el cual se ordena reponer el procedimiento para subsanar dichos yerros".
De ese modo, lo que procede, decía ayer el Bufete en una carta dirigida a los ministros de la Corte, es que ustedes resuelvan ordenando reponer el procedimiento para subsanar las fallas y asimismo para el efecto de que comparezcan todos los implicados materiales e intelectuales, funcionarios con altos cargos en el gobierno de Ernesto Zedillo, incluido él mismo.
No se hizo así. Los magistrados se atuvieron a la técnica jurídica sin considerar la alevosía de los hechos. Es decir, sin considerar que los "errores" procesales de la PGR pudieron ser intencionales con el propósito de encubrir a los autores intelectuales del crimen.
Si de justicia se tratara, los ministerios públicos que incurrieron en torcer el "procedimiento debido" fabricando pruebas y testimonios deberían ser sujetos a juicio y, en su caso, a una condena corporal. Y no obstante, la PGR, mediante el vocero Ricardo Nájera, se ha apresurado a aclarar que no se procederá contra los ministerios públicos implicados porque "en su momento la PGR consideró que había los elementos suficientes para ejercitar la acción penal".
Lo dicho, alguien secuestró la justicia y la ocultó en la ley.
¡Hasta la próxima!
En la escena inicial un sujeto es perseguido por la policía tras asesinar a una víctima. En su desesperada carrera deposita el arma criminal en un camión de basura. Los agentes se percatan de ese movimiento, hurgan en los desechos y encuentran el arma homicida. Capturado y llevado a juicio, el malhechor es, sin embargo, absuelto por un detalle legal: los policías que encontraron el arma no tenían jurisdicción para buscar en el camión de la basura porque éste es considerado territorio federal.
Así, aunque la evidencia era fehaciente --el arma homicida con las huellas del criminal-- había sido obtenida ilegalmente, lo cual permitió que el sujeto quedara en libertad.
Algo similar ha ocurrido con el caso Acteal, en el que la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decididió amparar y decretar la libertad inmediata de 20 indígenas que han permanecido 11 años en prisión acusados de asesinar a 45 tzotziles de Acteal que oraban en una mezquita de madera el 22 de diciembre de 1997.
Sin juzgar acerca de la culpabilidad de los detenidos, los ministros de la Corte determinaron ordenar su libertad por haber encontrado que la Procuraduría General de la República torció el "Debido proceso judicial". Esto es, incurrió en fallas en los procedimientos judiciales mínimos que debe cumplir para respetar las garantías de los acusados, amén de iniciar los procesos partiendo de la presunción de inocencia.
De todo ello concluyó que el caso fue mal conducido, mal juzgado y mal castigado. Familiares y las propias víctimas sobrevivientes, cuyo testimonio fue crucial en la captura y condena de los acusados por haberlos reconocido claramente, han deplorado la resolución de la Corte, a cuyos ministros responsabilizan de eventuales nuevos ataques que, tras el fallo de ayer, puedan sufrir miembros de la organización Las Abejas, a la que pertenecían los indígenas inmolados.
Este episodio ilustra uno de los capítulos más oscuros de la justicia mexicana. Como en los asesinatos de Luis Donaldo Colosio o de José Francisco Ruiz Massieu, las autoridades han empleado la ley para desvirtuar tanto los hechos, el escenario y los protagonistas que acaso nunca se llegue a determinar con exactitud lo que ocurrió en cada caso.
Acteal constituye una vergüenza, un crimen de lesa humanidad que quedará impune por la voluntad política de las autoridades encabezadas por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
Y sin embargo, la resolución de la Corte pudo tener otro derrotero. Como lo señala el Bufete jurídico Tierra y Libertad A.C. Bárbara Zamora y Santos García, "los errores procesales nunca han sido sustento para que los jueces concedan un amparo liso y llano, por el contrario, en ese tipo de violaciones procesales, que se dan en todos los casos, se otorga amparo de los llamados `para efectos` mediante el cual se ordena reponer el procedimiento para subsanar dichos yerros".
