Esta mañana fue presentada la llamada Iniciativa México, una vasta operación de gatopardismo mediático encabezada por el duopolio televisivo y en la que participan universidades, intelectuales y empresarios.
Se trata según eso, de un proyecto destinado a cambiar el México de la corrupción, de la pobreza, de la falta de oportunidades y de la discordia, por otro en el que la gente participe en su propio progreso mediante iniciativas ciudadanas constructivas en materia de calidad de vida, desarrollo comunitario, medio ambiente, justicia y derechos humanos y buen gobierno y rendición de cuentas.
A la presentación de la tan publicitada Iniciativa México (inició el 9 de mayo con la campaña: "Y tú ¿qué estás haciendo por México? y continuó el 31 de ese mes con la transmisión de un infomercial con Javier Aguirre)bien puede aplicársele aquello de "Parirán los montes con estruendo, un minúsculo ratón".
En efecto, el gran cambio que según sus promotores representará para México esta iniciativa consiste en que la gente proponga al Consejo Técnico --entre los que figuran ciudadanos "notables e independientes" (sic) como Héctor Aguilar Camín y Federico Reyes Heroles(recuérdese su desplegado aquel de "La generación del No")-- proyectos que ciudadanos de a pie estén llevando a cabo para que sean apoyados con recursos económicos.
Para ello, las televisoras han ideado --but of course-- un mecanismo parecido al de un Talk show, en el que los proyectos registrados serán analizados y votados por la propia gente, para así obtener a los ganadores que serán favorecidos con el financiamiento.
Claro, para ello se realizarán programas en los que se hable de estos héroes anónimos, se resalten sus méritos ciudadanos y, con su respectiva dósis de melodrama similar a lo que se hace con los niños del Teletón, una vez ablandados los corazones del telespectador, se le muestre que en México el cambio no requiere modificar el actual modelo económico, sino sólo participar abnegadamente, que ya la televisión se encargará de hacer la justicia que la revolución no hizo: dar los 15 minutos de fama por los que todos luchamos.
La otra vertiente de manipulación colectiva que explotará la Iniciativa México consiste implícitamente en aminorar la difusión de noticias sobre los problemas de inseguridad, violencia y delincuencia organizada que padece el país.
Se trata de una tentación discutida largamente en los medios: la de si es conveniente dar tanta difusión a la realidad de sangre que nos inunda. Como en el caso del secuestro de Diego Fernández de Cevallos en que la televisión logró silenciar el asunto, ahora se pretendería sustituir y silenciar esa realidad dándo en los próximos seis meses una cobertura intensa a todo el proceso de la Iniciativa México que culminará seguramente por ahí de noviembre --para hacerlo coincidir pomposamente con las fechas del Centenario y del Bicentenario-- con la premiación de los proyectos ganadores.
Así las cosas, a los usufructuarios de las concesiones de televisión del país no se les ocurrió otra cosa que mediatizar, vía el otorgamiento de dinero y mucha publicidad, la lucha que la gente realiza por cambiar efectivamente este país.
Aparte de que seguramente se tratará de apoyar proyectos light con su veta de sentimentalismo explotable --pues no es presumible que se apoye, por ejemplo, la lucha por su fuente de trabajo emprendida por los trabajadores del SME, o por los mineros de Cananea en Huelga desde el año pasado-- la Iniciativa México es una gran simulación porque:
1. Se otorgarán recursos como premio a iniciativas que presumiblemente combaten alguna injusticia, la pobreza, que defienden el medio ambiente contra depredadores e interes comerciales, pero se mantendrá el modelo económico que permite la generación de las anomalías.
2. Contra lo que se dice, Iniciativa México no promueve la participación de la gente. Dicha participación se reduce a proponer candidatos a los premios, a seguir por televisión las transmisiones de las diferentes fases del concurso y a votar por los favoritos, como se ha enseñado en anteriores talks shows.
3. El esquema de Iniciativa México es una copia del seguido por Ricardo Salinas Pliego y sus tiendas Elektra: lucrar con la pobreza, pues durante la transmisión de esos programas del concurso se atiborrará de publicidad al televidente.
4. Iniciativa México le voltea la tortilla al ciudadano. Con el argumento de que hay que actuar y dejar de quejarnos, le asigna la responsabilidad que corresponde a los gobiernos. Además, en la lógica mercantil de las televisoras y de los dueños de los medios, le hace creer que sólo con dinero se resolverán los problemas, aunque persistan las estructuras de corrupción que los hacen posibles.
Una iniciativa que verdaderamente apuntara a cambiar México, debería incluir, aprovechando el poder de convocatoria de los medios e instituciones que patrocinan esta simulación, una convocatoria nacional a debatir el proyecto de nación que queremos para México, cómo desmontar las actuales estructuras diseñadas para fomentar la corrupción y la impunidad y cómo avanzar hacia un nuevo modelo económico que sustituya al que nos tiene en las actuales condiciones de crisis.
Esa sí sería una verdadera Iniciativa México.
PD: ¿Cómo se involucraría el rector de la UNAM, el doctor José Narro Robles, en esta simulación?
¡Hasta la próxima
lunes, 7 de junio de 2010
miércoles, 2 de junio de 2010
Guardería ABC, Calderón y el Estado paralelo
Hoy miércoles, Felipe Calderón recibirá en Los Pinos a un grupo --no a todos-- de padres de los niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, tragedia que este 5 de junio cumplirá un año sin que hasta el momento se haya juzgado y mucho menos condenado a los responsables.
El hecho de que la oficina de quien ocupa la casa presidencial sólo invitara a alguno de los afectados y que haya excluido de esa lista a quienes figuran entre los más activos demandantes de justicia, pinta claraamente el modo en que el "gobierno" panista "dirige" el país.
Se ha acusado a Calderón de encabezar un gobierno no sólo de facto, sino también faccioso, es decir, de actuar en favor de los intereses de un grupo político-económico y en perjuicio del resto de la población.
Así, la actual descomposición social que se manifiesta en las actuales crisis social, económica, de seguridad, de justicia, de derechos humanos y laboral, entre otras, no es más que la expresión o el resultado acumulado de la acción de grupos que, dentro del bloque hegemónico, se disputan el poder político mediante reacomodos que incluyen la violencia --ahí está el secuestro de Diego Fernández de Cevallos-- y hasta el crimen.
En esa lucha intestina figura desde luego el llamado crimen organizado, mediante una de sus vertientes más influyentes por su poder económico y de fuego: el narcotráfico.
En ese contexto, Calderón actúa ya sin el menor recato por las formas y desembozadamente se declara enemigo, incluso militante, de quienes no comulgan con su ideología conservadora o con los intereses del bando que representa dentro del bloque hegemónico.
En el caso de la Guardería ABC, hay por lo menos dos personajes del bando de Calderón implicados: la dueña de la propia guardería, Marcia Gómez del Campo, quien resultó prima de la esposa del michoacano, Margarita Zavala, y el ex director del IMSS y hoy secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, como se desprende de la rigurosa investigación llevada a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los padres de los niños muertos en Hermosillo que se han organizado en el Movimiento 5 de junio, que han seguido de cerca las investigaciones, que han cuestionado, denunciado y reclamado al propio Calderón los modos oficiales de hacer o no hacer las cosas, y que han presionado en busca de justicia, son a quienes el panista no recibirá.
Se reunirá en cambio, con aquellos progenitores igualmente agraviados, pero que han decidido marcharse en silencio a casa con su dolor a cuestas. Ese es el prototipo de ciudadanos con los que Calderón se siente a gusto y a los que, digamos de paso, están dirigidas las arengas patrioteras, como la que Javier Aguirre protagoniza por estos días y horas por los canales de radio y televisión.
La sociedad que se organiza, que exige sus derechos y que adopta iniciativas para incidir en sus propios problemas, que es paradógicamente a lo que se invita en aquellos mensajes sensibleros, resulta, ya en la realidad, molesta, incómoda, inatendible y, en una de esas, hasta objetivos criminalizables por atreverse a levantar la voz.
Sobre todo cuando resolver demandas de justicia implique, como en el caso de la guardería incendiada, atentar contra los intereses del grupo en el poder o desproteger a alguno de sus miembros.
No es nuevo. En el caso de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Calderón no pudo evitar enfrentar a los indignados padres, en su primer viaje a esa ciudad, empujado por la presión social creada tras su desliz de considerar a esos estudiantes como delincuentes. En su segunda visita, ya sólo se reunió con algunos de esos padres, señaladamente los menos beligerantes.
Aunque es algo que ya se sabía, este episodio de recibir y tomarse la foto sólo con los padres resignados, vuelve a desnudar a Calderón haciendo evidente de qué lado están sus intereses. Pero sobre todo, vuelve a poner de manifiesto el hecho de fondo: el poder político y económico en México está secuestrado por poderes fácticos y organizaciones que ya conforman lo que se conoce como Estado paralelo con ramificaciones e intereses internacionales.
Rescatar al país de ese estado de cosas representa el tipo de independencia que hoy se requiere volver a ganar.
¡Hasta la próxima!
El hecho de que la oficina de quien ocupa la casa presidencial sólo invitara a alguno de los afectados y que haya excluido de esa lista a quienes figuran entre los más activos demandantes de justicia, pinta claraamente el modo en que el "gobierno" panista "dirige" el país.
Se ha acusado a Calderón de encabezar un gobierno no sólo de facto, sino también faccioso, es decir, de actuar en favor de los intereses de un grupo político-económico y en perjuicio del resto de la población.
Así, la actual descomposición social que se manifiesta en las actuales crisis social, económica, de seguridad, de justicia, de derechos humanos y laboral, entre otras, no es más que la expresión o el resultado acumulado de la acción de grupos que, dentro del bloque hegemónico, se disputan el poder político mediante reacomodos que incluyen la violencia --ahí está el secuestro de Diego Fernández de Cevallos-- y hasta el crimen.
En esa lucha intestina figura desde luego el llamado crimen organizado, mediante una de sus vertientes más influyentes por su poder económico y de fuego: el narcotráfico.
En ese contexto, Calderón actúa ya sin el menor recato por las formas y desembozadamente se declara enemigo, incluso militante, de quienes no comulgan con su ideología conservadora o con los intereses del bando que representa dentro del bloque hegemónico.
En el caso de la Guardería ABC, hay por lo menos dos personajes del bando de Calderón implicados: la dueña de la propia guardería, Marcia Gómez del Campo, quien resultó prima de la esposa del michoacano, Margarita Zavala, y el ex director del IMSS y hoy secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, como se desprende de la rigurosa investigación llevada a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los padres de los niños muertos en Hermosillo que se han organizado en el Movimiento 5 de junio, que han seguido de cerca las investigaciones, que han cuestionado, denunciado y reclamado al propio Calderón los modos oficiales de hacer o no hacer las cosas, y que han presionado en busca de justicia, son a quienes el panista no recibirá.
Se reunirá en cambio, con aquellos progenitores igualmente agraviados, pero que han decidido marcharse en silencio a casa con su dolor a cuestas. Ese es el prototipo de ciudadanos con los que Calderón se siente a gusto y a los que, digamos de paso, están dirigidas las arengas patrioteras, como la que Javier Aguirre protagoniza por estos días y horas por los canales de radio y televisión.
La sociedad que se organiza, que exige sus derechos y que adopta iniciativas para incidir en sus propios problemas, que es paradógicamente a lo que se invita en aquellos mensajes sensibleros, resulta, ya en la realidad, molesta, incómoda, inatendible y, en una de esas, hasta objetivos criminalizables por atreverse a levantar la voz.
Sobre todo cuando resolver demandas de justicia implique, como en el caso de la guardería incendiada, atentar contra los intereses del grupo en el poder o desproteger a alguno de sus miembros.
No es nuevo. En el caso de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Calderón no pudo evitar enfrentar a los indignados padres, en su primer viaje a esa ciudad, empujado por la presión social creada tras su desliz de considerar a esos estudiantes como delincuentes. En su segunda visita, ya sólo se reunió con algunos de esos padres, señaladamente los menos beligerantes.
Aunque es algo que ya se sabía, este episodio de recibir y tomarse la foto sólo con los padres resignados, vuelve a desnudar a Calderón haciendo evidente de qué lado están sus intereses. Pero sobre todo, vuelve a poner de manifiesto el hecho de fondo: el poder político y económico en México está secuestrado por poderes fácticos y organizaciones que ya conforman lo que se conoce como Estado paralelo con ramificaciones e intereses internacionales.
Rescatar al país de ese estado de cosas representa el tipo de independencia que hoy se requiere volver a ganar.
¡Hasta la próxima!
lunes, 31 de mayo de 2010
Aguirre, el bicentenario y la manipulación colectiva
Vamos acercándonos a una temporada de distracciones mediáticas que permitirán al grupo en el poder desplegar diversas formas de manipulación colectiva encaminadas a aseguir moldeando el imaginario colectivo de acuerdo con ciertas pautas de comportamiento que luego se expresarán inconscientemente en acciones específicas, como votar por ciertos candidatos, compras de temporada mundialista y en un patriotismo emparentado con las ideas de orden y respeto hacia los gobernantes y el estado de cosas imperante.
Con el telón de fondo de la cada vez más próxima justa mundialista, el gobierno federal y los poderes fácticos (la televisión y los intereses comerciales)iniciaron una campaña encaminada a ensalzar el "orgullo de ser mexicanos", montados en tres acontecimientos: el mundial, el spot de Javier Aguirre suscrito por un membrete de ocasión denominado Iniciativa México y el virtual inicio de los festejos oficiales por el bicentenario.
Casualmente, la arenga patriotera del seleccionador nacional de fútbol --que apenas en febrero llamó a este un "país jodido"-- se presentó en cadena nacional la noche del mismo domingo en que con gran despliegue publicitario se invitó a la población a la "solemnísima" ceremonia de traslado de los restos de los caudillos de la Independencia, del Angel al Castillo de Chapultepec.
El pretendidamente encendido y emotivo discurso que dice un hombre que, como Aguirre, ni siquiera vive en México por la inseguridad que priva aquí, tiene el mismo eje que todos los discursos motivacionales que el conservadurismo panista nos ha recetado antes: la población es corrupta, transa, floja e incrédula y por ello no somos el gran país que podemos ser.
Como si todas esas actitudes no hubieran sido inoculadas a partir del comportamiento poco ético de los gobernantes: el arribismo de los políticos, el amiguismo que por encima de la ley priva en la asignación de millonarios contratos, en la obtención de franquicias y en los cientos de historias de enriquecimiento ilícito al amparo del poder.
Un sistema de justicia que protege a los poderosos y se ensaña con quienes nada tienen; un sistema político diseñado para burlar la ley y la voluntad popular; una industria del entretenimiento concesionada ad perpetum a dos influyentes familias que han puesto esos medios al servicio de la ignorancia.
La lista de ilícitos perpetrados por quienes controlan el poder político y económico en México tendría que incluir además el atropello a los derechos laborales, económicos y humanos de la población, los desaparecidos políticos, la evasión de impuestos solapada en favor de los grandes consorcios, mientras se hace pagar más a la mayoría asalariada.
La lista de atropellos no es, desde luego, exhaustiva, pero ha generado lo que podría denominarse una subcultura de la sobrevivencia resumida en el apotegma: "el que no transa no avanza".
Cualquier ciudadano que haya intentado realizar un trámite oficial por vías legales se enfrenta en México a una maraña de intereses creados y corruptelas que sencillamente impiden transitar por los caminos de la ley.
Hasta la "informalidad" --ese fenómeno de sobrevivencia cotidiana a que han sido orillados millones ente la inoperancia y corrupción de un modelo económico que los excluye del mercado laboral-- tan vituperado en el discurso oficial, está convertido en una mina de oro explotada por una cauda de lidercillos e inspectores controlados a su vez por funcionarios de más alto rango.
