La imposición de Medina Mora: los significados

La designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el mayoriteo de PRI-PAN-PVEM constituye una nueva confirmación de como el grupo hegemónico en el poder se pertrecha y se prepara para mantener su guerra de contrainsurgencia contra los ciudadanos, mediante la cooptación de todos los resquicios posibles.

Si se mira con atención, se verá que la imposición de Medina Mora, pese al rechazo generalizado, viene a certificar la muerte en México de la llamada separación de poderes y a acreditar la ofensiva gubernamental contra la sociedad. Considerada como un valor de las democracias occidentales, la tal división se vendió como un mecanismo de pesos y contrapesos que serviría para mantener el equilibrio del sistema, de modo que ninguno de los tres poderes formales incurriera en excesos que condujeran al colapso del contrato o consenso social.

La realidad es otra. La división de poderes tiene una razón de ser distinta de la que plantea el formalismo legal: su razón es proteger el sistema económico prevaleciente y asegurar que ningún poder por si solo sea capaz de modificar --si llegara a caer bajo el control opositor-- el modo de producción que permite el dominio económico y político de unos pocos sobre el resto del conglomerado social.

Con la asunción del primer compadre del país a un sitial en la Corte termina por cerrarse la pinza del control social, pues el otro extremo se configuró con el sometimiento del Congreso --el otro Poder-- vía la compra y/o negociación, según fuera necesario, de los partidos pretendidamente opositores (PAN-PRD), que así se sumaron a los satélites naturales: Nueva Alianza y PVEM, en aquel desfiguro político, pero económicamente redituable, llamado Pacto por México.

Dadas las batallas que con buen cálculo prevé el peñanietismo que habrá de seguir librando contra la sociedad mexicana que se opone al proyecto desnacionalizador y antipopular que encabeza, desde ahora se ha hecho del control político de los tres poderes de la Unión, con lo que formalmente mantiene arrinconado al pueblo y a cualquier intento por romper con esa hegemonía: desde el Congreso podrán seguir legislando para legitimar las rapaces relaciones sociales de producción, y desde una Corte mayoritariamente conservadora, ahora apuntalada con el ex procurador, podrán seguir desechando cuanto recurso de inconstitucionalidad se presente y, lo más importante, podrán seguir criminalizando la protesta social y avalando los fraudes electorales por venir.

Sin embargo, ese ominoso diseño no lo es todo, pues qué eficacia tendría una autocracia como la que ya con descaro se ha configurado en este país, si al control social vía el formalismo legal no añadiera la fuerza real de las armas: el uso legítimo de la violencia, que le llaman.

Y en efecto, la pretendida guerra contra el crimen organizado ha dado la coartada perfecta --ya desde el calderonismo-- para ir construyendo por todo el país nuevos cuarteles y destacando batallones para que llegado el caso actúen contra la propia población eventualmente insurrecta. Ese es el verdadero diseño.

Por eso las impugnaciones contra el ex embajador en el Reino Unido y en Estados Unidos nunca iban a ser oídas ni a prosperar, porque el designio de llevarlo a la Corte para apuntalar el proyecto hegemónico estuvo claro desde que Peña Nieto conformó la terna donde lo incluyó a él y a los otros dos magistrados que, siempre se supo, incluso ellos mismos, no eran mas que simples comparsas.

Así, con la partidocracia en un puño, los poderes cooptados, el ejército diseminado por todos los puntos del país para lo que pueda ofrecerse contra la población y las instituciones de procuración de justicia cedidas a uno de los poderes fácticos más determinantes en este país (el poder de las televisión), el peñanietismo está listo para mantenerse al mando y entregar buenas cuentas a los centros de poder trasnacional que lo impusieron.

Ante eso, todo el desgaste que pueda seguir sufriendo mediante las redes sociales no será sino anecdótico, mientras no se organice una insurrección cívica verdaderamente articulada. Porque está claro que estamos ya bien encaminados hacia una auténtica autocracia en la que la vía electoral está, como se verá en junio próximo, virtualmente cancelada.