De ese modo, lo que procede, decía ayer el Bufete en una carta dirigida a los ministros de la Corte, es que ustedes resuelvan ordenando reponer el procedimiento para subsanar las fallas y asimismo para el efecto de que comparezcan todos los implicados materiales e intelectuales, funcionarios con altos cargos en el gobierno de Ernesto Zedillo, incluido él mismo.
No se hizo así. Los magistrados se atuvieron a la técnica jurídica sin considerar la alevosía de los hechos. Es decir, sin considerar que los "errores" procesales de la PGR pudieron ser intencionales con el propósito de encubrir a los autores intelectuales del crimen.
Si de justicia se tratara, los ministerios públicos que incurrieron en torcer el "procedimiento debido" fabricando pruebas y testimonios deberían ser sujetos a juicio y, en su caso, a una condena corporal. Y no obstante, la PGR, mediante el vocero Ricardo Nájera, se ha apresurado a aclarar que no se procederá contra los ministerios públicos implicados porque "en su momento la PGR consideró que había los elementos suficientes para ejercitar la acción penal".
Lo dicho, alguien secuestró la justicia y la ocultó en la ley.
¡Hasta la próxima!
martes, 11 de agosto de 2009
Latinoamérica: el Norte y el Sur
En política, dicen los que saben, no hay coincidencias. Y hoy, coincidentemente, los periódicos muestran dos fotografías contrastantes: por un lado, los "líderes" de América del Norte y su minicumbre (más por los resultados que por su duración) y por otro lado los presidentes del cono Sur participantes en la cumbre de la Unión de Naciones de Sudamérica (Unasur).
Ambos hechos parecen confirmar la actual ubicación de México en el continente. Su adscripción como parte de América del Norte no sólo es, en esta hora, un accidente geográfico, sino una elección ideológica. No es la primera vez, sin embargo, que esta circunstancia se muestra simbólicamente.
Este mismo año, en febrero, mientras los presidentes de Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela se encontraron en el Foro Social Mundial, el de México acudió al Foro Económico de Davos, Suiza, en lo que constituyó una muestra, más de fondo que de forma, que exhibe de qué lado se adscribe México en la geopolítica del continente.
Aunque separadas por miles de kilómetros, las dos cumbres que terminaron ayer en Guadalajara y en Quito, intercambiaron mensajes.
Acaso en respuesta a los dichos del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, que ha calificado como "tibia" la actuación de Estados Unidos ante el golpe militar en ese país, Barack Obama calificó como "hipócrita" la visión de quienes hoy le exigen intervenir en la región, pero que en otros momentos han criticado y repudiado esas intervenciones.
La hipocrecía no está, en todo caso, de un sólo lado. Obama ha dicho que durante su administración Estados Unidos ya no será el policía del mundo. Sin embargo, mantiene la intervención militar de la OTAN en Afganistan y recién firmó un plan para ampliar la fuerza militar estadounidense en siete bases militares que mantiene en Colombia (pasaría de 250 a 800 soldados en un país con el segundo ejército más grande de la región).
Se trata de algo que, en opinión de los presidentes latinoamericanos, trasciende la relación bilateral Bogotá-Washington, pues, como lo señaló la mandataria argentina Cristina Kichner, "se crea en la región un estado de beligerancia inaceptable e inédito."
Otro punto que pareció poner distancia entre el Norte y el Sur fue el tema Honduras: los tres líderes norteños insistieron en remitir todo a la entrampada mediación de la OEA y en mantener un apoyo abstracto, subrayado por el dicho del señor Calderón al señalar que no se trata de abogar por una persona en particular, sino de defender la institucionalidad democrática.
En el Sur, en cambio, se expresaron claras condenas a los golpistas hondureños y se exigió el regreso del presidente Manuel Zelaya a su cargo constitucional.
Esos son los contrastes y asimetrías que pueblan hoy la correlación de fuerzas en el continente.
En lo que concierne en particular con la cumbre de América del Norte, no se puede decir sino que se trató de una reunión protocolaria organizada sólo para cumplir con el calendario, es decir, con el requisito.