Ello ha configurado un país en el que, en efecto, predomina la cultura de la ilegalidad, la cual no será desterrada por discursos sensibleros dichos por figuras públicas de dudoso prestigio, como el señor Aguirre.
"Pasar del país del sí se puede al del ya se pudo", como reza una de las frases del mencionado spot, requiere desterrar la corrupción en las cúpulas del poder. Y de ahí para abajo, no al revés.
Eso que aparece ante los ojos de todos como una tarea asaz imposible como titánica es en realidad muy simple. El gobierno tiene todos los días múltiples oportunidades para modificar ese estado de cosas sin necesidad de pagar por sí o a través de membretes como Iniciativa México, costosos comerciales lava-cerebros.
Ahí está, por citar sólo un caso, el asunto de los 49 niños muertos en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. A casi un año de esa tragedia ningún responsable ha sido juzgado y los padres de las víctimas siguen su lucha personal en busca de algo que en cualquier otro país sería una cuestión de trámite: la justicia.
Pero eso no depende de que la vendedora ambulante no estorbe el paso en alguna acera, o del empleado que se hace tonto para trabajar poco y salir más temprano, como lo sugieren los spots previos al rollo de Aguirre.
Eso depende de que terminen la corrupción y la impunidad en las cúpulas del poder. En un país donde los méritos no pagan, como se han empeñado en demostrarnos por años los dueños del dinero y del poder político, cualquier arenga proveniente de quienes han propalado esos comportamientos sólo serán ganas de seguir manipulando y lucrando con situaciones que se dice combatir.
¡Hasta la próxima!
Con el telón de fondo de la cada vez más próxima justa mundialista, el gobierno federal y los poderes fácticos (la televisión y los intereses comerciales)iniciaron una campaña encaminada a ensalzar el "orgullo de ser mexicanos", montados en tres acontecimientos: el mundial, el spot de Javier Aguirre suscrito por un membrete de ocasión denominado Iniciativa México y el virtual inicio de los festejos oficiales por el bicentenario.
Casualmente, la arenga patriotera del seleccionador nacional de fútbol --que apenas en febrero llamó a este un "país jodido"-- se presentó en cadena nacional la noche del mismo domingo en que con gran despliegue publicitario se invitó a la población a la "solemnísima" ceremonia de traslado de los restos de los caudillos de la Independencia, del Angel al Castillo de Chapultepec.
El pretendidamente encendido y emotivo discurso que dice un hombre que, como Aguirre, ni siquiera vive en México por la inseguridad que priva aquí, tiene el mismo eje que todos los discursos motivacionales que el conservadurismo panista nos ha recetado antes: la población es corrupta, transa, floja e incrédula y por ello no somos el gran país que podemos ser.
Como si todas esas actitudes no hubieran sido inoculadas a partir del comportamiento poco ético de los gobernantes: el arribismo de los políticos, el amiguismo que por encima de la ley priva en la asignación de millonarios contratos, en la obtención de franquicias y en los cientos de historias de enriquecimiento ilícito al amparo del poder.
Un sistema de justicia que protege a los poderosos y se ensaña con quienes nada tienen; un sistema político diseñado para burlar la ley y la voluntad popular; una industria del entretenimiento concesionada ad perpetum a dos influyentes familias que han puesto esos medios al servicio de la ignorancia.
La lista de ilícitos perpetrados por quienes controlan el poder político y económico en México tendría que incluir además el atropello a los derechos laborales, económicos y humanos de la población, los desaparecidos políticos, la evasión de impuestos solapada en favor de los grandes consorcios, mientras se hace pagar más a la mayoría asalariada.
La lista de atropellos no es, desde luego, exhaustiva, pero ha generado lo que podría denominarse una subcultura de la sobrevivencia resumida en el apotegma: "el que no transa no avanza".
Cualquier ciudadano que haya intentado realizar un trámite oficial por vías legales se enfrenta en México a una maraña de intereses creados y corruptelas que sencillamente impiden transitar por los caminos de la ley.
Hasta la "informalidad" --ese fenómeno de sobrevivencia cotidiana a que han sido orillados millones ente la inoperancia y corrupción de un modelo económico que los excluye del mercado laboral-- tan vituperado en el discurso oficial, está convertido en una mina de oro explotada por una cauda de lidercillos e inspectores controlados a su vez por funcionarios de más alto rango.
Ello ha configurado un país en el que, en efecto, predomina la cultura de la ilegalidad, la cual no será desterrada por discursos sensibleros dichos por figuras públicas de dudoso prestigio, como el señor Aguirre.
"Pasar del país del sí se puede al del ya se pudo", como reza una de las frases del mencionado spot, requiere desterrar la corrupción en las cúpulas del poder. Y de ahí para abajo, no al revés.
Eso que aparece ante los ojos de todos como una tarea asaz imposible como titánica es en realidad muy simple. El gobierno tiene todos los días múltiples oportunidades para modificar ese estado de cosas sin necesidad de pagar por sí o a través de membretes como Iniciativa México, costosos comerciales lava-cerebros.
Ahí está, por citar sólo un caso, el asunto de los 49 niños muertos en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. A casi un año de esa tragedia ningún responsable ha sido juzgado y los padres de las víctimas siguen su lucha personal en busca de algo que en cualquier otro país sería una cuestión de trámite: la justicia.
Pero eso no depende de que la vendedora ambulante no estorbe el paso en alguna acera, o del empleado que se hace tonto para trabajar poco y salir más temprano, como lo sugieren los spots previos al rollo de Aguirre.
Eso depende de que terminen la corrupción y la impunidad en las cúpulas del poder. En un país donde los méritos no pagan, como se han empeñado en demostrarnos por años los dueños del dinero y del poder político, cualquier arenga proveniente de quienes han propalado esos comportamientos sólo serán ganas de seguir manipulando y lucrando con situaciones que se dice combatir.
¡Hasta la próxima!
viernes, 28 de mayo de 2010
Diego, Paulette y Peña Nieto
No se requieren muchas luces para establecer que el vínculo entre estos tres personajes es uno y el mismo: la impunidad.
Diego Fernández de Cevallos hizo una fortuna mediante negocios tejidos a la sombra (en más de un sentido) del poder. Nada nuevo. En realidad ha sido un usufructuario de lo que en México se convirtió en un modus operandi y en un modus vivendi de la clase política.
Reputado por propios y extraños como "hombre clave en la transición democrática en México", acaso lo sea en el peor sentido de esa afirmación, pues la tal transición ha sido una engañifa. Una escenografía con la que se entretiene a los espectadores mientras detrás del telón continúan el saqueo, el tráfico de influencias, el entramado de intereses y las impunidades mutuas.
Quienes afirman que la transición a la mexicana no puede entenderse sin el panista queretano hoy secuestrado dicen verdad, porque los claroscuros de su quehacer político ilustran lo que ha sido esa transición: Un proceso que ha mantenido intactas las estructuras institucionales que hacen del país no un Estado fallido, sino un Estado cleptómano, es decir, organizado para robar.
El ex candidato presidencial panista es una figura paradigmática en tanto producto y reproductor de ese estado de cosas.
Enrique Peña Nieto y el caso Paulette resulta una variación del mismo tema. La reacción de las nanas de la niña asesinada al conocer el veredicto del procurador de Justicia del Estado de México, el hoy renunciado Alberto Bazbaz, fue reveladora.
Encargadas de tender la cama, al menos en dos ocasiones tras la desaparición de la menor, según su propia declaración, ellas saben que la niña no estaba allí. Por eso lloraron al escuchar la inaudita versión de Bazbaz.
Lo notable del asunto es la caradura del gobernador y su procurador para mentir en forma tan alevosa. Y lo hacen porque se saben impunes. Y desde esa posición pueden, a su vez, ofrecer impunidad.
El descreimiento de la gente es un riesgo calculado. Total, han de pensar, al rato la sociedad se olvidará del asunto. Como se olvidó del enriquecimiento ilícito del ex gobernador mexiquense Arturo Montiel, que para eso fue impuesto en el Palacio de gobierno de Toluca Enrique Peña Nieto: para cubrir las trapacerías financieras de su padrino político.
¿En este caso a quien se encubre? ¿cómo se fraguó este complot para asesinar a una niña haciendo del hecho un asunto mediático? ¿pretendían que al abrirlo a la sociedad más fácilmente se alejarían las sospechas siguiendo la teoría de que el mejor lugar para ocultar algo es mantenerlo siempre a la vista?
Ante tales interrogantes, hay lugar para conjeturar que Peña Nieto y su aparato apostaron a la teoría de la confusión, según la cual lo más conveniente para ocultar la verdad es confundir haciendo que cada ciudadano tenga una teoría
propia.
Sea de ello lo que fuere, el gran tema sigue siendo la impunidad.
¡Hasta la próxima!
Diego Fernández de Cevallos hizo una fortuna mediante negocios tejidos a la sombra (en más de un sentido) del poder. Nada nuevo. En realidad ha sido un usufructuario de lo que en México se convirtió en un modus operandi y en un modus vivendi de la clase política.
Reputado por propios y extraños como "hombre clave en la transición democrática en México", acaso lo sea en el peor sentido de esa afirmación, pues la tal transición ha sido una engañifa. Una escenografía con la que se entretiene a los espectadores mientras detrás del telón continúan el saqueo, el tráfico de influencias, el entramado de intereses y las impunidades mutuas.
Quienes afirman que la transición a la mexicana no puede entenderse sin el panista queretano hoy secuestrado dicen verdad, porque los claroscuros de su quehacer político ilustran lo que ha sido esa transición: Un proceso que ha mantenido intactas las estructuras institucionales que hacen del país no un Estado fallido, sino un Estado cleptómano, es decir, organizado para robar.
El ex candidato presidencial panista es una figura paradigmática en tanto producto y reproductor de ese estado de cosas.
Enrique Peña Nieto y el caso Paulette resulta una variación del mismo tema. La reacción de las nanas de la niña asesinada al conocer el veredicto del procurador de Justicia del Estado de México, el hoy renunciado Alberto Bazbaz, fue reveladora.
Encargadas de tender la cama, al menos en dos ocasiones tras la desaparición de la menor, según su propia declaración, ellas saben que la niña no estaba allí. Por eso lloraron al escuchar la inaudita versión de Bazbaz.
Lo notable del asunto es la caradura del gobernador y su procurador para mentir en forma tan alevosa. Y lo hacen porque se saben impunes. Y desde esa posición pueden, a su vez, ofrecer impunidad.
El descreimiento de la gente es un riesgo calculado. Total, han de pensar, al rato la sociedad se olvidará del asunto. Como se olvidó del enriquecimiento ilícito del ex gobernador mexiquense Arturo Montiel, que para eso fue impuesto en el Palacio de gobierno de Toluca Enrique Peña Nieto: para cubrir las trapacerías financieras de su padrino político.
¿En este caso a quien se encubre? ¿cómo se fraguó este complot para asesinar a una niña haciendo del hecho un asunto mediático? ¿pretendían que al abrirlo a la sociedad más fácilmente se alejarían las sospechas siguiendo la teoría de que el mejor lugar para ocultar algo es mantenerlo siempre a la vista?
Ante tales interrogantes, hay lugar para conjeturar que Peña Nieto y su aparato apostaron a la teoría de la confusión, según la cual lo más conveniente para ocultar la verdad es confundir haciendo que cada ciudadano tenga una teoría
propia.
Sea de ello lo que fuere, el gran tema sigue siendo la impunidad.
¡Hasta la próxima!
lunes, 10 de mayo de 2010
Entre el oficio y el desmadre/II
No time to stop and think, the only hope is the next drink
Malcom Lowry
Allá en Mexicali, o sea, en la "antesala del Infierno" trabajé como corrector de galeras en dos diarios "cachanillas": La voz de la frontera y El Centinela. Corregí rollos enteros de papel de las 8:00 a las 12:00 y de las cuatro de la tarde hasta las dos de la mañana.
Terminar los trabajos en un periódico hasta altas horas de la noche o, si se quiere, hasta las primeras horas del día siguiente era cosa normal. No sólo en la "provincia", también en la Ciudad de México.
Y lo era porque ni capturistas ni correctores trabajábamos con la hoy muy cómoda computadora. Una nota daba vueltas y vueltas y uno, como corrector, la llegaba a leer hasta cinco veces, y si se trataba de un Editorial, hasta más.
Y si se publicaba con algún error o con alguna errata llegaba la notificación: "Suspendido" por tres días. En mi caso aprovechaba la suspensión para largarme a embriagar y asolearme en la playa de San Felipe, que en 1986 era un pueblo pesquero. Una hermosura. Ya no lo es más. O me paseaba por ese paisaje extraterrestre que es La Rumorosa, que ya había cobrado muchas vidas.
Pues bien, de leer y corregir estupideces me llegaba a aburrir tanto y me quitaba tanto el sueño que al final de la jornada acudía a la "casa del periodista", o sea, al Gato negro, un bar con putas enclavado en la zona de tolerancia, algo así como el Paraíso Perdido de los hastiados.
Para mí no era un salón de baile nada más. Era la pista donde todos nos quitábamos la máscara de intelectual, o de "ciudadano bien informado", o de editorialista, o de analista, o de reportero, o de periodista gráfico, o de capturista o de corrector.
Allí entrábamos en iguales condiciones y salíamos en las peores condiciones posibles. Cual debe ser.
Como el poeta francés Arthur Rimbaud, yo me arrastraba por entre los callejones y "saludaba al Sol, rey de fuego". Bueno, en realidad lo maldecía. ¿Sabe alguien lo que es vivir con 50 grados de temperatura encima? ¿Y crudo? ¿Y tremendamente desvelado? ¿Y así, comenzar a corregir notas a las 8 de la mañana?
Y aunque uno jura y perjura cosas como: "no lo vuelvo a hacer, ya me voy a portar bien, voy a sentar cabeza", vuelve uno a caer en la telaraña del Eterno Retorno de las Cosas Todas.
Supongo que esas recaídas se deben a que, eso sí, se conoce a mucha gente interesante. De todo hay en la Alameda de la Desolación, como cantaba Bob Dylan. Por ejemplo, cuando fui corrector de galeras en el desaparecido periódico El Nacional, allá en la colonia Tabacalera de la ciudad de México (donde hoy está Milenio Diario), la "casa del periodista" era el Salón Palacio, que ahí sigue, y al que rinde homenaje Carlos Martínez Rentería en La Jornada, pues así bautizó su columna semanal.
Allí, en esa cantina, conocí y "conbebí" con don Manuel Blanco, alcohólico él, quien desde su columna titulada "Ciudad perdida" presagiaba la decadencia del oficio periodístico. Muchas veces criticó, de manera oral y escrita, "la figura de aquellos que se presentan como periodistas y son únicamente simuladores, no obstante que anden con traje, sean recibidos en oficinas de prensa, les hagan llegar el boletín, los inviten a foros, congresos y a universidades, usen los medios para sentirse importantes y tener aduladores a su lado.
Ese viejo cronista sabía lo que escribía.
Para mi fortuna, nunca he tenido que disfrazarme de traje y corbata. Me parece una ridiculez. Vengo de un ambiente más semejante a aquel en el que "los periodistas iban por la vida con su libreta y su pluma, para luego meterse a un café o a una cantina a discutir cosas de su trabajo, a platicar sobre sus limitaciones económicas siempre presentes, de los cambios sociales que debieran producirse o de los libros que leían".
No me acuerdo quien escribió ese entrecomillado. Fue Víctor Roura o Jorge Meléndez, quienes también tomaron clases de periodismo en el Salón Palacio, con Manuel Blanco.
Uno de ellos, tampoco me acuerdo quien o cual, escribió que, a diferencia de los periodistas "chick" de hoy en día, "aquellos entregaban en la mesa de redacción trabajos impecables, notas que le apostaban a una gran precisión en el lenguaje escrito".
Y eso es cierto. Me consta. Hasta me hicieron menos aburrida la labor de corregir "galeras".