No se resolvió nada: Canadá insistió en mantener el requisito de visas para mexicanos que viajan a ese país y Obama no destrabó los recursos prometidos para la asistencia contra el narcotráfico en el marco de la Iniciativa Mérida, debido a las dudas del congreso estadounidense en cuanto a que en México se respeten los derechos humanos.
Más llamativo fue lo que ocurrió en el entorno de la cumbre. Hoy el New York Times publica en primera plana un reportaje titulado: "Los traficantes de droga en México continúan su comercio desde prisión".
Se describe ahí el video que muestra cómo se fugaron de una cárcel de Zacatecas 53 presos vinculados con los principales cárteles de las drogas, en lo que constituye una nueva desautorización o por lo menos cuestionamiento a la eficacia de la lucha del gobierno mexicano contra el tráfico de estupefacientes.
Otra coincidencia en torno de la reunión de presidentes, fue la muy conveniente captura, divulgada ayer, de un presunto sicario, Dimas Díaz Ramos, que --según se dijo sin ninguna prueba fehaciente-- habría sido encargado de planear y llevar a cabo un atentado contra Felipe Calderón.
Se trata de una clara maniobra escenográfica destinada a mostrar a los visitantes la dimensión y el "valor" de Calderón que así expone su vida en su lucha por salvar a México y en una de esas hasta al mundo del flagelo que representan las drogas.
¡Hasta la próxima!
Ambos hechos parecen confirmar la actual ubicación de México en el continente. Su adscripción como parte de América del Norte no sólo es, en esta hora, un accidente geográfico, sino una elección ideológica. No es la primera vez, sin embargo, que esta circunstancia se muestra simbólicamente.
Este mismo año, en febrero, mientras los presidentes de Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela se encontraron en el Foro Social Mundial, el de México acudió al Foro Económico de Davos, Suiza, en lo que constituyó una muestra, más de fondo que de forma, que exhibe de qué lado se adscribe México en la geopolítica del continente.
Aunque separadas por miles de kilómetros, las dos cumbres que terminaron ayer en Guadalajara y en Quito, intercambiaron mensajes.
Acaso en respuesta a los dichos del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, que ha calificado como "tibia" la actuación de Estados Unidos ante el golpe militar en ese país, Barack Obama calificó como "hipócrita" la visión de quienes hoy le exigen intervenir en la región, pero que en otros momentos han criticado y repudiado esas intervenciones.
La hipocrecía no está, en todo caso, de un sólo lado. Obama ha dicho que durante su administración Estados Unidos ya no será el policía del mundo. Sin embargo, mantiene la intervención militar de la OTAN en Afganistan y recién firmó un plan para ampliar la fuerza militar estadounidense en siete bases militares que mantiene en Colombia (pasaría de 250 a 800 soldados en un país con el segundo ejército más grande de la región).
Se trata de algo que, en opinión de los presidentes latinoamericanos, trasciende la relación bilateral Bogotá-Washington, pues, como lo señaló la mandataria argentina Cristina Kichner, "se crea en la región un estado de beligerancia inaceptable e inédito."
Otro punto que pareció poner distancia entre el Norte y el Sur fue el tema Honduras: los tres líderes norteños insistieron en remitir todo a la entrampada mediación de la OEA y en mantener un apoyo abstracto, subrayado por el dicho del señor Calderón al señalar que no se trata de abogar por una persona en particular, sino de defender la institucionalidad democrática.
En el Sur, en cambio, se expresaron claras condenas a los golpistas hondureños y se exigió el regreso del presidente Manuel Zelaya a su cargo constitucional.
Esos son los contrastes y asimetrías que pueblan hoy la correlación de fuerzas en el continente.
En lo que concierne en particular con la cumbre de América del Norte, no se puede decir sino que se trató de una reunión protocolaria organizada sólo para cumplir con el calendario, es decir, con el requisito.
No se resolvió nada: Canadá insistió en mantener el requisito de visas para mexicanos que viajan a ese país y Obama no destrabó los recursos prometidos para la asistencia contra el narcotráfico en el marco de la Iniciativa Mérida, debido a las dudas del congreso estadounidense en cuanto a que en México se respeten los derechos humanos.
Más llamativo fue lo que ocurrió en el entorno de la cumbre. Hoy el New York Times publica en primera plana un reportaje titulado: "Los traficantes de droga en México continúan su comercio desde prisión".
Se describe ahí el video que muestra cómo se fugaron de una cárcel de Zacatecas 53 presos vinculados con los principales cárteles de las drogas, en lo que constituye una nueva desautorización o por lo menos cuestionamiento a la eficacia de la lucha del gobierno mexicano contra el tráfico de estupefacientes.
Otra coincidencia en torno de la reunión de presidentes, fue la muy conveniente captura, divulgada ayer, de un presunto sicario, Dimas Díaz Ramos, que --según se dijo sin ninguna prueba fehaciente-- habría sido encargado de planear y llevar a cabo un atentado contra Felipe Calderón.
Se trata de una clara maniobra escenográfica destinada a mostrar a los visitantes la dimensión y el "valor" de Calderón que así expone su vida en su lucha por salvar a México y en una de esas hasta al mundo del flagelo que representan las drogas.
¡Hasta la próxima!
jueves, 6 de agosto de 2009
Zelaya en la casa del ahorcado
Mentar uno la zoga en la casa del ahorcado suele tenerse por gran desconsideración. Eso fue lo que le pasó ayer al depuesto, vía un golpe de Estado, presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, quien concluyó su visita oficial a nuestro país.
Reunido en el Teatro de la Ciudad con simpatizantes de izquierda, quienes le ofrecieron apoyo en su lucha por volver a la presidencia de su país tras la defenestración que le impuso la oligarquía y los militares hondureños, a Zelaya se le ocurrió decir que en este continente "Es mejor sentirse presidente que serlo, y se lo digo a López Obrador que me escucha en muchos lados".
La aseveración fue un guiño al movimiento que encabeza el tabasqueño, pero no solo. De inmediato ha sido utilizada por un sector de la prensa, señaladamente el periódico Milenio, un seguidor encubierto del señor Felipe Calderón, a través de su alianza con Televisa, para "amarrar navajas", como dice la Rayuela del diario La Jornada, en su edición de hoy.
El presidente hondureño incurrió ciertamente en una virtual descalificación a un gobierno al que se acercó en busca de apoyo, pero al que --con la frase que dedicó a AMLO-- golpeó en lo que más le duele: su cuestionada fuente de legitimidad.
Hablar en México de legitimidad, de ser o sentirse Presidente, es ciertamente, algo así como mentar la soga en la casa del ahorcado. El grupo en el poder acusó el efecto de inmediato y la prensa gubernamental le ha dado el cariz de una afrenta personal.
En el ámbito latinoamericano se sabe ciertamente de qué lado juegan los gobiernos de cada país. En esa geopolítica, México es identificado por su proclividad al conservadurismo militarista de Estados Unidos.
En esa lógica, su papel en la actual crisis hondureña ha sido más formal que eficaz. Se ha limitado a condenar el golpe de Estado, como algo políticamente incorrecto, pero hasta ahí. Su papel en los foros multilaterales latinoamericanos se parece más al de una comparsa de Washington, como lo muestra el acrítico apoyo al Acuerdo de San José, un mecanismo que no constituye una verdadera salida al golpe militar.
En su afán por hacer que los apoyos se traduzcan en algo más que simples condenas diplomáticas, Zelaya vino a México a sabiendas que no conseguiría más de lo mismo, como en realidad ocurrió.
En en fondo, su desliz declarativo es aprovechado para cobrarle que haya programado reuniones con agrupaciones de izquierda que impugnan la legitimidad de Calderón. Quienes eso hacen insisten en exacerbar la polarización de la sociedad mexicana que tanto dicen lamentar.
Reunido en el Teatro de la Ciudad con simpatizantes de izquierda, quienes le ofrecieron apoyo en su lucha por volver a la presidencia de su país tras la defenestración que le impuso la oligarquía y los militares hondureños, a Zelaya se le ocurrió decir que en este continente "Es mejor sentirse presidente que serlo, y se lo digo a López Obrador que me escucha en muchos lados".