Esta es la segunda entrega de las desmemorias, que desde Querétaro comparte con los lectores de Contadero el periodista Ramón Martínez de Velasco (ramavel@hotmail.com)
Malcom Lowry
Allá en Mexicali, o sea, en la "antesala del Infierno" trabajé como corrector de galeras en dos diarios "cachanillas": La voz de la frontera y El Centinela. Corregí rollos enteros de papel de las 8:00 a las 12:00 y de las cuatro de la tarde hasta las dos de la mañana.
Terminar los trabajos en un periódico hasta altas horas de la noche o, si se quiere, hasta las primeras horas del día siguiente era cosa normal. No sólo en la "provincia", también en la Ciudad de México.
Y lo era porque ni capturistas ni correctores trabajábamos con la hoy muy cómoda computadora. Una nota daba vueltas y vueltas y uno, como corrector, la llegaba a leer hasta cinco veces, y si se trataba de un Editorial, hasta más.
Y si se publicaba con algún error o con alguna errata llegaba la notificación: "Suspendido" por tres días. En mi caso aprovechaba la suspensión para largarme a embriagar y asolearme en la playa de San Felipe, que en 1986 era un pueblo pesquero. Una hermosura. Ya no lo es más. O me paseaba por ese paisaje extraterrestre que es La Rumorosa, que ya había cobrado muchas vidas.
Pues bien, de leer y corregir estupideces me llegaba a aburrir tanto y me quitaba tanto el sueño que al final de la jornada acudía a la "casa del periodista", o sea, al Gato negro, un bar con putas enclavado en la zona de tolerancia, algo así como el Paraíso Perdido de los hastiados.
Para mí no era un salón de baile nada más. Era la pista donde todos nos quitábamos la máscara de intelectual, o de "ciudadano bien informado", o de editorialista, o de analista, o de reportero, o de periodista gráfico, o de capturista o de corrector.
Allí entrábamos en iguales condiciones y salíamos en las peores condiciones posibles. Cual debe ser.
Como el poeta francés Arthur Rimbaud, yo me arrastraba por entre los callejones y "saludaba al Sol, rey de fuego". Bueno, en realidad lo maldecía. ¿Sabe alguien lo que es vivir con 50 grados de temperatura encima? ¿Y crudo? ¿Y tremendamente desvelado? ¿Y así, comenzar a corregir notas a las 8 de la mañana?
Y aunque uno jura y perjura cosas como: "no lo vuelvo a hacer, ya me voy a portar bien, voy a sentar cabeza", vuelve uno a caer en la telaraña del Eterno Retorno de las Cosas Todas.
Supongo que esas recaídas se deben a que, eso sí, se conoce a mucha gente interesante. De todo hay en la Alameda de la Desolación, como cantaba Bob Dylan. Por ejemplo, cuando fui corrector de galeras en el desaparecido periódico El Nacional, allá en la colonia Tabacalera de la ciudad de México (donde hoy está Milenio Diario), la "casa del periodista" era el Salón Palacio, que ahí sigue, y al que rinde homenaje Carlos Martínez Rentería en La Jornada, pues así bautizó su columna semanal.
Allí, en esa cantina, conocí y "conbebí" con don Manuel Blanco, alcohólico él, quien desde su columna titulada "Ciudad perdida" presagiaba la decadencia del oficio periodístico. Muchas veces criticó, de manera oral y escrita, "la figura de aquellos que se presentan como periodistas y son únicamente simuladores, no obstante que anden con traje, sean recibidos en oficinas de prensa, les hagan llegar el boletín, los inviten a foros, congresos y a universidades, usen los medios para sentirse importantes y tener aduladores a su lado.
Ese viejo cronista sabía lo que escribía.
Para mi fortuna, nunca he tenido que disfrazarme de traje y corbata. Me parece una ridiculez. Vengo de un ambiente más semejante a aquel en el que "los periodistas iban por la vida con su libreta y su pluma, para luego meterse a un café o a una cantina a discutir cosas de su trabajo, a platicar sobre sus limitaciones económicas siempre presentes, de los cambios sociales que debieran producirse o de los libros que leían".
No me acuerdo quien escribió ese entrecomillado. Fue Víctor Roura o Jorge Meléndez, quienes también tomaron clases de periodismo en el Salón Palacio, con Manuel Blanco.
Uno de ellos, tampoco me acuerdo quien o cual, escribió que, a diferencia de los periodistas "chick" de hoy en día, "aquellos entregaban en la mesa de redacción trabajos impecables, notas que le apostaban a una gran precisión en el lenguaje escrito".
Y eso es cierto. Me consta. Hasta me hicieron menos aburrida la labor de corregir "galeras".
Esta es la segunda entrega de las desmemorias, que desde Querétaro comparte con los lectores de Contadero el periodista Ramón Martínez de Velasco (ramavel@hotmail.com)
lunes, 3 de mayo de 2010
Militares exonerados
Si sólo se juzgara por las formas elegidas para "informar" el resultado de las "investigaciones" realizadas por las procuradurías de Justicia Militar y General de la República, en relación con las muertes de los menores Bryan y Martín Almanza Salazar, el pasado 3 de abril en Ciudad Mier, Tamaulipas; y de los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, acaecidas el 19 de marzo, podría afirmarse que las autoridades mienten.
Pero no sólo fueron los modos empleados sino los contenidos lo que hace presumir que el gobierno decidió manipular los datos, ignorar testimonios para confundir a la sociedad y encubrir y exonerar a los autores de esos crímenes.
En lo relativo a las formas, se eligió dar a conocer los informes oficiales el viernes 30 de abril (en el caso de los niños Almanza) y, todavía más inusual, en una caótica conferencia de prensa convocada a las 19:30 horas, imagínese usted, del sábado 1 de mayo, en lo que respecta al homicidio de los estudiantes.
La elección de esos días y horas no parece casual. Los estrategas gubernamentales seguramente buscaron aprovechar la desatención de una ciudadanía ocupada en celebraciones, protestas por el Día del Trabajo o, en la mayoría de los casos, preparándose para un larguísimo "puente" (1-5 de mayo) para que la exoneración de los militares pasara desapercibida a la mayoría por su escaso impacto mediático.
La conducta oficial ofrece los rasgos típicos de quien se sabe culpable, y en esa condición busca a toda costa acomodar evidencias y enredar los acontecimientos. Sin embargo, en su prisa por autoexculparse, las autoridades y el ejército han incurrido en actuaciones que los incriminan.
Primero, al despojar a los estudiantes fallecidos de sus credenciales, en un vano intento por dificultar su identificación e incluso relacionarlos con bandas criminales.
Y en el caso de los menores asesinados difundiendo, siete días después del hecho, una versión anticipada que --benditas coincidencias-- confirmaría la presunta investigación posterior.
El informe del procurador de Juticia Militar, José Luis Chávez García, concluye que "de acuerdo con las pruebas testimoniales, comparecencias, documentales y periciales" las muertes de los pequeños fueron causadas por granadas de los sicarios, pues la familia quedó atrapada en un enfrentamiento.
Hay un dato esencial en el que el procurador militar no creyó conveniente detenerse a considerar ni menos a explicar: la versión oficial de que la camioneta Tahoe en que viajaba la familia era parte de un convoy de siete vehículos desde los que se agredió a la tropa, contrasta con el relato de la madre de los menores asesinados, según el cual, al momento de la agresión, no había más vehículos circulando por el lugar y que, por tanto, no se registró ningún enfrentamiento entre sicarios y militares.
Para las autoridades civiles y militares se produjo un enfrentamiento y "háganle como quieran", parecería ser su autoritaria postura.
En cuanto a los estudiantes del Tec de Monterrey se concluye simplemente que "De acuerdo con los dictámenes periciales de balística, en el caso de José Antonio Mercado se encontraron en el cuerpo fragmentos de bala correspondientes al calibre 223 que es usado por la delincuencia".
Respecto de Javier Francisco Arredondo, los fragmentos de las ojivas no resultaron ser útiles para la comprobación balística y, por tanto, no se determinó el calibre. Según el vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera, no se sabría si las balas que lo mataron fueron del ejército o de los "violentos" (Gómez Mont dixit).
Así de errática e inconsistente la explicación oficial, la cual, según sostuvo Calderón en un encuentro con estudiantes regiomontanos la semana pasada, sería "muy rigurosa".
En ambos casos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería emprender una investigación exhaustiva e independiente, además de revisar la que realizaron el ejército y la PGR para esclarecer "la realidad de los hechos" y dar certidumbre a la sociedad sobre la actuación de esas instituciones.
Mientras ello no ocurra, el combate al narcotráfico seguirá siendo una zona de penumbra en la que la principal damnificada es una sociedad indefensa ante la degradación de las instituciones del Estado.
¡Hasta la próxima!
Pero no sólo fueron los modos empleados sino los contenidos lo que hace presumir que el gobierno decidió manipular los datos, ignorar testimonios para confundir a la sociedad y encubrir y exonerar a los autores de esos crímenes.
En lo relativo a las formas, se eligió dar a conocer los informes oficiales el viernes 30 de abril (en el caso de los niños Almanza) y, todavía más inusual, en una caótica conferencia de prensa convocada a las 19:30 horas, imagínese usted, del sábado 1 de mayo, en lo que respecta al homicidio de los estudiantes.
La elección de esos días y horas no parece casual. Los estrategas gubernamentales seguramente buscaron aprovechar la desatención de una ciudadanía ocupada en celebraciones, protestas por el Día del Trabajo o, en la mayoría de los casos, preparándose para un larguísimo "puente" (1-5 de mayo) para que la exoneración de los militares pasara desapercibida a la mayoría por su escaso impacto mediático.
La conducta oficial ofrece los rasgos típicos de quien se sabe culpable, y en esa condición busca a toda costa acomodar evidencias y enredar los acontecimientos. Sin embargo, en su prisa por autoexculparse, las autoridades y el ejército han incurrido en actuaciones que los incriminan.
Primero, al despojar a los estudiantes fallecidos de sus credenciales, en un vano intento por dificultar su identificación e incluso relacionarlos con bandas criminales.
Y en el caso de los menores asesinados difundiendo, siete días después del hecho, una versión anticipada que --benditas coincidencias-- confirmaría la presunta investigación posterior.
El informe del procurador de Juticia Militar, José Luis Chávez García, concluye que "de acuerdo con las pruebas testimoniales, comparecencias, documentales y periciales" las muertes de los pequeños fueron causadas por granadas de los sicarios, pues la familia quedó atrapada en un enfrentamiento.
Hay un dato esencial en el que el procurador militar no creyó conveniente detenerse a considerar ni menos a explicar: la versión oficial de que la camioneta Tahoe en que viajaba la familia era parte de un convoy de siete vehículos desde los que se agredió a la tropa, contrasta con el relato de la madre de los menores asesinados, según el cual, al momento de la agresión, no había más vehículos circulando por el lugar y que, por tanto, no se registró ningún enfrentamiento entre sicarios y militares.
Para las autoridades civiles y militares se produjo un enfrentamiento y "háganle como quieran", parecería ser su autoritaria postura.
En cuanto a los estudiantes del Tec de Monterrey se concluye simplemente que "De acuerdo con los dictámenes periciales de balística, en el caso de José Antonio Mercado se encontraron en el cuerpo fragmentos de bala correspondientes al calibre 223 que es usado por la delincuencia".
Respecto de Javier Francisco Arredondo, los fragmentos de las ojivas no resultaron ser útiles para la comprobación balística y, por tanto, no se determinó el calibre. Según el vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera, no se sabría si las balas que lo mataron fueron del ejército o de los "violentos" (Gómez Mont dixit).
Así de errática e inconsistente la explicación oficial, la cual, según sostuvo Calderón en un encuentro con estudiantes regiomontanos la semana pasada, sería "muy rigurosa".
En ambos casos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería emprender una investigación exhaustiva e independiente, además de revisar la que realizaron el ejército y la PGR para esclarecer "la realidad de los hechos" y dar certidumbre a la sociedad sobre la actuación de esas instituciones.
Mientras ello no ocurra, el combate al narcotráfico seguirá siendo una zona de penumbra en la que la principal damnificada es una sociedad indefensa ante la degradación de las instituciones del Estado.
¡Hasta la próxima!
viernes, 30 de abril de 2010
Buenas noticias, malas noticias
Sueña Felipe Calderón con algún día abrir los periódicos y encontrarse con dos partes de la página: "de un lado las noticias malas y del otro las buenas, para que los lectores puedan "ponderar" (La Jornada 29/abr/2010).
No es infrecuente que los políticos mexicanos se refieran al tema. Unas veces abiertamente, y otras de manera soterrada --como en esta frase de Calderón-- su reclamo más frecuente a los medios de comunicación es que para ellos sólo lo negativo es noticia.
Vicente Fox convirtió esta crítica en eslogan al rubricar sus mensajes de radio y televisión con el apotegma "Las buenas noticias también son noticia".
En realidad el sueño de Calderón es regresar a los tiempos en que los boletínes de las oficinas de prensa gubernamentales se convertían en "la de ocho". Sueña con que si inaugura una presa o un hospital eso sea lo que se destaque y no el hecho de que, por ejemplo, tras la inauguración, desmantelen de nuevo el nosocomio para continuar con las obras.
Lo que parece ignorar es que, por definición, una noticia es lo que rompe o rasga la línea de continuidad de la vida, y a eso se atienen los reporteros. Es decir, que inaugure obras es algo tan cotidiano y rutinario, como reportar que el sol sale cada mañana (aunque, en rigor, el sol nunca "sale" ni se "oculta", es el movimiento de rotación terrestre el que origina los periodos de luz y oscuridad).
En cambio, si un día ese astro no iluminara la parte de la tierra en que vivimos,¡vaya que sería un notición! Indicaría que algo bastante inusual está ocurriendo en el universo y habría que investigarlo y reportarlo.
Menos se pueden considerar noticias los dichos gubernamentales, cuando frecuentemente se constata que las cifras oficiales o están maquilladas, o son incompletas o de plano son mentiras acabadas.
Y la veracidad es uno de los principales elementos de una noticia. Así, ¿qué es más noticia: que Calderón diga en un discurso que está comprometido con la transparencia o que se demuestre que desde que arribó a Los Pinos aumentó 64 por ciento el número de expedientes clasificados.
En 2006 había tres millones 800 mil expedientes relativos a la gestión gubernamental a los que usted y yo no podíamos tener acceso; en marzo de 2009 esa cantidad se había elevado a cinco millones 935 mil.
Como puede verse, los dichos no se verifican en los hechos, de ahí que el licenciado Calderón podrá seguir soñando con algo que nunca se verificará, pues las "buenas noticias" gubernamentales a menudo están manipuladas y se ofrecen no para informar, sino para ensalzar la figura del político en turno.
Así que haciéndole al Rubencito Aguilar diremos que lo que Calderón quiso decir es: "sueño con que un día los periódicos crean mis cifras, mis datos y mis dichos y los publiquen sin ningún cuestionamiento".
Las cifras de su gestión, sin embargo, ya configuran un déficit que van perfilando su administración como una de las más desastrozas del último medio siglo. Acaso por ello el michoacano insiste en justificarse pretendiendo que todo es una cuestión de percepción.
Retroceso en el Indice Global de Tecnologías
A contrapelo de su propia percepción, hay índices medibles que no tienen forma de atribuirse a pareceres subjetivos, como el ranking que divulgó antier el Foro Económico Mundial denominado Informe Global de Tecnologías de la Información.
A propósito de "malas noticias" ese informe documenta que México bajó 11 posiciones respecto del año anterior al ubicarse en el lugar 78, por debajo de Uruguay, Panamá, Colombia, Brasil, Jamaica y República Dominicana, de entre un total de 133 países.
¿Y sabe usted qué mide ese índice? nada menos que el uso que hace la población de las nuevas tecnologías.