La aseveración fue un guiño al movimiento que encabeza el tabasqueño, pero no solo. De inmediato ha sido utilizada por un sector de la prensa, señaladamente el periódico Milenio, un seguidor encubierto del señor Felipe Calderón, a través de su alianza con Televisa, para "amarrar navajas", como dice la Rayuela del diario La Jornada, en su edición de hoy.
El presidente hondureño incurrió ciertamente en una virtual descalificación a un gobierno al que se acercó en busca de apoyo, pero al que --con la frase que dedicó a AMLO-- golpeó en lo que más le duele: su cuestionada fuente de legitimidad.
Hablar en México de legitimidad, de ser o sentirse Presidente, es ciertamente, algo así como mentar la soga en la casa del ahorcado. El grupo en el poder acusó el efecto de inmediato y la prensa gubernamental le ha dado el cariz de una afrenta personal.
En el ámbito latinoamericano se sabe ciertamente de qué lado juegan los gobiernos de cada país. En esa geopolítica, México es identificado por su proclividad al conservadurismo militarista de Estados Unidos.
En esa lógica, su papel en la actual crisis hondureña ha sido más formal que eficaz. Se ha limitado a condenar el golpe de Estado, como algo políticamente incorrecto, pero hasta ahí. Su papel en los foros multilaterales latinoamericanos se parece más al de una comparsa de Washington, como lo muestra el acrítico apoyo al Acuerdo de San José, un mecanismo que no constituye una verdadera salida al golpe militar.
En su afán por hacer que los apoyos se traduzcan en algo más que simples condenas diplomáticas, Zelaya vino a México a sabiendas que no conseguiría más de lo mismo, como en realidad ocurrió.
En en fondo, su desliz declarativo es aprovechado para cobrarle que haya programado reuniones con agrupaciones de izquierda que impugnan la legitimidad de Calderón. Quienes eso hacen insisten en exacerbar la polarización de la sociedad mexicana que tanto dicen lamentar.
miércoles, 5 de agosto de 2009
Zelaya en México: las manos vacías
El depuesto presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, emprendió un periplo latinoamericano que inició ayer en México y que continuará en Brasil, con miras a impulsar acciones que revitalicen la presión continental sobre la asonada oligárquico-militar que lo derrocó y que impuso en el gobierno de su país a Roberto Micheletti.
El presidente Zelaya fue recibido ayer en Los Pinos por el señor Felipe Calderón y este miércoles estará en el Senado de la república y con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard.
Más allá de las formas y la corrección diplomáticas y de los discursos protocolarios, Zelaya se irá de México con las manos vacías.
En su discurso de ayer, Calderón insistió en que todo el asunto debe resolverse con base en el Acuerdo de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras, propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en su calidad de mediador oficial en el conflicto.
Si se considera que ese Acuerdo ha sido desestimado por diversos analistas y por el propio presidente Zelaya, quienes lo consideran ambiguo y complaciente con los golpistas, y si se añade a lo anterior que la actuación de Arias ha empezado a ser vista con recelo por lo que ya se considera una traición y defección de los principios democráticos que inspiraron su misión, entonces tenemos que el pronunciamiento de Calderón equivale a nada.
En vez de pronunciarse por una rectificación del llamado Acuerdo de San José --el cual ofrece a los golpistas ventajas y concesiones, como su participación en un gobierno de unidad nacional y la suspensión de la consulta que el manadatario hondureño pretendía organizar sobre la reelección-- el gobierno de México se adscribe a la formalidad de un documento que, se sabe, no será eficaz, por inaceptable para una de las partes, para que Honduras retorne a la normalidad democrática.
En lugar de asumir una clara e inequívoca postura encaminada a la resolución del conflicto, la diplomacia mexicana se adscribe al bando de quienes tienen secuestrada la negociación: Washington, a través de su parapeto Oscar Arias.