Lo cual indica que, a diferencia de la corriente mundial que da prioridad a estos instrumentos para convertir a sus países en economías del conocimiento, en México vamos hacia atrás debido, primero, al deterioro en el nivel adquisitivo de la población merced al modelo económico impuesto y segundo, por la zona de desastre en que la alianza Calderón-Gordillo tiene sumido al sistema educativo.
Así que siguiendo los sueños de Calderón y emulando al buen Marco Antonio Flota podríamos decir:
La buena: a Calderón sólo le quedan dos años y medio
La mala: el que viene es más de lo mismo si no nos organizamos
La peor: ellos se irán, pero la mayoría seguiremos aquí.
¡Hasta la próxima!
No es infrecuente que los políticos mexicanos se refieran al tema. Unas veces abiertamente, y otras de manera soterrada --como en esta frase de Calderón-- su reclamo más frecuente a los medios de comunicación es que para ellos sólo lo negativo es noticia.
Vicente Fox convirtió esta crítica en eslogan al rubricar sus mensajes de radio y televisión con el apotegma "Las buenas noticias también son noticia".
En realidad el sueño de Calderón es regresar a los tiempos en que los boletínes de las oficinas de prensa gubernamentales se convertían en "la de ocho". Sueña con que si inaugura una presa o un hospital eso sea lo que se destaque y no el hecho de que, por ejemplo, tras la inauguración, desmantelen de nuevo el nosocomio para continuar con las obras.
Lo que parece ignorar es que, por definición, una noticia es lo que rompe o rasga la línea de continuidad de la vida, y a eso se atienen los reporteros. Es decir, que inaugure obras es algo tan cotidiano y rutinario, como reportar que el sol sale cada mañana (aunque, en rigor, el sol nunca "sale" ni se "oculta", es el movimiento de rotación terrestre el que origina los periodos de luz y oscuridad).
En cambio, si un día ese astro no iluminara la parte de la tierra en que vivimos,¡vaya que sería un notición! Indicaría que algo bastante inusual está ocurriendo en el universo y habría que investigarlo y reportarlo.
Menos se pueden considerar noticias los dichos gubernamentales, cuando frecuentemente se constata que las cifras oficiales o están maquilladas, o son incompletas o de plano son mentiras acabadas.
Y la veracidad es uno de los principales elementos de una noticia. Así, ¿qué es más noticia: que Calderón diga en un discurso que está comprometido con la transparencia o que se demuestre que desde que arribó a Los Pinos aumentó 64 por ciento el número de expedientes clasificados.
En 2006 había tres millones 800 mil expedientes relativos a la gestión gubernamental a los que usted y yo no podíamos tener acceso; en marzo de 2009 esa cantidad se había elevado a cinco millones 935 mil.
Como puede verse, los dichos no se verifican en los hechos, de ahí que el licenciado Calderón podrá seguir soñando con algo que nunca se verificará, pues las "buenas noticias" gubernamentales a menudo están manipuladas y se ofrecen no para informar, sino para ensalzar la figura del político en turno.
Así que haciéndole al Rubencito Aguilar diremos que lo que Calderón quiso decir es: "sueño con que un día los periódicos crean mis cifras, mis datos y mis dichos y los publiquen sin ningún cuestionamiento".
Las cifras de su gestión, sin embargo, ya configuran un déficit que van perfilando su administración como una de las más desastrozas del último medio siglo. Acaso por ello el michoacano insiste en justificarse pretendiendo que todo es una cuestión de percepción.
Retroceso en el Indice Global de Tecnologías
A contrapelo de su propia percepción, hay índices medibles que no tienen forma de atribuirse a pareceres subjetivos, como el ranking que divulgó antier el Foro Económico Mundial denominado Informe Global de Tecnologías de la Información.
A propósito de "malas noticias" ese informe documenta que México bajó 11 posiciones respecto del año anterior al ubicarse en el lugar 78, por debajo de Uruguay, Panamá, Colombia, Brasil, Jamaica y República Dominicana, de entre un total de 133 países.
¿Y sabe usted qué mide ese índice? nada menos que el uso que hace la población de las nuevas tecnologías.
Lo cual indica que, a diferencia de la corriente mundial que da prioridad a estos instrumentos para convertir a sus países en economías del conocimiento, en México vamos hacia atrás debido, primero, al deterioro en el nivel adquisitivo de la población merced al modelo económico impuesto y segundo, por la zona de desastre en que la alianza Calderón-Gordillo tiene sumido al sistema educativo.
Así que siguiendo los sueños de Calderón y emulando al buen Marco Antonio Flota podríamos decir:
La buena: a Calderón sólo le quedan dos años y medio
La mala: el que viene es más de lo mismo si no nos organizamos
La peor: ellos se irán, pero la mayoría seguiremos aquí.
¡Hasta la próxima!
jueves, 29 de abril de 2010
Teresa y Alberta libres
La excarcelación de Teresa González Cornelio y de Alberta Alcántara Juan, indígenas de Santiago Mexquititlán, Querétaro, ordenada ayer por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representa la reparación parcial de un agravio monumental perpetrado por un gobierno cuya legitimidad es puesta en duda un día sí y otro también, no sólo por quienes lo impugnan, sino por los atropellos de sus propios integrantes, sea en los órdenes económico, político, policial y de seguridad.
El proyecto de resolución elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero -- avalado por unanimidad por los ministros Juan Silva Meza, José Ramón Cossío, Jesús Gudiño Pelayo y Saldívar-- revocó la sentencia de 21 años de cárcel a que las había condenado en febrero pasado el juez cuarto de Distrito con sede en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi.
La insólita condena, fue resultado de flagrantes irregularidades que avergonzarían a cualquier sistema de justicia penal en cualquier parte del mundo, pero que en México gozan de cabal salud, como la fabricación de testimonios hasta el uso de pruebas ilícitas, pasando por la "siembra" de evidencias, como la cocaína "encontrada" en el puesto de Alberta.
La Procuraduría General de la República (PGR), es decir, el gobierno de Calderón, imputó a las indígenas el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de servidores públicos (seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, AFI).
No obstante lo absurdo de la acusación, el gobierno fabricó un juicio cuyas irregularidades no se explican sin la corrupción de policías, agentes del Ministerio Público, procuradores y jueces.
La resolución de la SCJN es una ocasión para celebrar, si bien permanece intocado el entramado de corrupción que permite que ahora mismo existan otros casos similares en el país, aunque sin la misma cobertura mediática por permanecer ocultos al escaparate de los medios y al monitoreo de los organismos defensores de los derechos humanos.
Como ha explicado la ministra Sánchez Cordero, no existe en la legislación vigente forma de sancionar, por ejempo, al juez Rodolfo Pedraza Longi, por la forma torcida en que interpretó las "pruebas" presentadas por la parte acusadora (PGR) y con base en las cuales fijó la sentencia.
La falta de independencia del Ministerio Público respecto del ejecutivo federal, en este caso representado por la PGR, hacen viable la sospecha de que la autoridad actuó por consigna contra las dos indígenas indiciadas.
Otro dato que refuerza lo anterior es que en sólo cinco semanas la ministra Sánchez Cordero se percató de los vicios, contradicciones, corruptelas y fabricaciones del proceso en cuestión.
Así que para el juez Pedraza Longi sólo quedará el expediente de que una resolución suya fue enmendada por la Corte. Con un criterio jurídico así de endeble o quizá torcido por el aceite de la corrupción, seguirá conociendo de casos y dictando resoluciones en perjuicio o beneficio de vaya usted a saber qué intereses, pues no será investigado ni sujeto a juicio alguno derivado de sus evidentes torpezas.
El caso demuestra con meridiana claridad el uso faccioso de la ley impuesto por los gobiernos panistas, pues no debe olvidarse que en otros procesos igualmente viciados fueron condenados a más de 100 años de prisión los líderes de San Salvador Atenco que por defender sus tierras se opusieron y evitaron la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México.
En contraparte, las 26 mujeres violadas en el operativo de aquel 3 y 4 de mayo de 2006 en que fueron detenidas en Atenco siguen sin recibir justicia, y esta misma Corte que ahora liberó a las indígenas otomíes, se negó en su resolución de febrero de 2009, a enjuiciar a los responsables de estos otros crímenes: Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo Madrid, Miguel Ángel Yunes y Ardelio Vargas.
En tanto, sigue detenida en la Cámara de Diputados la reforma en materia de Derechos humanos aprobada por el Senado. No digo que ello evitará que se presenten en el país casos como los aquí comentados, pero la iniciativa tiene aspectos positivos que pueden acotar los espacios de la arbitrariedad.
Celebremos, por lo pronto, la libertad de Teresa y Alberta
¡Hasta la próxima!
El proyecto de resolución elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero -- avalado por unanimidad por los ministros Juan Silva Meza, José Ramón Cossío, Jesús Gudiño Pelayo y Saldívar-- revocó la sentencia de 21 años de cárcel a que las había condenado en febrero pasado el juez cuarto de Distrito con sede en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi.
La insólita condena, fue resultado de flagrantes irregularidades que avergonzarían a cualquier sistema de justicia penal en cualquier parte del mundo, pero que en México gozan de cabal salud, como la fabricación de testimonios hasta el uso de pruebas ilícitas, pasando por la "siembra" de evidencias, como la cocaína "encontrada" en el puesto de Alberta.
La Procuraduría General de la República (PGR), es decir, el gobierno de Calderón, imputó a las indígenas el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de servidores públicos (seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, AFI).
No obstante lo absurdo de la acusación, el gobierno fabricó un juicio cuyas irregularidades no se explican sin la corrupción de policías, agentes del Ministerio Público, procuradores y jueces.
La resolución de la SCJN es una ocasión para celebrar, si bien permanece intocado el entramado de corrupción que permite que ahora mismo existan otros casos similares en el país, aunque sin la misma cobertura mediática por permanecer ocultos al escaparate de los medios y al monitoreo de los organismos defensores de los derechos humanos.
Como ha explicado la ministra Sánchez Cordero, no existe en la legislación vigente forma de sancionar, por ejempo, al juez Rodolfo Pedraza Longi, por la forma torcida en que interpretó las "pruebas" presentadas por la parte acusadora (PGR) y con base en las cuales fijó la sentencia.
La falta de independencia del Ministerio Público respecto del ejecutivo federal, en este caso representado por la PGR, hacen viable la sospecha de que la autoridad actuó por consigna contra las dos indígenas indiciadas.
Otro dato que refuerza lo anterior es que en sólo cinco semanas la ministra Sánchez Cordero se percató de los vicios, contradicciones, corruptelas y fabricaciones del proceso en cuestión.
Así que para el juez Pedraza Longi sólo quedará el expediente de que una resolución suya fue enmendada por la Corte. Con un criterio jurídico así de endeble o quizá torcido por el aceite de la corrupción, seguirá conociendo de casos y dictando resoluciones en perjuicio o beneficio de vaya usted a saber qué intereses, pues no será investigado ni sujeto a juicio alguno derivado de sus evidentes torpezas.
El caso demuestra con meridiana claridad el uso faccioso de la ley impuesto por los gobiernos panistas, pues no debe olvidarse que en otros procesos igualmente viciados fueron condenados a más de 100 años de prisión los líderes de San Salvador Atenco que por defender sus tierras se opusieron y evitaron la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México.
En contraparte, las 26 mujeres violadas en el operativo de aquel 3 y 4 de mayo de 2006 en que fueron detenidas en Atenco siguen sin recibir justicia, y esta misma Corte que ahora liberó a las indígenas otomíes, se negó en su resolución de febrero de 2009, a enjuiciar a los responsables de estos otros crímenes: Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo Madrid, Miguel Ángel Yunes y Ardelio Vargas.
En tanto, sigue detenida en la Cámara de Diputados la reforma en materia de Derechos humanos aprobada por el Senado. No digo que ello evitará que se presenten en el país casos como los aquí comentados, pero la iniciativa tiene aspectos positivos que pueden acotar los espacios de la arbitrariedad.
Celebremos, por lo pronto, la libertad de Teresa y Alberta
¡Hasta la próxima!
martes, 27 de abril de 2010
Prensa extranjera y percepciones
En menos de una semana, entre el jueves 22 de abril y este lunes 26, un diario diario estadounidense, Los Angeles Times y y la agencia informativa Reuters han desnudado el discurso mendaz de Felipe Calderón, así como la impostura de "su" guerra contra el narcotráfico.
El diario angelino señala que esta guerra "no es un problema de imagen", como insiste en afirmar quien fue impuesto en Los Pinos, para minimizar el baño de sangre en que tiene inmerso al país, "sino un problema real".
De acuerdo con una nota del diario mexicano La Jornada, el diario californiano critica a Calderón por reaccionar "con oídos sordos" y falta de sensibilidad ante el temor justificado de los mexicanos al afirmar que hay lugares donde la tasa de homicidios es peor --como Nueva York o Brasil, ejemplos predilectos de Calderón cuando trata de justificar las matanzas en México-- y que la mayoría de los muertos son miembros de los cárteles.
Los Angeles Times cita lo dicho por el panista en la reciente cumbre sobre Turismo, en Cancún: "México tiene un problema de imagen (...)Tenemos que trabajar en la percepción que se tiene de México".
Y añade que para los pobladores de Cuernavaca, Morelos, que el viernes pasado recibieron un correo electrónico en el que se les llamaba a permanecer en sus hogares después de las ocho de la noche "para no ser confundidos con nuestros enemigos", la situación no tiene nada que ver con imágenes y percepciones.
"La advertencia --dice el diario en su editorial-- fue interpretada como un toque de queda. Las oficinas y escuelas cerraron temprano, al igual que bares y restaurantes. El viernes por la noche Cuernavaca, en sí, estaba muerta".
"A los ciudadanos no les interesa si las cosas están peor en Río de Janeiro o en Washington, y si bien parece cierto que la mayor parte de las víctimas pertenece a las bandas de narcotraficantes, no se toma en cuenta a los cientos o miles de civiles que han muerto en el fuego cruzado, ni el terror en que vive la población".
El editorial concluye: "Ya nadie cree que los inocentes están a salvo en México. Calderón necesita escuchar a su gente y rectificar su mensaje".
La agencia de noticias Reuters también se refirió al tema. Señaló que aunque el mandatario mexicano ha hecho de la lucha contra el narcotráfico su prioridad, ante el pçúblico aparece cada vez más débil e incapaz de dar soluciones.
"Los asesinatos de niños, mujeres y gente que nada tiene que ver con las pandillas de narcos ha sido provocada por el gobierno. Es muy fácil tirarle piedras a un avispero para ver qué sale", señaló un ex comandante de la Policía Federal mexicana que trabajó en la frontera y solicitó el anonimato, de acuerdo con la agencia.
Como se ve, dentro y fuera de nuestras fronteras va quedando al descubierto la mentirosa campaña con que el calderonismo pretende enmascarar su desgobierno con cargo a presuntos fenómenos imaginarios o de percepción.
¡Hasta la próxima!
El diario angelino señala que esta guerra "no es un problema de imagen", como insiste en afirmar quien fue impuesto en Los Pinos, para minimizar el baño de sangre en que tiene inmerso al país, "sino un problema real".
De acuerdo con una nota del diario mexicano La Jornada, el diario californiano critica a Calderón por reaccionar "con oídos sordos" y falta de sensibilidad ante el temor justificado de los mexicanos al afirmar que hay lugares donde la tasa de homicidios es peor --como Nueva York o Brasil, ejemplos predilectos de Calderón cuando trata de justificar las matanzas en México-- y que la mayoría de los muertos son miembros de los cárteles.
Los Angeles Times cita lo dicho por el panista en la reciente cumbre sobre Turismo, en Cancún: "México tiene un problema de imagen (...)Tenemos que trabajar en la percepción que se tiene de México".
Y añade que para los pobladores de Cuernavaca, Morelos, que el viernes pasado recibieron un correo electrónico en el que se les llamaba a permanecer en sus hogares después de las ocho de la noche "para no ser confundidos con nuestros enemigos", la situación no tiene nada que ver con imágenes y percepciones.
"La advertencia --dice el diario en su editorial-- fue interpretada como un toque de queda. Las oficinas y escuelas cerraron temprano, al igual que bares y restaurantes. El viernes por la noche Cuernavaca, en sí, estaba muerta".
"A los ciudadanos no les interesa si las cosas están peor en Río de Janeiro o en Washington, y si bien parece cierto que la mayor parte de las víctimas pertenece a las bandas de narcotraficantes, no se toma en cuenta a los cientos o miles de civiles que han muerto en el fuego cruzado, ni el terror en que vive la población".
El editorial concluye: "Ya nadie cree que los inocentes están a salvo en México. Calderón necesita escuchar a su gente y rectificar su mensaje".
La agencia de noticias Reuters también se refirió al tema. Señaló que aunque el mandatario mexicano ha hecho de la lucha contra el narcotráfico su prioridad, ante el pçúblico aparece cada vez más débil e incapaz de dar soluciones.
"Los asesinatos de niños, mujeres y gente que nada tiene que ver con las pandillas de narcos ha sido provocada por el gobierno. Es muy fácil tirarle piedras a un avispero para ver qué sale", señaló un ex comandante de la Policía Federal mexicana que trabajó en la frontera y solicitó el anonimato, de acuerdo con la agencia.
Como se ve, dentro y fuera de nuestras fronteras va quedando al descubierto la mentirosa campaña con que el calderonismo pretende enmascarar su desgobierno con cargo a presuntos fenómenos imaginarios o de percepción.
¡Hasta la próxima!
sábado, 24 de abril de 2010
Narco-toque de queda en Cuernavaca
Por salud mental procuro no enterarme de las noticias del mundo, pero mi hermano me habló el viernes pasado para alertarme del narco-toque de queda.
Después de semanas en que casi cada día aparecían cuerpos colgados, despedazados o decapitados en el Estado, la advertencia de una guerra territorial entre los grupos de Beltrán Leyva y La Barbie sonaba posible, aunque sospechosa.
Cuando el sábado se hizo sentir que los hechos violentos anunciados para el viernes no se habían concretado, comenzamos a relajarnos un poco y a preguntarnos qué habría sucedido, dado que brillaban por su ausencia las noticias.Y procuramos no vestir ropa oscura sólo por si acaso.
El domingo, en el tianguis, donde comulgamos cumplidamente con el Dios del Maíz, el dueño del vecino puesto de jugos nos preguntó: "¿qué les pareció la amenaza del viernes?"
Le dijimos que todo nos parecía extraño, incluida la desmedida obediencia del comercio y sus mayores centros comerciales, las universidades y otros centros educativos por cerrar temprano y dejar la ciudad despejada...¿para qué? ¿para quien?
El de los jugos meneó la cabeza y nos dijo con tristeza: "¿Saben qué? No tenemos gobierno".
Aún nos preguntamos qué fue lo que ocurrió realmente, si ya el control del narco --que opera abiertamente en el Norte-- está llegando al centro. Escuché conjeturas acerca de una narco-cumbre para el reordenamiento de los territorios en el país.
Hay quien piensa que lo del pasado viernes fue un simple experimento de obediencia (muchos padres de familia no dejaron salir a sus hijos durante todo el fin de semana y algunos piensan no hacerlo durante una larga temporada, ante esta incertidumbre, aunada a la constante realidad de los secuestros.
Alguien más dice que debemos ignorar todas estas cosas tan negativas y pensar positivamente.
Lo cierto es que es muy probable que no sepamos lo que realmente ocurrió, y que don Abel, el de los jugos, tenga razón.
(El texto anterior fue solicitado por Contadero a Leonora González, quien vive en Cuernavaca, Morelos, donde el pasado viernes 16 de abril circuló un correo electrónico advirtiéndo a la población que no saliera de sus casas, pues habría enfrentamientos, y que además nadie vistiera ropa negra, pues podría ser confundido con el enemigo.
La eficacia del comunicado contrastó con la ausencia oficial, pues el gobernador, lejos de salir a dar un mensaje para otorgarle garantías a la población, también decidió acatar la orden de ese mail y permaneció oculto nadie sabe dónde).
¡Hasta la próxima!
Después de semanas en que casi cada día aparecían cuerpos colgados, despedazados o decapitados en el Estado, la advertencia de una guerra territorial entre los grupos de Beltrán Leyva y La Barbie sonaba posible, aunque sospechosa.
Cuando el sábado se hizo sentir que los hechos violentos anunciados para el viernes no se habían concretado, comenzamos a relajarnos un poco y a preguntarnos qué habría sucedido, dado que brillaban por su ausencia las noticias.Y procuramos no vestir ropa oscura sólo por si acaso.
El domingo, en el tianguis, donde comulgamos cumplidamente con el Dios del Maíz, el dueño del vecino puesto de jugos nos preguntó: "¿qué les pareció la amenaza del viernes?"
Le dijimos que todo nos parecía extraño, incluida la desmedida obediencia del comercio y sus mayores centros comerciales, las universidades y otros centros educativos por cerrar temprano y dejar la ciudad despejada...¿para qué? ¿para quien?
El de los jugos meneó la cabeza y nos dijo con tristeza: "¿Saben qué? No tenemos gobierno".
Aún nos preguntamos qué fue lo que ocurrió realmente, si ya el control del narco --que opera abiertamente en el Norte-- está llegando al centro. Escuché conjeturas acerca de una narco-cumbre para el reordenamiento de los territorios en el país.
Hay quien piensa que lo del pasado viernes fue un simple experimento de obediencia (muchos padres de familia no dejaron salir a sus hijos durante todo el fin de semana y algunos piensan no hacerlo durante una larga temporada, ante esta incertidumbre, aunada a la constante realidad de los secuestros.
Alguien más dice que debemos ignorar todas estas cosas tan negativas y pensar positivamente.
Lo cierto es que es muy probable que no sepamos lo que realmente ocurrió, y que don Abel, el de los jugos, tenga razón.
(El texto anterior fue solicitado por Contadero a Leonora González, quien vive en Cuernavaca, Morelos, donde el pasado viernes 16 de abril circuló un correo electrónico advirtiéndo a la población que no saliera de sus casas, pues habría enfrentamientos, y que además nadie vistiera ropa negra, pues podría ser confundido con el enemigo.
La eficacia del comunicado contrastó con la ausencia oficial, pues el gobernador, lejos de salir a dar un mensaje para otorgarle garantías a la población, también decidió acatar la orden de ese mail y permaneció oculto nadie sabe dónde).
¡Hasta la próxima!
viernes, 23 de abril de 2010
Fuero militar
En lo que tiene el tinte de una maniobra dilatoria, pero que puede resultar mortal para muchos ciudadanos, el gobierno pospuso hasta el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso (septiembre) la modificación al artículo 57 del Código de Justicia Militar, para que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por los integrantes de las fuerzas armadas sean juzgadas por autoridades civiles.
En vez de eso, la Cámara de Senadores aprobó anoche en comisiones la Ley de Seguridad Nacional por la cual se legaliza la participación temporal del ejército en la lucha contra el narcotráfico y, respecto de las violaciones de militares, remite el asunto a lo dispuesto por los artículos 13 y 133 de la Constitución.
El texto referido quedó como sigue:
"En las tareas de auxilio de la fuerza armada permanente a la que se refiere este título, las conductas que sus miembros realicen y que pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes, con estricta observancia de los criterios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 constitucionales".
El artículo 13 dispone que "cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda". El artículo 133, en tanto, determina la vigencia de los tratados internacionales y se menciona como referencia a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que sentenció al gobierno mexicano a cambiar la legislación en materia de fuero militar.
Contra lo que pudiera pensarse, la redacción de ese artículo no resuelve la demanda casi generalizada de que sean tribunales civiles y no militares quienes juzguen delitos de las fuerzas armadas, como se quiere hacer pasar.
Y no zanja la cuestión porque deja una rendija abierta para que los militares insistan en juzgarse a sí mismos, primero, porque permanece vigente el referido artículo 57 del Código de Justicia Militar, y segundo porque en esa redacción no se especifica que los delitos a que se refiere, sean derivados de la intervensión de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico.
Los militares podrán argumentar que la tal disposición aplica sólo, por ejemplo, cuando un soldado en su día libre se meta a una cantina y cometa allí un delito, y no cuando esos delitos se deriven de la guerra en que se les ha dicho que participan.
Protejer al ejército; descobijar a la sociedad
Los jefes militares han pedido, exigido casi, que se legalice su participación en la lucha antinarco, mediante reformas constitucionales que protejan su actuación, pero a la sociedead civil, que queda expuesta a las vejaciones castrenses, nadie la proteje. El único medio de que se dispone para que los eventuales delitos no queden impunes, es precisamente que los miembros de la milicia que incurran en ellos sean juzgados no por sus pares, sino por civiles.
La insistencia en este punto deriva no sólo del hecho de que ante un caso de violación de garantías, el ejército no puede ser juez y parte, sino del hecho más elemental de que los juzgados militares estarían en la misma lógica que los eventuales acusados y tenderían a justificar o encontrar atenuantes a los crímenes que se les imputen.
Lo anterior no es una conjetura o una ocurrencia de quienes han analizado el tema, En una entrevista con La Jornada (19 de abril/2010)varios militares dijeron al reportero Gustavo Castillo que su defensa del fuero militar deriva de que "no se nos puede tratar como a policías, porque, en principio, somos diferentes".
La tal diferencia, como señalan en la referida entrevista, consiste en que "estamos formados para el ataque, no para la disuación; ésta es una función de la policía".
He ahí el quid del asunto. Calderón envió a los militares a la calle diciéndoles que iban a una guerra. Y en una confrontación de ese tipo los soldados no se sienten obligados, por su formación, a averiguar ni a reconocer circunstancias, sino a disparar y a matar.
Ese es el riesgo y el peligro al que se exponen a los ciudadanos con las tropas en las calles y carreteras del país. Como ya ha ocurrido, usted puede ser acribillado al circular con su auto frente a un retén o convoy militar, sólo porque a los soldados allí acantonados les parezca, según sus códigos, que usted y su familia son el enemigo.
O tan sólo porque desde afuera de su auto las cosas se ven diferentes, como afirmó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en un intento canallezco por justificar a soldados que asesinaron a dos menores el pasado 3 de abril en una carretera de Tamaulipas.
La CIDH y el fuero militar
Por lo demás, las modificación del fuero militar es un mandato que la Corte Interamericana de Derechos Humanops (CIDH)formuló al gobierno mexicano en noviembre de 2009, como parte de las sentencias que ese órgano dictó por la desaparición en los años 60 del líder campesino Rosendo Radilla, secuestrado por militares; y por el caso del Campo Algodonero --referente a los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua).
En esa sentencia, la CIDH asienta que el fuero militar no debe encubrir las violaciones a garantías fundamentales.
Todavía más: durante la reunión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, efectuada el 8 y 9 de marzo de este año en Nueva York, se cuestionó a los enviados de Calderón sobre cómo y cuándo el gobierno cumpliría las sentencias de la CIDH.
Específicamente los expertos de la ONU preguntaron cómo y cuándo se reformaría el artículo 57 del Código de Justicia Militar. A tono con la costumbre de los políticos mexicanos de decir sin decir nada, en esa ocasión el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Jaime Antonio López Portillo, respondió que esperan "el momento técnico oportuno", sin aclarar, por supuesto, el significado de semejante frase encriptada.
En un nuevo intentto, a fines del mismo mes de marzo, Amnistía Internacional instó al gobierno mexicano a cumplir cabalmente con las 19 recomendaciones que le formuló el Comité de Derechos Humanos de la ONU, las cuales son un llamado a las autoridades para cumplir con sus obligaciones adquiridas mediante distintos instrumentos internacionales de garantías, entre ellos, el Pacto Internacionbal de Derechos Civiles y Políticos.
Diferir, la respuesta
La respuesta gubernamental ha sido oscilante: A mediados de este mes de abril, luego de la reunión de senadores con el gabinete de Seguridad Nacional, se informó que en el caso del Código de Justicia Militar, los propios integrantes de ese gabinete aceptaron que debe modificarse con base en la sentencia de la CIDH.
Este miércoles 21 de abril se anunció que antes de finalizar el actual periodo ordinario se enviaría la iniciativa para limitar el fuero militar. Trascendió incluso que la minuta llegaría de un momento a otro.
No obstante, este jueves 22 se anunció que la iniciativa se propondrá hasta septiembre. Seguramente para el gobierno de Calderón y para los militares que lo arropan aún no llega "el momento técnico oportuno".
En vez de eso, la Cámara de Senadores aprobó anoche en comisiones la Ley de Seguridad Nacional por la cual se legaliza la participación temporal del ejército en la lucha contra el narcotráfico y, respecto de las violaciones de militares, remite el asunto a lo dispuesto por los artículos 13 y 133 de la Constitución.
El texto referido quedó como sigue:
"En las tareas de auxilio de la fuerza armada permanente a la que se refiere este título, las conductas que sus miembros realicen y que pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes, con estricta observancia de los criterios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 constitucionales".
El artículo 13 dispone que "cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda". El artículo 133, en tanto, determina la vigencia de los tratados internacionales y se menciona como referencia a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que sentenció al gobierno mexicano a cambiar la legislación en materia de fuero militar.
Contra lo que pudiera pensarse, la redacción de ese artículo no resuelve la demanda casi generalizada de que sean tribunales civiles y no militares quienes juzguen delitos de las fuerzas armadas, como se quiere hacer pasar.
Y no zanja la cuestión porque deja una rendija abierta para que los militares insistan en juzgarse a sí mismos, primero, porque permanece vigente el referido artículo 57 del Código de Justicia Militar, y segundo porque en esa redacción no se especifica que los delitos a que se refiere, sean derivados de la intervensión de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico.
Los militares podrán argumentar que la tal disposición aplica sólo, por ejemplo, cuando un soldado en su día libre se meta a una cantina y cometa allí un delito, y no cuando esos delitos se deriven de la guerra en que se les ha dicho que participan.
Protejer al ejército; descobijar a la sociedad
Los jefes militares han pedido, exigido casi, que se legalice su participación en la lucha antinarco, mediante reformas constitucionales que protejan su actuación, pero a la sociedead civil, que queda expuesta a las vejaciones castrenses, nadie la proteje. El único medio de que se dispone para que los eventuales delitos no queden impunes, es precisamente que los miembros de la milicia que incurran en ellos sean juzgados no por sus pares, sino por civiles.
La insistencia en este punto deriva no sólo del hecho de que ante un caso de violación de garantías, el ejército no puede ser juez y parte, sino del hecho más elemental de que los juzgados militares estarían en la misma lógica que los eventuales acusados y tenderían a justificar o encontrar atenuantes a los crímenes que se les imputen.
Lo anterior no es una conjetura o una ocurrencia de quienes han analizado el tema, En una entrevista con La Jornada (19 de abril/2010)varios militares dijeron al reportero Gustavo Castillo que su defensa del fuero militar deriva de que "no se nos puede tratar como a policías, porque, en principio, somos diferentes".
La tal diferencia, como señalan en la referida entrevista, consiste en que "estamos formados para el ataque, no para la disuación; ésta es una función de la policía".
He ahí el quid del asunto. Calderón envió a los militares a la calle diciéndoles que iban a una guerra. Y en una confrontación de ese tipo los soldados no se sienten obligados, por su formación, a averiguar ni a reconocer circunstancias, sino a disparar y a matar.
Ese es el riesgo y el peligro al que se exponen a los ciudadanos con las tropas en las calles y carreteras del país. Como ya ha ocurrido, usted puede ser acribillado al circular con su auto frente a un retén o convoy militar, sólo porque a los soldados allí acantonados les parezca, según sus códigos, que usted y su familia son el enemigo.