No en balde el presidente Zelaya ha dicho que si hubiera voluntad política, la presión estadounidense --retirar de Honduras a su embajador y suspender todos los programas de asistencia-- podría acabar con el problema en unas horas.
Pero la secretaria de Estado Hillary Clinton y el ala dura del aparato institucional de ese país parecen ver en este episodio golpista una oportunidad de intervención contra los procesos de integración latinoamericana.
Acaso por ello, en una declaración que excede sus atribuciones y revela su inclinación hacia el stablishment estadounidense, el supuesto mediador neutral, Oscar Arias, criticó la adscripción de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).
Así, en Honduras asistimos a una simulación internacional que condena el golpe de Estado en abstracto --como algo políticamente incorrecto en un mundo global al que la democracia le es más funcional-- pero que en el fondo se tolera por haberse dado en un país --Honduras-- al que se ve más cerca de mecanismos de integración latinoamericana, como el Alba y más lejos del polo conservador del Plan Puebla-Panamá/Iniciativa Mérida, al cual está adscrito el derechista gobierno mexicano.
Por eso, la visita a México no podía tener para Zelaya efectos políticos concretos para el pueblo hondureño que lucha en su país contra la imposición, como quedó acreditado en el discurso de Calderón. Veremos cómo le va en Brasil.
El presidente Zelaya fue recibido ayer en Los Pinos por el señor Felipe Calderón y este miércoles estará en el Senado de la república y con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard.
Más allá de las formas y la corrección diplomáticas y de los discursos protocolarios, Zelaya se irá de México con las manos vacías.
En su discurso de ayer, Calderón insistió en que todo el asunto debe resolverse con base en el Acuerdo de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras, propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en su calidad de mediador oficial en el conflicto.
Si se considera que ese Acuerdo ha sido desestimado por diversos analistas y por el propio presidente Zelaya, quienes lo consideran ambiguo y complaciente con los golpistas, y si se añade a lo anterior que la actuación de Arias ha empezado a ser vista con recelo por lo que ya se considera una traición y defección de los principios democráticos que inspiraron su misión, entonces tenemos que el pronunciamiento de Calderón equivale a nada.
En vez de pronunciarse por una rectificación del llamado Acuerdo de San José --el cual ofrece a los golpistas ventajas y concesiones, como su participación en un gobierno de unidad nacional y la suspensión de la consulta que el manadatario hondureño pretendía organizar sobre la reelección-- el gobierno de México se adscribe a la formalidad de un documento que, se sabe, no será eficaz, por inaceptable para una de las partes, para que Honduras retorne a la normalidad democrática.
En lugar de asumir una clara e inequívoca postura encaminada a la resolución del conflicto, la diplomacia mexicana se adscribe al bando de quienes tienen secuestrada la negociación: Washington, a través de su parapeto Oscar Arias.
No en balde el presidente Zelaya ha dicho que si hubiera voluntad política, la presión estadounidense --retirar de Honduras a su embajador y suspender todos los programas de asistencia-- podría acabar con el problema en unas horas.
Pero la secretaria de Estado Hillary Clinton y el ala dura del aparato institucional de ese país parecen ver en este episodio golpista una oportunidad de intervención contra los procesos de integración latinoamericana.
Acaso por ello, en una declaración que excede sus atribuciones y revela su inclinación hacia el stablishment estadounidense, el supuesto mediador neutral, Oscar Arias, criticó la adscripción de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).
Así, en Honduras asistimos a una simulación internacional que condena el golpe de Estado en abstracto --como algo políticamente incorrecto en un mundo global al que la democracia le es más funcional-- pero que en el fondo se tolera por haberse dado en un país --Honduras-- al que se ve más cerca de mecanismos de integración latinoamericana, como el Alba y más lejos del polo conservador del Plan Puebla-Panamá/Iniciativa Mérida, al cual está adscrito el derechista gobierno mexicano.
Por eso, la visita a México no podía tener para Zelaya efectos políticos concretos para el pueblo hondureño que lucha en su país contra la imposición, como quedó acreditado en el discurso de Calderón. Veremos cómo le va en Brasil.
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