O tan sólo porque desde afuera de su auto las cosas se ven diferentes, como afirmó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en un intento canallezco por justificar a soldados que asesinaron a dos menores el pasado 3 de abril en una carretera de Tamaulipas.
La CIDH y el fuero militar
Por lo demás, las modificación del fuero militar es un mandato que la Corte Interamericana de Derechos Humanops (CIDH)formuló al gobierno mexicano en noviembre de 2009, como parte de las sentencias que ese órgano dictó por la desaparición en los años 60 del líder campesino Rosendo Radilla, secuestrado por militares; y por el caso del Campo Algodonero --referente a los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua).
En esa sentencia, la CIDH asienta que el fuero militar no debe encubrir las violaciones a garantías fundamentales.
Todavía más: durante la reunión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, efectuada el 8 y 9 de marzo de este año en Nueva York, se cuestionó a los enviados de Calderón sobre cómo y cuándo el gobierno cumpliría las sentencias de la CIDH.
Específicamente los expertos de la ONU preguntaron cómo y cuándo se reformaría el artículo 57 del Código de Justicia Militar. A tono con la costumbre de los políticos mexicanos de decir sin decir nada, en esa ocasión el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Jaime Antonio López Portillo, respondió que esperan "el momento técnico oportuno", sin aclarar, por supuesto, el significado de semejante frase encriptada.
En un nuevo intentto, a fines del mismo mes de marzo, Amnistía Internacional instó al gobierno mexicano a cumplir cabalmente con las 19 recomendaciones que le formuló el Comité de Derechos Humanos de la ONU, las cuales son un llamado a las autoridades para cumplir con sus obligaciones adquiridas mediante distintos instrumentos internacionales de garantías, entre ellos, el Pacto Internacionbal de Derechos Civiles y Políticos.
Diferir, la respuesta
La respuesta gubernamental ha sido oscilante: A mediados de este mes de abril, luego de la reunión de senadores con el gabinete de Seguridad Nacional, se informó que en el caso del Código de Justicia Militar, los propios integrantes de ese gabinete aceptaron que debe modificarse con base en la sentencia de la CIDH.
Este miércoles 21 de abril se anunció que antes de finalizar el actual periodo ordinario se enviaría la iniciativa para limitar el fuero militar. Trascendió incluso que la minuta llegaría de un momento a otro.
No obstante, este jueves 22 se anunció que la iniciativa se propondrá hasta septiembre. Seguramente para el gobierno de Calderón y para los militares que lo arropan aún no llega "el momento técnico oportuno".
jueves, 22 de abril de 2010
Entre el oficio y el desmadre/I
“Yo no quiero causar sensación/sólo hablo de mi generación”: The Who.
La materia gris no se crea ni se destruye, sólo se trastorna.
Un aviso a tiempo, por si algún “periodista” o “reportero” le pregunta a usted sobre mis trastornos pasados y presentes.
Algo muy común en el gremio y, claro, en una sociedad de cínicos, en donde tanta gentuza desquiciada y prejuiciosa se presenta ante sí misma, y ante “el amable auditorio”, como “persona normal”, como “gente bien”, como “la buena onda”.
Tenía razón Nietzsche, mi filósofo de cabecera: “los inteligentes son insoportables”. También nuestro Juan Rulfo, cuando decidió mandar todo al carajo.
Sobre mí, por si hace falta, me gustaría un retrato como el que hizo Emile Bouvier sobre Jacques Vaché: “No estaba loco en absoluto, pero no por ello dejaban sus acciones de ser desconcertantes. Por ejemplo, en la mañana estaba hospitalizado, en la tarde descargaba carbón en los muelles, y en la noche recorría los cafés y los cinemas. Nunca decía hola o adiós, y no hacía el menor caso de las cartas. No reconocía a sus amigos de un día para otro”.
Pero hasta ahora, he de admitirlo, la negra cueva de la psique me ha negado alcanzar esa beatitud.
Estuve cerca, eso sí.
Estuve cerca, eso sí.
Para mediados de los años 80 (del siglo XX, como siempre aclaran algunos pedantes) me fui a trabajar con la campesinada a Maravatío, Michoacán, huyendo de la academia. Con el dinero acumulado me largué a vivir a Mexicali, Baja California, huyendo de la loquera.
Y es que antes de partir hacia aquella ciudad, hoy desconocida para mí, toqué fondo.
Mi meta era ser “licenciado en periodismo”, pero algunos de mis maestros en la gran UNAM me llevaron hacia otras lecturas, o hacia la bohemia y la tertulia.
De ahí salté al alcohol y a los alucinógenos. Tal cual se lee. Sin sentimientos de culpa ni hipocresía. Todo lo contrario, pues aquella fue una etapa fundamental en mi vida.
Entre la lectura y el vicio, con Willian Burroughs aprendí la ecuación de la droga: “La droga no es, como el alcohol o la yerba, un medio para incrementar el disfrute de la vida. La droga no es un estimulante. Es un modo de vivir”. El autor de Yonqui vivió en la ciudad de México y deambuló por su Centro Histórico en busca de “pinchazos”. Si ya su escritura era, en sí misma, una adicción, sus pasos perdidos por la macrópolis me guiaron hacia mi espejo, en donde, cual debe ser, pude observar a mi pálida sombra.
De la ciudad en donde nací, crecí y me embrutecí, el azar y la necesidad me llevaron a trabajar en dos diarios bajacalifornianos: La Voz de la Frontera y El Centinela. Fui corrector de galeras --así nos llamaban-- porque otro de mis escritores de cabecera, Henry Miller, lo fue. De él aprendí que “siempre hay dos caminos a tomar: uno, de regreso hacia el confort y la seguridad de la muerte; el otro, hacia ninguna parte”. También él se otorgó el privilegio de residir en la ciudad de México.
Llegué a la hermosa Mexicali, hoy flor marchita, de la mano de Fernando Jordán, “biógrafo” de la Baja California
Ya metido, otra vez, en el mundillo del periodismo, quise experimentar el testimonio de Miller sobre lo que, para él, es una mesa de redacción. Para mi buena suerte me topé con ambientes semejantes a los que él describe en su “Trópico de cáncer” y, por supuesto, con bebedores y alcohólicos que me arrastraron hacia el famoso “Gato negro”, enclavado en la zona de tolerancia de Mexicali, descrita, de un modo u otro, por Fernando Jordán, y olvidada por el escritor tijuanense Federico Campbell.
domingo, 18 de abril de 2010
Calderón: daños colaterales.
A Felipe Calderón le parecen mínimos los asesinatos de civiles perpetrados por el ejército o por presuntas bandas criminales en lo que muchos consideran su "guerra contra el narco". Es natural. Está en su papel de justificar esa estrategia.
Sólo que lo hace a despecho del dolor y la tragedia que cada una de esas vidas ha significado para sus respectivas familias. Como el taxista, o la madre y sus dos hijos menores quienes volvían del colegio el pasado viernes 16 de abril en Acapulco, y que murieron sólo por estar en "el lugar y la hora equivocados".
Lo chocante de esta última frase, ya un lugar común, caza muy bien con la indiferencia gubernamental hacia esas víctimas. Y esa indiferencia proviene de quienes dicen defender y respetar la vida y se oponen al aborto en las primeras semanas de gestación. En este como en otros temas, la hipocrecía de la derecha queda, de nuevo, al descubierto.
El ruletero abatido en Acapulco había vuelto de Estados Unidos y comprado un taxi, para mantener a sus cuatro hermanas. ¿Y ahora? La vida y el destino de esa familia cambió en un instante. A ellos nadie de la presidencia les ha llamado. Menos tendrán un resarcimiento económico por esa muerte repentina.
Es el mismo caso de los 16 estudiantes asesinados el 31 de enero en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, o el de los dos estudiantes del Tec de Monterrey, muertos por el ejército y negado su deceso durante las primas horas en una clara maniobra por ocultar el hecho (aún ahora todavía los militares no entregan los videos que con una ingenuidad pasmosa, entregó la institución a la entidad castrense).
O el asesinato de Bryan y Martín Almanza Salazar, de cinco y nueve años respectivamente, quienes fueron baleados el 3 de abril por soldados en una carretera de Tamaulipas, cuando viajaban con sus padres y otros familiares para pasar unos días de vacaciones en la playa.
Cada una de esas vidas truncadas prematuramente constituyen un drama familiar de incalculable sufrimiento. Pero para Calderón son sólo unos cuantos. Los pequeños Bryan y Martín cuentan sólo por dos en la estadística oficial. El taxista de Acapulco es, para su desgracia, sólo uno. Y la suma completa no llega a cinco por ciento, afirma orgulloso el michoacano.
Esas declaraciones desnudan el carácter cosmético de las condolencias oficiales. Salvo en los casos en que ha debido acudir personalmente para subsanar errores políticos previos y porque la presión de la opinión pública así lo obligaba, Calderón no se presenta en otros funerales, señaladamente en los que incluyen a gente pobre.
En tales casos su esposa, Margarita Zavala, se encarga de cubrir el expediente, pues literalmente eso representan para Los Pinos esas muertes: un expediente, una cifra...Quizá Calderón crea que la presencia de su esposa es más "amable" para los deudos. Pero ella no se robó...perdón, ella no fue electa como presidente y no tiene ninguna responsabilidad política, menos ninguna representatividad.
En todo caso el panista deja al descubierto su talante machista: que las mujeres se encarguen de los asuntos sensibleros, de consolar a las madres de los caídos, ellas, como madres, se entenderán mejor. Eso les toca.
Se dirá que Calderón no podría asistir cada vez que sus tropas o las de los delincuentes abaten a un civil. Es cierto, aunque ya se dice con sorna que bien podría hacerlo, pues dado el desorden generalizado que priva en el país, no se ve que tenga alguna otra ocupación productiva.
Eso de minimizar a los civiles caídos es una muestra más de que el panismo no gobierna para los mexicanos, sino con arreglo a otros intereses que ya hemos descrito en una entrega anterior. Lo malo es que el asunto sólo se ve en términos de quien va ganando o perdiendo esta guerra.
Una encuesta publicada durante la semana por Roy Campos muestra que, si bien por un pequeño porcentaje, la mayoría de la población cree que el gobierno va perdiendo esta guerra.
Esa percepción es, sin embargo, genial para el stablishment mexicano, pues da cuenta de que la población todavía no se percata de que, en realidad, quienes vamos perdiendo somos los ciudadanos.
Y si no pregúntenle a los familiares de los fallecidos.
¡Hasta la próxima!
sábado, 17 de abril de 2010
Narcotráfico y proyecto hegemónico
La crisis económica, política, laboral, educativa, de seguridad y de derechos humanos que se vive en México es resultado del proceso de suplantación del poder del Estado por el poder de las corporaciones. En último término, de eso se trataba el proceso globalizador y la ideología neoliberal consustancial a él.
Los poderes constitucionales están en vías de ser suplantados por los poderes fácticos mediante un proceso que en México se ha desarrollado en dos vías: el ya conocido adelgazamiento del sector público iniciado en el sexenio de Miguel de la Madrid y profundizado en los dos siguientes de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, a través de procesos privatizadores signados por la corrupción, en favor de la oligarquía financiera local y trasnacional.
La otra vía ha sido la cooptación, por parte del bloque dominante de poder, de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, para establecer un bipartidismo que asegure la rotación del mando entre fracciones del propio bloque, sin riesgo de rupturas mayores, salvo las que se produzcan por el interés de cada fracción de usufructuar el poder sexenal delegado por las corporaciones.
La izquierda habría sido neutralizada con el control del aparato político del Partido de la Revolución Democrática (PRD) --entregado por el gobierno, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-- a una caterva de políticos menores, pero deseosos de aparacer ante el bloque dominante como garantía de continuidad para sus intereses económicos, al abandonar cualquier tipo de aspiración al cambio y presentándose como una izquierda "moderna y bien portada", cuya mayor y más reciente prueba de capitulación, la constituyen las alianzas electorales con el partido de la derecha.
En ese esquema el narcotráfico constituye una industria de acumulación capitalista, paralela, encubierta y alentada por grandes corporaciones financieras internacionales, desde donde se dictan estrategias, se maneja la logística, se trazan rutas y se imponen jefes-parapeto que luego son elevados a la condición de capos más buscados, pero a fin de cuentas prescindibles, como lo ilustra esa frase que Ismael "el mayo" Zambada le soltó a don Julio Scherer: "Si me atrapan o me matan...nada cambia".
La derrama multimillonaria proveniente del tráfico de estupefacientes --que de acuerdo con la dirección ejecutiva de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito deja ganancias anuales por 350 mil millones de dólares-- beneficia desde sicarios reclutados entre vastas porciones de jóvenes, a quienes el modelo económico cancela sus posibilidades de desarrollo marginándolos de la educación superior y del mercado de trabajo formal, hasta gobiernos, a través de empresas que financian proyectos de infraestructura y, desde luego, campañas políticas.
Un dato serviría para verificar lo anterior: el tráfico ilegal de armas en la frontera México-Estados Unidos sería impensable sin la corrupción y la red de complicidades que propician esas corporaciones en ambos lados.
Así, de muchas formas el narcotráfico favorece el proyecto hegemónico mundial --cuyas líneas siguen siendo en lo fundamental el supuestamente enterrado Consenso de Washington-- ya sea como forma de control social de quienes incurren en adicciones como una vía de escape ante las insoportables condiciones de vida, y que de otro modo estarían exigiendo derechos en las calles, ya como generador de ganancias exorbitantes que aceitan el funcionamiento del sistema.
Ese carácter del narcotráfico de industria ligada a los intereses financieros de las grandes corporaciones que han impuesto su hegemonía política, económica y, desde luego, ideológica, hace impensable, en tales condiciones, su combate y exterminio.
De ahí la impostura de Felipe Calderón. El gran engaño a la sociedad mexicana es haberle hecho creer que el problema del narco se reducía a unos individuos desalmados que solitos se organizaron en cárteles para envenenar con enervantes a nuestra juventud.
Y a los que, por ende, se podía combatir en unos cuantos meses con la fuerza del ejército. Congruente con esta engañifa, Calderón desplegó una campaña militar contra tales cabecillas, en vez de hacerlo para desarticular las redes y flujos de financiamiento y lavado de dinero, que les permiten a aquellos operar con amplios recursos logísticos, de inteligencia, de armamento, comunicaciones y financieros.
No obstante, aun en esa guerra menor ha sido ineficaz, como lo muestra la pérdida del control de varias plazas del norte, noreste y occidente de México, donde esas bandas han desnudado la torpeza e impericia, sean naturales o inducidos-- del combate oficial.
Ese modo tramposo de encarar el problema del narcotráfico dio a Calderón la coartada perfecta para un doble propósito: obtener la legitimidad que él sabe que no consiguió en las urnas, y militarizar al país como una forma de socavar e inhibir la protesta social que amenazaba con desbordarse, dado el carácter antipopular del proyecto hegemónico que representa.
En ese marco, se entinde que para él y los oficiales que lo arropan la muerte de civiles que se "cruzan por las líneas de fuego", aunque en realidad se trate de asesinatos atribuibles al propio ejército, sean considerados con el avieso eufemismo de "daños colaterales", término de cuestionable aplicación en una guerra, e inaceptable como minimización de daños en tiroteos que no alcanzan aquella jerarquía bélica.
En realidad, los civiles (entre ellos estudiantes y menores de edad) muertos en enfrentamientos entre bandas, o entre éstas y el ejército o por el ejército mismo, según varias evidencias, no son víctimas del esfuerzo gubernamental por salvar al país de ese flagelo, sino víctimas de una estrategia de legitimación personal y de una guerra sucia que, a diferencia de la desplegada por el gobierno en los años 70 del siglo pasado, se permite asesinar abiertamente porque tiene la coartada de una misión mesiánica: combatir al narco, aunque en realidad se trate de legitimar a una persona y de acciones de contrainsurgencia que buscan apuntalar un proyecto hegemónico global.
¡Hasta la próxima!
martes, 13 de abril de 2010
Ejército asesino
El ejército mexicano asesinó el 3 de abril a dos niños en la carretera Ribereña de Tamaulipas. El desgarrador relato de la madre de esos pequeños, Cyntia Salazar, no deja lugar a dudas. Los asesinaron. No hay otro término para describir el hecho.
Los Almanza Salazar pasarían unos días en la playa, en Matamoros. La troca en que viajaban incluía entre sus pasajeros a los cinco hijos de la familia, el hermano de Cyntia y un bebé de tres meses, hijo del matrimonio Rangel. De acuerdo con el relato de Cyntia Salazar, al ver el retén militar y sabedores de cómo hay que actuar en tales casos disminuyeron la velocidad y bajaron los cristales de la camioneta para que vieran que viajaba allí una familia con niños.
Circularon despacio frente al retén sin que ningún soldado les hiciera alguna indicación. Apenas superado el punto, los militares balearon el vehículo, Así, sin razón, sin lógica, a mansalva. La lluvia de balas alcanzó a dos hijos del matrimonio Almanza Salazar: Bryan de cinco años y Martín de nueve. El primero murió en brazos de su madre.
Ésta ha dicho que todos corrieron hacia el monte para resguardarse de las balas: "Y ni modo que no vieran el corredero de niños, ellos seguían disparando". Al cabo de un rato cesó la trágica cacería.
Debieron transcurrir cinco largos días para que el 8 de abril la Secretaría de Gobernación emitiera el boletín No. 156-08/04/2010, el cual miente desde el título: "Comunicado sobre las agresiones ocurridas a militares en Tamaulipas el fin de semana pasado".
A la luz del relato de Cyntia Salazar, ese texto resulta valiosísimo porque revela el modus operandi del llamado gobierno de la república para encubrir los asesinatos de las fuerzas armadas y manipular a la opinión pública.
En ese boletín el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dice que los militares se encontraban en el lugar de los hechos porque recibieron información de que hubo un enfrentamiento entre presuntos delincuentes, pero que al llegar allí fueron atacados "por un grupo de sujetos armados (y que) repelieron la agresión".
Y añade: "Derivado de los enfrentamientos, en la secuencia de estas agresiones, fallecieron dos menores: Bryan Almanza Salazar, de cinco años de edad, y Martín Almanza Salazar, de nueve años de edad".
En lo que parece una maniobra discursiva para torcer la realidad, Gómez Mont se apresura a reseñar el arsenal que, según él, se aseguró tras el enfrentamiento, si bien estamos obligados a pensar que los agresores abandonaron sus armas --entre las que figuraban dos proyectiles para lanza-cohetes y más de cinco mil cartuchos de diferentes calibres-- porque no se refiere que se haya apresado a nadie. Tampoco hay evidencia fotográfica o fílmica, como se estila para presumir los presuntos triunfos, de esas armas.
Interesado en que se crea su versión, el Secretario remata esta parte afirmando que: "Es decir, este sólo hecho (se refiere al aseguramiento de armas) acredita en qué contexto de agresión, violencia y fuerza se estaban dando estos hechos".
Enseguida, vienen más de 10 párrafos de palabraría vacía, más encaminados a minimizar y cubrir con "paja" el asunto principal que es la muerte de los dos menores, que a brindar información útil para la ciudadanía.
En este, como en otros casos el objetivo último es proteger a los militares, pues se recurre exactamente a la misma coartada empleada para evadir la probable responsabilidad del ejército en el asesinato de los dos estudiantes del "Tec" de Monterrey y en los que ha documentado Human Right Watch.
Estamos claramente ante un gobierno asesino, que atropella las garantías individuales y los derechos humanos en la más completa impunidad, pues el comunicado mentiroso de Gómez Mont equivale, en los hechos, a una exculpación anticipada de los militares que asesinaron a estos dos menores.
Todavía este martes 13 de abril el secretario de Gobernación ha dicho, en respuesta al asunto de la familia Almanza Salazar, que habrá una reconstrucción de hechos porque las cosas se ven diferentes desde dentro de una camioneta y desde afuera.
Siguiendo su extraña lógica podría respondérsele que también las cosas se ven distintas cuando te han asesinado a dos hijos en un retén militar, que cuando tratas de encubrir a los asesinos.
¡Hasta la próxima!
Los Almanza Salazar pasarían unos días en la playa, en Matamoros. La troca en que viajaban incluía entre sus pasajeros a los cinco hijos de la familia, el hermano de Cyntia y un bebé de tres meses, hijo del matrimonio Rangel. De acuerdo con el relato de Cyntia Salazar, al ver el retén militar y sabedores de cómo hay que actuar en tales casos disminuyeron la velocidad y bajaron los cristales de la camioneta para que vieran que viajaba allí una familia con niños.
Circularon despacio frente al retén sin que ningún soldado les hiciera alguna indicación. Apenas superado el punto, los militares balearon el vehículo, Así, sin razón, sin lógica, a mansalva. La lluvia de balas alcanzó a dos hijos del matrimonio Almanza Salazar: Bryan de cinco años y Martín de nueve. El primero murió en brazos de su madre.
Ésta ha dicho que todos corrieron hacia el monte para resguardarse de las balas: "Y ni modo que no vieran el corredero de niños, ellos seguían disparando". Al cabo de un rato cesó la trágica cacería.
Debieron transcurrir cinco largos días para que el 8 de abril la Secretaría de Gobernación emitiera el boletín No. 156-08/04/2010, el cual miente desde el título: "Comunicado sobre las agresiones ocurridas a militares en Tamaulipas el fin de semana pasado".
A la luz del relato de Cyntia Salazar, ese texto resulta valiosísimo porque revela el modus operandi del llamado gobierno de la república para encubrir los asesinatos de las fuerzas armadas y manipular a la opinión pública.
En ese boletín el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dice que los militares se encontraban en el lugar de los hechos porque recibieron información de que hubo un enfrentamiento entre presuntos delincuentes, pero que al llegar allí fueron atacados "por un grupo de sujetos armados (y que) repelieron la agresión".
Y añade: "Derivado de los enfrentamientos, en la secuencia de estas agresiones, fallecieron dos menores: Bryan Almanza Salazar, de cinco años de edad, y Martín Almanza Salazar, de nueve años de edad".
En lo que parece una maniobra discursiva para torcer la realidad, Gómez Mont se apresura a reseñar el arsenal que, según él, se aseguró tras el enfrentamiento, si bien estamos obligados a pensar que los agresores abandonaron sus armas --entre las que figuraban dos proyectiles para lanza-cohetes y más de cinco mil cartuchos de diferentes calibres-- porque no se refiere que se haya apresado a nadie. Tampoco hay evidencia fotográfica o fílmica, como se estila para presumir los presuntos triunfos, de esas armas.
Interesado en que se crea su versión, el Secretario remata esta parte afirmando que: "Es decir, este sólo hecho (se refiere al aseguramiento de armas) acredita en qué contexto de agresión, violencia y fuerza se estaban dando estos hechos".
Enseguida, vienen más de 10 párrafos de palabraría vacía, más encaminados a minimizar y cubrir con "paja" el asunto principal que es la muerte de los dos menores, que a brindar información útil para la ciudadanía.
En este, como en otros casos el objetivo último es proteger a los militares, pues se recurre exactamente a la misma coartada empleada para evadir la probable responsabilidad del ejército en el asesinato de los dos estudiantes del "Tec" de Monterrey y en los que ha documentado Human Right Watch.
Estamos claramente ante un gobierno asesino, que atropella las garantías individuales y los derechos humanos en la más completa impunidad, pues el comunicado mentiroso de Gómez Mont equivale, en los hechos, a una exculpación anticipada de los militares que asesinaron a estos dos menores.
Todavía este martes 13 de abril el secretario de Gobernación ha dicho, en respuesta al asunto de la familia Almanza Salazar, que habrá una reconstrucción de hechos porque las cosas se ven diferentes desde dentro de una camioneta y desde afuera.
Siguiendo su extraña lógica podría respondérsele que también las cosas se ven distintas cuando te han asesinado a dos hijos en un retén militar, que cuando tratas de encubrir a los asesinos.
¡Hasta la próxima!
lunes, 12 de abril de 2010
Iglesia canalla
Con un ánimo altanero y condenatorio, distanciadísimo del testimonio de salvación y humildad que pregona, la Arquidiócesis de México afirmó que quienes vaticinan el inminente fin de la Iglesia morirán antes de ver cumplidos "sus malévolos deseos", pues la institución "sigue siendo la gran propuesta para la renovación de la humanidad".
Resulta curioso comprobar el uso acomodaticio que los prelados mexicanos dan a la muerte. De acuerdo con su evangelio, ésta no es más que el paso necesario para la salvación eterna, pues como todas las religiones, su oferta principal es esa: la resurrección cuyo símbolo mayor es el sacrificio del crucificado.
Menos piadosa que el credo que dice profesar, la jerarquía católica mexicana esgrime la muerte como castigo
contra aquellos que se han empeñado en investigar y dar a la luz pública los casos de pederastía en que han incurrido sus ministros del culto --hay tres mil acusaciones en los últimos 50 años, según ha reconocido el propio Vaticano-- así como el encubrimiento cómplice que, de acuerdo con múltiples indicios, alcanza a Juan Pablo II a punto de ser elevado a los altares, y al propio Papa Ratzinger.
En el editorial de su órgano de información semanal Desde la fe, que imprime Mario Vázquez Raña y se distribuye los domingos mediante los diarios de la Organización Editorial Mexicana de la que aquél es propietario, la Arquidiócesis se queja de que todos los medios de comunicación arrojan la piedra sin conmiseración contra una iglesia pecadora, en un linchamiento social sin derecho a juicio, sin oportunidad de réplica, sin ninguna concesión, sin distinguir en absoluto a los culpables de los inocentes.
Ese tipo de admoniciones muestran la hipocrecía de los actos de contricción de Benedicto XVI y aquí de Norberto Rivera Carrera en relación con la pedofilia practicada y encubierta por ellos mismos de diversos sacerdotes. Pese al daño que han causado en las vidas de quienes fueron abusados, la Iglesia cree que es bastante con reconocer tardíamente esos atropellos, sin ningún tipo de resarcimiento y que todo debería quedar ahí.
La persecusión de que se dice víctima, no es más que el ánimo social, manifiesto en muchas partes del mundo, por llegar a los culpables, terminar con años de impunidad, encubrimiento y complicidad en los que, ahora se sabe, incurrieron también los más altos dignatarios de la jerarquía católica, incluido el actual Papa.
No se trata de montar hogueras o procesos inquisidores, como se queja la Iglesia, se trata de que los culpables y sus encubridores enfrenten no sólo el retiro eclesiástico sino las penas civiles que a sus crímenes correspondan.
Lo contrario, sería seguir solapando a quienes sin piedad destruyeron vidas, almas y denigraron espíritus, Eso sería una canallada.
¡Hasta la próxima!
viernes, 12 de marzo de 2010
Calderón y Mr. Hyde
Como si se tratara de una malísima versión mexicana de El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde --la novela de Stevenson que ilustra la psicopatología correspondiente a un desdoblamiento de personalidad-- Felipe Calderón llamó este jueves a los políticos a no denigrar su actividad, y "se declaró preocupado por los niveles de recriminación, descalificación y ofensa alcanzados...", (La Jornada, 12 de marzo, p.5).
Abundó: "La descalificación irracional a nada conduce. La denostación, la ofensa, simple y sencillamente empobrece (sic) la vida pública de México y aleja, con toda razón, a los ciudadanos de la vida pública, porque va agrandando el descrédito de la política".
Esa declaración la pudo haber hecho cualquier ciudadano y tendría razón. En boca del michoacano, sin embargo, es un tramposo intento por distanciarse y desmarcarse de un episodio del que él mismo es protagonista principalísimo, pues fue él quien urdió el pacto PRI-PAN que trataba de evitarle dolores de cabeza aliancistas al gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, a cambio de aumentar los impuestos a los ciudadanos.
La impericia y la desaseada práctica política con que condujo posteriormente el asunto desembocó en la quema de dos de sus principales operadores (Fernando Gómez Mont y César Nava), aunque ellos mismos cooperaron con su dósis de ineptitud, y en los zafarranchos verbales ocurridos esta semana en San Lázaro, de los que ahora dice lamentarse, como si se tratara de una persona ajena por completo a la escaramuza, una especie de Dr. Jekyll que regresara a su condición "honorable" tras haber actuado alevosamente mientras estaba transformado en Mr. Hyde.
Operador tras bambalinas de ese acuerdo, primero negado, vuelto a negar y finalmente reconocido vergonzosamente, Calderón pretende ahora hacer creer al respetable que él y su investidura se mantienen ajenos al lodazal que ahora condena para enseguida formular llamados a la racionalidad y el buen comportamiento, situado él desde un hipotético e inmaculado Olimpo.
Y ya entrado en gastos, aprovecha el viaje para decir que por esos malos políticos revoltosos que denostan y ofenden --recuérdese que los priistas le recordaron que gracias a ellos se sentó en la silla, dada su condición de espurio-- es preciso aprobar su iniciativa de reforma política para que los ciudadanos los controlen y no sigan denigrando la política.
Si Vicente Fox era un bipolar, como nos lo vino a confirmar --tardíamente--el propio Vaticano; ahora Calderón se revela como alguien con una personalidad desdoblada. Ah! las patologías del panismo.
¡Hasta la próxima!
martes, 9 de marzo de 2010
Operación Peña Nieto
Los enredos políticos protagonizados estos días por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) muestran la visión patrimonialista del poder que campea en nuestra clase política --esa que les permite disponer de los recursos públicos y ofrecerlos como moneda de cambio en acuerdos electorales--, pero sobre todo, han hecho evidente una cosa:
La vasta operación política puesta en marcha desde hace meses por el gran capital --con Televisa como cabeza visible de un conglomerado de empresas, capitales e intereses que conforman el verdadero bloque hegemónico de poder-- para ganar la presidencia en 2012, a través del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.
Poderes fácticos
PRI y PAN han sido cooptados por ese bloque y convertidos en los operadores políticos que procesan y gestionan los intereses del gran capital en la esfera pública. Si esa operación se concreta, lo que veremos es ni más ni menos que la sustitución de los poderes constitucionales por los poderes fácticos. Esa es la batalla de esta hora.
Los debates de los meses recientes constituyen las pequeñas batallas que ese bloque hegemónico está librando contra una parte de la sociedad, con el propósito de ir ganando posiciones para su proyecto de cara a lo que estiman que será su próximo gobierno.
El proyecto de la derecha
En ese marco deben situarse, por ejemplo, la alianza PRI-PAN para penalizar a las mujeres que abortan en 18 estados de la república; la férrea oposición de los sectores más reaccionarios de la sociedad --léase la Iglesia-- en contra de los derechos de la comunidad lésbico-gay; la controversia constitucional interpuesta por el gobierno de Calderón en contra de matrimonios entre personas del mismo sexo, acción con la que ha exhibido una interpretación ideológica y religiosa del artículo 4o. constitucional para torcer la interpretación de lo que debe ser una familia con lo cual ha hecho saber a esos sectores reaccionarios qué el gobierno está de su lado.
Otras muestras de ese proyecto de la derecha encaminado a sojuzgar aún más a la sociedad son las pretendidas reformas laboral, política y de seguridad nacional. La primera brinda todas las ventajas al capital para conculcar los derechos de huelga, de libre asociación y de estabilidad en el empleo.
La reforma política, en tanto, es una mascarada que se monta y alienta en el desprestigio de la política, no para dar más libertad y control a los ciudadanos, como engañosamente se afirma, sino para debilitar la división de poderes y eliminar los contrapesos que impiden una presidencia casi imperial, todo con el pretexto de que la pluralidad impide la gobernabilidad y los acuerdos para la modernización del país.
La iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional enviada por Calderón al Congreso en abril del año pasado es otro flanco en la ofensiva de la derecha encaminada al control social y a la criminalización de los movimientos sociales disidentes.
Arropada en el pretexto de los peligros que entraña el narcotráfico y el crimen organizado, introdujo una figura jurídica denominada "Declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior", con el fin de permitir la participación de las fuerzas armadas y otras instancias de seguridad del Estado para enfrentar actos que afecten la seguridad interior, como la sublevación en una entidad federativa.
Aguilar Camín y los intelectuales
Como todo proyecto político, éste también tiene una veta intelectual, cuya función es darle legitimidad frente a la sociedad, mediante una operación ideológica que consiste en justificar las principales tesis: en este caso, la extinción de los monopolios --considerados no los privados, sino los servicios a cargo del Estado, como la educación y la salud-- y la subordinación económica hacia los Estados Unidos.
Ese trabajo ideológico habría sido encomendado por Carlos Salinas de Gortari --quien evidentemente juega en el equipo de Peña Nieto, como lo muestra la nueva evidencia que reveló el presidente del Senado, Carlos Navarrete, al acusar al ex presidente de interceder para que se reuniera con el mexiquense-- a Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, entre otros.
Quien quiera abundar en la lista, no tiene más que revisar la relación de "los abajo firmantes" que suscribieron esa entelequia titulada "No a la generación del No". Mediante ese documento, pero sobre todo, mediante el texto denominado "Un futuro para México", publicado inicialmente en la revista Nexos de noviembre y ahora convertido en libro, esos intelectuales orgánicos están presionando en favor del actual proyecto de la derecha.
Todo lo anterior constituye un bien organizado diseño encaminado a configurar un proyecto de gobierno que el grupo hegemónico ha decidido entregar para su administración a Enrique Peña Nieto. Eso es lo que representa el gobernador mexiquense.
En ese marco, el pacto que firmaron César Nava, Beatriz Paredes, Fernando Gómez Mont y el representante del mexiquense, es sólo una muestra de cómo se ha decidido arropar esa candidatura. Que fue mal operado y que dejó ver los hilos de la operación más general que está detrás, eso es algo que los priistas atribuyen a la inexperiencia y torpeza de los panistas.
En todo caso, Calderón y los suyos no se resignan a dejar el poder que les fue entregado merced a que la corrupción priista de fines de los 90 ponía en peligro la continuidad del proyecto hegemónico. Ahora es el michoacano y el panismo quienes ponen en riesgo ese diseño. Por eso los poderes fácticos han decidido que en 2012 debe ser sustituido y así será.
Pero el PRI no es monolítico y ahí otros grupos, como el del senador Manlio Fabio Beltrones están dispuestos a dar la pelea por ser ellos quienes den vida a la nueva etapa. Eso explica la corriente de opinión que quiere aprovechar el episodio del acuerdo descubierto para debilitar al grupo del Estado de México pidiendo la cabeza de Paredes, evidenciada como alfil del mexiquense.
Así, con todo lo deleznable que el affair del acuerdo puso al descubierto, respecto del talante ético de los políticos involucrados, lo más grave para la República y sus libertades es la operación gansteril que está en marcha para mantener secuestrado al país y hacer del 2012 una elección decidida desde ahora.
martes, 2 de marzo de 2010
Guarderías: el Informe SCJN
Es difícil encontrar un documento tan contundente por la pertinencia de su metodología, lo inequívoco de las pruebas y por la claridad de sus conclusiones como el Informe preeliminar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que perdieron la vida 49 niños y otros 75 resultaron dañados.
Y sin embargo, los principales responsables de la tragedia, el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas y el ex gobernador de la entidad, Eduardo Bours Castello, siguen ahí, impunes y defendiéndose, en el caso del hoy secretario de Comunicaciones y Transportes, con las justificaciones más insólitas.
En cualquier democracia que lo fuera realmente, Molinar sería a esta hora un secretario cesado fulminantemente primero, por la responsabilidad política que le corresponde en las omisiones e irregularidades que condujeron a aquella tragedia y, segundo, para enfrentar la acción penal correspondiente.
Pero estamos en México, donde es seguro que ninguno de las dos consecuencias mencionadas ocurran. Como tampoco ocurrió nada en otros casos igualmente documentados. En efecto, con ser una investigación rigurosa la que ha presentado la Corte en relación con las guarderías, no ha sido la única.
Similares textos se produjeron tras la investigación de los hechos en los casos de Lydia Cacho, el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz y en el caso de las violaciones de derechos en Atenco, en el que se mencionó expresamente la responsabilidad del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.
Y sin embargo nada pasó entonces ni ocurrirá ahora, entre otras razones por lo que dijo Miguel De la Madrid a Carmen Aristegui en aquella entrevista ya legendaria: la impunidad es el aceite que alimenta nuestro sistema político.
Este episodio, sin embargo, añadirá a Felipe Calderón otra descalificación política. A su impugnado origen ha ido sumando la ilegitimidad que deviene de un quehacer político desaseado, mentiroso e ineficaz. Su bandera de la transparencia y rendición de cuentas quedará también hecha jirones al cabo de este episodio.
En todo caso sigue perdiendo oportunidades para legitimarse en función de un compromiso con la legalidad. En vez de eso, cada día se forma en las filas de la ilegalidad y la impunidad. El suyo será, desde ya puede afirmarse, no sólo un gobierno ilegítimo y fallido, también uno de los más corruptos de que se tenga memoria.
¡Hasta la próxima!
Y sin embargo, los principales responsables de la tragedia, el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas y el ex gobernador de la entidad, Eduardo Bours Castello, siguen ahí, impunes y defendiéndose, en el caso del hoy secretario de Comunicaciones y Transportes, con las justificaciones más insólitas.
En cualquier democracia que lo fuera realmente, Molinar sería a esta hora un secretario cesado fulminantemente primero, por la responsabilidad política que le corresponde en las omisiones e irregularidades que condujeron a aquella tragedia y, segundo, para enfrentar la acción penal correspondiente.
Pero estamos en México, donde es seguro que ninguno de las dos consecuencias mencionadas ocurran. Como tampoco ocurrió nada en otros casos igualmente documentados. En efecto, con ser una investigación rigurosa la que ha presentado la Corte en relación con las guarderías, no ha sido la única.
Similares textos se produjeron tras la investigación de los hechos en los casos de Lydia Cacho, el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz y en el caso de las violaciones de derechos en Atenco, en el que se mencionó expresamente la responsabilidad del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.
Y sin embargo nada pasó entonces ni ocurrirá ahora, entre otras razones por lo que dijo Miguel De la Madrid a Carmen Aristegui en aquella entrevista ya legendaria: la impunidad es el aceite que alimenta nuestro sistema político.
Este episodio, sin embargo, añadirá a Felipe Calderón otra descalificación política. A su impugnado origen ha ido sumando la ilegitimidad que deviene de un quehacer político desaseado, mentiroso e ineficaz. Su bandera de la transparencia y rendición de cuentas quedará también hecha jirones al cabo de este episodio.
En todo caso sigue perdiendo oportunidades para legitimarse en función de un compromiso con la legalidad. En vez de eso, cada día se forma en las filas de la ilegalidad y la impunidad. El suyo será, desde ya puede afirmarse, no sólo un gobierno ilegítimo y fallido, también uno de los más corruptos de que se tenga memoria.
¡Hasta la próxima!
lunes, 1 de marzo de 2010
Todos somos Juárez: maniobra para el olvido
El programa gubernamental "Todos somos Juárez" instituido para "reconstruir el tejido social" --como eufemísticamente se denomina al hecho de haber perdido el gobierno el control de la plaza, ahora en poder del crimen organizado-- está condenado al fracaso.
Primero, porque está en manos de un gobierno de incapaces. Segundo, porque deja intacta la raíz del problema: el modelo económico neoliberal que ha cancelado la capilaridad social vía la educación, que es incapaz de generar empleos y que lanza a la informalidad a millones de jóvenes que cada año se incorporan a la población económicamente activa (actualmente 18 millones de trabajadores no tienen prestaciones y 13 millomes más laboran sin contrato).
El programa --cuya denominación es una lamentable adaptación del grito de guerra de los zapatistas que hasta en eso deja ver la falta de imaginación gubernamental-- incluye inversiones millonarias en nuevos espacios educativos.
O sea ¿alguien cree que los jóvenes ya embaucados por el narco o por las adicciones las abandonarán sólo porque ya habrá lugares disponibles en los nuevos espacios educativos? ¿o que quienes están por incorporarse al crimen organizado desistirán ante semejante oferta educativa?
¿Y después? Suponiendo sin conceder que se logre arrancar a los jóvenes de las manos de las adicciones o de los empleos que les ofrece el narcotráfico para mejor regresar a las aulas ¿qué harán cuando terminen sus estudios y encuentren un mercado laboral deprimido que no tiene plazas para ellos y un mercado interno sin poder adquisitivo, merced al modelo económico que aplica el gobierno que ahora se dice interesado en reconstruir el "tejido social" en la entidad?
Las medidas de corte económico del programa resultan risibles e insuficientes, encaminadas sólo a cumplir con la escenografía de los primeros 100 días, que ya después la atención de la gente estará en otra cosa.
Véanse lo endeble de las propuestas: financiamiento para empresarios mediante créditos preferenciales; información y financiamiento a quienes quieran autoemplearse; incremento en las becas de capacitación y generación de más de cuatro mil empleos temporales (¿por uno o dos meses y después?). ¿Los salarios que percibirían quienes se capaciten para el trabajo serán lo suficientemente remuneradores como para no ser tentados a volverse parte de la delincuencia organizada?
Se trata, así, de un programa coyuntural, cosmético y demagógico, encaminado sólo a atemperar el malestar de la dolida sociedad juarense, y para que con el transcurso del tiempo se olvide el asunto y se desmovilice la sociedad, tal como se pretende con el caso de los bebés quemados en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
¡Hasta la próxima!
viernes, 26 de febrero de 2010
Alcoholímetros y corrupción
El alcoholímetro es otro ejemplo de cómo una buena idea deviene corrupción. Pensados para evitar accidentes provocados por la excesiva ingesta de alcohol, lo cual en un segundo puede causar una tragedia sólo por la infausta circunstancia de coincidir un conductor sobrio con otro que no lo esté, se han convertido, sin embargo en otra fuente de corrupción y extorsión policiaca.
Y demuestran, además, el carácter represivo del gobierno con la ciudadanía, el cual contrasta con el ánimo paquidérmico con que la autoridad enfrenta a los verdaderos delincuentes.
Se ha dicho ya que el arresto inconmutable por 36 horas de un conductor pillado en falta es excesivo y que México es la única capital mundial en la que el castigo se produce a la primera infracción.
Ciudadanos hay que han propuesto detener al conductor hasta que un familiar acuda por él al retén para pagar una multa y conducir al infractor a casa. Y sólo en caso de que nadie acudiera en un tiempo perentorio entonces sí proceder al arresto.
Ni esa ni otras propuestas igualmente atendibles han sido consideradas por el Gobierno de la Ciudad, porque de lo que se trata en realidad es de castigar y extorsionar al ciudadano. Hay otras faltas igualmente peligrosas que sin embargo la autoridad tolera y que producen accidentes tan graves como los que puede provocar un conductor ebrio.
Taxistas y peseros que se detienen inopinadamente enmedio del arroyo vehicular; peseros, camiones urbanos y foráneos de pasajeros que no sólo circulan por carriles de alta velocidad en avenidas prohibidas para ellos, sino que incluso se detienen a subir y bajar pasaje poniéndo en grave riesgo la vida de los demás conductores, ante la mirada complaciente de patrulleros.
Si a los propietarios de esas unidades se les revocara la concesión a la primera falta, siguiendo el esquema de cero tolerancia que se aplica a los particulares, mucho se aliviaría el desorden vial que padecemos. Pero allí el gobierno de Marcelo Ebrard, a través de la policía capitalina aplica una doble vara.
Ahora se anuncia que en los puntos de revisión del programa Conduce sin alcohol se instalarán juzgados cívicos móviles que agilizarán el proceso de sanción, contra aquellos conductores que resulten positivos en la prueba.
Lo dicho, se trata de castigar, no de servir a la ciudadanía. Si tal fuera la idea, también se habilitarían permanentemente ministerios públicos móviles junto a las patrullas de policía. De este modo, se facilitaría al ciudadano levantar de inmediato el acta correspondiente, cuando fuera objeto de un robo en la vía pública o en algún establecimiento, como las gasolineras, donde es frecuente el contubernio de los despachadores con bandas de asaltantes.
De ese modo se agilizaría todo el proceso penal. Pues en las condiciones actuales encontrar una patrulla después de un asalto sólo sirve para que le sugieran a uno acudir a una oficina del MP que no siempre están a la mano y en la que seguramente se perderán varias horas. La mayoría no hará esa gestión y así se pierden pistas vitales sobre la actuación de los delincuentes.
Con MP móviles, las denuncias serían inmediatas, el ciudadano no perdería el tiempo, la policía judicial podría investigar cualquier ilícito casi en tiempo real y se tendrían indicios más aproximados del mapa delincuencial de la ciudad.
Pero no. Cuando se trata de perseguir delincuentes, la policía no repara en trámites burocráticos; en cambio, para castigar a los ciudadanos de inmediato se adoptan medidas expeditas, como los juzgados móviles que ahora se anuncian.
Romo Trujano
Por cierto, acaban de liberar a José Luis Romo Trujano, el joven que en marzo de 2009 quiso evadir el alcoholímetro y al hacerlo atropelló y mató a un policía y derrumbó la estatua de Juan Pablo II.
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal decidieron reclasificar el delito de homicidio calificado por el de homicidio culposo agravado, el cual no es considerado grave y permite al inculpado quedar libre bajo fianza.
El razonamiento de los juzgadores resulta inadmisible: sostienen que si bien el joven asesinó a un policía, su intención original no era el homicidio sino escapar del alcoholímetro. Puede ser que así hubiera sido originalmente, pero el uniformado se colocó delante del automóvil y le indicó que se detuviera, el conductor tuvo tiempo de mirarlo y decidió arrollarlo.
Lo único que faltó a la tal resolución fue achacar al policía fallecido la culpa de su muerte y hacer pagar a su familia una indemnización a Romo Trujano por los meses que permaneció en la cárcel a causa de la imprudencia del uniformado.
¡Hasta la próxima!
martes, 23 de febrero de 2010
Aguirre "el jodido"
Es natural. Les urgía restaurar la confianza del aficionado, de modo que ese entusiasmo insuflado desde los micrófonos se convierta en ganancias para patrocinadores, anunciantes y televisoras. Contra eso atentaban las declaraciones de Aguirre.
En un tono desespañolizado --a diferencia del que se le escuchó emplear ante su entrevistador de la Cadenar Ser-- el Vasco compareció, debidamente conminado desde Los Pinos, ante los medios de comunicación para desdecirse de sus dichos.
Es la segunda vez que lo hace. Antes debió disculparse por patear a un rival durante la pasada Copa Oro.
Aguirre acometió su acto de contricción seguramente pensando en lo "jodido" que resultaba tener que hacerlo, sólo por dirigir en un país de "jodidos" que casi exigen ser engañados con tal de tener una esperanza con que vivir durante la primera parte de este año. Después Dios dirá.
Lo más "jodido", sin embargo, es que haya aceptado hacerlo a cambio de mantener su puesto. Las televisoras y los comentaristas han destacado su hombría y buena cuna al rectificar sus declaraciones. Pero quizá sea al revés: un biennacido o un hombre de verdad habrían sostenido sus convicciones ante el vendaval.
De todos modos nadie creyó en sus aclaraciones y lo más seguro es que, como lo adelantó, cuando termine el mundial regrese a Europa pensando lo mismo de lo que ahora, por dinero y "jodido", se desdijo.
¡Hasta la próxima!
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